El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió este martes la Ley 1503 de compra de oro, promulgada en mayo de 2023, al asegurar que permitió movilizar 23,5 toneladas del metal precioso para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y evitar que Bolivia cayera en default (impago) de su deuda externa.

La declaración se dio durante una sesión en la Cámara de Senadores, donde la norma fue cuestionada por legisladores de oposición y afines al expresidente Evo Morales.

«Gracias a esta ley, el Banco Central pudo comercializar oro en mercados internacionales y generar flujos que nos permitieron pagar el servicio de la deuda externa. Sin esto, hubiéramos entrado en default», afirmó Montenegro, en respuesta al senador Hilarión Mamani, quien preguntó: «¿La Ley del Oro ha servido?».

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Ley

El ministro atribuyó los resultados como limitados debido al retraso en su aprobación. «El proyecto se planteó en mayo de 2021, pero se aprobó en abril de 2023. Si hubiéramos actuado antes, el impacto sería mayor», argumentó.

La Ley 1503 autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a comprar oro del mercado interno y usarlo en operaciones financieras internacionales para respaldar las RIN, que actualmente se encuentran en mínimos históricos.

Según datos del Ministerio de Economía, en 2022, Bolivia pagó $us 1.810 millones por servicio de deuda externa; en 2023, el monto bajó a $us 1.491 millones y en 2024, ascendió a $us 1.526 millones.

Montenegro argumentó que, sin los ingresos del oro, el país no habría podido cubrir estos pagos ante la disminución de desembolsos de créditos externos.

Los senadores evistas Luis Flores e Hilarión Mamani cuestionaron los resultados de la ley durante la sesión, donde el tema central era un crédito de $us 75 millones para un programa climático.

«¿Dónde están los beneficios concretos para la población?», insistió Mamani, en línea con las críticas de que la norma prioriza el pago de deuda sobre inversión social.

Montenegro insistió en que la ley sirve para evitar el colapso crediticio, mientras los críticos exigen transparencia en el uso del oro y priorizar políticas que reactiven la economía local.

Este martes, el ampliado nacional de la Confederación de Choferes de Bolivia concluyó en exigir al Gobierno regularizar el abastecimiento de combustible en todo el país en un plazo de 72 horas. Caso contrario, advirtieron con medidas de presión y medidas “drásticas” como actitud de protesta.

“No vamos a ser responsables de lo que pueda pasar; un paro general indefinido, un paro de 72 horas, no lo vamos a anunciar por cuestiones de seguridad (…), también no vamos a pagar los peajes (…), seguramente nos vamos a ir a las medidas más drásticas”, anunció el secretario ejecutivo de la federación, Lucio Gómez.

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Choferes

Otras de las conclusiones a las que se llegaron en la reunión son el pedido de renuncia de varias autoridades.

Los choferes piden la renuncia de Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien es visto como el principal responsable de la escasez de combustibles y por traer un “diésel de pésimas condiciones”.

Asimismo, exigen la destitución de Marcel Claure, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por descuidar el estado de las rutas que unen al país, afectando y poniendo en riesgo la vida de los conductores, especialmente en temporada de lluvia.

También piden que el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y de Consumidor, Jorge Silva, dé un paso al costado, pues consideran que no ha sido capaz de detener el incremento de precios de los productos de la canasta familiar.

“Que el pueblo nos disculpe, porque si las medidas se dan es por la responsabilidad de las personas que administran este país, particularmente del presidente de YPFB”, protestó Gómez.

El dirigente indicó que el sector está “harto de promesas”, pues en octubre de 2024 las autoridades prometieron un normal abastecimiento de diésel y gasolina, pero el acuerdo no se cumplió.

Por ello, ahora exigen respuestas y propuestas concretas, quieren conocer cuál es el plan de Gobierno para normalizar la provisión de carburantes, realizar mantenimiento de las carreteras y reducir los costos de los alimentos.

Este martes, la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle el Proyecto de Ley 562, para el Programa de Riesgos ante Eventos Adversos y Emergencias por Desastres Naturales, que establece un crédito de financiamiento de $us 75 millones por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, queda sancionada la presente ley y se remite al Órgano Ejecutivo para fines de promulgación”, informó Andrónico Rodríguez, titular del Senado.

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Crédito

La sesión estuvo marcada por varios cruces entre los ministros de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y de Economía, Marcelo Montenegro, con los legisladores, debido a que fueron acusados de no transparentar el desembolso de anteriores créditos.

Las autoridades indicaron que el crédito puede ser promulgado inmediatamente por el presidente Luis Arce y el desembolso se dará de manera inmediata, lo que permitirá atender a las comunidades afectadas por la temporada de precipitaciones.

Pese a las dudas y cuestionamientos, los senadores consideran que la época de lluvias afecta fuertemente a varias regiones del país. Casi 70 municipios se declararon en desastre municipal, hay 46 personas fallecidas y más de 100.000 familias afectadas.

Ante esta situación, que según los últimos pronósticos se extenderá hasta el mes de abril, los legisladores coincidieron en que se debe aprobar el crédito, tras cinco meses de haber recibido el proyecto de la Cámara de Diputados.

“Si queda en actas que estos recursos van a ir a atender estos desastres, yo voy a aprobar; a pesar de las diferencias que tenga y los cuestionamientos”, indicó Santiago Ticona, senador de Comunidad Ciudadana (CC).

“No estamos convencidos con los argumentos de los ministros (…), vamos a pedir informe, porque sabemos que no van a ejecutar correctamente, pero nuestra obligación es ser sensibles con el pueblo boliviano, por ellos estamos acá”, señaló el senador evista Luis Flores.

Por ello, los legisladores pidieron que la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) informe cuando reciban los recursos para constatar que el dinero está siendo destinado al fin con el cual fue firmado y no a otros rubros.

Los nueve gobernadores de Bolivia articularán una reunión nacional este jueves en Cochabamba para analizar la crisis de combustibles que afecta al país, anunció este martes el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori.

La cita, coordinada tras consultas con Oscar Montes, gobernador de Tarija, considerado líder de los gobiernos departamentales, buscará definir propuestas concretas para enfrentar el desabastecimiento que ya impacta operaciones económicas en varias regiones.

“Vamos a hacer un análisis muy profundo. No solo observaremos o criticaremos: plantearemos soluciones a corto y mediano plazo”, aseguró Condori, tras llegar a La Paz para gestionar reuniones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

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Gobernadores

El gobernador advirtió que, si el Gobierno central no actúa, “las movilizaciones se intensificarán, afectando a las familias que viven de su trabajo diario”.

Hasta el momento, diversos sectores anunciaron movilizaciones por la falta de carburantes y el encarecimiento de precios de los productos de la canasta familiar.

Condori confirmó que los nueve departamentos reportan reducción de actividades productivas y logísticas por la escasez de diésel y gasolina. “Lamentablemente, el país ha entrado en una electoralización: algunos actores políticos aprovechan esta situación para réditos personales”, criticó, en alusión a la polarización en medio de la crisis.

Además del encuentro interdepartamental, los gobernadores gestionarán reuniones con la ANH para evaluar estrategias de abastecimiento.

 Condori insistió en que la prioridad es evitar el colapso total de sectores clave como el transporte, la minería y la agricultura. “El jueves debe marcar un punto de inflexión. No hay tiempo para improvisaciones”, subrayó.

La crisis, atribuida a la falta de divisas para importar carburantes, ha generado colas en estaciones, especulación y protestas en varios departamentos.

El Gobierno, por su parte, insiste este martes en la aprobación de un crédito de $us 75 millones en el Senado que, aseguran, ayudará a aliviar la crisis económica.

Efectivos del Comando Regional de la Policía de El Alto decomisaron este martes un camión modificado para transportar ilegalmente alrededor de 2.000 litros de diésel, presuntamente destinados a actividades ilícitas en la región de los Yungas, al norte de La Paz.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que el vehículo fue intervenido tras detectarse un tanque artesanal de 500 litros y un sistema de doble fondo, conocido como «macaco», con capacidad para 1.500 litros adicionales.

«Este camión estaba dedicado al transporte ilícito de carburante. Su sofisticación para evadir controles refleja el nivel de organización de quienes atentan contra la economía y el abastecimiento regular», declaró Ríos en conferencia de prensa.

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Camión

Según investigaciones preliminares, el conductor Rolando Q. M. y su acompañante, Lluvia C. G., planeaban distribuir el diésel en zonas de difícil acceso de los Yungas, una región vinculada frecuentemente a cultivos ilegales y contrabando.

En esa zona el combustible se comercializa en precios exorbitantes en comparación con su costo oficial. El litro de diésel subvencionado se vende a Bs 3,72, pero en regiones alejadas se vende a Bs 20, en algunos casos, principalmente en este periodo de escasez de carburantes.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público bajo cargos de transporte no autorizado de hidrocarburos y posible asociación delictiva.

Ríos destacó que el operativo forma parte de una estrategia nacional para frenar el desvío de combustibles subsidiados, un problema que ha agudizado la escasez en estaciones de servicio legales.

El caso se enmarca en la ola de incautaciones recientes por el desabastecimiento de diésel, que ha llevado a sectores productivos y transportistas a recurrir al mercado negro.

Por ello, una de las medidas que anunció el Gobierno es la presencia de efectivos militares y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en zonas fronterizas y estaciones de servicio para garantizar que el combustible no sea desviado.