La diputada de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero aseguró este lunes que la Fiscalía Departamental de Tarija entregó “en audiencia” al abogado de Evo Morales la notificación para que el exmandatario comparezca en su audiencia reprogramada para este viernes.

“Se ha notificado en audiencia al abogado que ha mandado Evo Morales. El viernes ya no va a ser una excusa: ‘es que no se ha notificado o se ha notificado a través de edicto’, porque el que ha recibido la notificación ha sido el representante de Evo Morales”, dijo la legisladora tarijeña en entrevista con Red Uno.

Evo Morales

Así, la diputada Campero se refirió a la audiencia que estaba fijada para este martes, pero se reprogramó por la incomparecencia de Morales. Su abogado presentó un certificado médico que señala que el exjefe de Estado, en cuyo diagnóstico señala que el investigado presenta un cuadro de una bronconeumonía.

Para la audiencia de este martes, los abogados de Morales afirmaron que éste “no fue notificado”, sin embargo, asistieron al acto judicial.

En los hechos, el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujeres 5 de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, notificó por edicto a Evo Morales con el proceso de trata de personas que lo involucra.

Notificación

“Al equipo de 50 abogados (de Evo Morales, les pido que), dejen de engañar a la gente”, añadió.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público pedirá que se declare rebelde al expresidente Evo Morales si es que este viernes no asiste a la audiencia cautelar por un caso de trata de personas que lo involucra o no justifica su inasistencia, debidamente documentada.

La Policía Boliviana arrestó a 29 personas ajenas y aprehendió a otras 12, las últimas por la portación de cachorros de dinamita, petardos y mechas de dinamita en la marcha de gremiales de El Alto y que llegó hasta el centro de La Paz.

La información fue confirmada por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

“Personas que no son gremialistas ni comerciantes del Distrito 8 de la ciudad de El Alto han sido parte de estas movilizaciones en la jornada de hoy (martes) en la ciudad de La Paz”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Aprehendidos

Luego de que los movilizados llegaron al centro de la ciudad, el ministro de Trabajo, Herland Rodríguez, y el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, llegaron hasta donde se encontraba la dirigencia de la marcha, para recibir su pliego. Sin embargo, hubo personas que agredieron a ambos funcionarios a plan de empujones, malos tratos, ofensas y hasta amenazas.

En medio de la gresca, algunas personas hicieron “el uso de artefactos explosivos. Se han utilizado cachorros de dinamita, petardos de alta potencia, objetos contundentes en contra de los efectivos policiales”.

Entonces, según relató Ríos, los efectivos intervinieron la protesta y arrestó a 29 personas. Hay otras 12 que estaban en poder de los explosivos detallados.

Arrestados

El viceministro afirmó que no hubo excesos policiales ni vulneraciones a los derechos de los arrestados y aprehendidos. Asimismo, indicó que representantes de la Defensoría del Pueblo estuvieron presentes durante los operativos policiales.

También mencionó que un abogado de Evo Morales acudió a las dependencias policiales, pero abandonó el lugar al notar la presencia de periodistas, para luego afirmar que no se le permitió ingresar a ver a los detenidos.

Según el informe de Ríos, la mayoría de las personas arrestadas y aprehendidas provienen del Trópico de Cochabamba, por esa razón, se los vinculó con la marcha evista que llegó el lunes a La Paz.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público pedirá que se declare rebelde al expresidente Evo Morales si es que este viernes no asiste a la audiencia cautelar por un caso de trata de personas que lo involucra o no justifica su inasistencia, debidamente documentada.

“La Comisión de Fiscales estará presente nuevamente el viernes 17 a horas 09.30 de la mañana en audiencia, si esta persona (Evo Morales) no argumenta de manera documental y legal su inasistencia a la misma, conforme se realizó con la otra coimputada, pediremos la rebeldía de conformidad al Artículo 87 del Código de Procedimiento Penal, pero no queremos adelantarnos, queremos esperar ese día”, dijo a los medios.

Evo Morales

Por ese caso, abierto a instancias de la Fiscalía Departamental de Tarija, Morales no asistió a una citación que debió celebrarse este martes, pero el exmandatario no asistió, debido a una baja médico.

Sus abogados justificaron la inasistencia con un certificado médico. En el diagnóstico se señala que el investigado presenta un cuadro de una bronconeumonía. Por ese documento y la ausencia de Morales, la audiencia fue reprogramada para el viernes 17 de enero.

Al respecto, Mariaca manifestó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizará los estudios médicos solicitados. “La autoridad jurisdiccional ordenó que el IDIF pueda rendir un informe y, posterior a ello, ha señalado la audiencia de medidas cautelares para el viernes”, dijo.

Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público explicó que, en caso que llegue a instalarse la audiencia de medidas cautelares con todos los sujetos procesales presentes, se presentará los elementos de convicción que fueron colectados en etapa preliminar y que se encuentran en la imputación formal.

Fiscalía

“Al momento de que se instale la audiencia cautelar, el Ministerio Público expondrá todos los indicios que están dentro de la imputación formal, los riesgos procesales de fuga y obstaculización en la cual estamos pidiendo la medida excepcional de detención preventiva para ambos imputados en una cárcel pública”, complementó.

Morales está atrincherado en el Trópico de Cochabamba, precisamente, por una orden de aprehensión en su contra por este caso de trata de personas.

Dirigentes y comunarios cerraron filas e instalaron una vigilia para evitar la captura de su líder.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que la mayoría de las fábricas de cocaína en Bolivia están concentradas en el municipio de Villa Tunari, ubicado en el Trópico de Cochabamba. Esta afirmación se basó en los resultados de las acciones contra el narcotráfico realizadas entre 2020 y 2024.

“Las fábricas de cocaína no están en el norte de La Paz, Pando o Tarija. Están principalmente en la provincia Chapare, en Villa Tunari. También hemos encontrado algunas en San Miguel de Velasco, en el departamento de Santa Cruz. ¿Queremos destruir laboratorios? Sabemos dónde buscarlos”, señaló Del Castillo en una conferencia de prensa.

Fábricas de cocaína

Durante su presentación, el ministro mostró un mapa con datos de los operativos realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que incluyó información sobre la detención de más de 13.000 personas vinculadas al narcotráfico, el decomiso de 208 avionetas y la ruta aérea utilizada, que conecta el norte de La Paz, Beni, el oriente y el sur del país.

“¿Quieren encontrar avionetas? Sigamos la ruta del narcotráfico. ¿Buscamos detener a más personas? Sabemos dónde buscarlas. ¿Queremos destruir fábricas de cocaína? También sabemos dónde están”, afirmó.

Según los datos presentados, en 2024 se llevaron a cabo más de 10.370 operativos, que resultaron en la incautación y destrucción de 66 toneladas de cocaína (20 toneladas de pasta base y 45 toneladas de clorhidrato). “En Bolivia, esta droga tendría un valor de más de 198 millones de dólares. En Europa, llegaría a 1.980 millones, y en Asia, a 8.580 millones de dólares”, detalló.

Eduardo del Castillo

El ministro también destacó la incineración de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas, el arresto de 3.356 personas, la destrucción de 1.407 fábricas de cocaína, el secuestro de 61 avionetas y la eliminación de 52 pistas clandestinas.

Finalmente, comparó los resultados con gestiones anteriores, subrayando que las 66 toneladas incautadas en 2024 superan ampliamente las cifras registradas en periodos anteriores: 12,9 toneladas durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, 8,7 toneladas en la gestión de Carlos Mesa, 12,5 toneladas bajo Eduardo Rodríguez Veltzé y 15,5 toneladas en 2019, durante la presidencia de Evo Morales.

“Los datos muestran que hemos alcanzado un nivel de eficacia sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico”, complementó la autoridad.

Wilfredo Chávez, exprocurador del Estado, opinó sobre el proyecto de ley que regula la conformación y funcionamiento del TCP.

Durante su intervención en el programa Piedra, papel y tinta, Chávez explicó los fundamentos legales de esta iniciativa y cuestionó las intenciones detrás de la prórroga de los magistrados.

Antecedentes del proyecto de ley

El proyecto de ley, aprobado por el Senado, busca regular el funcionamiento del TCP sin los magistrados “autoprorrogados”.

Según Chávez, el artículo 197 de la Constitución Política del Estado no establece un número fijo de magistrados, dejando esta regulación a la Ley del Tribunal Constitucional y la Ley de Procedimientos Constitucionales, elaboradas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Estas leyes permiten modificar el número de magistrados si la Asamblea Legislativa decide cambiar la normativa vigente”, señaló Chávez.

Sin embargo, el ministro de Justicia, César Siles, calificó esta reforma como inconstitucional, lo que, según Chávez, refleja un intento de obstaculizar acuerdos políticos para mantener la prórroga de los magistrados actuales.

Intenciones detrás de la prórroga

Chávez afirmó que esta situación responde a una estrategia política. “Creo que la intención fue prorrogar a los magistrados. Iván Lima (exministro de Justicia) me dijo una vez que eso querían hacer”, declaró.

Para el exprocurador, el proceso de reforma debería completarse para garantizar la entrada en vigencia de la nueva ley, aunque se reconoce que podría ser un camino largo.

Ver también: Senadora Silvia Salame invita a un debate al ministro de Justicia

Consecuencias legales

Chávez advirtió que, una vez que aprueben el proyecto de ley y este entre en vigencia, anularán los actos realizados por los magistrados “autoprorrogados”. “Estos señores rendirán cuentas, y revisarán y anularán sus decisiones”, subrayó.

El exprocurador instó a los legisladores a avanzar en los procedimientos necesarios para consolidar esta reforma, asegurando que su implementación fortalecería la institucionalidad del TCP.