La Fiscalía investiga al ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperger, por la supuesta comisión de los delitos de corrupción y falsedad en la declaración jurada de bienes. La investigación se abrió a instancias del Viceministerio de Transparencia, luego de una denuncia.

Dicha denuncia incluye a Gabriel Alejandro Delgado, asesor jurídico de la autoridad.

“Se tendría efectivamente un aumento no proporcional con los ingresos que tendrían estas dos autoridades con relación a lo que se habría declarado”, informó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez.

El ministro investigado fue posesionado el 5 de marzo de 2024, en reemplazo del exministro Rubén Méndez.

“La denuncia simplemente versa en incremento desproporcional de factor económico que tendrían estos dos señores que habrían declarado efectivamente”, dijo a los periodistas en La Paz.

Asimismo, indicó que el fiscal titular de ese caso “ya está emitiendo las directrices de investigación y efectivamente ya será quien, en base a los elementos de convicción, bien cite o emita lo que por derecho corresponda dentro de la presente investigación”.

No se conoce de una audiencia u otro acto para el proceso, pero indicó que el fiscal a cargo emitirá más información.

“Transparencia es quien, efectivamente, ha presentado la denuncia exclusivamente del Viceministerio y es por esa situación exclusivamente de que se ha dado inicio a las investigaciones tras la valoración de los elementos de convicción o elementos de prueba que han presentado su denuncia”, añadió.

Hasta el momento, la autoridad no se pronunció respecto de la investigación en su contra.

El bloque de oposición anunció que pedirá la dispensación de trámite para abordar el proyecto de Ley de Redistribución de Escaños Departamentales en la sesión del pleno de la Cámara de Senadores programada para este miércoles.

La convocatoria de la Cámara Alta describe cuatro puntos: correspondencia, asuntos del día, asuntos en mesa, informes de comisiones y asuntos varios.

El Proyecto de Ley de Redistribución de Escaños fue aprobado en la Cámara de Diputados el viernes de la anterior semana en el pleno camaral con un respaldo mayor a los dos tercios exigidos.

¿En qué consiste la dispensación de trámite? Es la solicitud que presentan algunos legisladores para que una norma sea debatida directamente en el pleno de la cámara que corresponda sin tener que pasar por su análisis en la comisión camaral correspondiente.

Ley de Escaños

La norma en cuestión fue propuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que basó su propuesta en los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado el 23 de marzo de 2024.

Hay presión por la aprobación de esa norma. El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi advirtió que debe ser sancionada y promulgada hasta el 15 de enero. De lo contrario, el Órgano Electoral deberá trabajar con la ley basada en los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2012.

Incluso, Tahuichi advirtió que, de ser así, la elección presidencial prevista para agosto de este año “corre riesgo”.

“El riesgo potencial es que se frene la elección. Hay que recordar que hay más de tres millones de cruceños que podrían presentar un recurso de amparo constitucional una vez que comience la elección presidencial, que pondría en riesgo la elección”, dijo el vocal a Unitel.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi advirtió del riesgo que corren las elecciones presidenciales de este año. Se trata del plazo que existe para que se aprueben una nueva ley de redistribución de escaños hasta el 15 de enero.

El riesgo radica en que, si no se aprueba esa norma, que redistribuye los escaños parlamentarios con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2024, los comicios se llevarán adelante con los datos del censo de 2012.

Ley de Distribución de Escaños

“El riesgo potencial es que se frene la elección. Hay que recordar que hay más de tres millones de cruceños que podrían presentar un recurso de amparo constitucional una vez que comience la elección presidencial, que pondría en riesgo la elección”, dijo el vocal a Unitel.

El Proyecto de Ley de Escaños ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el viernes de la anterior semana y la remitió al Senado. Precisamente, la directiva de la Cámara Alta convocó a sus miembros a una sesión plenaria para este miércoles a las 09.30.

Se prevé que en dicho acto se pueda aprobar la “urgente” Ley de Distribución de Escaños.

La nueva ley, según el análisis del TSE, definió que el departamento de Santa Cruz gana un escaño y Chuquisaca pierde uno. El resto de regiones mantendrá la cantidad de sus legisladores.

Expectativa

Hay expectativa por la aprobación de esa ley, pues la semana pasada, el vocal Tahuichi indicó que la norma debe tener luz verde hasta el 15 de enero. De no ser así, se corre el riesgo que la ley anterior, en base a los resultados del censo de 2012, se mantenga vigente.

“Si esto no sucede, el departamento de Santa Cruz no ganará el escaño uninominal; tampoco perderá Chuquisaca. En resumen, se seguirá aplicando la vieja ley de distribución de escaños, y continuaríamos con la misma legislación en las elecciones presidenciales de 2025”, advirtió en conferencia de prensa.

La Justicia determinó la ampliación de la detención preventiva para el excomandante general de Ejército Juan José Zúñiga, el excomandante de la Armada Juan Arnés y el excomandante de la Brigada Mecanizada del Ejército Édison Irahola por la asonada militar del 26 de junio de 2024.

Una nota de Erbol da cuenta que la audiencia en la que se determinó ello data del martes, en la que el Ministerio Público expuso los riesgos procesales que continúan pesando contra los imputados y los actos investigativos pendientes.

La Fiscalía ha solicitado ampliar la detención preventiva en un caso que describe como complejo debido a la “multiplicidad de imputados” y la “situación política” que atraviesa el país, factores que dificultan la recolección de pruebas.

Investigación por la asonada

Además, señala que todavía quedan pendientes varios actos investigativos, como el análisis de celulares, DVRs, imágenes y otros elementos reunidos durante los primeros seis meses de indagaciones.

Según el Ministerio Público, la investigación requiere un esfuerzo adicional porque los militares y las tanquetas involucradas fueron movilizados desde diferentes regiones, lo que implica desplazamientos a varios lugares.

También menciona que algunas personas fueron arrestadas en otros departamentos, lo que agrega más retos logísticos. Entre las diligencias aún por realizar, destacan una inspección técnica en el Comando en Jefe del Ejército y en la Plaza Murillo, un procedimiento que no se ha podido concretar debido al número de investigados.

Juan José Zúñiga

Con base en estos argumentos, un juez cautelar decidió extender el encarcelamiento preventivo de tres exjefes militares, decisión que sus abogados ya han apelado.

Actualmente, Zúñiga está detenido en el Centro Penitenciario de El Abra, en Cochabamba, mientras que Arnés e Irahola permanecen recluidos en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

 Los tres fueron trasladados a estas instalaciones el 29 de junio pasado y están imputados por los delitos de alzamientos armados y terrorismo.

¿Qué sucedió el 26 de junio de 2024?

Ese día, Zúñiga, con efectivos fuertemente armados y tanquetas, tomó la plaza Murillo, con el afán de ingresar al Palacio Quemado, donde se encontraba el presidente Luis Arce y varios de sus ministros. Entonces, un vehículo blindado rompió por la fuerza la puerta del edificio patrimonial.

Asonada

En el ingreso, el mandatario increpó al exmilitar y le ordenó que retire al personal que cerró el Kilómetro Cero, pero éste se insubordinó.

Inmediatamente, Arce decidió cambiar al Alto Mando Militar y, luego de su posesión, éste instruyó el repliegue de personal y de los vehículos de asalto.

A lo sucedido ese 26 de junio, el Gobierno lo llamó un golpe de Estado fallido.

Actualmente, hay más de 100 personas investigadas, entre civiles y militares, en el caso que la Fiscalía abrió de oficio. Son al menos 26 personas cauteladas, entre ellas Zúñiga y Arnés, que cumplen con detención preventiva mientras duren las investigaciones.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza afirmó este martes que los miembros de la marcha evista que llegó hasta La Paz está en estado de emergencia y que permanecerán en la sede de gobierno hasta entregar su pliego al presidente Luis Arce.

“Están en estado de emergencia y vigilia permanente. Hoy marcharán, estarán por ahí, porque la intención es entregar el pliego que vino con la marcha al Presidente del Estado”, dijo el legislador chapareño a los periodistas en el edificio de la Asamblea Legislativa.

Loza, que lideró la marcha que partió el viernes de Patacamaya, había dicho que los marchistas, seguidores del expresidente Evo Morales, busca entregar directamente al mandatario su pliego de 13 puntos.

Entre los puntos “más fuertes” de su pedido está una solución al incremento de precios en la canasta familiar, a la escasez de combustibles y dólares en el mercado nacional y la liberación de sus compañeros detenidos en Parotani, Mairana y El Alto, durante el bloqueo evista de 24 días en 2024.

La noche del lunes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, indicó que varios puntos de su pliego ya fueron atendidos y que algunos solo buscan “impunidad” para su líder, que enfrenta un proceso por trata de personas, a cuya audiencia fijada para este martes, no asistió.

Pero no solo el viceministro Ríos descalificó la movilización. El presidente Arce dijo que la movilización busca muerte, convulsión y hasta su renuncia.