El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes pidió este lunes al presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra, “dejar de jugar con las fechas” y empezar a debatir las elecciones electorales pendientes en el pleno.

“Tendríamos que tratar todas las leyes pendientes que están trayendo desde el Tribunal Supremo Electoral, (como) la del debate obligatorio que quedó paralizado desde la anterior sesión. Debe tratarse lo antes posible y ojalá sea mañana, porque claramente el señor Yujra está tratando de jugar con los días y las horas para que evitar que se dé cumplimiento a lo que se acordó”, indicó el legislador.

El jueves, Yujra señaló que en sesión de Diputados “muchos” asambleístas pidieron que se revise el tema de la sanción en el proyecto de ley de debate electoral obligatorio, debido a que se considera de éste además de ser obligatorio debe ser presencial.

“Creemos que el debate obligatorio de todos los candidatos, además de ser obligatorio, tiene que ser también presencial y, por tanto, aquel candidato que no asista a un debate, por eso es obligatorio, tendría que tener una sanción ejemplar, y eso es lo que vamos a discutir con el Órgano Electoral”, señaló Yujra.

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Entonces, aclaró que se está priorizando los proyectos de ley del Órgano Electoral para que no exista “ningún óbice” o elemento que señale que la Asamblea Legislativa no está apoyando a la realización de las elecciones nacionales 2025.

Desde el evismo, el diputado Gualberto Arispe, aseguró que la propuesta de ley que impulsa el debate obligatorio tiene como objetivo “opacar” a Evo Morales en el proceso electoral.

Indicó que “no tienen” por qué correrse y recordó que en pasadas gestiones se hizo un debate con el pueblo a través de su programa de gobierno.

En el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, organizado por el TSE, se instó a la Asamblea a aprobar leyes sobre el principio de preclusión, paridad de binomios, debate obligatorio e inclusión de los vocales del TSE a la Ley 044, sobre juicio de responsabilidades.

La jefa nacional del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan -Bol), Ruth Nina, desestimó este lunes la denuncia admitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) e indicó que el ente electoral ya se pronunció sobre la personería jurídica.

“El 11 de marzo se nos notifica, donde claramente nos dice que sala plena del Tribunal Electoral ha tomado la decisión de que Pan-Bol prosiga y no sea sancionado. Con esta resolución y esta notificación ya ha precluido el proceso del 3%”, señaló.

El TSE admitió una denuncia que solicita cancelar la personería jurídica de Pan-Bol y del Frente Para la Victoria (FPV) debido a que ambos frentes políticos no obtuvieron el mínimo de 3% de votación en las elecciones presidenciales de 2020.

En las elecciones del 18 de octubre de 2020, el FPV logró 95.255 votos, el 1,55% de la votación nacional. En tanto, PAN-BOL obtuvo 31.795 votos, que es el 0,52%.

Nina dijo que la sigla de Pan-Bol asumió defensa durante cuatro años por la vía jurídica y legal.

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“Desde el 2020, mientras ha transcurrido el COVID-19 y no ha llegado el fallo del Tribunal Constitucional. Ha pasado las elecciones (subnacionales) 2021 que ha sido la última elección y Pan-Bol tiene asambleístas y concejales a nivel Bolivia”, señaló.

Argumentó que el artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas indica que se sancionará aquellos partidos y agrupaciones que no alcancen el 3% de votación en la última elección. Sin embargo, reiteró que llevaron adelante las elecciones subnacionales y participaron de ella.  

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, indicó que el artículo 58 de la Ley 1096 señala que si un partido político no logra el 3% de votos válidos pierde su personería jurídica.

“En el marco de esta normativa hubo una denuncia. Esta denuncia cumplió la formalidad, pero eso no significa que estamos diciendo que es certera. Va a tener su debido proceso”, dijo el vocal electoral.

La activista feminista María Galindo agradeció este lunes la invitación para ser candidata en las elecciones generales del 17 de agosto. Sin embargo, descartó su participación e indicó “que no es escalera de nadie”.

“Agradezco la invitación. Ley doy una respuesta prematura y sin rodeos para que se busquen otra escalera. Yo no necesito ser candidato. No tengo esa necesidad existencial, económica y no soy yo quien los necesita, sino ustedes a mí”, dijo.

Sin especificar nombres, Galindo señaló el domingo que una sigla política la invitó a ser candidata presidencial. Sin embargo, indicó que la respuesta oficial la daría a conocer este lunes.

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Es lunes, la activista acusó a la sigla política de beneficiarse de su popularidad y de no le importarles lo que piensa ni qué propone. “Solo quieren utilizarme para asegurarse un lugar en el próximo parlamento, por eso, exactamente, digo que no”. 

“Soy más útil, más digna, más peligrosa y más feliz en la calle. Puedo hacerles doler la cabeza a los candidatos desde un programa radial y no solamente eso, puedo hacer mucho más que eso”, afirmó.

La última postulación de Galindo a un cargo público fue en 2022, cuando se presentó como aspirante a defensora del Pueblo.

Abandonó su interés debido a que, según ella, era una preselección “dirigida” y “amañada”.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcista, Juan José Jáuregui, aseveró este lunes que la denuncia promovida en su contra por una denuncia de violación contra una menor de edad es una “denuncia falsa” y que ésta fue motivada por una venganza política.

“Esta denuncia falsa, en los plazos que prevé el Código Procesal, se pueda esclarecer. Estamos en la etapa inicial de investigación. Más detalles no puedo señalar porque se trata de una menor edad”, indicó el legislador.

El Ministerio Público inició la investigación contra el diputado arcista por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente.

Según la denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Oruro, el legislador transó por Bs 300 para mantener relaciones sexuales con una menor de 13 años, en noviembre de 2024.

Parte de la denuncia señala “la misma (la menor) en el interior del motel habría negado, pero éste le habría golpeado para consumar el hecho (sic)”.

Al respecto, Jáuregui se declaró víctima de “una persecución judicial” y víctima de un “linchamiento político”.

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Acusó al alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani, de promover la denuncia, a quien lo señaló como “sobrino de Evo Morales”.

“No nos extrañaría que exista la participación de algún legislador, que días atrás hemos tenido un encuentro desagradable y que ya ha anticipado, lo que se estaba pretendiendo hacer con el suscrito diputado”, indicó. 

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Samantha Nogales, informó que presentará ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, una denuncia exigiendo la suspensión de Jáuregui mientras se investiga la denuncia.

“Ante la grave denuncia contra el diputado Juan José Jáuregui por la presunta violación de una niña de 12 años, expreso mi total repudio y preocupación por este hecho. Es alarmante que existan antecedentes de denuncias previas contra él por delitos similares”, señala parte de un comunicado que emitió la legisladora.

A ello, exigió a las instancias judiciales una investigación rigurosa e imparcial, pero, además, se garantice la “protección” y apoyo integral a la niña denunciante y a su familia.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que aún no tiene conocimiento sobre la denuncia contra el legislador evista, pero aclaró que cualquier denuncia debe ser procesada de manera transparente y oportuna.

Luego que el Gobierno denunciara la presencia de extranjeros en el resguardo de Evo Morales, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala radical, Leonardo Loza, indicó este lunes que algunos viceministros “hablan cualquier tontera”.

El senador desafío al viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, a demostrar sus afirmaciones y le invitó a que vaya a Lauca Ñ junto a su persona.

“Me gustaría que este señor venga y vaya conmigo a Lauca Ñ, al Trópico. Y que me demuestre un solo extranjero que está haciendo resguardo a Evo Morales”.

Las declaraciones del legislador surgen luego que Aguilera denunció la llegada de colombianos a la región del Trópico de Cochabamba, con el fin de proteger al expresidente Evo Morales.

“Se ha recibido información de que algunos ciudadanos están brindando cierta protección a quien está siendo buscado por la ley. Se ha conocido la presencia fundamental de colombianos”, señaló la autoridad a BTV.

Al respecto, Loza desmintió esas afirmaciones y lamentó que las autoridades de Gobierno por aparecer en los medios hablen en contra del Trópico de Cochabamba.

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“Estos señores ya no conocen al país, a no ser que algunos compañeros de Colomi han ido a visitar al hermano Evo Morales y (los) esté confundiendo con colombianos, ya sería el extremo”, dijo.

El expresidente está atrincherado desde octubre de 2024 en la localidad de Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, luego de que el Ministerio Público lo acusara por el delito de trata de personas con agravantes.

La Fiscalía lo investiga en relación a un presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando él era jefe de Estado, en 2016. Sobre el líder cocalero pesa una orden de aprehensión emitida por la justicia y la anotación de sus bienes y su arraigo.

Seguidores de Morales instalaron anillos de seguridad y puntos de control ante una posible intervención policial para su aprehensión. Dirigentes evistas incluso indicaron que unas 10.000 personas resguardaban la integridad del líder cocalero.

Esta situación ha impedido hasta el momento que se realice algún operativo policial para efectuar su aprehensión y captura.