La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) expresó su conformidad con la decisión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de mantener la forma de pago en bolivianos para el suministro de combustible de aviación.

“IATA manifiesta su conformidad con el compromiso de YPFB de mantener las condiciones de pago en moneda local que se venían aplicando para el suministro de combustible de aviación”, señala un comunicado difundido por la organización.

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IATA

Este compromiso fue reafirmado durante una reunión sostenida el miércoles entre representantes de IATA, YPFB y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En el encuentro se acordó la continuidad de las condiciones de pago previas, lo que fue calificado como un paso positivo para la sostenibilidad del sector aéreo en Bolivia.

Además, IATA ratificó su compromiso de seguir colaborando con el Gobierno para fomentar la conectividad aérea y garantizar la sostenibilidad del transporte aéreo, un medio esencial para la población boliviana.

Previamente, la empresa estatal YPFB había emitido un comunicado para despejar dudas respecto a posibles cambios en la forma de pago.

YPFB

La compañía aseguró que su subsidiaria, YPFB Aviación, no realizó ninguna modificación en las condiciones de cancelación para las aerolíneas internacionales.

“YPFB informa y aclara a la población boliviana que su subsidiaria YPFB Aviación (Air BP Bolivia S.A.), no realizó ningún tipo de modificación referente a las condiciones de pago de las aerolíneas internacionales que operan en nuestro país”, señala el documento.

YPFB garantizó que la modalidad de pago en moneda nacional (bolivianos) se mantendrá y afirmó que esta situación ya era conocida por la IATA, lo que contribuye a la estabilidad operativa de las aerolíneas internacionales que utilizan los aeropuertos bolivianos.

La preocupación inicial de IATA se generó cuando se reportó que YPFB había solicitado que el 50% de los pagos por combustible de aviación se hiciera en dólares, bajo la amenaza de suspender el suministro en caso de incumplimiento. Esta situación había encendido las alarmas en el sector aéreo debido a la falta de divisas que atraviesa el país.

La reunión prevista para este jueves entre autoridades del Gobierno y representantes de los ingenios arroceros del Norte Integrado de Santa Cruz no pudo instalarse debido a la inasistencia de estos últimos, que denunciaron las acusaciones contra el sector de presuntos delitos de agio y especulación.

“Son pues los ingenios arroceros los que han ido incrementando paulatinamente el precio del producto (arroz), de manera totalmente injustificada y abusiva contra el consumidor”, protestó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, en conferencia de prensa.

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Arroceros

La anterior semana, funcionarios del Gobierno, acompañados de la Policía Boliviana y la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, allanaron cinco ingenios en Montero, donde se observaron grandes cantidades de arroz almacenado. De acuerdo con Silva, el objetivo de los arroceros era especular con el precio y venderlo en un costo más elevado.

A raíz de este hecho, la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor) propició un paro movilizado el miércoles, en demanda de seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada. El sector afirmó que el arroz almacenado no es acopio, sino que no cuentan con la estructura de distribución para llevar todo el producto a los mercados.

Sin embargo, Silva insistió en que son los propios comerciantes que denunciaron que el precio del quintal de arroz se incrementó por causa de los arroceros.

Precio

“Hubo un compromiso de que el precio del quintal de arroz no podía modificarse en más de 400 bolivianos”, recordó.

Dijo que hubo denuncias en sentido de que el costo está por encima de los Bs 500.

El viceministro intentó no generalizar y aclaró que de los 120 ingenios que hay en Montero, solo en cinco se observó irregularidades en el almacenaje de arroz.

La reunión se suspendió sin una nueva fecha, pero los arroceros piden que las autoridades del Gobierno asistan a Santa Cruz para conocer la realidad del sector, según explicó Silva.

Con los plazos cada vez más cortos, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, criticó la “inacción” de Diputados en la consideración del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

“Lamentamos que la Cámara de Diputados reste importancia y no priorice el tratamiento del PGE, dejando vencer el plazo establecido y permitiendo así que el Ejecutivo lo apruebe de manera directa”, señaló este jueves en sus redes sociales.

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PGE

Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara Baja, donde ya fue aprobado por la Comisión de Planificación y está a la espera de ser tratado en el pleno de ese órgano legislativo.

Posteriormente, se lo remitirá a la Cámara de Senadores, donde deberá ser sancionado antes de su remisión al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Sin embargo, el plazo para la Asamblea Legislativa culmina el 31 de diciembre. De no aprobarse hasta entonces, la Constitución Política del Estado, en su artículo 158 parágrafo 11, establece que el PGE se dará por aprobado y entrará en vigencia.

“La Constitución es clara: El PGE debe ser tratado en la Asamblea, tomando en cuenta que este presupuesto general requiere una profunda evaluación, análisis y debate”, añadió Rodríguez.

El senador afirmó que la Cámara Alta está a la espera de que se les remita “el proyecto de ley para su respectivo tratamiento”.

Asamblea

Además, otro problema que se avecina es el receso legislativo de fin de año, que impediría el tratamiento del presupuesto en los plazos establecidos.

“Con esta inacción, los diputados están debilitando las atribuciones del Órgano Legislativo y poniendo en riesgo el equilibrio democrático que garantiza nuestra Carta Magna”, protestó Rodríguez.

Si el PGE no se aprueba en la Asamblea, se presentará la misma situación del presupuesto vigente. En 2023, senadores y diputados no lograron llegar a un consenso para la aprobación de la Ley Financial 2024, por lo que entró en vigencia de manera automática.

De acuerdo con los legisladores, debido a la complicada coyuntura económica que atraviesa el país, el PGE debe ser tratado a detalle. Por ello, piden anular el receso legislativo para poder analizar el proyecto.

Debido a que tras el acuerdo del martes entre la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) y el Gobierno la producción de aceite se normalizó, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, afirmó que las industrias aceiteras quedaron en evidencia ante el pueblo boliviano.

“Una cosa que hay que decir de frente es que las industrias oleaginosas han quedado evidenciadas; estas últimas semanas no han abastecido de suficiente aceite a la población boliviana”, protestó este jueves en conferencia de prensa.

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Aceite

En ciudades como La Paz, el litro de aceite llegó a costar Bs 20, cuando su precio regular debería ser, como máximo, Bs 13,50.

Por ello, el Gobierno decidió suspender temporalmente las exportaciones del aceite refinado, con el objetivo de generar un excedente en el mercado interno y normalizar los precios.

El miércoles, las industrias aceiteras incrementaron la producción y doblaron turnos para garantizar el abastecimiento.

Por ello, Huanca consideró que el aceite siempre estuvo garantizado; lo que falló fue la distribución. “Las industrias oleaginosas por alguna razón no han abastecido de manera normal y ellos son los culpables de que se genere esa preocupación en la población”, cuestionó.

Acuerdo

En la reunión del martes, la Caniob se comprometió a normalizar el abastecimiento de aceite a precios regulares. El Gobierno, por su parte, señaló que, en la reunión de este jueves, si se evidencia que la producción se regularizó y los precios disminuyeron, se analizará retomar las exportaciones de aceite refinado.

Las industrias aceiteras y otros sectores productivos denunciaron que la suspensión de ventas al mercado exterior genera pérdidas económicas millonarias y pone en riesgo la fuente de ingreso de miles de trabajadores.

Sin embargo, Huanca auguró que la normalización en el precio del aceite tardará un poco más, pues se debe tomar en cuenta la logística de distribución de Santa Cruz al resto de departamentos; luego a los detallistas y mayoristas, que llevan el producto a los comerciantes quienes ofrecen el aceite al consumidor final.

“Esto no es rápido, esperemos que en el transcurso de los días se vaya verificando aquello”, afirmó.

Huanca destacó que las industrias cumplan con su compromiso y pidió a algunos proveedores «no sorprender» a la población con precios altos del aceite.

En un operativo realizado este jueves en la Terminal de Buses de La Paz, las autoridades decomisaron un bus procedente de Villazón, Potosí, cargado con aceite de contrabando. La mercancía, de origen argentino, estaba distribuida en botellas de 5 litros y 900 ml, que estaban acomodados en los asientos del bus que deberían ser para pasajeros.

De acuerdo con el reporte preliminar, más de 500 bidones iban a ingresar a los mercados del departamento, donde el precio del aceite se encareció en las últimas semanas.

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Aceite

Patricia Álvarez, funcionaria del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, informó que la empresa de transporte no presentó la documentación que acredite la legalidad de la carga y no pudo justificar su procedencia.

«El bus está lleno de aceite de esta marca que no cuenta con registros ni documentos de respaldo», declaró Álvarez.

La única factura presentada correspondía a la compra de «cinco budines», lo que no justifica rl volumen de la mercadería.

En tanto, Jhoselyn Carrasco, representante de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), señaló que se verificará si el bus partió de la terminal de Villazón o de la carretera.

La funcionaria precisó que la carga, que incluía galones y botellas de aceite, fue transportada en los asientos, algo prohibido por la normativa de transporte, ya que las encomiendas deben ir en los buzones.

La ATT anunció sanciones contra la empresa de transporte, mientras que la Aduana Nacional asumirá la custodia de la mercadería, cuyo valor se estima en aproximadamente Bs 30.000.