Una encuesta nacional presentada por Red Uno muestra al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, como el posible candidato mejor posicionado para las elecciones generales de este año.

“Si las elecciones fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría?”, dice la pregunta principal de la consulta.

En los datos a escala nacional, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) lidera la lista con el 18% de respaldo. Entretanto, el precandidato opositor Samuel Doria Medina tiene 17%; el expresidente Jorge Quiroga, 16%; Manfred Reyes Villa, 13%; Chi Hyun Chung, 11%, y el presidente Luis Arce, 1%. Un 4% respondió “otro”.

En el caso de La Paz, Rodríguez cuenta con el 24% de intención de voto; le siguen Doria Medina, con el 22%, y Chi, con el 17%. Luego están Quiroga (9%), Reyes Villa (6%) y Arce (1%).

En Santa Cruz, Quiroga va primero (23%), luego Doria Medina (22%), más atrás Rodríguez (11%), Reyes Villa y Chi (7%), y Arce (1%).

Entretanto, en Cochabamba, primero es Reyes Villa (35%), Rodríguez (23%), Quiroga (13%), Doria Medina (9%), Chi (5%) y Arce (1%).

La empresa Captura Consulting elaboró la encuesta, dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral. El estudio se llevó a cabo mediante entrevistas presenciales entre el 14 y el 23 de marzo.

Se realizaron 1.500 encuestas en 10 ciudades capital y 47 provincias de los nueve departamentos del país. El estudio cuenta con un índice de confianza del 95% y un margen de error de ±2,5%, con un alcance a nivel nacional.

El ministro de Justicia, César Siles, dijo que el informe del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la detención del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es “parcial”, “sesgado” y “desactualizado”.

“Es un informe, parcial, es un informe sesgado y es un informe desactualizado”, dijo la autoridad a los periodistas en Santa Cruz.

El informe está referido a la supuesta vulneración de derechos humanos del otrora líder del Comité pro Santa Cruz, que fue aprehendido por la Policía Boliviana el 28 de diciembre de 2022 y que guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro, acusado en el caso Golpe de Estado I.

Luis Fernando Camacho

Siles explicó que dicho informe fue realizado por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que está compuesto por expertos independientes.

“De acuerdo al procedimiento de Naciones Unidas, (el informe) es sujeto de revisión”, aclaró Siles.

Dijo que la solicitud de revisión es trabajada por al menos cuatro instituciones: los ministerios de Justicia, Gobierno y Relaciones Exteriores, y la Procuraduría General del Estado.

Asimismo, aclaró que el informe de dicha oficina se constituye en una “opinión” y no en una sentencia con carácter vinculante.

Caso Golpe de Estado I

La solicitud de Camacho para ese pronunciamiento fue solicitada en 2023, cuando no había empezado el juicio oral y contradictorio por el caso Golpe de Estado I. Entonces, Siles dijo que, ya iniciado el juicio, dicho informe está “desactualizado”.

Actualmente, el juicio por ese caso, se encuentra en la presentación de testigos de descargo.

El caso Golpe de Estado I investiga los hechos precedentes a la dimisión del presidente Evo Morales en 2019; en medio de una fuerte convulsión social y política.

Foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”, estaban acusados Camacho, Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez, aunque fue excluida de este caso por tener una condena en el caso Golde de Estado II, desde el 10 de junio de 2022.

Camacho y Pumari, en Santa Cruz y Potosí respectivamente, lideraron las protestas por un supuesto “fraude electoral”. La movilización, replicada en varias regiones, cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales deje el cargo.

Investigación

Morales renunció el 10 de noviembre de 2019. Dos días después, la entonces senadora Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado; luego, la presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa; sin el quorum reglamentario ni la presencia de los legisladores del MAS, que entonces tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa.

El oficialismo calificó esos hechos como un “golpe de Estado”.

Actualmente, Camacho y Pumari cumplen con detención preventiva por ese caso. El cruceño, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha, y el potosino, en el penal de Santo Domingo de Cantumarca, en Potosí.

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, informó que se pidió a la Policía Boliviana investigar los supuestos hechos de proxenetismo en ese órgano camaral, luego de denuncias hechas por sus colegas evistas.

“Precisamente, a raíz de esa denuncia, estamos pidiendo que se investigue, a través de los policías que tienen desguardo, cuál es la persona o las personas que se están dedicando a esto, pero principalmente quién está autorizando el ingreso de este tipo de personas”, dijo en conferencia de prensa.

El legislador del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) respondió así a una consulta específica sobre el tema.

El miércoles, el diputado Rolando Cuéllar denunció que una mujer, supuestamente, ofrece servicios sexuales de menores de edad a los legisladores.

“Nosotros fuimos víctimas, pero rechazamos las llamadas. Vamos a mostrar al país las fotografías, el nombre de esta proxeneta y coordinar con la Cámara de Diputados para que sea aprehendida (esa persona) en la puerta del Parlamento”, dijo el legislador también arcista en rueda de prensa.

Cámara de Diputados

Las declaraciones de Cuéllar no quedaron ahí y las repercusiones surgieron de inmediato.

Por ejemplo, la diputada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Samantha Nogales, se estrelló contra Cuéllar, porque consideró que, luego de recibir esa supuesta llamada, lo debió denunciar.

“El hecho de que él haya recibido llamadas de una proxeneta y no la hubiera denunciado, lo hace encubridor de este delito. Espero que se haga responsable de sus declaraciones”, reclamó en conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que presentará una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

Por su parte, y en la misma línea, la diputada Elena Pachacute, también de CC, se declaró “avergonzada” e “indignada” que, conociendo el caso, Cuéllar y otros diputados no hayan denunciado lo ocurrido.

La canciller Celinda Sosa informó este jueves que, hasta ahora, unas 50 personas se encuentran a la espera de su trámite para ser repatriados desde Estados Unidos.

Eso, luego de que el gobierno de Donal Trump determinara la expulsión de cualquier ciudadano que no radique legalmente en ese país.  

“Hay 50 personas que van a ser repatriadas. Estamos haciendo las gestiones porque están saliendo de dos en dos; entonces estamos haciendo las gestiones para que salgan de 15 personas”, informó Sosa en conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa.

“Hemos hecho las gestiones con BoA para que puedan llegar y estamos analizando la situación de cada uno, si tienen familiares, hijos y seguir brindando la asistencia”, adelantó.

Cancillería

Dijo que se llevan adelante conversaciones con autoridades estadounidenses, además con oenegés para evitar que se vulnere los derechos humanos de los connacionales.

EL 19 de febrero de este año, el gobierno de Estados Unidos aprehendió a 127 bolivianos en ese territorio, según confirmó el encargado de negocios de la embajada de Bolivia en Estados Unidos, Henry Valdelomar.

Eso, en el marco del plan puesto en marcha por el recientemente posesionado presidente Trump.

Repatriación

Explicó que los connacionales se encontraban “indocumentados” en ese país y que no iniciaron el trámite para regular su estadía. Por lo tanto, están expuestos a una posible deportación en las “próximas semanas”.

Asimismo, dijo que los bolivianos aprehendidos en Los Ángeles se someterán a un proceso judicial denominado en ese país como “caso de corte”. En dicha acción, un juez estadounidense decidirá una eventual expulsión de esas 127 personas.

El mismo funcionario explicó, luego, que los bolivianos serán trasladados en vuelos comerciales.

El expresidente Evo Morales pidió este jueves una investigación internacional para esclarecer el caso del supuesto “intento de magnicidio” en su contra ocurrido el 27 de octubre de 2024.

Volvió a apuntar al Gobierno como el “responsable” de ese hecho y afirmó que ese “crimen” tiene que ver con el “robo” de la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) y su inhabilitación como candidato a las elecciones de este año.

“Exigimos una investigación internacional de este crimen que está, íntimamente, ligado al robo de la sigla de nuestro Instrumento Político y de inhabilitarnos, en complicidad con la derecha boliviana, magistrados de facto del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) y el imperio norteamericano”, escribió en sus redes sociales.

Evo Morales

El 27 de octubre, Morales denunció un intento de asesinato por parte de miembros de la Policías Boliviana,

Según la denuncia del exmandatario, el hecho ocurrió en la entrada del cuartel de la Novena División de las Fuerzas Armadas, en el municipio de Villa Tunari. En su relato, dijo que los efectivos portaban armas largas, que estaban vestidos de negro y que dispararon al menos 14 veces contra los vehículos en los que se trasladaba Evo Morales desde su domicilio en Villa Tunari hasta la localidad de Lauca Ñ, donde se encuentra la radio Kawsachun Coca, desde donde se transmite su programa dominical.

El hecho causó revuelo, principalmente entre los seguidores de Morales, que inmediatamente se organizaron para respaldar y “proteger” a su líder.

Incluso, el presidente Luis Arce, el mismo día del hecho, ordenó una investigación.

Sin embargo, al día siguiente, en una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno desmintió la versión del líder cocalero. Explicó que Morales y su comitiva eludieron un punto de control antinarcóticos y preguntó “qué llevaba el exmandatario en su vehículo para haber realizado esa acción”. Incluso, pidió que se entregue el vehículo con impactos de bala para que sea sometido a pericias.

Investigación

“Hace más de cinco meses intentaron matarnos disparando contra los vehículos en los que nos encontrábamos. Luis Arce, en lugar de instruir una investigación, encubrió e intentó enterrar el tema permitiendo que uno de los principales responsables del atentado se investigara a sí mismo”, agregó Morales en su reciente publicación.

Entretanto, no se conoció más datos respecto de los avances de las indagaciones; sin embargo, se sabe que el caso sigue en investigación.