El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, cumplirá su mandato de dos años en mayo de este año y no podrá buscar una reelección en el cargo, pues el artículo 18 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional restringe un tercer periodo.

En diciembre de 2019, la Asamblea Legislativa eligió a Hassenteufel como vocal electoral y en abril de 2021, luego de la renuncia de Salvador Romero a la presidencia y a la vocalía electoral, asumió la titularidad del TSE.

Luego de los dos años de su primera gestión, Hassenteufel fue reelecto como presidente del TSE el 8 de mayo de 2023 por un nuevo mandato de dos años.

“La presidenta o el Presidente, y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral serán designados en Sala Plena por mayoría absoluta de las o los vocales en ejercicio. Ejerce esta función por dos (2) años, con derecho a reelección por una sola vez para el mismo cargo”, dice el artículo 18 de la mencionada ley que impide a Hassenteufel optar por una segunda reelección.

Óscar Hassenteufel

En la tercera Cumbre por la Democracia, el expresidente y precandidato a las elecciones generales de este año Jorge Quiroga sugirió “no cambiar de capitán”, pues para entonces ya estará en ejecución el calendario electoral para las elecciones generales del 17 de agosto.

“Yo en lo personal hago confianza de lo que ustedes están haciendo (al dirigirse a los vocales del TSE) No me quiero inmiscuir en la organización interna, mi única sugerencia es que cambiar capitán cuando el barco va a llegar a aguas embravecidas no es lo mejor, ustedes lo verán, pero yo voy a hacer confianza de ustedes porque entiendo, más allá de cualquier crítica que uno pueda tener, ustedes tienen la misión más importante de un Órgano Electoral en décadas”, dijo, según cita ABI.

En los antecedentes, Hassenteufel fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la que fue su presidente entre 1999 y 2001.

El diputado evista Héctor Arce reafirmó este martes la desconfianza de su facción hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los acuerdos alcanzados entre organizaciones políticas y el Gobierno para “blindar” los comicios presidenciales del 17 de agosto. El legislador dejó en claro que no aprobarán leyes adicionales, argumentando que la Ley 026 del Régimen Electoral es suficiente para garantizar el proceso.

“Nosotros desconfiamos con absoluta firmeza en el TSE. Esto es simplemente un show, y no se va a aprobar ninguna ley. No necesitamos aprobar ninguna ley, ni garantizar una ley, ni aprobar garantías a nadie”, declaró el legislador.

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Leyes

Arce insistió en que el TSE debe cumplir su trabajo conforme a la Constitución Política y la Ley 026, sin necesidad de nuevas normativas.

En el Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia del TSE, realizado el lunes, se aprobó un acuerdo que incluye varios puntos clave para asegurar las elecciones. Entre ellos, se insta a la Asamblea Legislativa a aprobar un crédito para financiar los comicios, la obligatoriedad de debates entre candidatos y la modificación de la Ley 044 para someter a los vocales del TSE a un juicio de responsabilidad y no a un proceso ordinario.

Sin embargo, estas propuestas no cuentan con el respaldo de los evistas, quienes adelantaron que no aprobarán esos acuerdos.

El senador Luis Flores cuestionó las intenciones detrás del llamado “blindaje” electoral.

“Ese blindaje me parece que es con la intención de cometer algunas irregularidades, algunos delitos. Si van a actuar conforme a la ley y la Constitución, no tendrían problema con defenderse en la justicia ordinaria”, afirmó Flores.

En criterio del legislador, el TSE podría inhabilitar al expresidente Evo Morales y luego no enfrentar ninguna responsabilidad legal. Por ello, dijo que no aprobará las leyes pactadas.

Este martes, el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa a cumplir con lo acordado en un corto plazo para tener todos los acuerdos cumplidos para cuando el TSE emita la convocatoria a las elecciones.

El Régimen Penitenciario informó este martes sobre el cambio del director y los jefes de seguridad del penal de San Pedro en La Paz, como parte de las medidas adoptadas tras la denuncia de un caso de violencia sexual y la posible realización de una fiesta al interior del recinto.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó que los funcionarios removidos están siendo sometidos a una investigación disciplinaria.

El caso que motivó estas acciones involucra a una joven de 25 años, quien habría sido víctima de abuso sexual por parte de tres reclusos durante una visita a su marido, interno en el penal.

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San Pedro

Según las investigaciones preliminares, la mujer fue dopada y agredida en un contexto donde se consumieron bebidas alcohólicas. Aunque la víctima presentó la denuncia, no accedió a realizarse los exámenes médicos correspondientes.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Gabriel Neme, detalló que los hechos ocurrieron durante una fiesta al interior de la cárcel, donde supuestamente se permitió el ingreso de alcohol. Los tres reclusos implicados fueron aislados temporalmente en San Pedro y serán trasladados al penal de máxima seguridad de Chonchocoro en las próximas horas.

Por su parte, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Rodolfo Machicado, explicó que el relevo del director y los jefes de seguridad se debe a que son responsables del control del penal y, pese a ello, habrían permitido la realización de la fiesta y el ingreso de sustancias prohibidas.

“Estos policías ya están siendo sometidos a procesos disciplinarios, y no se descarta ampliar la investigación contra otros custodios”, afirmó Machicado.

Además, las autoridades investigan imágenes que circulan en redes sociales, donde se observa una fiesta en el penal, para determinar si son recientes y bajo qué autorizaciones se realizó el evento.

Limpias enfatizó que lo prioritario es esclarecer los hechos y garantizar que no se repitan este tipo de situaciones.

El caso ha generado indignación y pone en evidencia las fallas en el control y la seguridad al interior del penal de San Pedro, uno de los más emblemáticos del país.

Este martes, la Fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung compartió el estudio de una encuesta de opinión pública que revela que la gestión del presidente Luis Arce es la más desaprobada por la población, por debajo de los últimos exmandatarios, Evo Morales y Jeanine Añez.

En un rango entre el 1 y 10, Arce obtuvo un 3,5, que se explica principalmente porque el 65% de los encuestados considera que su gestión está siendo pésima. Con ese dato, el actual mandatario se sitúa debajo de Añez, que figura con un 3,9.

La encuesta de la empresa Diagnosis se realizó con una muestra de 1.800 personas, entre 18 y 65 años, pertenecientes al área urbana y rural. Los datos se obtuvieron entre el 25 y 26 de enero, según la ficha técnica.

“Del 1 al 10, donde 1 es ‘pésimo’ y 10 es ‘excelente’, ¿cuánto califica usted la gestión de los siguientes presidentes?”, indica la pregunta de la encuesta. Solo un 14% afirmó que la gestión de Arce está siendo positiva (le dieron entre 7 y 10), mientras que un 10% la califica como regular, otro 10% “no sabe” y el 65% restante fustiga la labor del actual gobierno.

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Arce

Arce asumió la presidencia en noviembre de 2020, luego de un año del mandato transitorio de Jeanine Añez, quien recibió una calificación, en promedio, de 3,9 en su corto periodo en la presidencia.

La gestión de la expresidenta fue bastante criticada por el manejo del tema de la salud en plena pandemia de COVID-19 y por el complicado escenario económico que atravesaba el país.

En contraposición, de los últimos tres mandatarios, Morales es el que tiene una mayor percepción positiva, pues obtuvo un 4,6 de calificación.

Sin embargo, en el caso del exmandatario se ven dos extremos, pues el 38% de los encuestados considera que su gestión fue pésima, pero 27% la califica como excelente.

A pocos meses de que termine su gestión, algunos sectores piden que Arce vuelva a ser candidato presidencial para tener otro mandato en 2025-2030.

Los cultivos de hoja de coca en el país se incrementaron un 4% en 2023, pasando de 29.900 a 31.000 hectáreas, según el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2023 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con financiamiento de la Unión Europea.

La representante del organismo en Bolivia, Mónica Mendoza, destacó este martes que la mayor parte del aumento se concentra en zonas estratégicas, con 18.439 hectáreas en la región de Los Yungas de La Paz, 12.125 en el Trópico de Cochabamba y 486 en el norte de La Paz.

Además, alertó que muchos de los cultivos se encuentran en áreas protegidas del territorio nacional.

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Coca

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, resaltó que, a pesar de la tendencia al alza en algunos países vecinos, Bolivia logró reducir su participación global en la producción cocalera, pasando de representar el 20% a tan solo el 8% del mercado mundial.

“Nuestro trabajo en materia de erradicación y control ha permitido disminuir la expansión en áreas sensibles. En 2021 se erradicaron 620 hectáreas en zonas protegidas, 1.588 en 2022 y 1.081 en 2023,” afirmó Del Castillo, subrayando la importancia de continuar fortaleciendo las estrategias de manejo de cultivos excedentarios.

Sin referirse al incremento entre 2022 y 2023, el ministro aseguró que en 2024 las erradicaciones de cultivos y la lucha contra el narcotráfico lograron resultados históricos.

Del Castillo agregó que la política nacional no busca criminalizar el uso tradicional, medicinal y cultural de la coca, consagrada en la Constitución desde 2009, sino evitar su desviación hacia actividades ilícitas.

Asimismo, destacó que la actual gestión intensifica la cooperación interinstitucional para garantizar que las comunidades cocaleras cuenten con alternativas de desarrollo sostenible, como la diversificación agroforestal, que permita la reconversión de áreas destinadas a la coca en proyectos productivos que beneficien a la población.

Por su parte, la UNODC recomendó seguir implementando medidas que permitan cumplir con el límite de 22.000 hectáreas establecido en la Ley General de la Coca, y propuso impulsar programas de “alternativas sostenibles” que protejan tanto los derechos tradicionales de los productores como la integridad del medio ambiente.