El diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, quien acusó a su colega Gustavo Aliaga de agredirlo físicamente durante una discusión en la Comisión de Planificación aseguró que el incidente ocurrió luego de que cuestionara a Aliaga por, supuestamente, actuar de forma “servil” hacia el oficialismo.

“Cuando le reclamé su servilismo hacia el Gobierno, me saltó por la espalda como una gata callejera (…). Esa es la razón por la que tengo este parche aquí en el ojo”, declaró Roca en entrevista con La Razón Radio.

Tras las acusaciones, Aliaga negó ser violento y sostuvo que su colega exageró un empujón que le dio para apartarlo cuando intentaba provocarlo. Aseguró que el daño en el rostro de Roca fue causado por un posible accidente con sus lentes.

El enfrentamiento surgió al salir de una sesión de la Comisión de Planificación en un contexto de tensiones políticas respecto a la Ley 1613, que Roca calificó de “abusiva y llena de artículos de contrabando”. Según el diputado, esta norma permite al Banco Central de Bolivia (BCB) otorgar créditos al Gobierno sin control legislativo y establece disposiciones que “violan” la Constitución.

Lea también: Diputado Miguel Roca propone Proyecto de Ley para modificar el PGE 2025 y una acción de inconstitucionalidad

Roca denunció también que la ley fue promulgada sin el tratamiento parlamentario correspondiente, comparando esta acción con prácticas dictatoriales de gobiernos militares.

El oficialismo “no tiene” los votos para aprobar la ley financiera, así que actúan de manera “burda, ilegal e indecente”, afirmó.

El legislador anunció demandas penales contra el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, y otros funcionarios, a quienes acusa de retener el análisis del Presupuesto General del Estado (PGE). Además, indicó que presentará un recurso constitucional para impugnar la ley y un proyecto para abrogar los artículos “inconstitucionales”.

Eran las 14:30 del lunes cuando las primeras columnas de la marcha evista llegaron a la plaza Murillo, el epicentro del poder político en Bolivia. La ‘Marcha por la Vida’, que había recorrido 120 kilómetros desde Patacamaya, avanzó con determinación. Tras ellos, otras dos movilizaciones también se apostaron en el lugar: una organizada por prestatarios que exigían la condonación de intereses y otra de la Central de Trabajadores de Bolivia, entidad paralela a la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza el incremento de los precios del pan y los pasajes, además de disposiciones del Presupuesto General del Estado (PGE).

El cielo despejado contrastaba con el ambiente cargado de tensión. Las barricadas policiales, reforzadas en las esquinas que rodean la plaza Murillo y en las calles aledañas, marcaron el límite para los manifestantes. Al frente, líderes como el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza y Pedro Llanque, dirigente campesino, representantes de la facción evista, llevaban un pliego petitorio cargado de demandas, mientras esperaban una audiencia con el presidente Luis Arce.

El pliego petitorio presentado por la marcha reflejaba la preocupación por temas económicos y sociales que, según Llanque, fueron “desatendidos” por el gobierno de Arce. Entre las principales demandas estaban:

Solución al desabastecimiento de alimentos y combustibles, cuya escasez ha elevado los precios de productos básicos como arroz, azúcar y gasolina; Garantías para la estabilidad del dólar, afectando la importación de medicamentos y repuestos; Defensa del litio, exigiendo que no se privatice ni se firmen contratos sin consenso; Anulación de decretos y leyes consideradas perjudiciales para la economía popular y la propiedad privada; Liberación de “presos políticos” y el fin de la persecución contra líderes sociales.

La marcha no avanzó más allá de las esquinas de la plaza Murillo. “Lamentablemente parece que el Gobierno se cree que la plaza Murillo es de su propiedad, su hacienda”, reclamó Loza, confirmando que instalarían una vigilia hasta que el presidente los atendiera.

Todo cambió cerca de las 16:00, cuando una funcionaria del Ministerio de la Presidencia intentó recibir el pliego en representación del mandatario. Los ánimos se caldearon: los marchistas exigían entrar a la Casa Grande del Pueblo para entregar el documento personalmente. La negativa encendió la mecha.

Botellas, cartones y chicotazos comenzaron a volar hacia la policía, que respondió con gases lacrimógenos. En cuestión de minutos, la zona se convirtió en un caos. Las nubes del gas lacrimógeno se mezclaban con los truenos de los petardos, cubriendo las calles de un gris irrespirable.

La prensa, atrapada entre el tumulto, se refugió contra las paredes de la Vicepresidencia mientras grababa la escena. Un periodista resultó herido.

Cuando el humo se disipó, quedó un silencio extraño. Los bancos y negocios cercanos cerraron sus puertas, y la calle al frente del palacio consistorial volvió a lucir vacía, con policías reforzando las barricadas y marchistas dispersos en las calles aledañas.

Minutos después, un hombre que una bandera wiphala fue arrastrado por tres uniformados. Según la policía, dos personas fueron arrestadas tras intentar robar equipo de los efectivos.

Al final del día, las barricadas seguían en pie y la vigilia evista se instaló cerca de la Vicepresidencia. La calma había regresado, pero la tensión persistía en el aire.

Luego del breve enfrentamiento, se conoció que los manifestantes aseguraron que mantendrían la vigilia hasta que sean atendidos por Luis Arce.

La marcha no solo simbolizaba el reclamo económico y político de un sector del MAS afín a Evo Morales, sino también la fractura interna en el oficialismo. Un distanciamiento que se percibió a principios de septiembre de 2022, cuando el expresidente acusó al Gobierno de propiciar un “plan negro” en su contra.

En los alrededores, la vida cotidiana intentaba retomar su curso. Los vehículos volvieron a circular por la calle Mercado tras el levantamiento parcial del bloqueo, y algunos comerciantes reabrieron sus puestos.

La jornada concluyó sin mayores enfrentamientos, pero con un mensaje claro: la tensión entre las facciones del MAS está lejos de resolverse.

Lea también: Marchistas, en estado de emergencia, se quedarán en La Paz hasta entregar su pliego a Arce

El diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca anunció que iniciará procesos penales contra las autoridades de la Asamblea Legislativa que, según él, retuvieron de manera irregular el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE), impidiendo su debate en los plazos establecidos.

“Se lo agarraron por más de un mes. Algunos funcionarios comenzando por el presidente de la Cámara de Diputados Omar Yujra, que se lo agarró varias semanas y luego, no sé, el secretario general, ya lo estamos investigando, pero eso va a ser objeto de una demanda penal”, aseguró.

Según Roca, estas acciones configuran delitos penales como resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 153 y 154 del Código Penal.

Lea también: Diputado Miguel Roca propone Proyecto de Ley para modificar el PGE 2025 y una acción de inconstitucionalidad

En entrevista con La Razón Radio, Roca explicó que el proyecto de presupuesto debió ser tratado en la Asamblea dentro de los 60 días que establece la Constitución. Sin embargo, asegura que tanto Yujra, que en ese entonces era presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, así como otros funcionarios obstaculizaron su análisis, entregándolo recién el 4 de diciembre, a pesar de que fue solicitado desde noviembre.

El legislador también señaló que envió cartas al ministro de Economía, a la ministra de la Presidencia y a otras autoridades, exigiendo explicaciones por la demora en la entrega del documento, sin recibir respuesta alguna.

Además de las denuncias penales, Roca anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1613 y un proyecto para eliminar artículos del PGE que considera inconstitucionales.

Luego de que el Gobierno llegara a un acuerdo con panificadores y el sector arrocero, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, anunció que se continuará trabajando con productores en mesas técnicas para abordar el alza de precios de productos como el arroz, el aceite y la carne.

Silva explicó que, a pesar de las dificultades del mercado, el objetivo es encontrar precios justos para estos productos, garantizando el equilibrio entre oferta y demanda.

“Se ha planteado la necesidad de divisar toda la cadena productiva de estos productos para llegar a un justo precio, que eso es lo que deberíamos buscar en el marco del equilibrio entre la oferta y la demanda”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

El aumento en los precios de la carne de res, pollo y aceite sufrió una subida de precios en los últimos meses. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 2024 Bolivia cerró con una inflación del 9,97%, la más alta desde 2008 cuando se llegó al 11,8 %.

El martes, panificadores aceptaron la propuesta del Gobierno y anunciaron que mantendrían el precio del pan de batalla en Bs 0,50. También se llegó a un acuerdo con la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), para no realizar más intervenciones al sector, siempre y cuando éstos no especulen con el arroz y mantengan la producción a precio justo.

Según Silva, el sector privado sostiene que el Estado no debe intervenir debido a que los precios son determinados por la ley de oferta y demanda, lo que genera tensiones con las políticas públicas.

“Por lo tanto pues no están de acuerdo con los controles, no están de acuerdo con la fiscalización y en ese sentido es de que nos vemos necesitados como país de poder instalar estas mesas de trabajo”, enfatizó.

Lea también: Silva asegura que el pan debe costar Bs. 0,50 y pesar 70 gramos

Mesas técnicas

En respuesta, el viceministro destacó la necesidad de coordinar con los productores para regular los precios y evitar la especulación, especialmente tras la reciente amenaza del incremento en los precios del pan debido a la falta de acuerdos claros con el sector panificador.

“Entonces son tareas que están en la agenda y que las mismas están siendo tratadas a la brevedad posible, reitero porque a la población hay que darles respuestas, hay que darles certezas y no generar esta incertidumbre que es aprovechada por los especuladores”, aseguró.

Silva también se refirió al trabajo en conjunto con el sector ganadero, mencionando que el aumento de los precios de la carne se atribuye a factores como el costo del diésel y la calidad de los pastizales, aspectos que el Gobierno está buscando solucionar.

El Gobierno continuará con las reuniones y mesas de trabajo la próxima semana con el sector arrocero, se prevé evaluar el tema de la producción de arroz prevista para 2025 y sus respectivos costos.

El alcalde del municipio de Quime, en el departamento de La Paz, Rubén Laura Huanca, solicitó apoyo adicional para enfrentar las consecuencias de las recientes inundaciones y prevenir futuras emergencias.

Según un reporte del viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, las lluvias intensas afectaron a más de 500 familias y destruido al menos 60 viviendas.

El viernes 10, el desborde de los ríos Kuyuna y Quime arrasó con todo a su paso en el pueblo, donde los habitantes permanecieron sin energía eléctrica y sin el servicio de agua potable.

Actualmente, el municipio se encuentra trabajando en el dragado del río Quime y el río Kuyuna para evitar nuevos desbordes.

“Es un trabajo amplio porque es más de dos kilómetros, no se va a poder avanzar muy rápido. Y también contamos con dos ríos. El río Quime, que es de la mayor magnitud, y el río Kuyuna (…). Ahora estamos haciendo la limpieza y estamos señalizando para que no haya riesgos”, declaró en entrevista con La Razón Radio.

Lea también: Alerta naranja en Beni, Pando y el norte de La Paz por posibles desbordes de ríos

Quime

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se prevé que, entre el 19 de enero y marzo, las crecidas afectarán a regiones como Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, La Paz y Pando.

Mientras tanto, existe una alerta naranja vigente hasta el 18 de enero en Pando, Beni y en norte de La Paz.

Por ello, la autoridad edil pidió a la población mantenerse alerta y no bajar la guardia. Finalmente, Laura hizo un llamado a diferentes instituciones para que brinden apoyo adicional.

“Solamente agradecer y siempre pedir a todos los hermanos de las diferentes instancias, las fundaciones que nos puedan brindar ese apoyo de solidaridad, más que todo a las personas afectadas” concluyó.