El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, advirtió que el empresario boliviano Marcelo Claure no llegará a Bolivia porque si lo hace, irá directamente al penal de Chonchocoro.

En respuesta, el además presidente del Club Bolívar dijo que le “da miedo” llegar al país, porque no hay seguridad jurídica.

“Primer paso que (Claure) asiente en territorio boliviano tiene que ir a Chonchocoro”, dijo Cuéllar a los periodistas.

En su justificación, el legislador cruceño dijo que se investiga a Claure por una serie de hechos irregulares, por ejemplo, una supuesta reventa de entradas del Mundial de Estados Unidos de 1994, cuando la Selección Boliviana de Fútbol clasificó por única vez.

Rolando Cuéllar

“Nosotros estamos recabando los informes de las entradas del Mundial 94. Claure era, entonces gerente de relaciones internacionales de la Federación Boliviana de Fútbol. Él se jacta de decir que tiene 32 años de empresario”, cuestionó en una entrevista con la Red DTV.

Y agregó: “de vender mocochinchi, de la noche a la mañana pasó a ser gerente de la FBF y empieza a vender entradas al mundial (Estados Unidos 94), pasaportes a los chinos y también estamos investigando a una fundación que pedía donaciones de otros países”, indicó.

Por su parte, Claure, en una entrevista con Bolivisión, afirmó que tiene miedo de llegar a Bolivia porque considera que no existe seguridad jurídica en el país. Y lamentó que eso impida su llegada para la celebración de los 100 años del Club Bolívar.

“Tengo el corazón partido. El próximo año son 100 años de mi club y me da miedo ir a Bolivia. me da miedo que se diga que iré del aeropuerto a Chonchocoro (…) me pregunto, ¿qué seguridad jurídica tenemos?, prefiero quedarme en Estados Unidos, soy ciudadano americano”, dijo.

Marcelo Claure

El descontento de actores arcistas del MAS creció con los datos de la encuesta publicada la anterior semana por encargo de Claure, en la que se mostró el descontento de la población por la gestión del actual gobierno.

“Voy a volver a Bolivia el día que haya un nuevo presidente en Bolivia”, apunto Claure, y además aseguró que Arce “es el peor presidente de Bolivia.

Antes, también criticó duramente la detención preventiva del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que se encuentra en el penal de Chonchocoro acusado por el caso Golpe de Estado I.

De igual manera, fustigó el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez, recluida en el penal de Miraflores con una condena de 10 años en el caso Golpe de Estado II.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este jueves la lista actualizada de las 94 candidaturas que participarán en las elecciones judiciales parciales del domingo 15 de diciembre.

El total candidatos se consolida tras cuatro inhabilitaciones, 12 renuncias, un deceso y 28 bajas ocasionadas por la Sentencia Constitucional 0770/2024 dictada durante el proceso de organización de los comicios.

La lista oficial de candidatos que participarán en las elecciones judiciales se encuentra publicada en el sitio web del Órgano Electoral Plurinacional.

Comicios

El domingo 15 de diciembre, más de 7,3 millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en comicios parciales.

Entre titulares y suplentes, serán elegidos cinco magistrados del Tribunal Agroambiental; siete del Tribunal Supremo de Justicia y cuatro del Tribunal Constitucional, y tres miembros del Consejo de Magistratura.

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La elección de estas autoridades será de entre las 12 candidaturas habilitadas que postulan al Tribunal Agroambiental, 20 al Consejo de la Magistratura, 41 al Tribunal Supremo de Justicia y 21 al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Según la Ley del Régimen Electoral, las demandas de inhabilitación pueden ser presentadas hasta 15 días previos a la jornada electoral; pero, de forma excepcional y solo en casos de hechos sobrevinientes, la norma permite realizar demandas de inhabilitación hasta tres días antes a la elección.

Sentencia

La Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 del TCP, del 4 de noviembre, declaró desiertas las elecciones para el TSJ en los departamentos de Beni y Pando; y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Y a través del Auto Constitucional 0084/2024-ECA, emitido el 13 de noviembre por la Sala Cuarta del TCP; se dispuso la prosecución del proceso electoral para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

También la elección para el TCP solo en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

Con el quorum reglamentario, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Choquehuanca, instaló la segunda sesión ordinaria para el debate de la designación de la Comisión de Asamblea y el receso legislativo de fin de año.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, pidió a Choquehuanca desistir del receso parlamentario y que se priorice el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) y la ley de redistribución de escaños.

“Presidente, está a tiempo aún de no volver a cometer el gravísimo error y el atropello que cometió hace un año atrás, cuando utilizó y manejó la misma maniobra en la Asamblea Legislativa para soslayar el debate e impedir que la Asamblea considere y discuta el presupuesto general de la nación”, apuntó.

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Urquidi acusó al presidente nato de instrumentalizar el receso y utilizar ilegalmente como coartada para decretar “ilegal e inconstitucionalmente” un comunicado del receso parlamentario cuando el pleno de la Asamblea lo rechazó. 

El miércoles, Choquehuanca convocó a una sesión del pleno de ese jueves. En el orden del día, se prevé la definición de la comisión que continuará en funciones durante el receso legislativo, que comenzará el miércoles 18 de diciembre al 02 de enero.

El presidente Luis Arce afirmó este jueves que su gobierno hace “todo lo necesario” para garantizar la estabilidad económica en el país.

“El gobierno nacional está haciendo y hará todo lo que sea necesario para garantizar la estabilidad y la economía de las bolivianas y bolivianos”, dijo el mandatario en el acto en conmemoración de los 214 aniversario del Ejército, celebrado en el Colegio Militar del Ejército, en Irpavi, en la zona Sur de La Paz.

La declaración del Presidente coincide con un creciente reclamo de varios sectores que protestan por el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar.

En los hechos, las últimas semanas hubo desabastecimiento y subida de precios de arroz y de aceite. Aunque el Gobierno atribuyó esos fenómenos al agio y especulación de algunos comercializadores. También se evidenció el contrabando de esos productos hacia otros países, por ejemplo, Perú, donde su precio alcanza hasta tres veces más al del mercado nacional.

Ante eso, el Gobierno implementó operativos de control en fronteras y mercados del país, con el fin de terminar con la especulación.

Una de las medidas que asumió el Gobierno es la suspensión temporal de las exportaciones de aceite comestible. La decisión movió a los empresarios, que advirtieron no solo “grandes pérdidas”, sino la pérdida de mercados internacionales para ese producto.

Al respecto, autoridades de Estado sostienen este jueves una reunión con los representantes aceiteros, con quienes definirán medidas para garantizar el abastecimiento en el país. Lo mismo ocurrirá con los arroceros.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) señaló este jueves que ya “no guardará más silencio” y defenderá los fallos emitidos sobre las elecciones judiciales parciales.

Según la institución, se presentará ante la población, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y todas las instancias pertinentes un documento altamente técnico y con respaldo documental de “cómo se intentó politizar un proceso que no cumplió meritocracia, equidad de género y plurinacionalidad”.

El TCP acusó a la Asamblea Legislativa de no cumplir con los tiempos de convocatoria, pero, además, de que “todo” el proceso de preselección de candidatos “estuvo plagada de denuncias e irregularidades” por algunos actores políticos que “buscan beneficiar a ciertas candidaturas”.

“Ayer sostuvimos una reunión solicitada por la Misión Internacional de la OEA. Esta reunión con la Misión Internacional fue el inicio para que nuestro Tribunal Constitucional rompa el silencio que ha guardado ante una permanente y dura campaña de desprestigio y acusaciones infundadas hacia nuestra institución y hacia nuestros magistrados”, señaló el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, quien estuvo acompañando de seis magistrados.

Acusaciones

En un documento que fue leído a los medios de prensa, el magistrado indicó que ya no guardarán “más silencio” sobre las acusaciones falsas que realizan a la institución y a sus miembros. También reiteró que sustentarán con plena solvencia constitucional su decisión de las elecciones judiciales parciales para este 15 de diciembre.

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Asimismo, el TCP recordó que el único órgano del Estado que tiene la responsabilidad constitucional de emitir una ley de convocatoria de elecciones judiciales es la Asamblea Legislativa; pero que ésta no cumplió con los tiempos establecidos y menos aún sancionar una ley que garantice este proceso.

Añadió que estos hechos fueron denunciados por mismos asambleístas mediante la presentación de acciones de control normativo.

“Fue la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos que públicamente expresó las graves faltas de claridad en el reglamento y criterios de evaluación en la preselección de candidatos para las elecciones judiciales”, recordó

Enfatizó que la misma CIDH observó a mediados de este año a la Asamblea “deficiencias normativas para las impugnaciones, deficiencias en las fases de entrevistas y escasez de criterios para la evaluación de candidatos”.

También dijo que por estas deficiencias se tuvo que habilitar candidatos aplazados para llegar a cumplir los requisitos de participación de género e incorporación de candidatos indígenas.

“Está registrado en los medios de comunicación que el propósito de la preselección de candidatos fue muy irregular para el pueblo. Audios filtrados de parlamentarios que favorecen candidatos; y asambleístas haciendo muecas en el examen oral con la presunta finalidad de apoyar a sus candidatos, solo por mencionar algunas de las irregularidades de este proceso”.

Indicó que estas acciones irregulares se tradujeron en 61 acciones tutelares presentadas por candidatos, organizaciones sociales y ciudadanos que denunciaron afectaciones a sus derechos constitucionales.

Proceso

“A pesar de estas irregularidades, como Tribunal Constitucional, hemos aportado para que no se obstaculice todo el proceso eleccionario y hemos encontrado soluciones a los problemas que se generaron en otro órgano del Estado, viabilizando la elección casi en su totalidad de los candidatos”.

Hurtado resaltó que el restante proceso debe completarse a través de una nueva convocatoria que cumpla lo que la Constitución Política establece.

Este domingo, más de 7,3 millones de ciudadanos habilitados acudirán a las urnas a elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional de manera parcial, tal como establece la Sentencia Constitucional 0770/2024, del 4 de noviembre.