El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, consideró que a la población boliviana “no le gusta” el actual sistema de votación para elegir a las altas autoridades del Órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En su justificación, el titular del TSE recordó la participación de la población en las elecciones judiciales del 16 de octubre de 2011 y el 3 de diciembre de 2017.

Elecciones judiciales

“Si nos ponemos a observar los resultados que se obtuvieron en las dos primeras elecciones, en los años 2011 y 2017, podríamos, así como una primera mirada, sacar una conclusión: A los ciudadanos y ciudadanas bolivianas no les gusta este sistema de elección de jueces”, dijo Hassenteufel en la inauguración de un foro con las misiones de observación de los comicios fijados para el 15 de diciembre.

“En la primera elección de 2011 el voto blanco y nulo llegó en cifras redondas a un 57% y en la segunda oportunidad de 2017 este porcentaje se incrementó. Los votos blancos y nulos llegaron al 65%”, añadió.

Óscar Hassenteufel

Hassenteufel, atribuyó la cantidad mayoritaria de votos blancos y nulos a una decisión “voluntaria” de la ciudadanía, como muestra de “protesta y de descontento” por el sistema de designación”.

A pocos dos días de las elecciones judiciales, varios sectores afirmaron que “no conoce” a los candidatos para los tribunales del Constitucional Plurinacional (TCP) Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.

Consideran que no hubo una difusión masiva de los méritos de postulantes y que ello genera “incertidumbre” al momento de votar.

El presidente de la Cámara de Diputados, el arcista Omar Yujra, desafió a su par de Senadores, Andrónico Rodríguez –del evismo–, a debatir el contenido del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 “de cara al pueblo”.

“Compartimos tu preocupación sobre el PGE 2025. Sabiendo que los últimos años nosotros aprobamos el PGE en beneficio del pueblo. Si hay dudas al respecto, te invitamos —de cara al pueblo— a debatir, por el medio que tú elijas, los alcances y bondades del presupuesto, como también los créditos que hace meses están bloqueados en el Senado, para poder explicarle a la ciudadanía su importancia”, publicó Yujra en sus redes sociales.

Omar Yujra

El PGE 2025 causó revuelo en la arena política, pues legisladores opositores y los evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) observaron el destino de recursos.

Incluso, el jueves, en la sesión del pleno de la Cámara Alta, los senadores aprobaron una minuta de comunicación que recomienda a la ministra de la Presidencia y al ministro de Economía ejecutar únicamente el gasto público del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

Hay “urgencia” por el debate y la aprobación de ese proyecto de ley, pues el receso legislativo se acerca y, de no aprobarse en el pleno bicameral de la Asamblea Legislativa, entra en vigencia a partir del 1 de enero.

PGE 2025

“La intransigencia y el bloqueo que existe de parte de algunos asambleístas con intereses políticos no ayudarán a resolver las necesidades de la gente, solo el diálogo sincero y constructivo será el camino indicado para encontrar la solución, que el pueblo espera de nosotros”, agregó Yujra en su publicación.

Yujra conoce bien del tema, pues en el anterior periodo legislativo fue presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de Diputados.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, dijo que la elección judicial parcial de este domingo “no es la mejor, pero es lo que hay»

Hassenteufel hizo ese comentario en el acto de inauguración de un foro con las misiones de observación de los comicios fijados para el 15 de diciembre.

“Esta elección, estamos convencidos de que no es la mejor, pero eso es lo que tenemos, eso es lo que podemos hacer y tenemos que hacerlo”, dijo la autoridad electoral.

Elecciones judiciales

Previstas inicialmente para 2023, las elecciones judiciales recorrieron un largo camino, en el que enfrentó recursos judiciales que buscaba su paralización, acuerdos políticos cumplidos parcialmente y hasta denuncias de “maletas negras”, para lograr que se concreten.

El último escollo fue la Sentencia Constitucional 0770/2024S-4, que declaró la elección “parcial” para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por el que se votará en siete de los nueve departamentos y para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que se realizará en cuatro regiones.

“El ciudadano verá el día domingo (15 de diciembre) cuál va a ser su decisión, pero confiamos en que esta vez el voto sea positivo, que no haya un índice tan alto de votos blancos y nulos, porque eso les resta legitimidad a los electos”, reflexionó.

Óscar Hassenteufel

Además, Hassenteufel dijo que “es necesario que los magistrados y consejeros que resulten electos en esta votación cuenten con un “respaldo popular suficientemente grande”.

Hay expectativa por estas elecciones judiciales luego de que el TCP emitió la declaración Constitucional 049/2023, en la que prorrogó el mandato constitucional de los magistrados y consejeros electos en 2017 hasta que se elijan y posesionen a sus sucesores.

El periodo previsto en la Constitución Política del Estado (CPE) para esos cargos es de seis años.

A dos días de las elecciones judiciales, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, confirmó que se iniciarán procesos sumarios y disciplinarios contra los funcionarios públicos que promovieron campañas en el marco de las elecciones judiciales.

Pese a la prohibición, en algunos departamentos se han evidenciado campañas electorales, donde vehículos y pancartas promovían abiertamente a ciertos postulantes.

Incluso, la diputada suplente de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero hizo pública una lista con los nombres de varios juristas, supuestamente vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) para evitar que la población vote por ellos.

La legisladora informó, a través de sus redes sociales, que “se logró” culminar la elaboración de un listado denominado “listas azules”, en las que se revelan y denuncian supuestos nexos y cercanía de varios candidatos participantes de las judiciales.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Vargas, explicó que, según la normativa vigente, estas acciones contravienen los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regir durante un proceso electoral.

“El Órgano Electoral es el garante de la democracia y no puede permitir que se vulneren las normas. Hemos identificado casos de promoción indebida y tomaremos medidas contundentes para sancionar a los responsables”, aseguró Vargas.

Además de las acciones disciplinarias contra funcionarios, Vargas reiteró que los ciudadanos que incumplan sus deberes electorales también enfrentarán sanciones económicas y restricciones administrativas.

Recordó que quienes no voten deberán pagar una multa de Bs 500, equivalente al 20% del salario mínimo nacional, y estarán impedidos de realizar trámites en entidades financieras, obtener pasaportes o acceder a cargos públicos.

El vicepresidente aseguró que el TSE ha trabajado “incansablemente” para garantizar un proceso electoral transparente, a pesar de las dificultades y los retrasos que han afectado la organización de estas elecciones judiciales.

Señaló que cualquier intento de manipulación o sesgo en el proceso será investigado y sancionado conforme a la ley.

Lea: Campañas prohibidas y sanciones a candidatos: la advertencia del Tribunal Electoral

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, expresó su preocupación por el retraso en la aprobación de la Ley de Redistribución de Escaños, un instrumento esencial para el proceso electoral de 2025.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Vargas, aseguró que la Asamblea Legislativa debe tratar el proyecto de ley hasta la primera quincena de enero.

En su criterio, el retraso parlamentario podría impactar negativamente el cronograma del Órgano Electoral y reducir los plazos técnicos necesarios para la delimitación de circunscripciones uninominales.

Vargas recordó que el crecimiento poblacional reflejado en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2023 exige al TSE redibujar las circunscripciones. Este trabajo requiere no solo los resultados georreferenciados del Censo, sino también el marco legal que define la redistribución de escaños.

“Esperamos que este proyecto sea aprobado en diciembre o a más tardar en la primera quincena de enero. Sin la ley, los plazos técnicos se reducen, afectando el trabajo de campo que deben realizar nuestros equipos técnicos y los tribunales departamentales”, advirtió.

El vicepresidente aseguró que el proceso de delimitación está programado para el primer trimestre de 2025, pero la falta de aprobación legislativa podría poner en riesgo la planificación electoral.

Por último, reiteró la necesidad de actuar con celeridad para garantizar un proceso electoral que cumpla con las disposiciones de la Constitución Política del Estado y responda a las demandas de la población.

Con el receso legislativo programado para el 22 de diciembre, el tiempo se convierte en un factor crítico para evitar posibles inconvenientes en la organización de las elecciones presidenciales de 2025.