El Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó la Resolución Constitucional 040/2024, del 16 de febrero de 2024 de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, que prohíbe al expresidente Evo Morales y sus seguidores llamar a bloqueos o provocar cortes de circulación vial en las carreteras del país.

La resolución del TCP está ratificada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0721/2024-S2, del 23 de diciembre de 2024, “que resuelve confirmar la Resolución 040/2024 pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justica de la Paz”.

Por lo que concede “en parte la tutela impetrada, respecto a Juan Evo Morales Ayma y a los dirigentes del partido político Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, por la lesión del derecho al espacio público, en los mismos términos dispuestos por la enunciada Sala Constitucional”.

Asimismo, deniega la “tutela en relación a Carlos Eduardo del Castillo, Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia”.

En febrero de 2024, la resolución 040 de la Sala Constitucional Cuarta exhortó al líder cocalero y a los dirigentes del MAS a “no atribuirse la representación de derecho civiles y políticos de la sociedad”, además, determinó a “inhibirse” de afectar el ejercicio de derechos fundamentales de otros miembros de sociedad. 

También, el de “no promover ni incitar” la realización de bloqueos de caminos, ni provocar intransitabilidad en las carreteras del país o daños a los mismos.

Dicha resolución también instruyó al Ministerio de Gobierno tomar acciones necesarias “para garantizar que las vías, caminos y carreteras permanezcan habilitadas” y al Ministerio Público constituirse en los puntos de bloqueo para iniciar “acciones penales” contra Morales.

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La resolución de la Sala Constitucional Cuarta respondió a una acción popular que presentó el exdiputado Amilcar Barral contra Morales, y otros, por el bloqueo de 16 días que perpetuó el ala evista del MAS durante el mes de enero e inicios de febrero del 2024, en demanda de la realización de elecciones judiciales.

Barral indicó este sábado que, tras la ratificación con el fallo del TCP, el MAS, Morales y sus movimientos sociales y el Pacto de Unidad no pueden “nunca” más bloquear los caminos en el país.

“Se sienta un precedente y puede servir para jurisprudencia incluso para empezar a limitar los bloqueos de caminos de instituciones que pueden tener pedidos muy legítimos, pero que no pueden perjudicar a la población”, dijo la exautoridad.

Indicó que con este fallo el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público están obligados a cumplir la sentencia constitucional del TCP.

“Ha habido casi 100 detenidos por hacer bloqueos. Pero ahora es inmediato (la aprehensión) porque tienen respaldo del Tribunal Constitucional, la máxima entidad que favorece que no puede haber bloqueos. Pueden irse a queja al Papa y donde quieran no puede haber bloqueo de caminos”, aseveró Barral.

Además, enfatizó que si el Ministerio de Gobierno no hace cumplir con esta determinación se lo puede procesar penalmente por incumplimiento de deberes.

El expresidente Evo Morales señaló este sábado que el juez Nelson Rocabado, quien lo declaró en rebeldía, fue posesionado el 18 de abril de 2024 por el Consejo de la Magistratura, presidida por el consejero “autoprorrogado” Marvin Molina.

“El juez que me juzga fue nombrado por los autoprorrogados, tan defendidos y protegidos por el gobierno que me acusa”, escribió Morales en sus redes sociales.

Añadió que en su posesión estuvo la exmagistrada “autoprorrogada” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Sosa (tarijeña) que, “en el golpe de Estado del 2019, fue propuesta para asumir la presidencia del país por el golpista Fernando Camacho”.

Además, dijo que Díaz fue denunciada por vender juzgados en Tarija. Esta afirmación del líder cocalero viene acompañada con la fecha del 04/11/2019 de una publicación de Los Tiempos.

El viernes, el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujeres Quinto de Tarija declaró al líder cocalero en rebeldía y ordenó su búsqueda y aprehensión.

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Ante este fin determinó también la anotación de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas, luego que no se presentara a la audiencia cautelar para defenderse de la acusación del delito de trata de personas con agravante.

El expresidente es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

Tras conocer el fallo de la Justica, Morales también escribió el viernes que los jueces y fiscales no respetan el debido proceso ni la presunción de inocencia, “como ordena la Constitución”.

“Esta ‘Justicia’ actúa como en tiempos de la inquisición: sin pruebas, sino con convicciones subjetivas”, dijo el exmandatario.

Este sábado reiteró que los jueces no son independientes y no “respetan el debido proceso y toman determinaciones sin pruebas. Solo obedecen a los que les hacen el favor de nombrarlos”.

Sectores afines al líder cocalero se declararon en “alerta máxima” ante el fallo judicial y anunciaron el aumento de un 10% más a la vigilia de sus bases para evitar su aprehensión.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Carrasco Tropical, Gastón Ledezma, cuestionó “todo el abuso de poder” y advirtió que “falta poco para vencer al gobierno traidor”.

Tras la determinación de la Justicia de declarar al expresidente Evo Morales en rebeldía, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez dijo este sábado que al líder cocalero no le alcanzará los días de vida “para rendir cuentas de sus crímenes, delitos y abusos ante una verdadera justicia”. 

“Se pone en el papel de víctima cuando jamás tuvo un atisbo de respeto a la Constitución, a las leyes y a los miles de bolivianos que ordenó matar, torturar, perseguir, encarcelar y morir desde la impunidad del poder”, escribió Áñez desde sus redes sociales.

El viernes, el juez Nelson Rocabado declaró al líder cocalero en rebeldía y ordenó su búsqueda y aprehensión, además de la anotación de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas, esto luego que no se presentara a la audiencia cautelar por el delito de trata de personas con agravante.

Morales es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

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Tras el fallo de la Justicia, el exmandatario señaló que quienes lo causan son los verdaderos autores de trata y tráfico, pero que nadie “se atreve a iniciarles un proceso porque el régimen de terror que gobierna nuestro país, los amenaza”.

“No pudieron probar un delito y se inventaron otro. Jueces y fiscales no respetan el debido proceso ni la presunción de inocencia, como ordena la constitución”, escribió Morales el viernes tras conocer la determinación de la Justicia.

Al respecto, Áñez indicó que “ahora” Morales “lloriquea como el cobarde que es”.

Añez le recordó que el mismo ‘huyó en avión mexicano desde Chimoré a esconderse del fraude electoral que cometió en 2019, el mismo que hizo del tráfico de influencias y de privilegios un modus operandi para la trata depravada de niñas y adolescentes”.

Añadió que “falta poco para que pague el delincuente todo el daño causado a Bolivia y a su pueblo”.

El ministro de Justicia, César Siles, informó que el martes 21 de enero Bolivia será evaluada en el “Examen Periódico Universal” en Ginebra, Suiza, sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU).

“El Examen Periódico Universal es un mecanismo de protección extraconvencional creado por el Consejo de Derechos Humanos, se lo presenta cada cuatro años y medio. Bolivia rindió examen el 2009, 2014 y 2019, ahora hemos sido convocados para este examen periódico”, dijo el titular de la cartera de Justicia.

De acuerdo con la autoridad, el examen parte de las últimas recomendaciones que se emitieron en 2019. Dijo que entonces se emitieron 238 recomendaciones a ser cumplidas.

Señaló que no solo es un informe oral, sino que ya se envió un informe escrito en 2024. En ella se muestra los avances de cumplimiento de las 238 recomendaciones.

“En el análisis que hicimos corresponderá al Consejo de Derechos Humanos calificar al menos el 80% o más de las recomendaciones emitidas en 2019 que se han cumplido o están en proceso de cumplimiento”.

Siles señaló que los campos en que se trabajan sobre los derechos humanos, se dividen en derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales, esto en relación a los grupos de alto riesgo de vulnerabilidad, como los menores, mujeres, personas con discapacidad, la población LGTBI.

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Además, dijo que el CDH hace énfasis en los informes de los Estados y los derechos de las naciones de los pueblos indígenas y originarias, también el derecho del medio ambiente y de la madre tierra. 

Respecto a la evaluación, la autoridad dijo que metodología de este informe comienza con el informe escrito que fue enviado en el segundo semestre del 2024 y ya el CDH donde quien se rinde este examen tiene toda la información escrita, con anexos y documentos de respaldo.

“Lo que corresponde que máxima de tres horas que va a durar la defensa, el presentar una primera parte un resumen de los avances y a nuestro juicio el cumplimiento de las recomendaciones”.

En una segunda fase, mencionó que comienza las preguntas que el CDH realizará, estás serán preguntas complementarias, aclaratorias.

También, dijo que varios países se adscribieron para preguntar a Bolivia en un minuto y medio respecto a las distintas temáticas en derechos humanos. 

Dijo que también preguntarán respecto al marco constitucional vigente, los tratados internacionales en derechos humanos que Bolivia adoptó, las ratificaciones que hizo de esos tratado y la forma de cómo los está implementado.

Tras la declaratoria de rebeldía del expresidente Evo Morales, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó este viernes que el juicio contra el líder cocalero se “va a suspender hasta que él aparezca” e indicó que se espera la orden de aprehensión de la Justicia para dar su cumplimiento.

“Ya está declarado rebelde. ¿Qué significa esto? Que el juicio se va a suspender hasta que él aparezca. Entonces esa sería, en este momento la situación jurídica del señor Juan Evo Morales”, dijo la autoridad. 

El juez Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 5 de Tarija, Nelson Rocabado, dispuso la búsqueda y orden de aprehensión contra Morales, tras declararle en rebeldía, luego que no se presentara a su audiencia de medidas cautelares.

Además, dispuso el arraigo nacional, la anotación de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

El líder cocalero es investigado en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. El Ministerio Público lo imputó en octubre de 2024 por el presunto delito de trata agravada de personas.

Gutiérrez reiteró que solicitarán que el juez, a través de Secretaría, les remita “lo antes posible” la orden de aprehensión y se pueda entrar a otra etapa en este caso.  

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“Ya tenemos mandamiento de aprehensión emitido por el juez, ya no por el Ministerio Público. El que teníamos como Ministerio Público queda sin efecto, tomando en cuenta que ya hemos entrado a otra etapa”, señaló.

Sobre la audiencia cautelar, la fiscal indicó que la defensa de Morales presentó una recusación contra el juez, pero que esta fue desestimada.

Además, indicó que, en la valoración médica, ante el incumplimiento y la revisión en conjunto de otras documentaciones que presentaron los abogados defensores y otros certificados médicos, conforme establece el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, «no son impedimentos jurídicos valederos».

“Haciendo una valoración de todos estos aspectos y otros también que han sido discutidos dentro de esta audiencia, es que el juez ha terminado por no aceptar porque no han cumplido lo que establece el artículo 88”, indico.

Dijo que esa no sería una causal de impedimento para que Morales no se haya presentado, por lo que el juez determinó la declaratoria de rebeldía, el arraigo a nivel nacional y la anotación preventiva de sus bienes.