Zúñiga y otros dos excomandantes ya son trasladados a la cárcel de Chonchocoro
El viernes, el Juzgado Quinto Anticorrupción definió que Zúñiga; Juan Arnez, excomandante de la Armada, y Edison Irahola, excomandante de la Brigada Mecanizada del Ejército, sean remitidos a la penitenciaría de Viacha por seis meses.
Rumbo a Viacha. Rumbo a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz. Juan José Zúñiga, exjefe del Ejército, junto a otros dos excomandantes, ya son trasladados de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) al penal, por el asalto militar del miércoles a la plaza Murillo, que el Gobierno llamó un “intento fallido de golpe de Estado”.
El viernes, el Juzgado Quinto Anticorrupción definió que Zúñiga; Juan Arnez, excomandante de la Armada; y Edison Irahola, excomandante de la Brigada Mecanizada del Ejército, sean remitidos a la penitenciaría de Viacha por seis meses, mientras duran las investigaciones. La Fiscalía los imputó por terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.
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El miércoles, Zúñiga y efectivos del Ejército tomaron la plaza Murillo, en lo que el Gobierno definió como “intento fallido de golpe de Estado”, e intentaron “tomar” el Palacio Quemado y la Casa Grande del Pueblo. Inclusive, el general se insubordinó ante el presidente Luis Arce. “Me va a hacer caso”, le preguntó el mandatario. “No”, le respondió, desafiante, el general.
Zúñiga
Zúñiga fue aprehendido esa noche, cuando estaba en el Estado Mayor de la zona de Miraflores. Ante los medios, dijo que solo obedeció una orden de Arce para movilizar las tanquetas que llegaron al epicentro político del poder, aunque posteriormente, en una “entrevista policial”, admitió que se organizó un “levantamiento” para “tomar el poder y llamar a elecciones”.
La Policía armó un gran operativo para el traslado del excomandante del Ejército y los otros dos exjefes militares a la cárcel de Chonchocoro. En las instalaciones de la FELCC de La Paz hubo un gran movimiento este sábado, con la presencia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el comandante nacional de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez.