El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseveró este viernes que el expresidente Evo Morales busca enfrentar a pobladores del Trópico de Cochabamba con la Policía Boliviana para evitar la orden de aprehensión que pesa en su contra.

La autoridad indicó que, de acuerdo con los informes de Inteligencia de la Policía Boliviana, la orden de aprehensión de Morales no es “común o rutinaria” y lo que está buscando el expresidente es construir una fortaleza en la región del Trópico para obstruir a la Justicia.

“Lo que está buscando es generar caos y convulsión en todo el territorio nacional. Está buscando enfrentamientos entre pobladores del Trópico de Cochabamba con efectivos de la Policía Boliviana”, mencionó en entrevista con los periodistas.

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Del Castillo dijo que no se debe olvidad que Morales, en las últimas décadas, creció políticamente a través de la victimización, por lo que el plan de operaciones de la policía se continúa debatiendo al interior de los altos mandos.

Un juez de Tarija emitió la orden de aprehensión contra el líder cocalero, luego que éste no se presentara a la audiencia de medidas cautelares. Además, determinó la anotación preventiva de sus bienes, arraigo y el congelamiento de sus cuentas bancarias. 

Morales está atrincherado en el Trópico desde octubre de 2024, luego que se conociera una orden de aprehensión que emitió la Fiscalía, que lo imputó por el delito de trata de personas agravada.

El Ministerio Público de Tarija investiga al expresidente por la denuncia que lo implica con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016. 

Sobre la orden de aprehensión, Del Castillo pidió paciencia e indicó que la Policía nunca dejó de dar cumplimiento a una orden o requerimiento fiscal, mucho menos a una orden judicial.

El gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Discales de Bolivia (YPFB), Joel Callaú, informó que al menos 97 millones de combustible, entre diésel y gasolina, llegarán al país hasta el lunes.

Se trata de los carburantes contenidos en buques y de cisternas que y están trasladando los productos.

“Hoy (viernes) se están descargando buques de combustibles de gasolina (que contienen) 13 millones de litros y el lunes, más de 40 millones de litros de diésel”, dijo el funcionario en entrevista con Bolivia Tv.

Callaú abordó el tema en medio de varias críticas al Gobierno por parte de usuarios que reclamaron por un supuesto desabastecimiento de carburantes en las estaciones de servicio del país.

Además de eso, conductores en varias regiones del país volvieron a formar largas filas con el fin de cargar sus tanques.

Combustible

Atribuyó eso a información “falsa” que circula en las redes sociales y en “algunos medios de comunicación”.

Aunque no mencionó cuál es la cantidad exacta con la que cuentan las plantas de almacenamiento de la estatal petrolera, aseguró que se cuenta con una autonomía de más de tres días, por lo que garantizó el abastecimiento de combustible para el país.

“Aparte de esto, ya tenemos más de 130 cisternas que están transitando con combustibles, con 44 millones de litros”, agregó Callaú.

El funcionario, además, fustigó a algunos ciudadanos “inescrupulosos” que se dedican al comercio ilegal de combustibles.

Por su parte, el director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, descalificó las denuncias de un supuesto desabastecimiento y garantizó la comercialización de diésel y gasolina en los surtidores del país.

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó este viernes que una Sala Penal de Sucre, Chuquisaca, ratificó que los sentenciados en el caso Misiles Chinos, en el marco del proceso de reparación del daño civil, deben pagar a favor del Estado $us 3.005.280 como reparación por el ilícito cometido en 2005.

Condori indicó que en 2005 de manera irregular se permitió la salida del país de 36 misiles chinos, que posteriormente fueron devueltos pero desmantelados. Esto generó un juicio de responsabilidades y una sentencia contra civiles y militares por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

En septiembre de 2023, la Justicia determinó que ocho personas, entre militares y civiles, paguen al Estado la suma de $us 3.005.280 como reparación del daño ocasionado.

Condori dijo que, tras esa sentencia, los acusados presentaron una apelación, aunque el jueves, la Sala Plena, ratificó “que se debe realizarse el pago de esa demanda civil en favor del Estado”.

Entre los sentenciados están el coronel del Ejército Ciro Valdivia Murguía; Marcelo Antezana, excomandante general del Ejército; Marco Vázquez Ortiz, exjefe de Estado Mayor; Víctor Hugo Cuéllar, exinspector general del Ejército; el coronel David Torrico Vargas; el coronel Wilbert Sánchez; Gonzalo Méndez, exministro de Defensa y el almirante Marco Justiniano Escalante, excomandante en Jefe de las FFAA.

“Un hito importante es que todas las instituciones del Estados estamos llevando con la mayor responsabilidad los procesos judiciales”, afirmó.

El procurador aseveró que una vez se emita la sentencia escrita y esta sea ejecutoriada, se puede realizar el cobro respetivo en favor del Estado. Sin embargo, aclaró que la parte sentenciada, como mecanismo de defensa, puede presentar algunos recursos constitucionales, pero que como instituciones públicas coordinarán para que se resuelvan los mismos y se ejecute esta sentencia. 

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En octubre de 2005, 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia, fueron entregados, de manera irregular, a la Embajada de Estados Unidos para que sean transportados a ese país para su desactivación.

El argumento que se utilizó para su entrega fue que podían ser sustraídos y usados en acciones terroristas. Los misiles volvieron al país desmantelados en 2006.

El gobierno estadounidense consideraba que los misiles eran un riesgo para su seguridad nacional debido a la posibilidad de que cayeran en manos de grupos insurgentes.

La desactivación y el desarme fueron encomendados a especialistas estadounidenses debido a que el Ejército boliviano no contaba con expertos en la materia.

El 9 de marzo de 2006, la Fiscalía General del Estado emitió requerimiento acusatorio y la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante resolución Nº 027/2011-2012 de enero 16 de enero de 2012, autorizó el juzgamiento.

El exministro y empresario Samuel Doria Medina afirmó que el expresidente Carlos Mesa, que declinó su candidatura a las elecciones presidenciales de este año, será el “eje” de la unidad de opositora, de la que ambos forman parte.

Consideró que, con esa decisión, Mesa “se confirma como uno de los más grandes bolivianos de su generación”.

“En adelante, Carlos Mesa será el eje de esta unidad. También será un importante protagonista del próximo gobierno. Comunidad Ciudadana será clave en el proceso de cambio del país que se avecina”, escribió en sus redes sociales.

Mesa y Doria Medina son aliados políticos junto con el expresidente Jorge Quiroga y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además de otros actores como Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar. Ese bloque se conformó, según anunciaron, para “derrotar al MAS (Movimiento Al Socialismo)”, en los comicios presidenciales fijados para el 17 de agosto de este año.

Carlos Mesa

“Carlos Mesa ha mostrado su talante de hombre de Estado y su capacidad para entender los desafíos del presente. Su renuncia a candidatear en estas elecciones muestra que la unidad que estamos construyendo no es ‘un saludo a la bandera’, sino una realidad cimentada sobre la capacidad de sacrificio y sobre la lucidez de los participantes”, agregó el opositor.

Mesa comunicó su decisión a través de redes sociales. Apenas publicado su video, el expresidente Quiroga eligió al además líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC).

“Un historiador extraordinario. Un periodista excepcional. Un orador impresionante. Un hombre de estado. Un político que nos liberó del autócrata. Con orgullo voté por @carlosdmesag dos veces”, publicó Quiroga en sus redes sociales.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que la protesta pacífica es un derecho fundamental y no debe ser objeto de judicialización en Bolivia. Esta declaración surge tras la evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) de derechos humanos, donde se recibieron recomendaciones relacionadas con la protección de la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Consultado en La Razón Radio sobre si dentro de las recomendaciones está asegurar el derecho a tener reuniones, a manifestaciones y el derecho a la protesta, Callisaya respondió:

“No podemos ingresar a una etapa de judicialización de la protesta, porque la protesta, reiteramos en la medida en que sea pacífica, es manifestación de esta libertad de expresión, que es parte del ejercicio de un derecho en un sistema democrático”, dijo.

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Explicó que dentro de las recomendaciones que le hicieron a Bolivia en el marco del EPU, implica fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden para garantizar protestas sin represión, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, dijo que la Defensoría, en un anterior informe, insistió en la importancia de proteger la protesta “en términos pacíficos y no alterar o limitar el derecho de terceros”.

El martes 21 de enero, Bolivia se sometió a este proceso de evaluación por cuarta vez desde la implementación del mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la última revisión, se hicieron más de 280 recomendaciones al país.