La agenda de los próximos días del Tribunal Supremo Electoral (TSE) estará marcada por tres decisiones: la verificación del cumplimiento en la renovación de directivas de partidos políticos, la posible suspensión del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), y la elección de la nueva directiva del Órgano Electoral.

Renovación de directivas

En entrevista con La Razón Radio el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe informó que el plazo para la renovación de directivas partidarias venció el 20 de marzo y que en los próximos días la Sala Plena emitirá un pronunciamiento.

“Estamos haciendo el acopio de la información técnica para que nos digan que partidos políticos no cumplieron con ese plazo en la renovación de sus directivas. Va a haber un pronunciamiento de la Sala Plena en los próximos días”, dijo.

Según el vocal, los partidos que serían afectados son: Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Frente Para la Victoria (FPV), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), además de agrupaciones municipales y departamentales.

FPV y PAN-BOL

Tahuichi explicó que el FPV y PANBOL podrían perder su personería jurídica por no haber alcanzado el 3% de votos en las elecciones de 2020, según el artículo 58 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. El caso está en fase probatoria.

La denuncia, presentada por el ciudadano Peter Erlwein Beckhauser, está referida a la pérdida de personería jurídica una vez que un partido no alcanzó el 3% de votos en la elección general.

Durante las elecciones de 2020, el FPV, logró el 1,55% (95.255) y PAN-BOL obtuvo el 0,52% (31.765 votos).

Sin embargo, el vocal recordó que el FPV participó en las elecciones subnacionales de 2021 y logró representación en algunos municipios, como Chulumani o Sacaba.

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Cambio de presidencia en el TSE

El mandato del presidente y vicepresidente del TSE concluye el 30 de abril. “Estamos en un cónclave interno y en los próximos días elegiremos a las nuevas autoridades”, anunció Tahuichi.

El presidente del ente electoral, Óscar Hassenteufel, cumplirá su mandato de dos años en mayo de este año y no podrá buscar una reelección en el cargo, pues el artículo 18 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional restringe un tercer periodo.

En diciembre de 2019, la Asamblea Legislativa eligió a Hassenteufel como vocal electoral y en abril de 2021, luego de la renuncia de Salvador Romero a la presidencia y a la vocalía electoral, asumió la titularidad del TSE.

Luego de los dos años de su primera gestión, Hassenteufel fue reelecto como presidente del TSE el 8 de mayo de 2023 por un nuevo mandato de dos años.

Sin embargo, Tahuichi acalaró que la presidencia del ente electoral es un cargo administrativo y no la “MAE” (Máxima Autoridad Ejecutiva).

Según el vocal, el 1 de abril arrancará oficialmente la elección presidencial, con un plazo de 138 días hasta la votación del 17 de agosto.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi calificó como “inaudito, inadmisible y delincuencial” el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que anuló la sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio de 2024 y con ello la destitución de los magistrados prorrogados, pero validó un crédito y una ley.

“El TCP está haciendo dibujo libre con la Constitución. Esta sentencia, como tantas otras, es un engendro. El Gobierno ha generado un suprapoder, y ahora resulta que todos los órganos del Estado están tutelados por el TCP”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

El 20 de marzo, el TCP declaró nula la convocatoria a la séptima sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio de 2024, presidida por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en suplencia legal, y todo lo aprobado en esa sesión, como un proyecto de ley para cesar las funciones de los magistrados prorrogados del TCP y demás instancias del Órgano Judicial.

Sin embargo, dio por válida la aprobación del decreto presidencial de amnistía e indulto y el contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, tramo 28 Confital-Bombeo, por $us 176 millones.

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La Sala Plena del TCP emitió la sentencia 0113/2024, el 27 de diciembre de 2024, y notificó la resolución recién el 20 de marzo.

Respecto a las declaraciones del ministro de Justicia, César Siles, Urquidi advirtió que, con esta estructura de poder, las elecciones no están garantizadas, ya que el TCP podría anular resultados.

Siles, negó que exista un “contubernio” entre el TCP y el Gobierno y que la edición obedece a “motivos de interés nacional” ya que el crédito es necesario para fortalecer la liquidez en dólares.

En Venezuela, “el Tribunal Supremo de Justicia quien reconoció finalmente al señor Maduro. Y, es ese escenario posible que se puede dar en el país. Con una sentencia te pueden voltear la elección”, añadió.

El legislador anunció que, en un futuro gobierno, se impulsarán reformas judiciales y se buscará sancionar a los responsables. “Estos señores no se van a ir a su casa, sino que rendirán cuentas ante la justicia por estos delitos”, aseguró.

Sobre la denuncia de violación que pesa contra el diputado Juan José Jáuregui, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que aún no tiene conocimiento sobre el tema, pero aclaró que cualquier denuncia debe ser procesada de manear transparente y oportuna.

“No tengo un informe al respecto, pero será el Ministerio Público quien deba determinar el grado de culpabilidad o no de las personas. Nosotros solo coadyuvamos al trabajo investigativo que efectúa el Ministerio Público cuando se realiza requerimientos fiscales”, dijo la autoridad.

La Fiscalía de Oruro inició una investigación contra Jauregui por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente.

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“Señor Juez de instrucción en lo penal de turno Oruro-Bolivia comunico Inicio de investigación (…) en contra de Juan José Jáuregui por la presunta comisión del delito de violación”, señala el documento de la Fiscalía, enviado al juez de Instrucción.

Según la denuncia de la Defensoría, el legislador transó por Bs 300 mantener relaciones sexuales con una menor en noviembre de 2024, sin embargo, “la misma en el interior del motel habría negado, pero éste le habría golpeado para consumar el hecho (sic)”.

El artículo 308 bis del Código Penal boliviano establece que la violación de un niño, niña, adolescente o infante menor de catorce años será sancionada con una privación de libertad de 20 a 25 años, así no haya existido el uso de la fuerza o intimidación.

El delito se agrava si es que el autor hubiera sometido a vejaciones a la víctima, en tal caso, la pena se incrementa a 30 años sin derecho a indulto.

A denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Oruro, la Fiscalía inició la investigación contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Jauregui, por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente.

“Señor Juez de instrucción en lo penal de turno Oruro-Bolivia comunico Inicio de investigación (…) en contra de Juan José Jáuregui por la presunta comisión del delito de violación”, señala el documento de la Fiscalía, enviado al juez de Instrucción.

Según la denuncia de la Defensoría, el legislador transó por Bs 300 mantener relaciones sexuales con la menor en noviembre de 2024, sin embargo, “la misma en el interior del motel habría negado, pero éste le habría golpeado para consumar el hecho (sic)”.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Samantha Nogales, informó que presentará ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, una denuncia exigiendo la suspensión de Jáuregui mientras se investiga la denuncia.

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“Ante la grave denuncia contra el diputado Juan José Jáuregui por la presunta violación de una niña de 12 años, expreso mi total repudio y preocupación por este hecho. Es alarmante que existan antecedentes de denuncias previas contra él por delitos similares, lo que hace aún más urgente que las autoridades actúen con celeridad y firmeza”, señala parte de un comunicado que emitió la legisladora.

A ello, exigió a las instancias judiciales una investigación rigurosa e imparcial, pero, además, se garantice la “protección” y apoyo integral a la niña denunciante y a su familia.

“La impunidad no puede seguir siendo la norma en nuestro país. Quienes abusan de su poder deben rendir cuenteas y enfrentar todo el pese de la ley”, indicó la diputada.  

No es la primera vez que el diputado Jáuregui es cuestionado por este tipo actitudes. En 2023, el legislador también fue acusado por abuso sexual; sin embargo, meses después la Fiscalía rechazó la denuncia.

Tras la incautación de 146 toneladas (T) de precursores químicos con destino a Bolivia, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, señaló que estos tenían como destino el narcotráfico.

“Ese importante decomiso, por la conexión que hemos logrado obtener, se trata de precursores destinados al narcotráfico. Bolivia es un puente y tránsito, se transita droga que se produce en Perú y se utiliza vías de salida como Paraguay y Brasil. En algunos casos se ha deshabilitado importante cantidad de laboratorios en el Trópico de Cochabamba”, dijo la autoridad.

Medios de comunicación de Chile, informaron sobre la incautación de 146 toneladas de precursores químicos, como carbonato de sodio y acetato de etilo, utilizados en la fabricación de drogas ilícitas, que tenían como destino Bolivia.

Los precursores químicos, provenientes de Hong Kong y de Panamá, respectivamente, fueron detectadas en el marco del foco investigativo que dirige la Fiscalía de Arica, Chile, que indaga delitos de crimen organizado vinculados a los puertos de Arica y de Iquique, informó el medio digital Soy Arica.

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“Estos elementos fueron hallados al interior de seis contenedores, tres de ellos en el puerto de Iquique y tres en el extremo norte. Todos iban a ser trasladados hasta el vecino país”, señala.

Según el reporte policial, la mercancía fue modificada e intentó pasar como “base para detergente” en el caso de Iquique y de “utensilios de cocina” para Arica.

“Este tipo de mercancías está en la lista de sustancias químicas controladas del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Así, el carbonato de sodio es un precursor químico fundamental para la producción de Clorhidrato de Cocaína, considerando que, de 1 kilo de carbonato de sodio, junto a otras sustancias químicas en estado líquido, se puede fabricar aproximadamente 1 kilo de droga, logrando evitar la producción de 146 toneladas de drogas”.