El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, anunció que el Gobierno analiza otorgar insumos como azúcar, manteca y levadura a precio preferencial al sector panificador, con el objetivo de evitar el incremento en el precio del pan de batalla, que actualmente se mantiene en Bs 0,50 por unidad.

Esta propuesta surge luego de que los panificadores exigieran un ajuste en el precio del pan, argumentando un aumento considerable en los costos de producción.

“La propuesta nuestra es atender todas las demandas del sector, garantizar la harina subvencionada y ver cómo facilitar azúcar, levadura y manteca a precios preferenciales”, explicó Silva.

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Pan

Pese a que el Gobierno aseguró que incrementará la cantidad de harina subvencionada, los panificadores sostienen que el ingreso de Bs 0,50, que se mantiene desde hace más de 10 años, no es suficientes para cubrir el costo de vida.

Por ello, el próximo lunes se realizará una reunión con la dirigencia del sector panificador para discutir las posturas de ambas partes y encontrar una alternativa que no “perjudique a la población”.

Además, Silva aseguró que el suministro de insumos clave como el combustible, principalmente gas utilizado en la producción de pan, está plenamente garantizado.

El viceministro subrayó la importancia de alcanzar acuerdos que brinden estabilidad y certidumbre a la población respecto al precio del pan. No obstante, lamentó que ciertas posturas dentro del sector dificulten el avance de las negociaciones.

Algunos dirigentes panificadores advirtieron que a partir del martes, en caso de no obtener una respuesta positiva, el pan de batalla “desaparecerá” del mercado. Otros insisten en que el precio por unidad podría ser de más de Bs 1.

Al respecto, Silva dijo que se trata de sectores que no cuentan con reconocimiento oficial y advirtió con sanciones ante cualquier cobro irregular del producto.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, invitó nuevamente a los productores, industriales y empresarios a participar en la reglamentación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la cual autoriza el decomiso de productos y un mayor control estatal.

“Los productores, los empresarios, los industriales, los comerciantes deberían ser parte en la construcción de este reglamento porque precisamente va orientado a brindar seguridad jurídica”, afirmó este viernes en conferencia de prensa.

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Reglamentación

Este viernes iniciaron las primeras reuniones de socialización de la nueva norma que se aplicará este año.

En un diálogo con los gremialistas, el Gobierno se abrió a la posibilidad de que en el reglamento se especifique que la disposición no se aplicará con los comerciantes minoristas.

La disposición adicional séptima del PGE autoriza el decomiso de productos y alimentos que sean acopiados con el objetivo de especular y venderlos a un precio más elevado.

Por ello, Silva señaló que no afectará a quienes operen de manera “formal y lícita”, sino a los especuladores.

Rechazo

Pese a las explicaciones del Gobierno, el sector productor se mantiene en alerta. Este viernes, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) ratificó su rechazo a la disposición, argumentando que detendrá el aparato productivo.

“La CNI ratifica su firme y categórico rechazo a esa disposición, creemos que la misma dispone la confiscación; la arbitrariedad, la extorsión y el decomiso de productos. Solicitamos la derogación inmediata; por vulnerar derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado”, protestó el presidente de la entidad, Pablo Camacho.

El viceministro, por su parte, llamó a los interesados, a quienes se sienten afectados, a una “reunión seria” para definir los alcances y límietes de la disposición.

En tanto no se apruebe la reglamentación en coordinación con todos los sectores, la medida no se aplicará, explicó Silva.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, cuestionó las recientes declaraciones del presidente Luis Arce, quien aseguró que se intenta hacer creer a la población que la canasta familiar ha subido de precio como parte de una “guerra económica y especulativa” contra su gestión.

Rodríguez calificó esas afirmaciones como “desafortunadas” y presentó datos oficiales que evidencian el incremento de costos en distintos productos y servicios.

“Es increíble lo que escuchamos del primer mandatario. Hay razones claras para el aumento en los precios de los alimentos, así como también para su disminución en ciertos casos”, afirmó el gerente del IBCE en respuesta directa a Arce.

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Alza de precios

El jueves, el Presidente protestó que “han metido a la cabeza de nuestros hermanos” el incremento de precios, pero que esto tiene un trasfondo político.

El gerente del IBCE, por su parte, respaldó sus declaraciones con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reportó una inflación acumulada de 9,97% hasta diciembre de 2024.

Esta cifra fue atribuida a distintos factores, como los bloqueos impulsados por sectores evistas, la especulación de precios y la sequía que afectó la producción agrícola, según explicó el director del INE, Humberto Arandia.

Según el desglose del INE, la inflación se compone de 1,72% debido a la especulación; 2,05% por los bloqueos; 1,97% atribuida a la sequía y fenómenos climatológicos; 1,25% a la inflación importada; 2,98% por factores internos.

IBCE

“Estos datos del INE desmienten cualquier discurso político. Al final, el dato siempre prevalece sobre el relato”, enfatizó Rodríguez, destacando que la información oficial es clara respecto a la variación de precios.

El informe del INE también detalló el incremento en sectores clave durante 2024, como alimentos y bebidas no alcohólicas, fue del 15,4%.

Para Rodríguez, estas cifras reflejan el impacto real en la canasta familiar, contradiciendo la versión oficial que niega el aumento en los precios. Por ello, pidió reconocer los problemas económicos y buscar soluciones efectivas, en lugar de minimizar la percepción ciudadana basada en datos concretos.

Este viernes, tras una reunión entre representantes del Gobierno y dirigentes del sector gremial de La Paz y El Alto sobre los alcances de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso de productos, se llegó a un acuerdo para que la normativa no afecte a los comerciantes minoristas.

“En la reglamentación de la disposición séptima se debe puntualizar literalmente que el alcance de la disposición no llega al sector del comercio minorista”, informó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

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Disposición

La medida es ampliamente cuestionada por productores, industriales, empresarios, comerciantes, transportistas y gremialistas, debido a que autoriza a las autoridades del Gobierno realizar el decomiso de productos que sean guardados con el fin de generar especulación.

Por ello, Silva reiteró que aquellos que no sean especuladores y operen de manera regular no deben verse preocupados por la disposición. Asimismo, recordó que el acopio y el agio de algunos productos provocó que el país termine 2024 con una tasa de inflación acumulada de casi el 10%.

Otra de las conclusiones de la reunión de este viernes tiene que ver con establecer claramente cuáles serán los alimentos que serán controlados por el Gobierno.

“El segundo punto es que se debe definir los alimentos esenciales que serían objeto de control por parte de las autoridades del Estado”, leyó Silva.

De acuerdo con el viceministro, se prevé que éstos sean: “el arroz, el aceite, la carne de cerdo, de res, de pollo y el huevo”.

La autoridad añadió que las reuniones de socialización de la disposición adicional séptima continuarán en todo el país para que los sectores se informen y muestren sus preocupaciones y demandas.

De esta manera, los dirigentes gremiales presentes en la reunión señalaron que no participarán de la marcha convocada para el lunes en rechazo a esta disposición del PGE.

Los contratos firmados entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y los consorcios Hong Kong CBC de China y Uranium One Group de Rusia garantizan la seguridad jurídica y la soberanía del Estado boliviano en el proceso de industrialización del litio, afirmó el presidente de la empresa estatal, Omar Alarcón.

Este viernes, Alarcón reiteró que estos contratos otorgan al Estado, a través de YLB, más del 51% de participación en la industrialización del litio, mientras que la comercialización total del carbonato de litio estará bajo control de la empresa estatal.

“Los contratos están claramente establecidos y contienen cláusulas que aseguran la soberanía boliviana y la seguridad jurídica de estos acuerdos”, enfatizó.

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Contratos

El titular de YLB también destacó que la inversión comprometida por las empresas extranjeras en estos proyectos alcanza los $us 2.000 millones, monto que cubre todas las etapas de implementación de las plantas de producción.

“El riesgo de la ejecución corre por cuenta de las empresas inversionistas”, explicó.

Estas declaraciones surgen como respuesta a los cuestionamientos de algunos legisladores de oposición, quienes han expresado dudas sobre los proyectos de ley vinculados a la industrialización del litio, actualmente en análisis en la Asamblea Legislativa.

“Es lamentable que algunos legisladores critiquen sin haber revisado el contenido de los contratos. Los documentos ya están disponibles para su revisión pública a través de los representantes en la Asamblea”, indicó Alarcón.

El miércoles, el Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados aprobó los dos contratos de servicio suscritos por YLB con ambas empresas extranjeras.

Estos acuerdos contemplan la construcción de plantas de producción de carbonato de litio grado batería en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, y ya fueron remitidos a la Comisión de Economía Plural para su evaluación.

Los proyectos deberán aprobarse en el pleno de la Cámara de Diputados antes de ser remitidos a la Cámara de Senadores, donde se seguirá un proceso similar.