El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Oruro, Primo Martínez Fuentes, subrayó la urgente necesidad de mejorar la infraestructura de las casas judiciales en provincias y municipios del departamento de Oruro. Asimismo, destacó la falta de recursos humanos, incluyendo vocales, jueces y personal administrativo, para atender la creciente demanda judicial.

«El crecimiento poblacional ha evidenciado la insuficiencia de construcciones judiciales en provincias y capitales, así como la necesidad de más servidores judiciales para garantizar una atención de calidad», afirmó Martínez, electo magistrado por el departamento de Oruro, citado en una nota de la AJN.

El magistrado también enfatizó la importancia de la presencialidad en la formación de jueces en la Escuela de Jueces del Estado, resaltando que este enfoque fortalece la especialización, la meritocracia y la preparación en áreas específicas del derecho, lo que resulta esencial para abordar eficazmente los problemas de la ciudadanía.

Finalmente, la autoridad instó a los servidores judiciales a asumir con responsabilidad social su labor, brindando un trato de calidad y calidez a quienes buscan soluciones en los estrados judiciales, destacando que servir a la población es un privilegio.

Las declaraciones del magistrado orureño, cobran relevancia luego de las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024, en las que se eligió solo a 19 de 26 altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Las elecciones parciales fueron dispuestas por el mismo TCP, que declaró desierta la convocatoria para el TSJ en os departamentos de Beni y Pando y para el TCP en Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija.

El senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza pidió al expresidente Evo Morales que no asista a su audiencia fijada para el viernes por un caso de trata de personas que lo involucra.

“Yo le diría al hermano Evo Morales y a su equipo jurídico no presentarse el día viernes. Todo puede pasar. Lamentablemente ya no hay el debido proceso. Ya no te puedes defender”, dijo el chapareño a los medios en el edificio de la Asamblea Legislativa, en La Paz.

En criterio de Loza, como ya lo dijo anteriormente, el Gobierno “tiene jurada” la detención de Morales y el “encarcelamiento político” contra su líder.

“Y si no pueden encarcelarlo, lo tienen jurado asesinarlos, desaparecerlo, no estamos lejos de eso”, agregó el legislador formado bajo el ala política de Morales.

El caso de trata que envuelve a Morales fue abierto a instancias de la Fiscalía Departamental de La Paz. sin embargo, el senador Loza afirmó que se trata de una “instrucción del Gobierno”.

Morales no asistió a una audiencia que estaba fijada para el martes. Sus abogados justificaron la ausencia de Morales con un certificado médico. En el diagnóstico se señala que el investigado presenta un cuadro de una bronconeumonía. Por ese documento y la ausencia de Morales, la audiencia fue reprogramada para el viernes 17 de enero.

“El Gobierno, por más que estés enfermo, si tienen decidido casarte jurídicamente o asesinarte físicamente, no le importa. Si el Gobierno ha decidido eliminarte física y políticamente, está en ese camino”, añadió.

En una entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, habló de la preocupación que ha desatado la disposición adicional séptima de la Ley Ley 1613 entre los industriales.

Camacho señaló que esta normativa preocupa a los industriales por el potencial impacto negativo en la producción y el comercio.

¿Qué establece la disposición séptima de la Ley 1613?

La disposición séptima señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Camacho afirmó que esta disposición fue excluida inicialmente por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas. Sin embargo, texto quedó incluído en la Ley 1613, al ser promulgada, sin el tratamiento previo en la Asamblea Legislativa.

Preocupaciones del sector industrial

El sector privado, incluyendo instituciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas (CANIOB), expresó su descontento:

• Temen un uso arbitrario y discrecional de la disposición.
• Existe el riesgo de penalizaciones injustas por almacenar productos considerados esenciales, confundiendo stock con especulación.
• Piden evitar que esta normativa se convierta en un instrumento de extorsión.

Para los industriales, la derogación de la disposición séptima es clave para garantizar la estabilidad económica. Aunque reconocen que la intención detrás de la norma podría haber sido positiva, su redacción actual genera dudas y riesgos innecesarios.

Relación entre industriales y gobierno

Camacho resaltó que, aunque la relación entre el gobierno y los empresarios ha sido positiva en algunos aspectos, es fundamental evitar acusaciones que señalen al empresariado como responsable del agio y la especulación.

Además, destacó otros factores que complican el panorama económico:

• Incremento de costos de insumos industriales.
• Dificultades para acceder a dólares al tipo de cambio oficial.
• Problemas climáticos, como sequías e inundaciones, que afectan la producción.

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Plantas industriales estatales

En cuanto a la creación de plantas industriales estatales, Camacho sugirió que el enfoque debería centrarse en apoyar a los productores locales en lugar de promover la competencia estatal.

Como ejemplo, mencionó el caso del pollo y recomendó otorgar subvenciones a los productores pequeños en regiones como los Yungas, para que puedan desarrollarse y fortalecerse en lugar de competir con ellos.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) “evista” confirmó que la vigilia instalada en La Paz espera que el Gobierno reciba el pliego petitorio.

En entrevista con La Razón Radio, Llanque explicó que no les dejaron ingresar a la plaza Murillo y que gente se infiltró entre ellos para provocar a la Policía, y así comenzar la gasificación.

“No nos vamos a ir hasta que nos atiendan y regulen el precio de la canasta familiar, no abandonaremos la sede de Gobierno, estamos con delegaciones de los 9 departamentos, hemos venido pacíficamente no ha convulsionar”, dijo Llanque.

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Según el dirigente de la CSUTCB, hay más de 125 detenidos desde la anterior marcha y los bloqueos de caminos de octubre. Además, aseguró que entre los detenidos existen mujeres embarazadas y que “están siendo torturados en los centros penitenciarios, por eso queremos la libertad de nuestras hermanas y hermanos bolivianos”, concluyó.

Miguel Sorich presentó hoy miércoles su renuncia irrevocable al cargo de secretario departamental de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz. Esta decisión pone nuevamente en el foco la crisis financiera que atraviesa la institución. En conferencia de prensa, Sorich responsabilizó a la gestión de Luis Fernando Camacho y su asesor Efraín Suárez por las decisiones económicas que tomaron.

Luego de la aprehensión de Camacho, en diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado, la Gobernación quedó prácticamente en manos de Suárez. Éste manejó la institución hasta el 26 de enero de 2024, cuando Mario Aguilera asumió oficialmente como gobernador. Durante ese período, según Sorich, se tomaron decisiones que generaron un impacto significativo en las finanzas departamentales.

Sorich apunta a malas decisiones de Camacho y Suárez

“Esta crisis fue provocada al interior de la Gobernación en 2023, cuando se ejecutaron recursos destinados al 2024. En diciembre de ese año, los gastos alcanzaron más de 540 millones de bolivianos, incluyendo 291 millones que estaban presupuestados para el año siguiente. Esto generó una falta de liquidez”, explicó el funcionario saliente. Además, señaló que parte del problema también se debe a que el Gobierno nacional no transfiere los recursos comprometidos en los techos presupuestarios, entregando entre un 25% y un 30% menos de lo proyectado.

Sorich también destacó las acciones tomadas durante su gestión para mitigar el impacto de esta situación. Según el exsecretario, se implementó un programa de optimización económica en la Gobernación que permitió reducir el déficit financiero entre 60% a 70%. Asimismo, se redujo el número de funcionarios contratados de manera temporal de más de 1,000 a aproximadamente 700. “Hemos trabajado con mucha responsabilidad para controlar el gasto y garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, aseguró.

Finalmente, Sorich remarcó que su decisión de renunciar responde a motivos estrictamente personales. «Esta decisión nace desde el amor y la responsabilidad hacia mis seres queridos. Cierro un capítulo de gran relevancia en mi vida profesional para abrir uno nuevo dedicado a lo más importante: mi familia”, concluyó, agradeciendo al gobernador Mario Aguilera y al equipo de la Gobernación por su apoyo durante su gestión.