La reunión entre el Gobierno y la Federación de Gremiales del Sur de El Alto concluyó este jueves sin ningún acuerdo sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 sobre decomisos.

El sector se mantiene en emergencia y anuncia un nuevo encuentro la próxima semana.

“No hemos quedado en nada, no se ha firmado ningún documento, nosotros también vamos a llevar a las bases para hacer conocer esta situación en un ampliado; seguimos en estado de emergencia”, declaró el dirigente Luis Paco en una improvisada conferencia de prensa.

Asimismo, explicó que el sector pide que se elimine a los gremiales de esa disposición, pues “hay que separar las cosas entre la familia gremial y las otras personas que puedan estar metidos en el ilícito” por acopio o desvío de productos.

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Gremiales

Indicó que se determinó que volverán a reunirse el 23 de enero con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y otras autoridades. En el encuentro de este jueves participaron los ministros de Justicia y de Desarrollo Productivo.

Los gremiales, al igual que otros sectores, piden la eliminación de la disposición séptima del PGE 2025 pues consideran que les decomisarán sus productos.

“Seguimos en estado de emergencia tenemos que hacer conocer a nuestros secretarios generales, se ha quedado en cuarto intermedio. Ellos (las autoridades) ya conocían nuestro pliego; pero lo están dilatando”, añadió.

La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Esta semana, un ampliado nacional de los gremiales, realizado en los departamentos capitales del país, decidió otorgar un plazo al Gobierno hasta el 31 de enero para derogar la disposición adicional séptima del PGE.

El gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, sugirió este jueves al Gobierno trabajar para trazar la ruta de la producción nacional para evitar la salida de productos de contrabando.

“El esfuerzo está más por el lado de generar un adecuado nivel de trazabilidad para ver cómo; quiénes compran volúmenes grandes y no los llevan al mercado local para su expendio; probablemente están desviando parte de estos productos al contrabando. Entonces es una alternativa”, sostuvo el ejecutivo en Unitel.

La sugerencia se da en medio de la polémica por la disposición séptima del Presupuesto General de la Nacional (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos.

Asimismo, Olguín dijo que las empresas productoras, exportadores y formales entregan información al Gobierno sobre sus ventas mediante un reporte de libro de ventas; y recién se realizó la trazabilidad para el abastecimiento de aceite, producto que incrementó su costo y “desapareció” de los mercados y se verificó que era sacado del país ilegalmente.

El ejecutivo dijo que ese procedimiento se puede extender a otros productos que salen ilegalmente por las fronteras.

“Ahora con el tema del tipo de cambio paralelo y con el debilitamiento del poder adquisitivo del boliviano, el producto boliviano se ha hecho mucho más barato para nuestros países vecinos”, agregó.

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Contrabando

Respecto a la disposición séptima, indicó que genera intranquilidad en el sector productivo por lo que exhortó al Gobierno a revisarla.

Varios sectores, gremiales, empresarios y productores, observan la disposición y argumentan que puede provocar la interrupción del aparato productivo.

La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

El Ministerio Pública investiga a cinco funcionarios de Derechos Reales (DDRR) de Santa Cruz y un civil, implicados en hechos de corrupción y el supuesto desvío de Bs 2 millones por concepto de trámites.

“Se han emitido citaciones, estamos hablando de un juez, registradores de Derechos Reales, de supervisor, asesor, registradora, como así también dos funcionarias y particulares”, informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

La investigación se abrió por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, además de manipulación informática.

El Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) de la Policía Boliviana, allanó las oficinas de DDRR tras detectar irregularidades sobre la manipulación informática.

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Derechos Reales

En el operativo, realizado en las últimas horas, se incautó documentos y archivos digitales relacionados con trámites irregulares de inscripción. Además del pago económico de bienes inmuebles, que estarían desviados a cuentas privadas.

El Ministerio Público emitió citaciones a declarar para el viernes 17 de enero y otros declararán el próximo lunes 20 de enero.

Según la investigación preliminar, existen presuntas irregularidades en trámites de valorados y emisiones de certificaciones, entre otras. Se presume la existencia de una red de corrupción al interior de DDRR.

“Realizan ciertas inscripciones de gravámenes hipotecarios, u otra clase de trámites que se ventilan, con relación a cada uno de los bienes objeto en este caso de cancelaciones en estas oficinas. Se ha detectado aparentemente ciertas irregularidades con relación al cobro de dichos montos”, señaló el fiscal.

Se presume la existencia de una red interna que operaba desviando montos de trámites hacia cuentas privadas de altos funcionarios.

La Fiscalía no descarta realizar nuevos operativos a otras oficinas públicas e incluso a inmuebles particulares de los investigados en este caso.

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) llevará 10.000 toneladas de arroz, además de aceite, azúcar, fideo y otros productos de la canasta familiar a 86 municipios del departamento de La Paz, informó este jueves el gerente de la estatal, Franklin Flores.

Asimismo, la autoridad indicó que se visitará al menos 10 municipios por día, para lo cual la estatal alista un cronograma y logística.

“Desde la siguiente semana Emapa, por instrucción del presidente Luis Arce y coordinación con las organizaciones sociales, la Federación Única Departamental de La Paz Tupac Katari, se va a constituir en 86 municipios de La Paz. Nosotros vamos a visitar con los productos de la canasta familiar; el aceite, el azúcar, el arroz, el fideo y otros productos que van a demandar nuestros hermanos”, indicó a los medios de comunicación.

Además, Flores garantizó que se continuará atendiendo y distribuyendo alimentos en las ciudades capitales, pues el objetivo del Gobierno es abastecer a los “sectores más vulnerables y más lejanos de La Paz”.

“Nosotros tenemos ahorita hasta 10.000 toneladas de arroz que se están procesando y ese volumen vamos a distribuir en este momento a los diferentes municipios que tiene nuestro departamento”, dijo.

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Arroz

Hace unas semanas, el Gobierno dijo que semanalmente, las ferias Del Campo a la olla comercializarán 500 quintales de arroz en diferentes regiones del país.

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, confirmó que esta medida es parte de los acuerdos del Gobierno y los ingenios arroceros del país.

Durante los últimos meses del año pasado, el precio del arroz se disparó y el quintal, de menor calidad, cuesta entre Bs 410 y Bs 500. Además, el producto desapareció de los mercados e incluso se terminó en las tiendas de la estatal Emapa.

Justamente este viernes, la quinta versión de la feria Del campo a la olla se instalará en la ciudad de Sucre, en Chuquisaca.

El evento se realizará desde las 8.30 en el Parque Multipropósito. Estarán presentes productores de los diferentes municipios de Chuquisaca; ofertando papa, choclo, hortalizas y otros; además de productos derivados, como dulces, yogures y licores tradicionales.

Los $us 2.000 millones de inversión que serán ejecutados a través de los contratos de litio serán invertidos de manera directa en el departamento de Potosí, una vez que sean aprobados en la Asamblea Legislativa, afirmó el presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón.

“Aprobados estos contratos en la Asamblea, inmediatamente van a ingresar las inversiones; inmediatamente se van a realizar las construcciones y va a existir un movimiento económico fuerte e importante para la región y el país”, afirmó Alarcón; según una nota institucional.

La autoridad refirió que las inversiones generarán un importante movimiento económico en el departamento con la contratación de personal local, demanda de servicios de alimentación; logística, hotelería, además de un crecimiento en la infraestructura como caminos de acceso y energía eléctrica.

Entre otros beneficios, está la transferencia tecnológica desarrollada por las dos empresas; que explotarán el litio en el Salar de Uyuni al personal boliviano. 

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Litio

Asimismo, Alarcón dijo también que los contratos garantizan las regalías para el departamento potosino; e incluyen cláusulas que disponen su adecuación a la nueva normativa que dispongan otro porcentaje de regalías.

Entre septiembre de 2023, YLB firmó el contrato de sociedad accidental con la empresa Uranium One Group (Rusia); para la implementación de una planta de hasta 14.000 toneladas de carbonato de litio grado batería.

En noviembre del mismo año, se firmó el contrato de servicios con la empresa CBC investment Limited (China); para la instalación de dos plantas industriales; una con capacidad de 10.000 toneladas y otra de 25.000 toneladas, en Salar de Uyuni.

Ambos contratos se remitieron a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

El 8 de enero, el Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados dio luz verde a los dos contratos; y los remitió a la presidencia para que sean analizados por el pleno.