Una jueza de Cochabamba le dice a Choquehuanca que valide la sesión del 6 de junio
El 20 de junio, el TCP emitió un fallo que declara nula la sesión convocada y presidida por Andrónico Rodríguez.
La testera de la sesión de la Asamblea Legislativa
Una jueza de Cochabamba ordenó al vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, convocar a una sesión para validar las resoluciones de la sesión de ese órgano celebrada el 6 de junio.
La solicitud la presentó la senadora evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lucy Escobar el 21 de junio. La legisladora impugnó la resolución del recurso directo de nulidad interpuesto por el presidente de Diputados, Juan José Jáuregui, del ala “arcista”.
Sesión
El plazo que dio la jueza a Choquehuanca es de 72 horas. Pero el 20 de junio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que anuló la sesión bicameral convocada y presidida por el presidente de la Cámara del Senado, Andrónico Rodríguez.
Inmediatamente, los legisladores evistas del MAS; el mismo Andrónico Rodríguez y los miembros del bloque de oposición desconocieron dicha decisión y defendieron la “legitimidad” de esa sesión.
Según ambos bloques, el quorum legislativo se cumplió, pues estuvieron presentes 28 de los 36 senadores y 78 de los 130 diputados. Lo ausentes en esa ocasión fueron los senadores y diputados del ala arcista del MAS.
David Choquehuanca
¿En qué radica la polémica? Para la convocatoria de esa polémica sesión, Rodríguez, se atribuyó la titularidad de la Asamblea Legislativa mientras el vicepresidente y presidente nato de ese órgano, David Choquehuanca, ejercía la presidencia del Estado, pues el presidente Luis Arce se encontraba de viaje en Rusia.
La oposición, el MAS evista, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, aprobaron el cese de los magistrados y consejeros; la resolución para la continuación de la preselección de postulantes a las elecciones judiciales, y a la sanción de un crédito externo de $us 174 millones. Además, elevó a rango de ley un decreto presidencial sobre amnistía e indulto de reclusos.
Varios sectores exigieron al presidente Arce que promulgue las normas aprobadas, incluso, amenazaron con movilizaciones en el caso de que no los escuche.