Este martes, mediante un comunicado, la Cámara de Diputados anunció la entrega de nuevos celulares para todos los legisladores de esta cámara, titulares y suplentes.

“A partir de la fecha, se llevará a cabo la entrega de los nuevos equipos celulares modelo A55 5G”, indica el documento firmado por Cesar Ayaviri, director de informática de Diputados.

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Samsung A55 5G

El comunicado indica que se trata del modelo Samsung A55 5G, cuyo precio de mercado en nuestro país supera los Bs 3.000. Cada diputado deberá apersonarse con sus respectivos documentos para recibir su aparato.

Este hecho despertó varias críticas negativas entre los diputados, pues consideran que el país atraviesa una crisis económica.

“Hay que tener un poco de empatía con la situación económica del país, creo yo. Hay diputados que creen que no es un gasto dispendioso que esto significa básicamente monedas, que al erario público no le afecta nada un celular, pero yo no pienso eso”, afirmó José Ormachea, diputado de Comunidad Ciudadana (CC). Informó que no recogerá el suyo.

El diputado de la misma alianza, Alberto Arispe, calificó de ‘innecesaria’ la medida, debido a que, afirma, todos los diputados cuentan con sus celulares personales.

Renan Cabezas, asambleísta del ala evista, también criticó la medida y la calificó de ser un ‘gasto insulso’.

Por su parte, los legisladores arcistas, Juan José Jauregui y Jerges Mercado, normalizaron la situación; alegaron que reciben teléfonos celulares cada año, que posteriormente devuelven, principalmente para el tema de reuniones virtuales.

En contra parte, de acuerdo al senador evista Roberto Padilla, en la Cámara de Senadores no reciben nuevos aparatos desde hace dos años. Asimismo, recalcó la mala relación entre el Senado y el Gobierno, por lo que duda que los ‘premien’ con nuevos teléfonos.

Las dudas en torno a los sucesos del 26 de junio, cuando el excomandante Juan José Zúñiga protagonizó una ‘intentona de golpe de Estado’, deben ser esclarecidas con investigaciones internacionales, para mayor transparencia, afirmó el senador evista Leonardo Loza.

“Estamos en nuestra obligación y responsabilidad constitucional. Hemos enviado no solo peticiones de informe, sino todo lo que nos encomienda nuestro reglamento y Constitución (…), estoy planteando que no solo se pueda investigar a nivel local, sino que puedan venir algunos organismos internacionales”, explicó el legislador.

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Autogolpe

El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderada por el expresidente Evo Morales, sostiene que los sucesos del 26 de junio fueron un ‘autogolpe’.

Inclusive, el exmandatario pidió disculpas a la comunidad internacional, debido a que la mayoría de los países de la región mandaron su apoyo y solidaridad a la gestión del presidente Luis Arce.

Asimismo, el gobierno de Argentina, presidido por el ultraderechista Javier Milei, calificó como una ‘farsa’ a los sucesos del pasado miércoles.

En tanto, la oposición agradeció la postura del presidente argentino y sostienen que se trató de un ‘teatro armado’.

“Estoy segurísimo, no nos van a dar importancia, porque los ministros no quieren transparentar”, criticó Loza.

El Gobierno rechazó rápidamente las versiones del ‘autogolpe’ y apuntaron que poner en entredicho lo sucedido es atentar contra la democracia. Inclusive, el presidente Arce pidió a Morales que deje de lado esa ‘versión fascista’ de lo ocurrido.

“(una investigación) para esclarecer esta situación. Ojalá se nos pueda atender”, insistió el senador del MAS.

Con ese fin, dentro del Senado se conformó la semana pasada una comisión especial para realizar las pesquisas correspondientes en relación a lo que sucedió el 26 de junio. Sin embargo, Loza considera que, para mayor transparencia, este proceso deben realizarlo organismos internacionales.

Tras los sucesos del ‘fallido intento golpe de Estado’, del pasado 26 de junio, el Gobierno del presidente Luis Arce, al igual que la comunidad internacional, festejaron la ‘defensa de la democracia’ y el fracaso de la toma del poder por parte de un grupo militar.

Sin embargo, el expresidente Evo Morales criticó esta ‘defensa a la democracia’, cuando el país atraviesa, en su criterio, un ‘golpe al Órgano Legislativo’.

“¿Cómo se puede hablar de defender la democracia, cuando se propicia un golpe judicial al Órgano Legislativo para evitar elecciones judiciales o interpelación de ministros del ejecutivo?”, criticó. 

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Proceso estancado

Este lunes debían retomarse las evaluaciones orales y escritas a los postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

No obstante, al igual que en abril, cuando debía concluir esta etapa, el proceso se detuvo. Ahora debido a una medida cautelar, presentada por el postulante Charles Mejía Cardozo, del departamento de Beni, quien denunció que no se encontraba en el cronograma de las evaluaciones.

Asimismo, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, informó que existen otros recursos que se presentaron en La Paz y en Pando.

Denunció que son las salas constitucionales las que pretenden entorpecer nuevamente el proceso de elecciones judiciales.

‘Autoprorrogados’

“¿De qué democracia se habla en un país donde los magistrados deciden autoprorrogarse en acuerdo con el gobierno nacional?”, insistió Morales.

Dentro del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) se afirma que Arce pretende llegar a las elecciones presidenciales del 2025 con los magistrados y consejeros prorrogados.

Ante esta posibilidad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a una cumbre con las alianzas políticas de la Asamblea, los partidos de alcance nacional, presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, y un representante del Ejecutivo.

El objetivo de la reunión será poner en discusión la anulación de las elecciones primarias para este año; puesto que, por normativa, no se pueden realizar dos procesos electorales en simultaneo. De esta forma, se priorizaría las elecciones judiciales.

Asimismo, el exmandatario criticó la gestión en materia económica del presidente Arce.

¿”Cómo se garantiza estabilidad económica con escasez y racionamiento de combustibles dañando la producción?”, cuestionó Morales.

Días antes de los hechos del 26 de junio, el país atravesó movilizaciones y bloqueos de varios sectores, que denunciaban una falta de combustible. La demanda se incrementó durante el ‘intento del golpe fallido’, pero la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ratificó que la distribución es estable.

Mediante un comunicado, el ministerio de Defensa desconoció al presunto ideólogo del intento fallido del golpe de Estado del 26 de junio, el sociólogo Aníbal Aguilar, quien fungía como coordinador de esta cartera del Estado, según su abogado.

“El Ministerio de Defensa comunica y aclara a la opinión pública que el señor Aníbal Abel Aguilar Gómez no es funcionario de esta cartera de Estado porque fue desvinculado desde el 27 de junio de la presente gestión”, aclara la misiva.

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Intento de golpe

El pasado 26 de junio, el excomandante Juan José Zúñiga realizó una intentona de golpe de Estado; ingresó al Palacio de Gobierno con una tanqueta, se insubordinó al presidente Luis Arce y advirtió su intención de ‘retomar la democracia’.

Sin embargo, rápidamente se lo destituyó, se posesionó a un nuevo Alto Mando Militar que ordenó el repliegue de los militares y se aprehendió a Zúñiga, dando por concluido el intento de golpe.

Al día siguiente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó a los detenidos, quienes habían participado en la organización, planificación y ejecución del operativo para la toma del poder.

Ahí se mostró a Aguilar, a quien se presentó como el ´ideólogo clave´ del fallido golpe.

Aguilar

La participación de Aguilar en el golpe generó bastante especulación en la opinión pública, debido a que es hermano de Roberto Aguilar, exministro de Educación de Evo Morales. Además de ser, de acuerdo a su abogado, coordinador en el ministerio de Defensa.

De acuerdo a Miguel Ramírez, abogado de Aguilar, su cliente no recibió un memorándum de destitución; por lo que consideró que se le debía otorgar arresto domiciliario. Asimismo, explico que la designación como funcionario del ministerio de Defensa data de abril de este año.

En tanto, la cantidad de implicados continua en aumento. Este martes, el fiscal Franklin Alborta afirmó que el número de investigados ascendió a más de 30 personas, entre militares y civiles. Mientras que, por su parte, la oposición, Evo Morales, y el presidente de Argentina, Javier Milei, consideran que se trató de un ‘autogolpe’.

Debido a la especulación que provocó la oposición, sobre un posible acuerdo entre el exministro de Gobierno Arturo Murillo y la Procuraduría General del Estado (PGE), a raíz de la postergación del juicio por el caso Gases Lacrimógenos, el procurador César Siles explicó que la PGE dará continuidad al proceso.

“Esta Institución de creación constitucional, reitera y patentiza el seguimiento permanente a este caso e impulsará el proceso hasta obtener el resarcimiento total del daño económico causado por Murillo y sus cómplices y encubridores”, explicó en un comunicado.

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Caso

El caso Gases lacrimógenos investiga una comprar irregular de material antidisturbios que adquirió la gestión de la expresidenta transitoria Jeanine Añez en 2020.

El principal implicado es Murillo, aunque también se encuentran como cómplices el exministro de Defensa Luis Fernando López, entre otros. Al conocerse la postergación del juicio, la oposición consideró que se trataba de un acuerdo entre el Estado y Murillo, quienes daban por concluido el proceso.

De acuerdo a las investigaciones, los gases lacrimógenos se adquirieron por $us 5,6 millones, de los cuales $us 2,3 millones representan sobreprecio; que incrementó las ganancias personales de los acusados.

En 2021, Murillo fue detenido en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero y sobornos. En octubre de 2022 se declaró culpable para reducir su condena; por lo que en enero de 2023 recibió una pena de 70 meses, poco más de seis años de cárcel.

Medidas

De acuerdo con Siles, Murillo se declaró en quiebra, pero, de todas maneras, la PGE tomó medidas, como la congelación de sus cuentas bancarias.

“La Procuraduría ha tomado medidas precautorias, anotando preventivamente bienes, incautando dinero, haciendo el registro de cuentas. Los montos tratan de aproximarse a este daño que ha sido ocasionado”, informó el director de asuntos jurídicos de la PGE, Aldo Torrez.

Desde la gestión de Siles, la PGE intenta asumir únicamente los casos que causen perjuicios económicos superiores a Bs 5 millones. El caso Gases Lacrimógenos, de acuerdo a Torrez, asciende a más de $us 6 millones en perjuicio del Estado.

Por ello, el proceso se encuentra dentro de la categoría de ‘ultrapriorizado’, además de la importancia mediática del caso.

Procesos

“Luego de que él cumpla su condena y sea puesto a la disposición de las autoridades migratorias (…) va a ser seguramente expulsado de los Estados Unidos y va a tener que rendir cuentas también en Bolivia por todos los procesos penales”, explicó Siles.

En relación a la postergación del juicio, que deberá iniciar el próximo 23 de agosto, Siles espera que la cancillería notifique a López, quien se encuentra refugiado en Paraguay. Pese a que el exministro está en rebeldía, Siles explicó que el juicio puede iniciarse de todas formas.