Después de las declaraciones del empresario boliviano Marcelo Claure sobre la gestión y posible candidatura del presidente Luis Arce, los ministros de Obras Públicas y de Desarrollo Rural, Edgar Montaño y Yamil Flores, respectivamente, indicaron por separado que es fácil hablar de números cuando no se vive en el país y cuando solo se maneja un club y no un municipio, gobernación o el Gobierno.

Desde Estados Unidos, el empresario dijo en entrevista con el periodista Tuffí Aré, de Bolivisión, que sería un “error inmenso” que Arce se postule a las elecciones generales de 2025 y “que Arce es uno de los peores presidentes en la historia de Bolivia”.

“Con Arce he intentado ayudar, desde el día que sube al poder, y a Arce no le da la gana ni de responder un mensaje ni de darme una reunión por cortesía. Creo que, como un boliviano que representa a Bolivia en el mundo, me he ganado el derecho de poder sentarme con el presidente y por lo menos que me escuche las ideas que tengo para mi país”, dijo el lunes.

Las reacciones de Claure no se dejaron esperar y quien salió al paso el martes fue el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil flores, quien señaló que “es fácil hablar de números cuando no viven en nuestro país”.

Añadió que, seguramente, se quiere poner a “un presidente que sea servil” a los intereses que están fuera del país. “Esa opinión, para nosotros, queda ahí nomas porque no vamos a estar serviles a ningún empresario”.

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En esa línea, el ministro de Obras Públicas y Servicio Social, Édgar Montaño, indicó que Claure ingresó a la arena política al señalar que Arce sería el “peor presidente”. Ante ello, su respuesta fue que Claure es “el peor presidente que ha tenido el club Bolívar”.

“No puede ser que con una plantilla de 17 millones de dólares pueda ir a perder con los otros equipos que su planilla no ronda los 2 millones de dólares. Entonces, señor Claure, si no puede manejar un club como es el Bolívar, cómo va a poder opinar sobre un municipio, sobre una gobernación o peor aún sobre el Estado Plurinacional”, cuestionó.

Montaño afirmó que Claure “no es un angelito” y que está buscando que “le den algún pedacito de las reservas del litio y por eso hace campaña para la izquierda y la derecha”.

En entrevista del lunes, el empresario enfatizó que su intención con el litio es poder ayudar al Gobierno sin hacer “ningún negocio”. “Mi intención no es lucrar con el litio boliviano, sino creo que puedo utilizar todo lo que he aprendido en estos treinta y algo años de trabajo que llevo en el mundo, el poder ayudar a Bolivia a tomar el camino indicado. Tenemos un recurso natural que es muy importante”.

Claure ingresó en las últimas semanas a la palestra política y electoral tras la publicación de una encuesta que reveló que el expresidente Evo Morales y Manfred Reyes Villa ocupan el 18% de preferencia del voto; sin embargo, Arce está con solo con el 5%.

En la entrevista, el dirigente deportivo también afirmó que apoyará un candidato de la oposición, surgido de un consenso y de unas primarias, para derrotar al Movimiento Al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2025.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este jueves la lista actualizada de las 94 candidaturas que participarán en las elecciones judiciales parciales del domingo 15 de diciembre.

El total candidatos se consolida tras cuatro inhabilitaciones, 12 renuncias, un deceso y 28 bajas ocasionadas por la Sentencia Constitucional 0770/2024 dictada durante el proceso de organización de los comicios.

La lista oficial de candidatos que participarán en las elecciones judiciales se encuentra publicada en el sitio web del Órgano Electoral Plurinacional.

Comicios

El domingo 15 de diciembre, más de 7,3 millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en comicios parciales.

Entre titulares y suplentes, serán elegidos cinco magistrados del Tribunal Agroambiental; siete del Tribunal Supremo de Justicia y cuatro del Tribunal Constitucional, y tres miembros del Consejo de Magistratura.

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La elección de estas autoridades será de entre las 12 candidaturas habilitadas que postulan al Tribunal Agroambiental, 20 al Consejo de la Magistratura, 41 al Tribunal Supremo de Justicia y 21 al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Según la Ley del Régimen Electoral, las demandas de inhabilitación pueden ser presentadas hasta 15 días previos a la jornada electoral; pero, de forma excepcional y solo en casos de hechos sobrevinientes, la norma permite realizar demandas de inhabilitación hasta tres días antes a la elección.

Sentencia

La Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 del TCP, del 4 de noviembre, declaró desiertas las elecciones para el TSJ en los departamentos de Beni y Pando; y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Y a través del Auto Constitucional 0084/2024-ECA, emitido el 13 de noviembre por la Sala Cuarta del TCP; se dispuso la prosecución del proceso electoral para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

También la elección para el TCP solo en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

Con el quorum reglamentario, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Choquehuanca, instaló la segunda sesión ordinaria para el debate de la designación de la Comisión de Asamblea y el receso legislativo de fin de año.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, pidió a Choquehuanca desistir del receso parlamentario y que se priorice el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) y la ley de redistribución de escaños.

“Presidente, está a tiempo aún de no volver a cometer el gravísimo error y el atropello que cometió hace un año atrás, cuando utilizó y manejó la misma maniobra en la Asamblea Legislativa para soslayar el debate e impedir que la Asamblea considere y discuta el presupuesto general de la nación”, apuntó.

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Urquidi acusó al presidente nato de instrumentalizar el receso y utilizar ilegalmente como coartada para decretar “ilegal e inconstitucionalmente” un comunicado del receso parlamentario cuando el pleno de la Asamblea lo rechazó. 

El miércoles, Choquehuanca convocó a una sesión del pleno de ese jueves. En el orden del día, se prevé la definición de la comisión que continuará en funciones durante el receso legislativo, que comenzará el miércoles 18 de diciembre al 02 de enero.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) señaló este jueves que ya “no guardará más silencio” y defenderá los fallos emitidos sobre las elecciones judiciales parciales.

Según la institución, se presentará ante la población, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y todas las instancias pertinentes un documento altamente técnico y con respaldo documental de “cómo se intentó politizar un proceso que no cumplió meritocracia, equidad de género y plurinacionalidad”.

El TCP acusó a la Asamblea Legislativa de no cumplir con los tiempos de convocatoria, pero, además, de que “todo” el proceso de preselección de candidatos “estuvo plagada de denuncias e irregularidades” por algunos actores políticos que “buscan beneficiar a ciertas candidaturas”.

“Ayer sostuvimos una reunión solicitada por la Misión Internacional de la OEA. Esta reunión con la Misión Internacional fue el inicio para que nuestro Tribunal Constitucional rompa el silencio que ha guardado ante una permanente y dura campaña de desprestigio y acusaciones infundadas hacia nuestra institución y hacia nuestros magistrados”, señaló el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, quien estuvo acompañando de seis magistrados.

Acusaciones

En un documento que fue leído a los medios de prensa, el magistrado indicó que ya no guardarán “más silencio” sobre las acusaciones falsas que realizan a la institución y a sus miembros. También reiteró que sustentarán con plena solvencia constitucional su decisión de las elecciones judiciales parciales para este 15 de diciembre.

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Asimismo, el TCP recordó que el único órgano del Estado que tiene la responsabilidad constitucional de emitir una ley de convocatoria de elecciones judiciales es la Asamblea Legislativa; pero que ésta no cumplió con los tiempos establecidos y menos aún sancionar una ley que garantice este proceso.

Añadió que estos hechos fueron denunciados por mismos asambleístas mediante la presentación de acciones de control normativo.

“Fue la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos que públicamente expresó las graves faltas de claridad en el reglamento y criterios de evaluación en la preselección de candidatos para las elecciones judiciales”, recordó

Enfatizó que la misma CIDH observó a mediados de este año a la Asamblea “deficiencias normativas para las impugnaciones, deficiencias en las fases de entrevistas y escasez de criterios para la evaluación de candidatos”.

También dijo que por estas deficiencias se tuvo que habilitar candidatos aplazados para llegar a cumplir los requisitos de participación de género e incorporación de candidatos indígenas.

“Está registrado en los medios de comunicación que el propósito de la preselección de candidatos fue muy irregular para el pueblo. Audios filtrados de parlamentarios que favorecen candidatos; y asambleístas haciendo muecas en el examen oral con la presunta finalidad de apoyar a sus candidatos, solo por mencionar algunas de las irregularidades de este proceso”.

Indicó que estas acciones irregulares se tradujeron en 61 acciones tutelares presentadas por candidatos, organizaciones sociales y ciudadanos que denunciaron afectaciones a sus derechos constitucionales.

Proceso

“A pesar de estas irregularidades, como Tribunal Constitucional, hemos aportado para que no se obstaculice todo el proceso eleccionario y hemos encontrado soluciones a los problemas que se generaron en otro órgano del Estado, viabilizando la elección casi en su totalidad de los candidatos”.

Hurtado resaltó que el restante proceso debe completarse a través de una nueva convocatoria que cumpla lo que la Constitución Política establece.

Este domingo, más de 7,3 millones de ciudadanos habilitados acudirán a las urnas a elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional de manera parcial, tal como establece la Sentencia Constitucional 0770/2024, del 4 de noviembre.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo este miércoles que las elecciones judiciales parciales de este domingo son un “antecedente negativo” que encaminarán a una crisis institucional profunda en el país.

“Es algo inédito sin duda y es un antecedente muy negativo para nuestro país. Lo habíamos advertido al finalizar la gestión 2023, si los magistrados actuales se van a extender su mandato con una simple declaración constitucional, sin duda vamos a encaminar a nuestro país hacia una crisis profunda, profunda en términos de institucionalidad», afirmó el legislador en una entrevista con radio Kawsachun Coca.

Añadió que “prácticamente” en materia constitucional “estamos desordenados” y existe una desinstitucionalización total de las salas constitucionales, ya que estas pueden interpretar “a su gusto” las sentencias que, en su criterio, son “totalmente ilegales e inconstitucionales”.

“Desde su óptica tal parece que están haciendo bien, pero lamentablemente estamos socavando la institucionalidad del país y esto va a encaminar a futuro hacia una reforma, pero radical en tema de materia de justicia en el país”.

El 4 de noviembre, se conoció la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 que declaró desiertas las elecciones para el TSJ en los departamentos de Beni y Pando y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

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Y a través del Auto Constitucional 0084/2024-ECA, emitido el 13 de noviembre por la Sala Cuarta del TCP, se dispuso la prosecución del proceso electoral para el Consejo de la Magistratura (CM), Tribunal Agroambiental (TA), y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

También la elección para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solo en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí. 

Rodríguez Indicó que el objetivo del Senado era que se lleve adelante las elecciones totales y no parciales, hecho que calificó de “singular” porque no existe un antecedente para que se tome en cuenta de que, anteriormente, se haya registrado otra “similar situación”. 

Lamentó que esta situación se haya generado de manera unilateral y política desde el Gobierno, tras la decisión de la elección parcial desde el Tribunal Constitucional. 

“Nos apena esta decisión que el Órgano Ejecutivo haya avalado a esta decisión del Tribunal Constitucional y posteriormente al Órgano Electoral” (sic).

El titular del Senado señaló que, en los casi 10 meses de preselección, se vino insistiendo desde la Cámara de Senadores sobre las acciones de defensa, que llegaron a 40.

“Han venido obstaculizando el normal desarrollo de las sesiones de las comisiones mixtas, no se pudo concretar primero la ley para la convocatoria y posteriormente en el tema de la preselección una tras otra complicación que se ha generado de manera muy dirigida por algunos diputados que responden al Gobierno central”.

El 15 de diciembre, 7.333.933 habilitados acudirán a las urnas a emitir su voto a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de manera parcial.