Manolo Rojas, abogado del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, señaló este lunes que la justicia violentó y vulneró los procedimientos legales en la extradición de su defendido a Estados Unidos. 

“Todos los procedimientos legales y formales se han violentado y vulnerado por parte del Tribunal Supremo de Justicia; peor aún Interpol no ha hecho un debido procesamiento, no ha cumplido con los protocolos y ni siquiera ha permitido despedirse de su familia”, explicó.

Recordó que todas las personas que fueron extraditadas en Bolivia tuvieron el derecho de despedirse de su familia.

Dijo que tampoco se le permitió a Dávila comunicarse con su defensa, por lo que se tuvo que acudir a algunas personas del penal de San Pedro que pudieron ver cómo lo retiraron de su celda. “Lo han sacado de mala manera, pese a que él ha solicitado comunicarse con su abogado”.

Operativo

Desde las 05.00 de este jueves comenzó el operativo de traslado de Dávila desde la cárcel de San Pedro, de La Paz, hasta el Aeropuerto Internacional de El Alto, para su extradición a Estados Unidos.

Cerca de las 08.45 salió el exjefe policial al país del norte, donde es requerido por los delitos de asociación delictuosa por importar sustancias controladas y por el manejo de armas para el narcotráfico.

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Rojas calificó el traslado del Dávila como “gallos y medianoche” e indicó que previo al traslado a Estados Unidos tiene una escala a Perú.

“Extraoficialmente, entendemos que él se encuentra en Perú y, pues, hay un departamento especial de la DEA que está haciendo algunos trámites más, previo a llegar a Estados Unidos”.

El exjefe policial se enfrenta a una condena de entre 20 años y cadena perpetua por uno de los dos delitos por el que se le acusa en ese país.

Aprehensión

El exjefe militar fue aprehendido el 22 de enero de 2022 cuando intentaba escapar por la frontera de Villazón a Argentina.

La Administración para el Control de Drogas (DEA; por sus siglas en inglés) lo vinculó como uno de los capos del narcotráfico en la región.

Según las investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se identificó una organización de narcotráfico que operaba en el país. Su máxima exportación era la cocaína, aunque también traficaban otras sustancias con destino a Estados Unidos.

Después de las declaraciones del empresario boliviano Marcelo Claure sobre la gestión y posible candidatura del presidente Luis Arce, los ministros de Obras Públicas y de Desarrollo Rural, Edgar Montaño y Yamil Flores, respectivamente, indicaron por separado que es fácil hablar de números cuando no se vive en el país y cuando solo se maneja un club y no un municipio, gobernación o el Gobierno.

Desde Estados Unidos, el empresario dijo en entrevista con el periodista Tuffí Aré, de Bolivisión, que sería un “error inmenso” que Arce se postule a las elecciones generales de 2025 y “que Arce es uno de los peores presidentes en la historia de Bolivia”.

“Con Arce he intentado ayudar, desde el día que sube al poder, y a Arce no le da la gana ni de responder un mensaje ni de darme una reunión por cortesía. Creo que, como un boliviano que representa a Bolivia en el mundo, me he ganado el derecho de poder sentarme con el presidente y por lo menos que me escuche las ideas que tengo para mi país”, dijo el lunes.

Las reacciones de Claure no se dejaron esperar y quien salió al paso el martes fue el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil flores, quien señaló que “es fácil hablar de números cuando no viven en nuestro país”.

Añadió que, seguramente, se quiere poner a “un presidente que sea servil” a los intereses que están fuera del país. “Esa opinión, para nosotros, queda ahí nomas porque no vamos a estar serviles a ningún empresario”.

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En esa línea, el ministro de Obras Públicas y Servicio Social, Édgar Montaño, indicó que Claure ingresó a la arena política al señalar que Arce sería el “peor presidente”. Ante ello, su respuesta fue que Claure es “el peor presidente que ha tenido el club Bolívar”.

“No puede ser que con una plantilla de 17 millones de dólares pueda ir a perder con los otros equipos que su planilla no ronda los 2 millones de dólares. Entonces, señor Claure, si no puede manejar un club como es el Bolívar, cómo va a poder opinar sobre un municipio, sobre una gobernación o peor aún sobre el Estado Plurinacional”, cuestionó.

Montaño afirmó que Claure “no es un angelito” y que está buscando que “le den algún pedacito de las reservas del litio y por eso hace campaña para la izquierda y la derecha”.

En entrevista del lunes, el empresario enfatizó que su intención con el litio es poder ayudar al Gobierno sin hacer “ningún negocio”. “Mi intención no es lucrar con el litio boliviano, sino creo que puedo utilizar todo lo que he aprendido en estos treinta y algo años de trabajo que llevo en el mundo, el poder ayudar a Bolivia a tomar el camino indicado. Tenemos un recurso natural que es muy importante”.

Claure ingresó en las últimas semanas a la palestra política y electoral tras la publicación de una encuesta que reveló que el expresidente Evo Morales y Manfred Reyes Villa ocupan el 18% de preferencia del voto; sin embargo, Arce está con solo con el 5%.

En la entrevista, el dirigente deportivo también afirmó que apoyará un candidato de la oposición, surgido de un consenso y de unas primarias, para derrotar al Movimiento Al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2025.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este jueves la lista actualizada de las 94 candidaturas que participarán en las elecciones judiciales parciales del domingo 15 de diciembre.

El total candidatos se consolida tras cuatro inhabilitaciones, 12 renuncias, un deceso y 28 bajas ocasionadas por la Sentencia Constitucional 0770/2024 dictada durante el proceso de organización de los comicios.

La lista oficial de candidatos que participarán en las elecciones judiciales se encuentra publicada en el sitio web del Órgano Electoral Plurinacional.

Comicios

El domingo 15 de diciembre, más de 7,3 millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en comicios parciales.

Entre titulares y suplentes, serán elegidos cinco magistrados del Tribunal Agroambiental; siete del Tribunal Supremo de Justicia y cuatro del Tribunal Constitucional, y tres miembros del Consejo de Magistratura.

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La elección de estas autoridades será de entre las 12 candidaturas habilitadas que postulan al Tribunal Agroambiental, 20 al Consejo de la Magistratura, 41 al Tribunal Supremo de Justicia y 21 al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Según la Ley del Régimen Electoral, las demandas de inhabilitación pueden ser presentadas hasta 15 días previos a la jornada electoral; pero, de forma excepcional y solo en casos de hechos sobrevinientes, la norma permite realizar demandas de inhabilitación hasta tres días antes a la elección.

Sentencia

La Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 del TCP, del 4 de noviembre, declaró desiertas las elecciones para el TSJ en los departamentos de Beni y Pando; y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Y a través del Auto Constitucional 0084/2024-ECA, emitido el 13 de noviembre por la Sala Cuarta del TCP; se dispuso la prosecución del proceso electoral para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

También la elección para el TCP solo en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

Con el quorum reglamentario, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Choquehuanca, instaló la segunda sesión ordinaria para el debate de la designación de la Comisión de Asamblea y el receso legislativo de fin de año.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, pidió a Choquehuanca desistir del receso parlamentario y que se priorice el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) y la ley de redistribución de escaños.

“Presidente, está a tiempo aún de no volver a cometer el gravísimo error y el atropello que cometió hace un año atrás, cuando utilizó y manejó la misma maniobra en la Asamblea Legislativa para soslayar el debate e impedir que la Asamblea considere y discuta el presupuesto general de la nación”, apuntó.

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Urquidi acusó al presidente nato de instrumentalizar el receso y utilizar ilegalmente como coartada para decretar “ilegal e inconstitucionalmente” un comunicado del receso parlamentario cuando el pleno de la Asamblea lo rechazó. 

El miércoles, Choquehuanca convocó a una sesión del pleno de ese jueves. En el orden del día, se prevé la definición de la comisión que continuará en funciones durante el receso legislativo, que comenzará el miércoles 18 de diciembre al 02 de enero.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) señaló este jueves que ya “no guardará más silencio” y defenderá los fallos emitidos sobre las elecciones judiciales parciales.

Según la institución, se presentará ante la población, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y todas las instancias pertinentes un documento altamente técnico y con respaldo documental de “cómo se intentó politizar un proceso que no cumplió meritocracia, equidad de género y plurinacionalidad”.

El TCP acusó a la Asamblea Legislativa de no cumplir con los tiempos de convocatoria, pero, además, de que “todo” el proceso de preselección de candidatos “estuvo plagada de denuncias e irregularidades” por algunos actores políticos que “buscan beneficiar a ciertas candidaturas”.

“Ayer sostuvimos una reunión solicitada por la Misión Internacional de la OEA. Esta reunión con la Misión Internacional fue el inicio para que nuestro Tribunal Constitucional rompa el silencio que ha guardado ante una permanente y dura campaña de desprestigio y acusaciones infundadas hacia nuestra institución y hacia nuestros magistrados”, señaló el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, quien estuvo acompañando de seis magistrados.

Acusaciones

En un documento que fue leído a los medios de prensa, el magistrado indicó que ya no guardarán “más silencio” sobre las acusaciones falsas que realizan a la institución y a sus miembros. También reiteró que sustentarán con plena solvencia constitucional su decisión de las elecciones judiciales parciales para este 15 de diciembre.

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Asimismo, el TCP recordó que el único órgano del Estado que tiene la responsabilidad constitucional de emitir una ley de convocatoria de elecciones judiciales es la Asamblea Legislativa; pero que ésta no cumplió con los tiempos establecidos y menos aún sancionar una ley que garantice este proceso.

Añadió que estos hechos fueron denunciados por mismos asambleístas mediante la presentación de acciones de control normativo.

“Fue la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos que públicamente expresó las graves faltas de claridad en el reglamento y criterios de evaluación en la preselección de candidatos para las elecciones judiciales”, recordó

Enfatizó que la misma CIDH observó a mediados de este año a la Asamblea “deficiencias normativas para las impugnaciones, deficiencias en las fases de entrevistas y escasez de criterios para la evaluación de candidatos”.

También dijo que por estas deficiencias se tuvo que habilitar candidatos aplazados para llegar a cumplir los requisitos de participación de género e incorporación de candidatos indígenas.

“Está registrado en los medios de comunicación que el propósito de la preselección de candidatos fue muy irregular para el pueblo. Audios filtrados de parlamentarios que favorecen candidatos; y asambleístas haciendo muecas en el examen oral con la presunta finalidad de apoyar a sus candidatos, solo por mencionar algunas de las irregularidades de este proceso”.

Indicó que estas acciones irregulares se tradujeron en 61 acciones tutelares presentadas por candidatos, organizaciones sociales y ciudadanos que denunciaron afectaciones a sus derechos constitucionales.

Proceso

“A pesar de estas irregularidades, como Tribunal Constitucional, hemos aportado para que no se obstaculice todo el proceso eleccionario y hemos encontrado soluciones a los problemas que se generaron en otro órgano del Estado, viabilizando la elección casi en su totalidad de los candidatos”.

Hurtado resaltó que el restante proceso debe completarse a través de una nueva convocatoria que cumpla lo que la Constitución Política establece.

Este domingo, más de 7,3 millones de ciudadanos habilitados acudirán a las urnas a elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional de manera parcial, tal como establece la Sentencia Constitucional 0770/2024, del 4 de noviembre.