En su último día de marcha, el Pacto de Unidad afín al expresidente Evo Morales llegó hasta la ciudad de El Alto y apunta a llegar hasta el kilómetro 0, plaza Murillo, y entregar un pliego petitorio al Gobierno.  

“Esto es una marcha pacífica en defensa de la canasta familiar. Los bolivianos están sufriendo de hambre. Este gobierno no ha sabido regular el precio de la canasta familiar, por eso pedimos que se atienda al pueblo boliviano”, dijo Pedro Llanque, dirigente del Pacto de Unidad.

Además, pidió que se regule el provisionamiento de dólares, combustible, pero, también la liberación de sus presos políticos. En criterio de Llanque fueron detenidos «injustamente».

“Al Defensor del Pueblo, si no actúa a favor del pueblo, vamos a pedir su cabeza”, advirtió el dirigente.

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La marcha partió el viernes desde Patacamaya, encabezaba por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista Leonardo Loza, con una serie de demandas económicas y sociales.  

Morales no acompaña a sus dirigentes y simpatizantes, debido a que se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba, resguardado por sus acólitos ante una orden de aprehensión en un caso de supuesta trata de personas.

El Gobierno calificó de “política y violenta” la protesta evista. Sin embargo, Loza aclaró que la marcha no viene armada y no es peligrosa, tal como el Gobierno lo anunció.

“Nos dicen que somos violentos, que estamos yendo a La Paz a hacer un golpe de Estado. Están temblando. Esta marcha es pacífica, no tenemos por qué generar violencia o maltratos”.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, pidió este viernes activar la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista Gualberto Arispe por emitir amenazas de muerte.  

“Pedimos a la Asamblea Legislativa (que) es momento que, ahora, la Comisión de Ética de esta instancia procese al señor Gualberto Arispe por estas acusaciones que se han emitido”, indicó la autoridad.

Tras dos años de no poder conformar la Comisión de Ética, la Cámara de Diputados logró conformar este viernes esta instancia que se encargará de investigar y procesar denuncias contra asambleístas que incurran en alguna falta durante su función representativa.

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En diciembre de 2024, el parlamentario evista advirtió que quienes intenten aprehender a Morales deben estar “decididos a morir”. Sin embargo, días después indicó que sus declaraciones fueron “desproporcionadas y desatinadas”.

“Se ha dicho que aquel que quiera venir a aprehender a Evo (Morales) que venga, pero decidido a morir. Si no está decidido a morir, mejor que no venga porque estamos decididos a defender a nuestro hermano Evo Morales”, declaró el legislador entonces.

Sobre esas declaraciones, el Viceministro de Seguridad Ciudadana reprochó esas afirmaciones e indicó “¡qué ejemplo le está dando un legislador al país!, cuando debe ser la primera persona en lo que es el respeto a las leyes y la Constitución de nuestro país”.

Añadió que se ve, con el accionar de Arispe, una instigación pública a delinquir porque lanza amenazas “flagrantes” contra la vida y la integridad de la Policía Boliviana, además hace “gala de que aparentemente tendría un grupo irregular”.

“Es importante que no sólo (se investigue) por la vía penal, sino también en la vía disciplinaria a partir de la Asamblea Legislativa. (Esperemos) que puedan tomar las acciones correspondientes contra este tipo de actos”.

El equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista señaló este viernes que la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales es inejecutable porque se violaron sus derechos.

El abogado Wilfredo Chávez, miembro del equipo jurídico, explicó que se inició una persecución y una serie de acciones “rápidas” en la Fiscalía de Tarija a espaldas de Evo Morales y no se le notificó para que asuma defensa en el proceso de trata y tráfico de personas que le sigue el Ministerio Público.

Dijo que de manera públicamente y no oficial se conoció que el 26 de octubre de 2024 se libró una orden de aprehensión contra Morales para que preste su declaración informativa.

“Esta orden de aprehensión no ha sido ejecutada, pues ha sido objeto de una acción de tutela constitucional que la dejó sin efecto, pero entendemos que el juez de allá no habría dado por válido y habría dado continuidad a esa orden de aprehensión”, señaló.

En criterio de Chávez, el sentido de la orden de aprehensión era poque querían que el líder cocalero preste una declaración informativa antes que el Ministerio Público tome la decisión de imputar o rechazar el caso.

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“Luego de ocurrido esto, no ha habido más órdenes de aprehensión. El Ministerio Público, de manera totalmente irregular y desconociendo el artículo 165 del Procedimiento Penal, ya se relaciona con los edictos, ha dispuesto, una imputación formal en contra Evo Morales, según se conoce, todo por medios de prensa”.

Añadió que “¿cómo es posible que se haya generado una imputación a una persona que no la han notificado en su domicilio, no se conoce que se hayan circulado los edictos con relación a Evo Morales y, por tanto, no han tenido conocimiento alguno del proceso”

El jurista indicó que el artículo 224 pide y exige que deba ser habida la persona para que vaya a declarar, “eso en el momento procesal antes que sea imputado”.

Indicó el Ministerio Público ya ha superado esa etapa y ya procedió de manera ilegal a imputarlo, por lo que la orden de aprehensión ya no tiene ninguna eficacia jurídica ni debería tenerlo porque ya está con imputación.

“La orden debía ser procesalmente devuelta y además representada en cuanto se ha conocido que había ya la imputación formal, porque ya no es ejecutada, se considera técnicamente inejecutable esa orden de aprehensión”.

Añadió que la policía, “si es seria”, debía devolver ese mandamiento de aprehensión.

El expresidente fue imputado por el delito de trata y tráfico y sobre él pesa una orden de aprehensión desde el mes de octubre de 2024.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, señaló este viernes que las acusaciones realizadas en su contra por la presunta víctima de Evo Morales son una maniobra para paralizar la audiencia programada para el 14 enero en Tarija y alejarla del caso.

La autoridad del Ministerio Publicó negó las aseveraciones de Cindy Saraí Vargas e indicó que se puede “someter” a las indagaciones que “quieran” y que las investigaciones contra Morales son “totalmente trasparentes y objetivas”.

“Ese documento que ella ha presentado, se deben preguntar ¿por qué lo presenta a estas alturas cuando ya existe a días de que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares? (…) Yo creo que más bien (las denuncias) son maniobras que quieren realizar por parte de la defensa (de Morales) para que la audiencia no se lleve a cabo, y también para sacarme de la investigación”, dijo la fiscal departamental.

El lunes 30 de diciembre, Vargas anunció en una entrevista internacional que interpuso una demanda en la Fiscalía General del Estado porque se siente perseguida por el actual gobierno.

La denuncia que interpuso es por complicidad del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Gutiérrez con el anterior gobierno, porque habrían sido ellos quienes la sacaron del país a ella y a tres menores (su hija y sus dos hermanos) en 2019.

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El líder cocalero es acusado por el delito de trata y tráfico de personas, esto relacionado con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

La Justicia fijó para el 14 de enero a las 09.30 la audiencia presencial por el caso trata y tráfico de personas contra el expresidente en el departamento de Tarija

Gutiérrez recordó que cuando la denuncia contra Morales se hizo pública, el 2 de octubre de 2024, le dieron una carta de despido y lo que se busca ahora es “sacarla” de la investigación.

“No me aferro absolutamente a nada, pero tampoco voy a permitir que se vengan con mentiras”, aseveró.

Indicó que, si “ellos indican eso”, tendrán que demostrar todo lo que se dijo de que “la conoce” a Cindy y a su hija.

Asimismo, dijo que el Ministerio Público de Tarija abrió otra investigación paralela de oficio por el delito de trata y tráfico, esto debido a que la presunta víctima y su hija se encuentran desaparecidas.

“Nos preocupa dónde están, tanto la víctima como su pequeña. Siempre lo he dicho, el día 2 de octubre para mí es una fecha muy importante, no porque me hayan sacado a mí o hayan sacado a los dos colegas, sino que cuando yo vuelvo, me entero de que habría tratado de secuestrar a una persona cuando estaba yendo a recoger a su pequeña hija de un colegio”.

Ante la solicitud de ampliación del caso contra Gutiérrez y Del Castillo, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló este viernes que la comisión de fiscales de Tarija determinará si corresponde o no incluir en la investigación.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este viernes que el expresidente Evo Morales presentó un memorial ante el juez, donde notifica su domicilio y argumenta que fue “mal notificado” en relación al proceso de trata y tráfico que radica en la ciudad de Tarija. 

“Habría presentado mediante el control jurisdiccional, llámese juez cautelar, un memorial que pedía una corrección y a la vez también hacía conocer su domicilio procesal, su domicilio real, y argumentaba de que se le hubiera notificado mal”, informó la autoridad.

Pese a esta solicitud, el Fiscal General indicó que el Ministerio Público “pudo advertir” de que Morales tiene conocimiento de “manera formal” del señalamiento de medidas cautelares que tienen que llevarse el 14 de enero.

“En ese entendido, ya será la juez quien resuelva. Nosotros vamos estar presentes (en la audiencia) en la cual vamos a ir a ratificar nuestra imputación formal presentada en su momento”, dijo.

Reiteró que los elementos e indicios sobre la acusación a Morales “están en la imputación formal que se presentó”, la cual será considerada por la autoridad jurisdiccional.

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“Nosotros ya hemos manifestado en la imputación formal la detención preventiva para esta persona y la otra coimputada, sin embargo, ya es del juez cautelar quien va a decidir si ordena o no la detención previa instalación de audiencia de medidas cautelares”, afirmó.

El líder cocalero es requerido por la Justicia y fijó la audiencia de medidas cautelares de manera presencial por el caso de trata y tráfico de personas a las 09.30 del martes 14 de enero en el departamento de Tarija.

Morales es acusado por el delito de trata y tráfico de personas, esto relacionado con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

En días pasados, Mariaca recordó también que, de acuerdo al procedimiento penal, toda persona que fue citada y no se presenta ante el juez cautelar es declarada en rebeldía, lo que implica emitir un mandamiento de aprehensión, librado por la autoridad jurisdiccional, y el mandamiento de arraigo.

Sobre la solicitud de ampliación del caso trata de personas contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, Mariaca se limitó a indicar que la comisión de fiscales analizará si ambos son o no incluidos dentro la investigación.

En pasados días, la presunta víctima de Morales solicitó la ampliación de la investigación en contra ambas personas porque se siente perseguida por el actual gobierno.