Miembros de la Policía Boliviana gasificaron a los miembros de la marcha evista cuando éstos intentaron rebasar el cordón policial para evitar que los movilizados ingresen a plaza Murillo.

Ante el impedimento, los machistas usaron petardos, piedras y palos en contra de los uniformados, instalados a la altura del edificio de la Vicepresidencia y el Banco Central de Bolivia (BCB).

La Policía respondió a la agresión con gases lacrimógenos y logró dispersar a los agresores.

El comandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Gunther Agudo, informó que una persona fue aprehendida por la portación de dinamita y otros explosivos.

Según explicó el jefe policial, las agresiones comenzaron cuando una funcionaria llegó hasta donde estaba el contingente policial, para recibir el documento que contiene los 13 puntos del pliego evista.

Policía

A su llegada, la dirigencia de los marchistas se negó a entregarle el pliego y comenzaron a lanzar objetos y petardos contra los uniformados.

Bancos, edificios y negocios cercanos tuvieron que cerrar sus puertas para evitar los efectos de la gasificación.

El periodista Daniel Gutiérrez, de La Razón, grabó el momento en el que los marchistas intentaron, por la fuerza, remover las barricadas instaladas en ese sector para impedir el avance de los movilizados hasta la plaza Murillo.

Dispersados los movilizados, posteriormente se reagruparon en calles cercanas para volver a intentar el ingreso a la plaza Murillo, pero la Policía indicó que no retirará el cordón policial.

“Se ha tenido que realizar una intervención por el hecho de que la movilización se ha tornado bastante agresiva”, explicó Agudo.

El jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados Enrique Urquidi, abordó la polémica sobre la agresión física entre los diputados de su fuerza política, Miguel Roca y Gustavo Aliaga, que ocurrió el 8 de enero. Afirmó que se debe “recuperar la imagen y la credibilidad de la Asamblea.

La semana pasada, Roca denunció haber sido atacado por Aliaga, quien presuntamente lo agredió tras un enfrentamiento verbal relacionado con la aprobación de un crédito contingente para desastres naturales. Roca expresó que Aliaga lo atacó “de manera cobarde” y le causó una lesión en el ojo derecho.

Sin embargo, Aliaga negó ser violento y sostuvo que su colega exageró un empujón que le dio para apartarlo cuando intentaba provocarlo. Aseguró que el daño en el rostro de Roca fue causado por un posible accidente con sus lentes.

Consultado en La Razón Radio sobre: ¿Qué está ocurriendo, no sólo dentro de CC, sino qué está pasando?, ¿qué denota de la política en nuestro país?

En respuesta, Urquidi precisó que Roca ya no pertenece a la bancada de CC, y subrayó el rechazo absoluto de su agrupación a cualquier acto de violencia, especialmente cuando proviene de asambleístas nacionales.

Lea también: Ley que recompone las funciones del TCP podría ser revisada por magistrados ‘autoprorrogados’

“Él es un diputado disidente y, en segundo lugar, hemos rechazado y seguimos rechazando cualquier acto de violencia, especialmente cuando proviene de asambleístas nacionales”, dijo.

Urquidi enfatizó que la Asamblea Legislativa no debe convertirse en un escenario de violencia, sino un espacio de debate e intercambio de ideas, como debería ser su función principal.

El jefe de bancada también destacó que la situación refleja la creciente tensión en la Asamblea Legislativa y la mala imagen que esta tiene ante la opinión pública.

“Hay que reconducir la institucionalidad, la imagen, hay que recuperar la imagen y la credibilidad de la Asamblea, y esperemos que eso se pueda dar, por lo menos en estos últimos meses de legislatura”, dijo Urquidi.

Subrayó que este proceso es importante, especialmente en el contexto de los 200 años de la independencia que Bolivia celebrará en agosto de este año.

La jefa de la Unidad de Pronóstico Hidrológico del El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Lucía Walper, informó que la emergencia por lluvias en varias regiones de Bolivia persistirá hasta marzo, alertando a la población sobre las crecidas de ríos en distintas cuencas.

En entrevista con La Razón Radio, Walper detalló que la alerta número 3/25, vigente hasta el 18 de enero, abarca áreas del norte de La Paz, Pando y Beni, particularmente las cuencas de los ríos Machupo, Itonoma, Mamoré y Beni.

En estas regiones, las lluvias provocaron un ascenso en los niveles de los ríos, como ocurrió recientemente en Mapiri, donde los niveles llegaron a superar los cinco metros.

Lea también: Senamhi: Lluvias cesan en el occidente, pero continuarán en el oriente con tormentas

Lluvias

En cuanto a la sede de gobierno, Walper advirtió que, aunque se espera una calma momentánea en los próximos días, la cuenca del río La Paz puede experimentar una probable crecida a partir del 17 de enero. “Nuestra cuenca siempre responde rápidamente, por lo que no debemos pensar que las lluvias han terminado”, señaló.

También detalló que, entre el 19 de enero y marzo, las crecidas afectarán a regiones como Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, La Paz y Pando, así como algunas áreas del altiplano.

 “No debemos bajar la guardia. Es fundamental mantener las alertas activas, especialmente para proteger a niños, personas mayores y aquellos que puedan estar en zonas de riesgo”, afirmó Walper.

Por último, recomendó que la población debe continuar atenta a las alertas y no exponerse cerca de los ríos afectados por las crecidas, ya que las lluvias seguirán siendo un riesgo hasta marzo.

Los legisladores William Torrez, senador de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Enrique Urquidi, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), rechazaron las declaraciones del ministro de Justicia, César Siles, sobre la Ley Excepcional para la Conformación y Funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusándolo de proteger a los magistrados prorrogados.

El 8 de enero, el Senado aprobó el Proyecto de Ley Excepcional para regular el funcionamiento del TCP y TSJ hasta elegir nuevos magistrados en los departamentos sin elecciones judiciales.

Las acusaciones surgen luego de que el ministro de Justicia había calificado el proyecto de ley aprobado en el Senado como inconstitucional, argumentando que una ley no puede cambiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En entrevista con La Razón Radio, Tórrez calificó las palabras de Siles como “desubicadas” y acusó al ministro de estar defendiendo a los magistrados “autoprorrogados” que, según él, usurparon las funciones judiciales y han violado la Constitución.

“Esa es una demostración más que por la fuerza pretenden hacer que siga en vigencia este grupo de cinco exmagistrados usurpadores de la justicia, de la Constitución y las leyes.”, afirmó Tórrez.

Lea también: Ley que recompone las funciones del TCP podría ser revisada por magistrados ‘autoprorrogados’

Asimismo, el senador hizo hincapié en que la Constitución establece claramente que el periodo de los magistrados debe ser de seis años, sin posibilidad de reelección.

“¿Qué nos está pretendiendo decir el ministro César Siles, que los autoprorrogados pueden atropellar, destruir y pisotear la Constitución?”, cuestionó.

Por su parte, Urquidi también se mostró crítico de las declaraciones de Siles y coincidió con Tórrez en que el gobierno está favoreciendo a los magistrados prorrogados, bloqueando así el proceso de renovación judicial.

En la misma transmisión, Urquidi advirtió que el gobierno está “protegiendo a los autoprorrogados” y defendió la necesidad de aprobar el proyecto de ley para cesar a estos magistrados y restaurar la credibilidad del sistema judicial.

“Estamos en el mundo al revés. Todo se termina definiendo en el TCP, y todo lo termina definiendo precisamente los autoprorrogados, que son juez y parte”, expresó Urquidi.

Ambos legisladores coincidieron en que la actitud del gobierno de Luis Arce sigue favoreciendo a los magistrados prorrogados, lo que ha llevado a una situación de “desinstitucionalización” de la justicia en el país.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi, denunció que la aprobación de la Ley Excepcional para la Conformación y Funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podría ser revisada por magistrados cuyo mandato ha sido prorrogado.

La norma aprobada el 8 de enero, busca regular el funcionamiento del TCP y el TSJ mientras se realizan nuevos procesos de selección de magistrados en los departamentos donde no hubo elecciones el 15 de diciembre. Además, cesa a los magistrados que ampliaron su mandato.

Según Urquidi, durante la sesión del viernes 10 de enero en Diputados, la bancada de CC solicitó al presidente de la Cámara, Omar Yujra, que el proyecto se trate con dispensación de trámite y voto de urgencia. Sin embargo “han derivado en realidad del proyecto de ley a la Comisión de Constitución para que más bien tenga el trámite regular”.

Podría interesarle: Diputado evista reprocha al Gobierno por instruir operativo policial para cerrar los accesos a la plaza Murillo

En entrevista con La Razón Radio, se consultó al diputado si la Comisión de Constitución remite el proyecto al control de constitucionalidad, ¿no acabaría en manos de los cinco ‘autoprorrogados’?

Urquidi respondió: “Exactamente, estamos en el mundo al revés, hoy por un camino o por otro, todo se termina definiendo en el TCP, y todo lo termina definiendo precisamente los autoprorrogados, que son juez y parte, a ese punto hemos llegado”.

Actualmente, el TCP está compuesto por nueve magistrados, de los cuales cinco permanecen en sus cargos por una prórroga aprobada en 2023, mientras que los otros cuatro fueron electos en diciembre. En el TSJ, dos magistrados también siguen con mandato ampliado.

Urquidi recordó que en su momento CC impulsó la Ley 075 para cesar a los magistrados prorrogados, una norma sancionada por la Asamblea y promulgada por el entonces presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. No obstante, afirmó que “el gobierno no actuó”, manteniendo su protección hacia estos magistrados.

Urquidi, sin embargo, insistió en que la justicia está secuestrada por un “sicariato judicial” que protege los intereses del oficialismo.

También advirtió que la actual situación pone en riesgo no solo la institucionalidad del país, sino también la seguridad jurídica necesaria para garantizar unas elecciones generales transparentes y legítimas en agosto de este año.