Hasta el momento, el Ministerio de Gobierno informó de la aprehensión de 21 militares, efectivos del servicio pasivo y civiles por la toma de la plaza Murillo del miércoles. Tres ya afrontan una audiencia de medidas cautelares, mientras que otros 14 lo harán a las 22.00 de este viernes.

Hasta el jueves, 17 eran los detenidos por el zafarrancho liderado por el general Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo presentó este viernes a otros cuatro, en una conferencia en la cual dio avances de las investigaciones.

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En este momento se desarrolla la audiencia por la acusación de los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado contra Zúñiga; Juan Arnez, excomandante de la Armada, y Edison Irahola, de la Brigada Mecanizada del Ejército.

Según la información brindada por Bolivia TV, la autoridad judicial descartó la solicitud de libertad presentada por los sindicados. La Fiscalía presentó su imputación y demandó la detención preventiva de los implicados por seis meses, para garantizar las investigaciones.

El miércoles, Zúñiga y efectivos del Ejército tomaron la plaza Murillo, en lo que el Gobierno definió como “intento fallido de golpe de Estado”, e intentaron “tomar” el Palacio Quemado y la Casa Grande del Pueblo. Inclusivo se insubordinó ante el presidente Luis Arce.

Zúñiga fue aprehendido esa noche, cuando estaba en el Estado Mayor de Miraflores. Ante los medios, dijo que solo obedeció una orden de Arce, aunque luego, en una “entrevista policial”, admitió que se organizó un “levantamiento” para “tomar el poder y llamar a elecciones”.

Un juez envió este viernes a la cárcel de Chonchocoro de La Paz, por seis meses, al general Juan José Zúñiga y otros dos excomandantes acusados por la toma de la plaza Murillo del miércoles, lo que fue denominado por el Gobierno como un “intento fallido de golpe de Estado”.

Son 21 los detenidos por este caso hasta el momento. En la audiencia virtual, el juez descartó la libertad de los sindicados: Zúñiga, excomandante del Ejército; Juan Arnez, excomandante de la Armada, y Edison Irahola, excomandante de la Brigada Mecanizada del Ejército.

La imputación de la Fiscalía es por terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado. Precisamente, la comisión de fiscales a cargo de las indagaciones había solicitado la detención preventiva de los implicados por medio año en el penal paceño.

El miércoles, Zúñiga y efectivos del Ejército tomaron la plaza Murillo, en lo que el Gobierno definió como “intento fallido de golpe de Estado”, e intentaron “tomar” el Palacio Quemado y la Casa Grande del Pueblo. Inclusivo se insubordinó ante el presidente Luis Arce.

Zúñiga fue aprehendido esa noche, cuando estaba en el Estado Mayor de Miraflores. Ante los medios, dijo que solo obedeció una orden de Arce, aunque luego, en una “entrevista policial”, admitió que se organizó un “levantamiento” para “tomar el poder y llamar a elecciones”.

La jueza que dirige la audiencia cautelar del general Juan José Zúñiga y otros dos militares, negó su pedido de libertad y así continúa el acto procesal en el que se prevé su detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, por seis meses, como pidió la Fiscalía.

En la audiencia por la acusación de los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado; se define la situación de Zúñiga, excomandante del Ejército; Juan Arnez, de la Armada, y Edison Irahola, de la Brigada Mecanizada del Ejército.

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Según la información brindada por Bolivia TV, la autoridad judicial descartó la solicitud de libertad presentada por los sindicados. La Fiscalía presentó su imputación y demandó la detención preventiva de los implicados por seis meses, para garantizar las investigaciones.

El miércoles, Zúñiga y efectivos del Ejército tomaron la plaza Murillo, en lo que el Gobierno definió como “intento fallido de golpe de Estado”, e intentaron “tomar” el Palacio Quemado y la Casa Grande del Pueblo. Inclusivo se insubordinó ante el presidente Luis Arce.

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Zúñiga fue aprehendido esa noche, cuando estaba en el Estado Mayor de Miraflores. Ante los medios, dijo que solo obedeció una orden de Arce, aunque luego, en una “entrevista policial”, admitió que se organizó un “levantamiento” para “tomar el poder y llamar a elecciones”.

¿Por qué el Órgano Ejecutivo no pudo enterarse antes del “movimiento irregular” en el Ejército que se materializó el miércoles en el asalto a la plaza Murillo? El presidente Luis Arce reveló este jueves que la unidad de Inteligencia estaba alineada al general Juan José Zúñiga, por lo cual se ocultó información al Ministerio de Defensa y al propio mandatario.

Las investigaciones de lo catalogado por Arce como un “intento fallido de golpe de Estado” apuntan a que desde mayo se sazonó un plan contra la administración gubernamental. Pero, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, recién ató cabos desde el miércoles por la mañana, cuando todo estaba cocinado para el asedio castrense en el epicentro del poder político.

Inteligencia del Ejército

“Uno de los temas centrales que se tiene en el Ejército boliviano es el área de Inteligencia militar. En esta unidad que podría informar cualquier movimiento irregular o que no estuviera enmarcado en la normativa militar; sencillamente estaba alguien de mucha confianza de Zúñiga. En realidad, Inteligencia trabajaba para el comandante del Ejército y no pasaba informaciones ni al Ministerio de Defensa ni al Presidente del Estado”.

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Y añadió en su conferencia, en la Casa Grande del Pueblo: “Por lo tanto; un tema central del por qué esto se va encubriendo y no sale a la luz hasta ayer es porque el área de Inteligencia; que debería estar alertando, no toma ninguna acción. Por eso tenemos más de 17 detenidos, hay mucha gente en el Ejército que ocultó y no reportó la información correcta”.

El miércoles, el entonces comandante del Ejército lideró el asalto a la plaza Murillo, con la intención de ingresar al Palacio de Gobierno y la Casa Grande. Al final, todo quedó en nada y Zúñiga fue aprehendido. Ahora espera su audiencia cautelar para saber si se defenderá en libertad o encarcelado. Es acusado de terrorismo y alzamiento armado contra el Estado.

Cerca de las 14.30 de este miércoles, la tensión y la incertidumbre se apoderaron del país. La atención se centró en la plaza Murillo, tomada por militares del Ejército comandados por el general Juan José Zúñiga. Por tres horas, cundió el aroma de un “golpe de Estado”.

Lo sucedido tuvo un protagonista: Zúñiga, quien se hizo presente como pasajero de una tanqueta, como en los tiempos en que las dictaduras decían presente en el epicentro del poder político. Enfundado en su traje de combate, intentó “tomar” el Palacio de Gobierno, la Casa Grande del Pueblo.

Pero la génesis de este “intento de golpe”, como lo denunció el Gobierno, se remonta al lunes, cuando el jefe del Ejército levantó polvareda al deliberar sobre asuntos políticos en una entrevista con el programa No Mentirás, donde dijo que el exmandatario Evo Morales está inhabilitado para las presidenciales de 2025, e incluso advirtió con detenerlo, “si el caso amerita”.

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Plaza Murillo

Ello provocó una ola de críticas de parte de actores políticos de todo tipo de pelaje. Zúñiga respondió así a la denuncia de Morales de que tenía la intención de atentar contra su vida, inclusive a la del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y el senador Leonardo Loza. Aseguró que tenía videos y el militar le retó a que los presente.

El martes, fuentes del Gobierno informaron que el presidente Luis Arce había tomado la determinación para la destitución del general y que se la comunicó cuando lo llamó a la Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, el Ejecutivo no la oficializó y Zúñiga aseguró que continuaba en el cargo; eso sí, aclaró que todo estaba en manos de sus superiores.

Anoche, en una conferencia, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, contó los pormenores de la insubordinación del jefe del Ejército. Dijo que el martes, se cuestionó en el Gobierno las declaraciones televisivas de Zúñiga, lo que fue compartido por Arce. Y efectivamente se definió su cambio y el de otros miembros del Alto Mando de los militares.

“Sin embargo, por respeto al general Zúñiga, consideramos que era prudente hablar con él. Manifestarle que en realidad sus declaraciones no eran compartidas con la posición de nuestro gobierno”. De esta forma, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lo convocó a la Casa Grande, adonde llegó vestido de civil y reconoció que “cometió algunos excesos”.

Según Novillo, manifestó que estaba a disposición de lo que defina el Capitán General de las Fuerzas Armadas, o sea Arce. “Nos despedimos de la forma más amistosa, incluso con abrazos fraternales y nos dijo que siempre iba a estar al lado del Presidente, de nuestro Gobierno”. Sin embargo, la “fraternidad” se resquebrajó ayer.

Militares

En la mañana, el ministro de Defensa recibió reportes de personal de confianza. A las 09.00, personal militar armado se movilizaba desde Challapata, en Oruro, en seis camionetas. Novillo llamó a Zúñiga para demandarle explicaciones y la respuesta fue: “Voy a averiguar y le devuelvo la llamada”.

Ello no sucedió. Ni el comandante en jefe, general Gonzalo Vigabriel, sabía sobre ese movimiento sospechoso. Luego, Novillo se enteró de un “encuartelamiento” en tres divisiones. Le informó a Arce y llamó a Zúñiga reiteradas veces, pero ya no respondía. Más aún, tampoco lo hacían los comandantes Juan Arnez (Armada) y Marcelo Zegarra (Fuerza Aérea).

“En eso nos enteramos por los medios de comunicación que se había generado un movimiento de tropas y de camiones blindados, tanquetas, a la cabeza de Zúñiga, Arnez y Zegarra”, resaltó el ministro. Posteriormente se dirigió a la plaza Murillo, con la idea de “apresurar” la posesión de nuevos jefes en las tres fuerzas de los militares.

Las tanquetas y los efectivos del Ejército ya se habían apoderado de la plaza Murillo. Con Zúñiga dirigiendo a los uniformados, la primera alerta provino de Arce, mediante su cuenta de redes sociales. “Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, llegó a pie al sitio, tras recibir los informes de Inteligencia. Se aproximó al carro blindado de Zúñiga y lo conminó a salir. Golpeaba los vidrios de la tanqueta, intentaba abrir la puerta. Pero nada, el general se mantenía en el vehículo y no dejaba de hablar por su teléfono celular.

Zúñiga

Posteriormente, Zúñiga habló ante los medios. Indicó que “los militares estamos molestos”. “No puede ser que la lealtad de los comandantes  se pague con deslealtad. Hemos venido a manifestar nuestra molestia”. Y anunció que “vamos a tomar” la Casa Grande. Eso no fue todo, dijo que habrá cambio de ministros y que “por el momento” reconocía la investidura de Arce.

Después, la tanqueta comenzó a golpear la puerta del Palacio Quemado para permitir el ingreso de los militares. La tensión llegó al extremo. Zúñiga salió del vehículo para entrar y fue abordado por Arce, quien le ordenó el repliegue de los efectivos. La respuesta fue un “no”, aunque al hablar con los periodistas dijo “nos retiramos”.

Volvió a ingresar a la tanqueta y el asedio militar continuó. En otro contacto con los periodistas, afirmó que se iba a liberar a “todos los presos políticos”, aquellos que fueron detenidos en la crisis de 2019, entre ellos el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. “No nos falta cojones para acabar con las élites políticas”, señaló, mencionando a los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Carlos Mesa (2003-2005).

La canciller Celinda Sosa denunciaba a la comunidad internacional lo que sucedía en Bolivia. “Intento de golpe de Estado”, fue lo indicado por el Gobierno. La condena internacional fue unánime, al igual que las voces de actores políticos nacionales, mientras la gente se volcaba a los surtidores de gasolina, supermercados y mercados, bancos y cajeros automáticos para aprovisionarse de gasolina, de alimentos y de sus ahorros.

Presidente

Arce, acompañado de sus ministros y dirigentes de organizaciones, emitía un mensaje desde la Casa Grande. “El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado; enfrenta, una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque (…). Necesitamos que el pueblo boliviano se organice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia, no podemos permitir que intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas, queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia”.

Decenas de personas se apostaron en los alrededores de la plaza Murillo, en rechazo a lo protagonizado por los militares del Ejército. Y fueron reprimidas con gases lacrimógenos. No se veía una salida. Hasta que el Presidente instaló la posesión del nuevo Alto Mando Militar, con  José Sánchez como comandante del Ejército; Gerardo Zabala, de la Fuerza Aérea, y Renán Guardia, de la Armada.

Precisamente en su discurso, Sánchez ordenó “que todo el personal movilizado en las calles debe retornar a sus unidades” y pidió a Zúñiga “no dejar sangre derramada de nuestros soldados”. Así, a las 17.27, tras perder el poder de mando, el polémico general y los demás efectivos abandonaron la plaza Murillo. Zúñiga se dirigió al Estado Mayor de la zona de Miraflores.

Con el puño en alto, en señal de victoria, en el balcón del Palacio de Gobierno, Arce y el vicepresidente David Choquehuanca festejaron con sus seguidores. “Los únicos que nos pueden sacar de aquí son ustedes hermanos y hermanas”, arengó el mandatario. Mientras la Fiscalía anunciaba la apertura de un proceso de oficio contra Zúñiga y se emitía una alerta migratoria.

A las 19.05, el ya excomandante del Ejército fue aprehendido, no sin ante implicar a Arce por lo sucedido. “El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el Presidente y me dijo que ‘la situación está muy jodida y que va a ser crítica, entonces, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad’. Le pregunto: ¿Sacamos los blindados? Y me dice ‘sacá’. Entonces el domingo en la noche los blindados comienzan a bajar, del regimiento de Achacachi”. Y fue trasladado a celdas de la Policía, allí está a la espera de la determinación que asuma un juez sobre su futuro judicial, junto a otros cuatro aprehendidos.