La sesión de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados fue suspendida este jueves tras disturbios en el debate sobre dos contratos de litio entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y dos empresas trasnacionales.

“No hay condiciones. Hay personas que vinieron a perjudicar y diputados que quieren ganar protagonismo», criticó el presidente de la comisión, Hernán Hinojosa, por lo que no se pudo avanzar en el análisis de los contratos firmados con la empresa china CBC y la rusa Uranium One Group.

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Litio

El diputado arcista se refirió a la presencia de miembros del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que desde antes de la sesión increparon al presidente de YLB, Omar Alarcón, por no haber socializado los contratos con la región en su debido momento.

Durante el intento de tratar el contrato para la producción de litio con CBC, la sesión se tornó caótica debido a los gritos y el desorden, lo que forzó la suspensión del debate sin que se estableciera una fecha para reanudarla.

Por su parte, diputados opositores, Miguel Roca de Comunidad Ciudadana (CC) y Erwin Bazán de Creemos, denunciaron el ingreso de “grupos de choque” afines al Gobierno, acusándolos de presionar a los legisladores para aprobar contratos que, según ellos, «entregan el litio» a intereses extranjeros.

Bazán cuestionó además la ausencia de medios de comunicación en la sesión, lo que, en su criterio, limitó la transparencia del proceso.

Al suspenderse la sesión, Hinojosa dijo que no se sabe cuándo podría volver a tratarse los contratos, diciendo que “podría ser mañana o dentro de un mes”, hasta que existan las condiciones necesarias.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, evitó responder preguntas a los periodistas al salir de la reunión.

Contratos

El Gobierno defiende los contratos, asegurando que implementarán tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), un método innovador que aumentará los volúmenes de producción de carbonato de litio. Asimismo, aseguran que los contratos mantienen la soberanía sobre los recursos, el 51% de las utilidades y el control total de las actividades comerciales.

Con la empresa rusa Uranium One se planea construir una planta industrial con una capacidad de 14.000 toneladas métricas anuales de carbonato de litio grado batería y una inversión que supera los $us 975 millones, mientras que el consorcio chino CBC se encargará de desarrollar dos plantas industriales, con una inversión de $us 1.030 millones.

YLB advirtió que, en caso de no aprobarse los contratos, se retrasará “al menos 10 años más” la producción de carbonato de litio en el territorio nacional.

El presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, expresó su oposición a la decisión gubernamental de suspender la exportación de carne de res, calificándola de “totalmente desastrosa” para el sector ganadero.

“Es una medida que va en contrarruta, desestabilizando el esfuerzo que está haciendo el sector para exportar carne y traer las divisas que necesita el país, para que se equilibre la economía”, protestó en entrevista con Unitel.

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Carne

El Gobierno decidió no autorizar la exportación de carne de res hasta que se regularice el abastecimiento y se reduzca el precio en el mercado interno.

Con una producción anual de 350.000 toneladas y 50.000 toneladas de excedentes que podrían ser exportadas, Frerking subrayó que son “tomadores de precio” y no son los causantes del incremento, como denuncia el Gobierno.

“Somos tomadores de precio. El precio lo regula el mercado con la oferta y la demanda, y el Gobierno lo sabe”, señaló.

El titular en ejercicio de la CAO reiteró que esta política restringe la libre competencia y perjudica a los ganaderos, quienes dependen de la exportación para mantener la producción y generar ingresos para el país.

Agregó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los productos salgan de manera regular y no se desvíen para especulación o contrabando.

“El Estado es responsable de evitar que el producto salga del país vía contrabando, y los ganaderos deben enfocarse en seguir produciendo”, declaró.

Para abordar esta situación, la CAO se reunirá con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) este jueves a las 09.00 en la capital cruceña, con el fin de analizar en conjunto las repercusiones de la suspensión y plantear soluciones que protejan los intereses del sector.

Luego de que el Gobierno suspendiera temporalmente la exportación de carne de res, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) cuestionó la medida, señalando que menos venta externa podría generar “mayor pobreza” para la población.

“La respuesta del Gobierno es clara: más Estado, menos exportaciones y más pobreza para los bolivianos. Un camino que ya sabemos cómo termina”, escribió en sus redes sociales Jean Pierre Antelo, presidente de la Cainco.

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Carne

Este miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que no se autorizarán permisos para la exportación de carne de res hasta que los precios en el mercado interno se estabilicen.

La autoridad señaló que los costos de la carne, en todas sus variantes, incrementaron de manera exagerada en los centros de abasto. Además, el precio del ganado vivo también se encareció.

Huanca apuntó contra los ganaderos como los principales responsables, pues considera que las condiciones climáticas son favorables y no hay intransitabilidad en las carreteras, por lo que no hay motivos para que los precios se disparen.

Al respecto, Antelo señaló que, una vez más, el Gobierno pretende responsabilizar a otros sectores por el incremento de precio.

“La suspensión de exportaciones confirma lo que intuíamos: negar la crisis y apuntar a otros”, protestó el presidente de la Cainco, quien hace un par de semanas cuestionó al Gobierno la falta de autocrítica con su gestión y con la toma de decisiones.

Además de la suspensión de las exportaciones, el ministro Huanca anunció que se doblarán los esfuerzos, en coordinación con el Ministerio de Defensa, para evitar el contrabando a la inversa y los intentos por sacar ganado de a pie a los países vecinos.

Las autorizaciones para exportar carne de res se retomarán una vez el precio en el mercado interno se haya normalizado.

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley de Acción de Repetición Emergente del Pago de la Reparación Patrimonial de Daños y Perjuicios en el Marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La medida tiene como objetivo recuperar al menos $us 3 millones que el Estado boliviano ha pagado como consecuencia de sentencias y acuerdos de solución amistosa dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

“Hubo mucho daño económico por parte de la irresponsabilidad de algunos servidores públicos de distintos niveles de Estado, en cuanto a vulneración de derechos humanos y, por estas situaciones, ha pagado unos montos cuantiosos el Estado boliviano; por esa razón, se trabajó esta ley con el objetivo de resguardar la economía del país”, explicó la presidenta de la comisión, Olivia Guachalla.

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Ley

El proyecto, que consta de 18 artículos, una disposición adicional única, una disposición transitoria y tres disposiciones finales, establece que una vez que el Estado sea notificado con una sentencia de la Corte-IDH o se alcance un acuerdo de solución amistosa se iniciará un procedimiento administrativo en la Procuraduría General del Estado.

Durante este proceso, se emitirá un dictamen preliminar que, posteriormente, se convertirá en un título de fuerza coactiva, permitiendo que un juez civil dicte sentencia y ordene el pago de los daños económicos al responsable.

La iniciativa fue defendida por el ministro de Justicia, Cesar Siles, y el subprocurador Gustavo Medina, quienes destacaron la importancia de garantizar que quienes vulneren derechos humanos asuman las consecuencias financieras de sus actos.

Según el Ministerio de Justicia, hasta la fecha el Estado ha desembolsado más de $us 3 millones por estos conceptos, situación que la nueva ley busca corregir.

La norma se remitió al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento y su posible remisión a la Cámara de Senadores antes de su entrada en vigencia.

Este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle un proyecto de ley para derogar once artículos y cinco disposiciones de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE).

“En resguardo de la economía nacional y los intereses de la sociedad (…), correspondiendo al Órgano Ejecutivo la aprobación del presupuesto, limitándose a su objeto y fin (…), no así estableciendo previsiones que sobrepasan temporal, temáticamente, finalísticamente (sic) su materia propia, ajenas al presupuesto en materia económica”, justifica el proyecto de ley.

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PGE

Los artículos derogados son el 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21. Mientras que las disposiciones que quedarían eliminadas son la tercera, cuarta, quinta, sexta y la séptima, que generó grandes controversias.

Todas las normas están relacionadas principalmente con materia económica, tema que los legisladores consideran que fueron incluidos en el PGE con el objetivo de favorecer al Gobierno sin tomar en cuenta a los diferentes sectores o instituciones.

Por ejemplo, el artículo 19 que autoriza “al Banco Central de Bolivia (BCB), en su calidad de Agente Financiero del Gobierno, a poner en garantía sin desplazamiento las reservas de oro” para acceder a préstamos. Los senadores denunciaron que se trata de hipotecar las reservas, por lo que pretenden eliminar la norma.

De igual manera, otros artículos que autorizan al Estado a acceder a financiamiento externo con organismos internacionales fueron eliminados.

Otros, como el 8, 9, 21, se eliminaron debido a que los legisladores consideran que se tiene un trato preferencial con algunas actividades que están exentas de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En la sesión, los senadores recordaron que el PGE se aprobó por fuerza de ley, debido a que la Asamblea Legislativa no cumplió con el plazo de 60 días para su tratamiento, ya que el proyecto quedó «estancado» en la Cámara de Diputados.

Disposición

Respecto a las disposiciones, los asambleístas coincidieron en que la séptima atenta contra varios derechos constitucionales, puesto que autoriza el control y decomiso de productos que se acumulen con el objetivo de venderse a precios más elevados.

A causa de esta disposición, múltiples sectores marcharán el próximo lunes en todo el territorio nacional, exigiendo su eliminación.

El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Diputados donde también deberá ser aprobado para que el Gobierno cumpla con la derogación de las normas mencionadas.