El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a título personal, ve innecesario que el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, el exministro Carlos Romero y el actual presidente Luis Arce presten su declaración en calidad de testigos en el caso Golpe de Estado I.

“Como ya el proceso está avanzado y está a punto de dictarse sentencia porque faltan pequeños actos procesales, yo no veo necesario, si no han participado en la etapa previa, en la etapa preliminar que se hubiese convocado a estas personas, que lo único que están tratando de hacer es politizar un tema penal en la justicia”, indicó la autoridad.

El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción 6 de La Paz convocó para el lunes 31 de marzo, a las 09.00, a las exautoridades y al actual mandatario al Salón Rosado” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para presentar su declaración en calidad de testigo de descargo ofrecido por Luis Fernando Camacho.

Del Castillo argumentó que todas las partes en este proceso ya propusieron a los testigos correspondientes y si realmente van a aportar “algo” al juicio “es conveniente”.

“Desde mi punto de vista, personal, no como ministro de Gobierno, veo innecesario que vayan a declarar”, señaló el titular de la cartera de Gobierno. 

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Sin embargo, el ministro de Justicia, César Siles, señaló este jueves advirtió que, si Morales no se presenta el lunes a la audiencia de juicio oral, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, se emitirá una orden de aprehensión

“Todos tenemos la obligación de comparecer siempre y cuando seamos convocados a una citación judicial. (Evo) debería de presentarse y claramente el 193 del Código de Procedimiento Penal establece que si no se presenta se va a librar un mandamiento de aprehensión”, indicó.

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

Dentro de este caso se encuentran imputados Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, además de exjefes militares.

Los acusados, en 2019, jugaron un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ley que establece la obligatoriedad del debate electoral público para los candidatos a los cargos de presidente, vicepresidente, gobernadores, ejecutivo regional y alcaldes, y la remitió a la Cámara de Senadores para su revisión.

La norma, con tres artículos y una disposición transitoria, modifica a la Ley 026 del Régimen Electoral sobre debate electoral público y obligatorio para candidatos a cargos públicos elegibles.

Su finalidad es garantizar que la ciudadanía conozca y analice las propuestas de los diferentes programas de gobierno, contribuyendo a un voto informado.

“Habiéndose aprobado el Proyecto de Ley 112/2024-2025 en sus dos estaciones, en grande y detalle, y siendo la cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, indicó el presidente de esa instancia camaral, Omar Yujra.

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La ley obliga a los candidatos a dar a conocer y debatir las propuestas sobre los programas de gobierno de las organizaciones políticas y, de esa manera, “contribuir al voto informado” hasta los 15 días previos a la fecha de elección.

En caso de una segunda vuelta, los candidatos habilitados también deberán participar en un nuevo debate dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.

Asimismo, la norma establece que los candidatos deben participar de manera presencial y aquellos que incumplan con la obligación de participar incurrirán en una falta electoral, “cuya sanción será una multa pecunaria impuesta por un juez electoral”.

Según la norma, la sanción equivaldrá al costo económico pagado por la transmisión total del debate electoral. Sin embargo, también el candidato o la candidatura que incumpla con la obligación de participar en los debates electorales será sancionado con el retiro inmediato de la pauta publicitaria (cuña, spots y otros) en medios de difusión y masivos.

La propuesta normativa también garantiza la transmisión en vivo del debate, a través de los medios de comunicación estatales, cuyas señales radiales y televisivas serán puestas a disposición de los medios privados para su retransmisión gratuita

El procedimiento será aplicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conforme al reglamento que la entidad electoral emitirá en un plazo de hasta 60 días calendario, a partir de la publicación de la ley.

En noviembre de 2024, el TSE remitió a la Asamblea el proyecto de ley para que el debate electoral sea público y obligatorio en los futuros procesos electorales.

El ministro de Justicia, César Siles, señaló este jueves que el expresidente Evo Morales está obligado a presentarse a testificar a requerimiento de la justicia, sin embargo, advirtió que, si no lo hace, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, se emitirá una orden de aprehensión

“Todos tenemos la obligación de comparecer siempre y cuando seamos convocados a una citación judicial. (Evo) debería de presentarse y claramente el artículo 193 del Código de Procedimiento Penal establece que si no se presenta se va a librar un mandamiento de aprehensión”, indicó.

Siles reiteró que quien no comparece a una citación judicial “sabe” las consecuencias legales de su incomparecencia.

El martes se conoció que el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción 6 de La Paz convocó, para el lunes 31 de marzo, al expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García, al exministro de Gobierno, Carlos Romero y al actual presidente Luis Arce para que brinden su declaración en calidad de testigos por el caso Golpe de Estado I.

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Sobre la convocatoria al mandatario, Siles indicó que independientemente de la investidura y del cargo que ostenta, toda persona tiene la obligación de comparecer a una citación judicial.

Además, señaló que una vez que esas órdenes sean formalmente notificadas, el mandatario va a tener que comparecer ante la justicia. “Lo van a hacer”. Sin embargo, aclaró que el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal señala que en caso de citar al Presidente y Vicepresidente tienen tres posibilidades.

“(Ello pueden) prestar su declaración en su domicilio, en sus oficinas de trabajo o prestar su declaración por escrito”, afirmó.

El Ministro recordó que el Presidente y Vicepresidente declararon en el caso golpe de Estado III por escrito.

En tanto, el abogado Wilfredo Chávez, defensa de Morales, señaló el martes que aún no fueron notificados, por lo que ve poco probable que el líder cocalero salga del Trópico de Cochabamba.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Reglamento para el Trámite de Registro y Extinción de Alianzas para las Elecciones Generales 2025.

El TSE fijó como fecha límite el 18 de abril para que las alianzas políticas con intenciones de participar en las elecciones generales de agosto se registren ante el Órgano Electoral.

“Este reglamento va a ser de utilidad a las organizaciones políticas porque en este reglamento se estable qué requisitos tienen que presentar y cómo se pueden llevar adelante las alianzas. Este reglamento ya ha sido notificado a las organizaciones políticas con el único objetivo de que éste sea cumplido hasta el 18 de abril”, explicó el presidente en ejercicio del TSE, Gustavo Ávila.

Entre los detalles de este reglamento, Ávila indicó que se reafirma que pueden existir alianzas entre partidos o puedan existir alianzas también entre agrupaciones ciudadanas, una por departamento, o alianzas entre partidos y agrupaciones ciudadanas. 

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El reglamento fue aprobado el 25 de marzo y establece que podrán conformar alianzas los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas que cuenten con la personalidad jurídica y registro vigente en el TSE y los Tribunales Electorales Departamentales.

Asimismo, precisa que las alianzas podrán ser conformadas alternativamente por dos o más organizaciones políticas, toda vez que una de ellos sea un partido político de alcance nacional; o por al menos nueve agrupaciones ciudadanas de alcance departamental, una por cada departamento del país.

La solicitud de registro deberá ser realizada ante el TSE y la alianza tendrá que acreditar a un delegado político titular y a otro suplente para efectuar todas las actuaciones requeridas a nombre de la alianza.

El Reglamento para el trámite de registro y extinción de alianzas para las elecciones generales fue aprobado por la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0160/2025.

Para conocer más sobre los requisitos, documentos y los procedimientos el TSE habilitó el enlace: https://www.oep.org.bo/inc/uploads/2025/03/2025-REGLAMENTO-DE-ALIANZAS-POLITICAS-ELECCIONES-GENERALES-25-03-2025.pdf

En el marco del acuerdo del Tercer encuentro Multipartidario por la Democracia del 17 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) socializó este martes la nueva cartografía que será aplicada en las elecciones generales del 17 de agosto, producto del Censo de Población y Vivienda de 2024. 

“Vamos a cumplir el compromiso de socializar las circunscripciones que han sido aprobadas para el proceso de elecciones generales 2025. Hemos invitado a todos los delegados de las organizaciones sociales que van a conocer circunscripción por circunscripción cómo han sido delimitados esta cartografía electoral para las elecciones”, informó el presidente interino del TSE, Gustavo Ávila.

La autoridad electoral enfatizó que este trabajo es netamente técnico y conforme a lo que establece la Constitución, fue elaborado por los nueve Tribunales Electorales Departamentales que también están socializando la cartografía electoral.

El miércoles, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, informó que sala plena aprobó la cartografía electoral producto del último Censo de Población y Vivienda realizado el año pasado.

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Entre las características, indicó que esta cartografía responde a la nueva densidad población que tienen los departamentos, además de la continuidad geográfica, territorialidad, afinidad y extensión territorial.

“Por mandato constitucional aplicamos una fórmula que resulta de dividir la población departamental entre el número de escaños de diputados uninominales producto de la Ley 1614, dividimos entre la circunscripción y nos da la población ideal. De esa manera hacemos la distribución entre las circunscripciones uninominales”, explicó el vocal del TSE.

El presidente interino del TSE también aclaró que, lo que se busca, es resolver las dudas que tienen las organizaciones políticas y de la sociedad civil, debido a que la ciudanía tiene la idea de que el voto rural vale mucho más que el voto urbano.

“En la explicación se podrá corroborar y verificar que cada circunscripción tiene igualdad de probación en el tema de cantidad de habitantes. Es bueno recordar que las circunscripciones las hemos realizado de acuerdo a los datos del censo y la Constitución nos obliga a que cada circunscripción tenga la misma cantidad de habitantes”, dijo.