“Estamos realizando una adecuación en la ciclovía para que responda a las necesidades de la población que vive en la zona”, aseguró Óscar Navarro, Asesor Oficial de la Alcaldía de La Paz, en La Razón Radio.

Navarro añadió que, como respuesta al reclamo de los vecinos, el 80% de los tramos de la ciclovía se convertirá en una zona de estacionamiento tarifado.

Cuando se le preguntó si esto implicaría una modificación del proyecto, Navarro aclaró que solo se retirarían algunos bolardos que obstruían el acceso a los garajes de viviendas particulares y locales comerciales.

En una emisión anterior, la concejala Yelka Maric calificó esta obra como un “monumento a la improvisación” y señaló que no había podido acceder a la información sobre el manejo de los 400.000 euros donados por la cooperación europea para la implementación de este proyecto, el cual se generó durante la gestión de Luis Revilla.

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El líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, afirmó que los precandidatos opositores aún no logran comprender la “Bolivia profunda”. Según Patzi, estos actores políticos continúan promoviendo la polarización, una estrategia que no les ha funcionado en las elecciones de los últimos 20 años.

En cuanto a las propuestas de los precandidatos, mencionó el tema del libre mercado. Al respecto, Patzi recordó la venta de recursos naturales y empresas, haciendo referencia al exministro Samuel Doria Medina, quien, según él, “se benefició de las ventas de las empresas del Estado”.

El exgobernador sostuvo que la “Bolivia profunda” es la que se debe construir, un objetivo aún pendiente dentro del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), según expresó en el programa Piedra, Papel y Tinta.

Patzi también se mostró en desacuerdo con que toda la economía esté en manos del Estado. Propuso, en cambio, la necesidad de una mayor diversidad de agentes económicos. Como ejemplo, mencionó que un grupo de constructores podría organizarse en una asociación distinta a una empresa privada, lo que les permitiría adjudicarse ciertas obras de inversión pública. Si bien las empresas comunitarias están en la Constitución Política del Estado, aún no se trabajó en su reglamentación e implementación.

Para finalizar, el líder del MTS destacó que está trabajando en un proceso de articulación de la izquierda y anticipó que, en marzo, su partido presentará un candidato, siendo Andrónico Rodríguez el principal nombre que barajan, tras un proceso de reflexión del presidente del Senado.

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La concejala Yelka Maric afirmó que la ciudad ha perdido una gran oportunidad al referirse a la ciclovía ubicada en la zona sur de La Paz.

“Hemos llegado al summum de convertir los recursos públicos en problemas públicos, además de contar con una ineficiencia operativa de alto nivel”, expresó Maric en La Razón Radio.

La concejala agregó que esta situación fue una de las razones detrás del cambio en el cargo del Secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana. Ariel Tórrez ocupó el puesto hasta finales de 2024, y el 2 de enero de 2025, el alcalde Iván Arias nombró a Erik Millares como su sucesor.

Maric también reveló que envió varias solicitudes a la Agencia Francesa con el fin de obtener información sobre la ciclovía, pero no recibió respuesta alguna. El proyecto fue financiado con 500.000 euros de la cooperación europea, de los cuales 400.000 fueron administrados por el municipio.

“Están todos desesperados por retirar lo que han instalado, pero no pueden hacerlo por cuestiones relacionadas con los recursos públicos (…)  eso sí es daño económico al Estado”, concluyó Maric.

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Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), reclamó que el sector empresarial está en un diálogo sin avances con el gobierno nacional sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE).

Para Camacho, no es normal que tanto empresarios como gremiales interpreten esa disposición como confiscatoria, mientras el gobierno habla de la lucha contra el contrabando, pero quienes se dedican a ese ilícito no tienen domicilio legal, enfatizó.

Aseguró que, en ese sentido, plantearon el proyecto de ley que enviaron al presidente y vicepresidente del Estado, así como a los presidentes de ambas cámaras, Andrónico Rodríguez y Omar Yujra.

Camacho considera que sí es posible trabajar de manera conjunta en una norma que proteja al país del contrabando. «Nosotros no somos actores políticos», reclamó en La Razón Radio, al tiempo que señaló que este tipo de declaraciones afectan al diálogo.

Al leer la disposición observada, Camacho se preguntó si en ella se menciona a los contrabandistas, ya que el párrafo es “demasiado amplio”, lo que genera susceptibilidad, concluyó.

Esperan que el gobierno o la Asamblea Legislativa Plurinacional los convoque al diálogo sobre el proyecto enviado.

Camacho también aseguró que hasta ahora no se han registrado decomisos ni operativos, ya que la reglamentación aún no está lista.

Explicó que el contrabando no se origina en las industrias ni fábricas, sino en los intermediarios. Se preguntaba, además, si se podía considerar agio el tener almacenes con productos que probablemente hayan sido vendidos a futuro.

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Ante la aparición de estudios de preferencia electoral y proclamaciones de candidaturas, Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró en La Razón Radio que hay dos leyes que “chocan” entre sí, lo que impide sancionar a las empresas encuestadoras y precandidatos de cara a las elecciones generales del 17 de agosto próximo.

La primera norma a la que hizo referencia el vocal es el artículo 232 de la Ley 026 de Régimen Electoral, que en su inciso C establece: «Difundir estudios de opinión para fines electorales, sin estar habilitado por el Órgano Electoral, realizarlo fuera del plazo o incumplir otras disposiciones establecidas en esta Ley, tratándose de empresas especializadas en opinión pública, medios de comunicación u organismos de observación electoral, nacionales o internacionales.»

Sin embargo, no se podrían sancionar a los infractores debido a la falta de jueces electorales, ya que el artículo 51 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional establece: «El Tribunal Electoral Departamental, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, designará como juezas o jueces electorales en cada departamento a las juezas o jueces del respectivo distrito judicial, en el número que considere necesario, para cada proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato.»

En este sentido, Tahuichi propuso modificar esta última norma para establecer jueces electorales de manera permanente, lo que permitiría sancionar estas faltas y evitar lo que está sucediendo actualmente, en el que precandidatos y empresas encuestadoras «están haciendo su agosto».