En las elecciones judiciales, los cargos de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado e Yván Espada se mantendrán incólumes. Las sentencias que promovieron, anularon la convocatoria en sus departamentos.

Ambos magistrados, electos en 2017 y prorrogados por la Declaración Constitucional 049/2023, conforman la Sala Cuarta del TCP, que en noviembre removieron la arena política con una serie de autos y sentencias constitucionales.

El 4 de noviembre emitieron la Sentencia Constitucional 0770/2024, que declara desiertas las convocatorias de elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando y del TCP también para esos departamentos, y Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

En las elecciones del 3 de diciembre de 2017, Hurtado fue elegido magistrado del TCP con 29.104 votos en la circunscripción departamental de Beni y Espada, con 8.646 votos en Pando.

Yván Espada y Gonzalo Hurtado

Fueron ellos mismos quienes firmaron el Auto Constitucional Plurinacional 0084/2024-ECA, del 13 de noviembre de 2024, que absolvió la solicitud de complementación, enmienda y aclaración —presentada por presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel— respecto de la sentencia que dispuso elecciones judiciales parciales.

Como otras autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional y Agroambiental, y del Consejo de la Magistratura, Hurtado y Espada debieron terminar su mandato de seis años el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, fueron prorrogados —hasta nuevas elecciones— a través de la Declaración Constitucional 049/2023, del 11 de diciembre.

El relator asignado para esa declaración fue Espada.

En criterio del jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Senadores, Guillermo Seoane, las elecciones del domingo “blindarán” a ambos magistrados y otros cuyos cargos no serán elegibles por disposición de la sentencia y el auto recientes.

Elecciones

“Estas elecciones, tal como están planteadas, no buscan renovar el sistema judicial, sino blindar a las autoridades actuales”, protestó el senador de oposición.

No se sabe con certeza cómo serán llenadas las acefalías que queden a raíz de la suspensión de la elección de cargos del TSJ y del TCP en cinco departamentos.

La semana pasada, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, demandó una posición de la Asamblea Legislativa sobre “una nueva convocatoria (de elecciones judiciales complementarias) o, en su defecto, (…) regular el funcionamiento” de los órganos incompletos, afirmó el vocal.

Mientras, la situación de Hurtado y Espada continuará.

En un análisis sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, y la directora País de Oxfam Bolivia, Lourdes Montero, lamentaron que el proyecto “no considera un problema” la violencia contra las mujeres debido a la reducción de recursos.

Más de 200 organizaciones de mujeres, colectivas y ONG agrupadas en “Alerta 348” expresaron su rechazo ante la significativa reducción del presupuesto asignado a la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el PGE.

El porcentaje destinado a este propósito ha disminuido del 2,34%, en 2023, al 1,45% en 2024, y ahora al 0,35% para 2025, según el Comité de Derechos de Género de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa.

Las organizaciones alertaron que esta medida afectará gravemente la implementación de políticas públicas y aumentará la vulnerabilidad de las mujeres.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Montero lamentó que, si la Asamblea no debate el PGE 2025, se aprobará por decreto supremo y se reducirán los recursos para la lucha contra la violencia de mujeres. “Es un PGE injusto que no considera la crisis y que no es sensible. No considera el problema de la violencia contra las mujeres”.

En la misma línea, Sánchez manifestó su preocupación por la posible reducción del presupuesto. “Por cada Bs 100, se están asignando 35 centavos para luchar contra la violencia contra las mujeres”.

Aseguró que la disminución es injustificada, debido a que las cifras de violencia no han bajado. “Lo que nos alarma es la brutalidad de los casos y la contradicción del gobierno cuando dicen que están luchando”.

“No hay recursos que fortalezcan la lucha contra la violencia”, añadió.

Montero consideró que los recursos destinados para 2025 son indignantes. “Tuvimos un año de la despatriarcalización. Sin embargo, todo eso se ve reflejado en un PGE sin presupuesto ni voluntad política”.

En 2024, se registraron 81 feminicidios en el país. Más de 46.000 denuncias de violencia de género, lo que equivale a 138 denuncias diarias, 31 denuncias diarias de violencia sexual, es decir, una cada 40 minutos.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, lamentó que las elecciones judiciales parciales enfrentan una profunda crisis de legitimidad debido a la falta de información y transparencia, lo que podría llevar a una masiva emisión de votos nulos como un mensaje de rechazo al Gobierno del presidente Luis Arce.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), obligado por dos decisiones del Tribunal Constitucional, se apresta a organizar elecciones judiciales parciales el domingo 15 de diciembre. Solo serán elegidas 19 autoridades de 26, y todavía no se sabe cómo se completarán los comicios restantes.

En entrevista con La Razón Radio, Urquidi afirmó que la emisión de votos nulos es una forma en que la ciudadanía puede expresar su rechazo no solo al proceso electoral, sino también a la “justicia arrodillada al poder político”.

En este sentido, consideró que el domingo no será solo una jornada electoral, sino una oportunidad para que los bolivianos envíen un mensaje claro al gobierno de Luis Arce.

A su vez, Urquidi calificó estas elecciones como “totalmente deslegitimadas”. Reclamó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha fallado en su tarea de garantizar una difusión clara y masiva sobre los méritos y antecedentes de los candidatos.

A esto se suma, según el legislador, el desencanto de la ciudadanía con un sistema judicial que, en sus palabras, está “podrido, sometido y adoptado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante 19 años”.

Lea: Peña llama al voto nulo como una forma de ‘rechazo contundente’ a las judiciales parciales

A tres días de las elecciones judiciales, analista político Vladimir Peña consideró que este evento dejó de ser una simple renovación de cargos judiciales para convertirse en un plebiscito sobre la democracia misma.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), obligado por dos decisiones del Tribunal Constitucional, se apresta a organizar elecciones judiciales parciales el domingo 15 de diciembre. Solo serán elegidas 19 autoridades de 26, y todavía no se sabe cómo se completarán los comicios restantes.

En entrevista con La Razón Radio, el analista hizo un llamado al voto nulo como una forma de rechazo democrático. “Estas elecciones no son para transformar la justicia; son un plebiscito entre democracia y autoritarismo. Votar nulo es decirle al presidente Arce que no aceptamos la manipulación del sistema electoral ni el deterioro de nuestra democracia”.

Peña afirma que la parcialización de las elecciones, impulsada por una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional, representa una maniobra política que favorece los intereses del presidente Luis Arce y pone en riesgo la institucionalidad democrática del país.

“El gobierno del presidente Arce ha convertido estas elecciones en un engaño, en un instrumento para consolidar el control sobre el Tribunal Constitucional, que se ha transformado en un brazo político al servicio del Ejecutivo”, reclamó.

Peña también criticó a los órganos del Estado que quedaron supeditados a las decisiones el Tribunal Constitucional encabezado por magistrados prorrogados. Según él, tanto el TSE como la Asamblea han sido sometidos a las decisiones del Tribunal Constitucional, dejando de lado su papel de defensores de la democracia.

“El TSE se ha convertido en un órgano pasivo que no defiende su autonomía ni la democracia. Si no van a cumplir con su papel, entonces ¿para qué están ahí?”, cuestionó.

El Tribunal Constitucional, que debería garantizar la justicia y la constitucionalidad, ha sido duramente cuestionado por decisiones como la autoprorrogación de sus magistrados y la aprobación de elecciones judiciales fragmentadas.

Para Peña, esta fragmentación tiene un trasfondo político que asegura al Gobierno de Luis Arce mantener el control del tribunal. “De los nueve magistrados del Tribunal Constitucional, solo se renovarán cuatro. Los otros cinco, que ya demostraron su lealtad al Ejecutivo, permanecerán. Esto no solo compromete la imparcialidad de la justicia, sino que sienta un precedente funesto para futuras elecciones”, advirtió.

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El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, acusó al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, de estar detrás de una “maniobra” para impedir el debate y tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

En entrevista con La Razón Radio, consideró que esta estrategia busca decretar un receso parlamentario “de facto”, y repetir lo ocurrido en 2023, cuando el Presupuesto se aplicó por decreto y sin debate de la Asamblea Legislativa.

“La trampa masista está en marcha. Choquehuanca, en complicidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS), pretende desmovilizar la Asamblea Legislativa para evitar la discusión del presupuesto y que este entre en vigor automáticamente el 1 de enero”, denunció.

El miércoles, Choquehuanca convocó a una sesión del pleno bicameral para las 15.00 de ese jueves. En la orden del día, la convocatoria prevé la definición de la comisión que continuará en funciones durante el receso legislativo, que comenzará el 22 de diciembre.

Al respecto, Urquidi afirmó que el oficialismo teme un debate público sobre el presupuesto. “El MAS no tiene argumentos para justificar este engendro de presupuesto y busca evitar que cumplamos con nuestro mandato constitucional de discutirlo. Esta manipulación no solo deslegitima a la Asamblea, sino que afecta directamente a los recursos y la economía”.

El presupuesto general fue aprobado en la Comisión de Planificación de la Cámara Baja, pero Urquidi cuestionó la falta de convocatoria a sesión plenaria para su tratamiento. Además, indicó que CC envió una carta a Choquehuanca rechazando el receso parlamentario.

“Nos oponemos a que el receso sea usado como una herramienta para bloquear el debate. Este presupuesto ha recibido múltiples observaciones de sectores (…) y el MAS simplemente quiere imponerlo ignorando estas preocupaciones”, reclamó.

De ese modo, adelantó que su bancada se reunirá para definir estrategias en caso de que el MAS logre imponer el receso. “Plantearemos lucha con argumentos en la sesión de esta tarde, aunque sabemos que el MAS controla las instituciones. Pero estas maniobras serán juzgadas por los ciudadanos”.

Como cada año, senadores y diputados entran en receso antes de las fiestas de fin de año, aunque los legisladores tienen otro descanso a medio año.

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