El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseveró este viernes que el expresidente Evo Morales busca enfrentar a pobladores del Trópico de Cochabamba con la Policía Boliviana para evitar la orden de aprehensión que pesa en su contra.

La autoridad indicó que, de acuerdo con los informes de Inteligencia de la Policía Boliviana, la orden de aprehensión de Morales no es “común o rutinaria” y lo que está buscando el expresidente es construir una fortaleza en la región del Trópico para obstruir a la Justicia.

“Lo que está buscando es generar caos y convulsión en todo el territorio nacional. Está buscando enfrentamientos entre pobladores del Trópico de Cochabamba con efectivos de la Policía Boliviana”, mencionó en entrevista con los periodistas.

Lea más: Gobernador Santos Quispe lamenta que Evo Morales no dé oportunidad a gente joven

Del Castillo dijo que no se debe olvidad que Morales, en las últimas décadas, creció políticamente a través de la victimización, por lo que el plan de operaciones de la policía se continúa debatiendo al interior de los altos mandos.

Un juez de Tarija emitió la orden de aprehensión contra el líder cocalero, luego que éste no se presentara a la audiencia de medidas cautelares. Además, determinó la anotación preventiva de sus bienes, arraigo y el congelamiento de sus cuentas bancarias. 

Morales está atrincherado en el Trópico desde octubre de 2024, luego que se conociera una orden de aprehensión que emitió la Fiscalía, que lo imputó por el delito de trata de personas agravada.

El Ministerio Público de Tarija investiga al expresidente por la denuncia que lo implica con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. 

Sobre la orden de aprehensión, Del Castillo pidió paciencia e indicó que la Policía nunca dejó de dar cumplimiento a una orden o requerimiento fiscal, mucho menos a una orden judicial.

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó este viernes que una Sala Penal de Sucre, Chuquisaca, ratificó que los sentenciados en el caso Misiles Chinos, en el marco del proceso de reparación del daño civil, deben pagar a favor del Estado $us 3.005.280 como reparación por el ilícito cometido en 2005.

Condori indicó que en 2005 de manera irregular se permitió la salida del país de 36 misiles chinos, que posteriormente fueron devueltos pero desmantelados. Esto generó un juicio de responsabilidades y una sentencia contra civiles y militares por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

En septiembre de 2023, la Justicia determinó que ocho personas, entre militares y civiles, paguen al Estado la suma de $us 3.005.280 como reparación del daño ocasionado.

Condori dijo que, tras esa sentencia, los acusados presentaron una apelación, aunque el jueves, la Sala Plena, ratificó “que se debe realizarse el pago de esa demanda civil en favor del Estado”.

Entre los sentenciados están el coronel del Ejército Ciro Valdivia Murguía; Marcelo Antezana, excomandante general del Ejército; Marco Vázquez Ortiz, exjefe de Estado Mayor; Víctor Hugo Cuéllar, exinspector general del Ejército; el coronel David Torrico Vargas; el coronel Wilbert Sánchez; Gonzalo Méndez, exministro de Defensa y el almirante Marco Justiniano Escalante, excomandante en Jefe de las FFAA.

“Un hito importante es que todas las instituciones del Estados estamos llevando con la mayor responsabilidad los procesos judiciales”, afirmó.

El procurador aseveró que una vez se emita la sentencia escrita y esta sea ejecutoriada, se puede realizar el cobro respetivo en favor del Estado. Sin embargo, aclaró que la parte sentenciada, como mecanismo de defensa, puede presentar algunos recursos constitucionales, pero que como instituciones públicas coordinarán para que se resuelvan los mismos y se ejecute esta sentencia. 

Lea más: Sentenciados por caso Misiles Chinos deben pagar $us 3 millones

En octubre de 2005, 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia, fueron entregados, de manera irregular, a la Embajada de Estados Unidos para que sean transportados a ese país para su desactivación.

El argumento que se utilizó para su entrega fue que podían ser sustraídos y usados en acciones terroristas. Los misiles volvieron al país desmantelados en 2006.

El gobierno estadounidense consideraba que los misiles eran un riesgo para su seguridad nacional debido a la posibilidad de que cayeran en manos de grupos insurgentes.

La desactivación y el desarme fueron encomendados a especialistas estadounidenses debido a que el Ejército boliviano no contaba con expertos en la materia.

El 9 de marzo de 2006, la Fiscalía General del Estado emitió requerimiento acusatorio y la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante resolución Nº 027/2011-2012 de enero 16 de enero de 2012, autorizó el juzgamiento.

El Gobernador de La Paz, Santos Quispe, lamentó este jueves que Evo Morales no dé la oportunidad a gente joven para acceder a nuevos liderazgos e indicó que si el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quiere crecer políticamente debe alejarse del expresidente.

“Evo Morales siempre ha sido el único. Si no hubiera esos conflictos con (Jeanine) Áñez, ni siquiera Andrónico iba a estar en la luz”, dijo Quispe.

En el 16 aniversario del Estado Plurinacional, el líder cocalero pidió a sus bases, principalmente a los jóvenes, no proclamar ni nombrarle presidente a Rodríguez porque “lo van a desgastar”.

Dijo que el titular del Senado es orgánico y que su federación de cocaleros, en septiembre, aprobó como “único candidato a Evo Morales”.

Quispe dijo que se ha visto que Evo Morales quiere estar en todo, como repostularse nuevamente a las elecciones generales, pero que “no ve de cerca que hay una juventud con otro pensamiento como Andrónico y que no le están dando la oportunidad”.

Lea mas: Loza a Andrónico: ‘Él sabe perfectamente que Evo nunca ha sido celoso de nadie

“Estamos escuchado que a Andrónico le están nombrando presidente y eso no le está gustando a Evo Morales, porque si va a entrar Andrónico como candidato, es como remplazarlo y dejarlo a un lado”, señaló la autoridad.

En criterio del gobernador de La Paz, una proclamación de Andrónico va a sepultar “totalmente” a Morales y quien va a estar a la cabeza será el senador evista. “Eso no le gusta (a Evo)”.

La autoridad pidió a Rodríguez analizar su situación y alejarse de Morales porque es joven y tiene otro pensamiento.

“Sería bueno que se aleje, es joven, ya tiene experiencia política y tiene que pensar si quiere avanzar políticamente. Si va a estar amarrado con Evo Morales, no lo va a dejar (crecer)”, dijo.

El miércoles Rodríguez pidió al expresidente que se sienta “orgulloso y no celoso” de los jóvenes que “siguen sus pasos”.

“Tantos hombres y mujeres siguen sus pasos, yo le digo: debe sentirse orgulloso y no celoso de muchos jóvenes, hombres y mujeres que siguen sus pasos de la dirigencia sindical”, señaló el senador en un acto en el coliseo de La Coronilla de Cochabamba.

El director de Asuntos Contenciosos de la Gobernación de Santa Cruz, Ricardo Sotillo, informó que la audiencia programada para este jueves contra el gobernador electo Luis Fernando Camacho, el exasesor jurídico Efraín Suárez y la notaria Gina Talavera fue suspendida hasta el 17 de febrero, debido a que la fiscal se encontraba en otro acto procesal.

“La fiscal tenía un allanamiento, así que se ha diferido la audiencia para el mes de febrero. Este es un caso denunciado por el Viceministerio de Transparencia en dos temas. Uno en la falsedad aparentemente de un poder que se otorgó en 2023 y un delito de usurpación de funciones”, dijo.

El funcionario señaló que, al ser hechos ocurridos en la Gobernación, como institución también se adhirieron en ambos casos y acompañan en las investigaciones.

El acaso fue iniciado en mayo de 2024 por el Viceministerio de Transparencia, luego de que se hallara irregularidades en las firmas de un poder de 2023.

Mediante este documento, Camacho, encarcelado en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, otorgó atribuciones a algunos de sus secretarios de la Gobernación en materia jurídica.

Lea más: Tras imputación de Suárez, oposición denuncia persecución contra el bloque de unidad

La entonces notaria de la Gobernación dio fe de la firma del gobernador electo. Sin embargo, se descubrió que ella no estuvo presente y que ni siquiera ingresó al penal de Chonchocoro.

La información la proporcionó Efraín Suarez, entonces asesor jurídico de Camacho. Posteriormente, Talavera intentó justificar la firma, pero las contradicciones y las incoherencias entre las versiones impulsaron las investigaciones.

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, Camacho “hizo insertar en dicho instrumento un protocolo con declaraciones falsas como si se hubiese constituido a las oficinas de la Notaría de Gobierno situado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”.

Por este caso, Suárez fue imputado formalmente el 30 de diciembre de 2024 por el delito de usurpación de funciones, mismo que fue calificado de “político” por líderes opositores.

Días ante a la determinación de la Fiscalía, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, además del empresario Samuel Doria Medina y Efraín Suárez, en representación de Camacho, firmaron un acuerdo de unidad con el fin de buscar una sola candidatura que haga frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de este año.

Los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado, Julia Cornejo, Isidora Jiménez e Yván Espada, en el marco de la ley del juicio de responsabilidades, deberán declarar este viernes desde las 09.30 en el Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados. 

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Elsa Ali Ramos, que funge como secretaria de este comité, informó que las declaraciones de Hurtado y Espada, previstas para este jueves, fueron reprogramados para el viernes a la misma hora por motivos de la sesión de la Cámara de Diputados que trató dos créditos externos.

Los magistrados prorrogados son acusados por resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones, artículos 153, 173 y 163 del Código Penal, esto en el marco de la designación de Gonzalo Hurtado como presidente del TCP.

Entre los denunciantes están la exconsul María Oporto, César Navarro y el exviceministro y exdiputado Wilson Santamaría.

Alí Ramos afirmó que los magistrados prorrogados solicitaron declarar vía virtual en el Comité, por lo que descartó su presencia en el edificio de la Asamblea Legislativa.

Lea más: El magistrado Gonzalo Hurtado es designado nuevo presidente del TCP

En noviembre de 2024, Santamaría indicó que la denuncia que se realizó en contra de los magistrados “autoprorrogados” son por cosas “curiosas” que ocurrieron en el TCP, como la creación de la figura de “Decano” y el nombramiento de Hurtado como presidente de esa máxima instancia.

“Si revisan la Ley del Tribunal Constitucional y las normas que rigen esa instancia, no van a encontrar esa disposición que crea ese cargo, pero, totalmente, agrava (su situación) esa toma ilegal (de la presidencia) del Constitucional”, dijo.

Recordó que los denunciados aprobaron la elección de una directiva, pero la Ley del TCP señala “que es el presidente el que convoca a las sesiones de sala plena y eso no ha ocurrido”.

Añadió que como establece la Ley 044 se presentó la denuncia penal a la Cámara de Diputados, para que, como establece el procedimiento, sea remitido a la Comisión de Justicia Plural que, a su vez, será derivada al Comité del Ministerio Público que actúa como Fiscalía en la Asamblea Legislativa.