El senador de Comunidad Ciudadana (CC) por Chuquisaca Santiago Ticona instaló este lunes un piquete de huelga en la Asamblea Legislativa en defensa de curul chuquisaqueño, tras la propuesta de reasignación de escaños planteado desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con base en los resultados de Censo de Población y Vivienda de 2024.

“A partir de este momento, vamos a iniciar la huelga de hambre en defensa de la dignidad de Chuquisaca y en defensa de nuestra democracia. Estamos pidiendo al Presidente del Senado que convoque a los vocales del Tribunal Supremo Electoral que vamos a tener el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares”, dijo el legislador de Comunidad Ciudadana (CC).

El senador dijo que el ingreso a la huelga será de manera paulatina y que su persona iniciará con esta medida de presión, porque el proyecto de ley de escaños “ya está en el Senado”.

“Hoy hay una asamblea de instituciones en Chuquisaca y seguramente se van a manifestar, (pero también) estamos exigiendo a que las demás instituciones se manifiesten”, dijo.

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La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó por dos tercios la Ley de Distribución de Escaños y la remitió a la Cámara de Senadores para su análisis.

Tras la aprobación de la norma, el titular de la presidencia de Diputados, Omar Yujra, indicó que se cumplió con el país respecto a los compromisos que se hizo para llevar adelante las elecciones generales 2025.

La bancada de oposición de Chuquisaca no respaldó la aprobación del documento al afirmar que existen datos “errados” en los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2024.

El proyecto de ley fue elaborado por el TSE, en función a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2024, que establece que Chuquisaca pierde una diputación plurinominal y Santa Cruz gana un escaño.

En caso de aprobarse la norma en la Cámara de Senadores, la distribución de escaños quedará de la siguiente manera: La Paz y Santa Cruz con 29 escaños cada uno, Cochabamba con 19, Potosí 13, Chuquisaca 9, Oruro 9, Tarija 9, Beni 8 y Pando con 5.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, afirmó el martes ante la Comisión de Constitución que, si el proyecto de ley de escaños parlamentarios no se promulga hasta el 15 de enero, el Órgano Electoral convocará a las elecciones generales de esta gestión con los datos del censo de 2012.

Sectores sociales afín al expresidente Evo Morales fueron gasificados la mañana de este lunes al intentar tomar la sede de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.

Miembros de la federación de campesinos afines al presidente Luis Arce iniciaron una vigilia para evitar que grupos afines a Morales intenten tomar la sede sindical.

Al inicio de la marcha, uno de los dirigentes, en entrevista con radio radio Kawsachun Coca, indicó que las 16 provincias de Cochabamba convocaron a una marcha exigiendo al Gobierno que cambie las políticas “hambreadoras” que manta de hambre al pueblo.

“La poca plata que tenemos, no nos alcanza para nada. Ha subido de precio el precio del aceite, arroz. Nosotros producimos en el campo alimento con maquinaria, no tenemos diésel, gasolina”, denunció el dirigente.  

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista reprochó el accionar del Gobierno al instruir un operativo policial para cerrar todos los accesos a la plaza Murillo, lugar hasta donde pretende llegar la marcha del Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales, así como el traslado de efectivos policiales de otros departamentos.

Desde tempranas horas de este lunes, los accesos a la plaza Murillo fueron cerrados y están con resguardo policial ante el anunció del Pacto de Unidad de llegar hasta el kilómetro 0 y entregar un pliego petitorio al Gobierno en la Casa Grande del Pueblo.

“Tenemos conocimiento que por nota oficial el Gobierno ha mandado a trasladar a efectivos policiales de otros departamentos. Eso es con el único fin de atentar contra la vida de los hermanos que están marchando. Pedimos a este Gobierno que no actúe de esa manera va a ser peor para él”, advirtió Mendoza.

La marcha partió este viernes desde Patacamaya, encabezaba por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista Leonardo Loza, con una serie de demandas económicas, entre ellas garantizar la provisión de combustibles, frenar el alza de los precios de la canasta familiar y la provisión de dólares. También piden la liberación de los “presos políticos”. 

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Morales no acompaña a sus dirigentes y simpatizantes, debido a que se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba, resguardado por organizaciones sociales ante una orden de aprehensión en un caso de supuesta trata de personas.

Mendoza indicó que cuando las cosas se atienden democráticamente se solucionan, pero que cuando hay amedrentamiento y se quiere gasificar, eso “trae más convulsión”.

El legislador pidió atender a los movimientos sociales, debido a que esta marcha “es una demanda social”.

“Estoy seguro que en estos días se van a sumar muchos más, porque en todo Bolivia esta el descontento con su política de Lucho (Luis) Arce!”.

Dijo que se exigirá que el mandatario atienda a los marchistas en la Casa Grande del Pueblo y “si nos les atiende que se vaya.”

Mencionó que la Casa Grande del Pueblo es de todos los bolivianos y no de sus ministros.

El equipo jurídico del expresidente Evo Morales indicó este martes que el líder cocalero no asistirá a la audiencia de medidas cautelares, programada para el martes a las 09.30 en la ciudad de Tarija, porque no fue notificado.

“No ha sido notificado Evo Morales, mañana no puede asistir a un acto en el que, como no lo han notificado, no pueden plantear medios de defensa como incidentes, excepciones y otros más”, dijo el abogado Wilfredo Chávez, miembro del equipo jurídico de Morales.  

El líder cocalero es acusado por el delito de trata de personas, esto relacionado con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

Chávez indicó que la “pantomima” de la supuesta audiencia lo que quiere, “es revivir una antigua orden de aprehensión de octubre, que no tiene ningún sentido procesal, pues ya (lo) han imputado (Evo)”.

Añadió que “ellos (la Fiscalía) han dicho, no ha venido a declarar y vamos a seguir sin su declaración y hacen la imputación. ¿Qué sentido tenía mantener la orden de aprehensión? La orden ha perdido total eficacia, pues la etapa procesal ha sido superada en sentido de presunción, ya no se puede volver atrás”.

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El jurista reiteró que Morales no fue notificado porque “(le) hacen persecución política” y no pueden notificarlo por edictos porque saben dónde vive y cuál es su domicilio.

“¿Saben para qué se hacen edictos? Para una persona de quien se desconoce su paradero, su domicilio. Hay gente que se pierde y evade (a la Justicia). Evo Morales a diario sale redes, en todos lados y todo el país sabe dónde está. ¿Alguien puede validar que se hagan edictos a una persona que vive en el país? ¡No!”, aseveró.

Indicó que en algún momento llegará a los tribunales más altos y espera que se cambie de posición porque hasta antes de las elecciones judiciales se “tenían cooptado al poder judicial”.

“Esperemos que esto no sea así. Hemos escuchado con alegría los mensajes del sistema judicial en diferentes presidencias que se acabó el tema de la cooptación política de las autoridades judiciales. Por eso no querían judiciales”, afirmó.

Reiteró que espera que cuando llegue a los más altos tribunales, sobre todo al Tribunal Constitucional Plurinacional, el caso de Morales “se anule” y todo se anule también “el caso que se ha montado contra Morales”.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, señaló este lunes que, si el expresidente Evo Morales no se presenta a su audiencia cautelar, programada para el martes 14 a las 09.30, será declarado en rebeldía y será emitida una orden de aprehensión, ya no por la el Ministerio Público, sino por la Justicia.

La autoridad indicó que la audiencia programada para el martes es de manera presencia y señaló que el artículo 87 del Código de Procedimiento Penal es claro que “si una persona no se presenta, se declara la rebeldía y se saca un mandamiento de aprehensión”.

El líder cocalero es acusado por el delito de trata de personas, esto relacionado con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

La fiscal Gutiérrez aclaró que el mandamiento de aprehensión emitido por la Justicia es muy diferente al que se emitido desde el Ministerio Público.

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“Si ya existe uno (por la Fiscalía), acá ya estamos entrando a otra etapa, con la imputación terminamos la etapa preliminar y entramos a una etapa preparatoria que se tiene seis meses para seguir investigando y quien va a sacar el mandamiento de aprehensión, en este caso, ya es el juez”, aseveró.

Dijo que el mandamiento de aprehensión del Ministerio Público quedará sin efecto y será el juez quien emita el orden de aprehensión “porque sí establece la ley». “Sea Juan Evo Morales, sea Francisco o Pepito Pérez, el quien sea, la ley establece para todos”.  

La autoridad también aclaró que la acusación es por el delito de trata de personas y no así por los delitos de estupro o trata de persona, como se lo fue distorsionado en las últimas semanas. “(Es) exclusivamente contra Evo Morales y Idelsa Pozo”.

Añadió que “ellos han sido notificados debidamente, de acuerdo como establece nuestras leyes bolivianas y el Código de Procedimiento Penal. Es en este sentido que nosotros estaremos presentes en dicha audiencia”.

Además, reiteró que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva, sin embargo, aclaró el que determinará esta situación será el juez “si procede o no”.

“Como Ministerio Público hemos investigado de manera objetiva dentro la investigación y existiendo los suficientes elementos de investigación, uno para presentar la imputación, que existe la probabilidad de autoría, existe peligro de fuga (y) obstaculización”.