Durante la presentación de un programa de enlosetado en El Alto, el presidente Luis Arce reconoció que el país atraviesa un “momento especial” y “una coyuntura complicada” debido al encarecimiento de algunos productos de la canasta familiar.

Por ello, pidió a los alcaldes de los municipios del departamento de La Paz sumarse al control de precios del arroz, del aceite y otros.

“El abastecimiento es uno de los temas, pero lo que nos preocupa son los precios. Todos nos apuntan con el dedo para que hagamos todo y lo estamos haciendo a través de los canales que nos corresponde. Pero yo quiero recordarles que, en realidad, la obligación, la tarea de controlar los precios, no corresponde al Gobierno, sino a las alcaldías”, afirmó durante el acto.

Puede leer: El Gobierno incauta 38 cabezas de ganado de contrabando y las entrega a Emapa

Precios

Sin embargo, dijo que el Gobierno continuará operando por todos los medios posibles para regular los precios ya que, en su criterio, es la principal demanda de los bolivianos. No obstante, esa tarea se dificultará sin la ayuda de las autoridades municipales.

Arce señaló que por ser fin de año el encarecimiento se puede sentir más, por lo que se intentará brindar seguridad a la población.

“Nuestro gobierno priorizará el abastecimiento de alimentos a precio justo en todo el país. Nuestra premisa siempre será atender a las familias bolivianas. No escatimaremos nada, vamos a hacer todo lo que sea necesario”, señaló.

El país atraviesa la inflación más alta en los últimos 16 años, pues, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra acumulada a noviembre llegó a 8,82%.

Además, productos como el aceite y el arroz comenzaron a escasear, cuyo efecto fue la subida de precios.

Arce

El Gobierno asegura que éstas son las consecuencias del bloqueo de 24 días del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) que cortó el tránsito entre oriente y occidente entre octubre y noviembre.

Además, afirma que la crisis climática también afectó la producción de algunos alimentos, debido a los periodos marcados de sequía y de lluvias intensas.

Pese al contexto desfavorable, Arce señaló que el Gobierno continúa brindando obras en beneficio de la población y trabajando por el pueblo.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, informó sobre la incautación de 38 cabezas de ganado en pie que eran transportadas de forma ilegal en cuatro camiones interceptados en el sector Ballivián, camino a Charaña (La Paz).

“Se comisó cuatro camiones en el sector Ballivián, camino a Charaña, por el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC), que contenían 38 cabezas de ganado en pie de importación y tenía destino al Perú”, explicó la autoridad.

También le puede interesar leer: Entre acusaciones e inasistencia, el Gobierno y los arroceros suspenden su reunión

Contrabando

Según Velásquez, el ganado fue trasladado al matadero Samo, en el municipio de Achocalla, donde será faenado y posteriormente comercializado a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

La medida busca aprovechar la carne en beneficio de la población boliviana y no los intereses de los contrabandistas.

Cada cabeza de ganado tiene un peso aproximado de entre 500 a 800 kilogramos, lo que suma un total de 23 toneladas (23.000 kilogramos) de carne. Según Velásquez, el ganado decomisado está valuado en aproximadamente Bs 500.000.

Esta acción se enmarca en las políticas de lucha contra el contrabando de alimentos y productos de origen animal que ingresan y salen de forma irregular desde países vecinos, afectando la economía y la seguridad alimentaria del país.

El viceministro reiteró el compromiso de reforzar los controles fronterizos para frenar el contrabando de ganado y otros productos, para proteger la producción nacional y asegurar el acceso de la población a alimentos de calidad a precios justos.

Además, como resultado del operativo fueron detenidas cuatro personas, que eran los conductores de los vehículos.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) expresó su conformidad con la decisión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de mantener la forma de pago en bolivianos para el suministro de combustible de aviación.

“IATA manifiesta su conformidad con el compromiso de YPFB de mantener las condiciones de pago en moneda local que se venían aplicando para el suministro de combustible de aviación”, señala un comunicado difundido por la organización.

Puede leer: Entre acusaciones e inasistencia, el Gobierno y los arroceros suspenden su reunión

IATA

Este compromiso fue reafirmado durante una reunión sostenida el miércoles entre representantes de IATA, YPFB y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En el encuentro se acordó la continuidad de las condiciones de pago previas, lo que fue calificado como un paso positivo para la sostenibilidad del sector aéreo en Bolivia.

Además, IATA ratificó su compromiso de seguir colaborando con el Gobierno para fomentar la conectividad aérea y garantizar la sostenibilidad del transporte aéreo, un medio esencial para la población boliviana.

Previamente, la empresa estatal YPFB había emitido un comunicado para despejar dudas respecto a posibles cambios en la forma de pago.

YPFB

La compañía aseguró que su subsidiaria, YPFB Aviación, no realizó ninguna modificación en las condiciones de cancelación para las aerolíneas internacionales.

“YPFB informa y aclara a la población boliviana que su subsidiaria YPFB Aviación (Air BP Bolivia S.A.), no realizó ningún tipo de modificación referente a las condiciones de pago de las aerolíneas internacionales que operan en nuestro país”, señala el documento.

YPFB garantizó que la modalidad de pago en moneda nacional (bolivianos) se mantendrá y afirmó que esta situación ya era conocida por la IATA, lo que contribuye a la estabilidad operativa de las aerolíneas internacionales que utilizan los aeropuertos bolivianos.

La preocupación inicial de IATA se generó cuando se reportó que YPFB había solicitado que el 50% de los pagos por combustible de aviación se hiciera en dólares, bajo la amenaza de suspender el suministro en caso de incumplimiento. Esta situación había encendido las alarmas en el sector aéreo debido a la falta de divisas que atraviesa el país.

La reunión prevista para este jueves entre autoridades del Gobierno y representantes de los ingenios arroceros del Norte Integrado de Santa Cruz no pudo instalarse debido a la inasistencia de estos últimos, que denunciaron las acusaciones contra el sector de presuntos delitos de agio y especulación.

“Son pues los ingenios arroceros los que han ido incrementando paulatinamente el precio del producto (arroz), de manera totalmente injustificada y abusiva contra el consumidor”, protestó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, en conferencia de prensa.

Puede leer: Andrónico critica la ‘inacción’ de la Cámara de Diputados para tratar el PGE 2025

Arroceros

La anterior semana, funcionarios del Gobierno, acompañados de la Policía Boliviana y la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, allanaron cinco ingenios en Montero, donde se observaron grandes cantidades de arroz almacenado. De acuerdo con Silva, el objetivo de los arroceros era especular con el precio y venderlo en un costo más elevado.

A raíz de este hecho, la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor) propició un paro movilizado el miércoles, en demanda de seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada. El sector afirmó que el arroz almacenado no es acopio, sino que no cuentan con la estructura de distribución para llevar todo el producto a los mercados.

Sin embargo, Silva insistió en que son los propios comerciantes que denunciaron que el precio del quintal de arroz se incrementó por causa de los arroceros.

Precio

“Hubo un compromiso de que el precio del quintal de arroz no podía modificarse en más de 400 bolivianos”, recordó.

Dijo que hubo denuncias en sentido de que el costo está por encima de los Bs 500.

El viceministro intentó no generalizar y aclaró que de los 120 ingenios que hay en Montero, solo en cinco se observó irregularidades en el almacenaje de arroz.

La reunión se suspendió sin una nueva fecha, pero los arroceros piden que las autoridades del Gobierno asistan a Santa Cruz para conocer la realidad del sector, según explicó Silva.

Con los plazos cada vez más cortos, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, criticó la “inacción” de Diputados en la consideración del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

“Lamentamos que la Cámara de Diputados reste importancia y no priorice el tratamiento del PGE, dejando vencer el plazo establecido y permitiendo así que el Ejecutivo lo apruebe de manera directa”, señaló este jueves en sus redes sociales.

Puede leer:  Industrias aceiteras ‘quedaron en evidencia’, no abastecían el mercado, dice ministro Huanca

PGE

Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara Baja, donde ya fue aprobado por la Comisión de Planificación y está a la espera de ser tratado en el pleno de ese órgano legislativo.

Posteriormente, se lo remitirá a la Cámara de Senadores, donde deberá ser sancionado antes de su remisión al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Sin embargo, el plazo para la Asamblea Legislativa culmina el 31 de diciembre. De no aprobarse hasta entonces, la Constitución Política del Estado, en su artículo 158 parágrafo 11, establece que el PGE se dará por aprobado y entrará en vigencia.

“La Constitución es clara: El PGE debe ser tratado en la Asamblea, tomando en cuenta que este presupuesto general requiere una profunda evaluación, análisis y debate”, añadió Rodríguez.

El senador afirmó que la Cámara Alta está a la espera de que se les remita “el proyecto de ley para su respectivo tratamiento”.

Asamblea

Además, otro problema que se avecina es el receso legislativo de fin de año, que impediría el tratamiento del presupuesto en los plazos establecidos.

“Con esta inacción, los diputados están debilitando las atribuciones del Órgano Legislativo y poniendo en riesgo el equilibrio democrático que garantiza nuestra Carta Magna”, protestó Rodríguez.

Si el PGE no se aprueba en la Asamblea, se presentará la misma situación del presupuesto vigente. En 2023, senadores y diputados no lograron llegar a un consenso para la aprobación de la Ley Financial 2024, por lo que entró en vigencia de manera automática.

De acuerdo con los legisladores, debido a la complicada coyuntura económica que atraviesa el país, el PGE debe ser tratado a detalle. Por ello, piden anular el receso legislativo para poder analizar el proyecto.