En medio de la situación de especulación, desabastecimiento y escasez, el gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, aseguró que pronto el Estado producirá su propio aceite refinado, una vez concluya la planta procesadora de subproductos de soya en Santa Cruz.

“Queremos manifestar y dar una noticia absolutamente importante: por nuestra industria, nuestra empresa, el Estado boliviano va a tener su propia aceitera. Por tanto, ya estamos a semanas de la conclusión final de nuestra empresa, donde procesaremos aceite refinado y lo distribuiremos a través diferentes presentaciones”, afirmó Flores en rueda de prensa.

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Planta

La planta se ubica en el municipio de San Julián y requirió una inversión de Bs 422 millones. Pese a que su conclusión estaba prevista para este año, el Gobierno aseguró que se la entregará durante el Bicentenario, en 2025, aunque sin una fecha oficial.

Se prevé que la planta de soya procese cerca de 200 toneladas de aceite comestible al día, junto a otros productos derivados de la legumbre, como harina de soya, cascarilla de soya y aceite crudo.

Este viernes, en un supermercado de Emapa en La Paz, los compradores manifestaron su molestia debido a que no pudieron encontrar aceite. Inclusive, llegaron a agredirse entre ellos.

Aceite

El Gobierno protesta porque las industrias oleaginosas de Santa Cruz poseen un monopolio en la producción y venta de aceite, lo que genera que el mercado se vuelva vulnerable a sus decisiones y acciones.

De acuerdo con el oficialismo, la razón por las que escasea el producto es debido a que los aceiteros priorizaron la venta al mercado exterior antes de garantizar el abastecimiento interno.

Por ello, se tomó la medida de suspender, temporalmente, las exportaciones de aceite, hasta que la distribución se normalice y los precios se regularicen.

Con el objetivo de llevar el producto a un precio justo a las familias, Emapa comercializará 100 toneladas de aceite en La Paz, a un costo de Bs 13,50 el litro, a partir de la próxima semana.

Debido a que el Gobierno ratificó mantener la suspensión de las exportaciones del aceite comestible, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) advirtió que la medida no es un ‘juego’, pues podría generar pérdidas de mercados y desconfianza en la producción nacional.

“Están incumpliendo contratos, pérdidas de clientes, castigos onerosos económicos que vienen sobre la espalda de nuestros productores. Con la exportación no se debe jugar. Quien tiene la carga de la responsabilidad no es el industrial, no es el empresario, es el Estado”, afirmó Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, en conferencia de prensa.

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Aceite

Más allá de la afectación a las industrias aceiteras, Rodríguez sostuvo que la medida genera “una pérdida en la imagen del país”. En su criterio, el hecho de haber suspendido las exportaciones mermará la confianza en la industria boliviana.

El Gobierno, por su parte, insiste en que la suspensión de las ventas de aceite al mercado externo es para garantizar el abastecimiento interno del producto a precios justos.

El gerente del IBCE ratificó que todo el país está de acuerdo con que se priorice el abastecimiento. Sin embargo, señaló que esa es responsabilidad del Estado y no se debe responsabilizar al sector privado productor.

Afirmó que problemas como el agio y el acaparamiento de los comerciantes, el contrabando, la especulación de precios en los mercados no dependen de las industrias oleaginosas. “De eso no se tiene que ocupar el sector privado”, protestó.

Por ello, pidió al Gobierno doblar esfuerzos para “perseguir a los contrabandistas”, que, en su criterio, son los causantes del incremento de precios del aceite.

Con el objetivo de frenar esta actividad ilícita, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, anunció que un total de 5.000 efectivos militares resguardarán las zonas fronterizas para evitar que el aceite, y otros productos alimenticios, salgan a países vecinos.

Luego de la emisión del Decreto Supremo 5218, en septiembre, 27 empresas privadas realizan la importación directa de combustibles para el consumo propio, para no depender de los carburantes de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB.)

“Hasta la fecha, se ha podido autorizar a 27 empresas para realizar la importación para consumo propio”, informó este viernes, Joel Callaú, gerente de Comercialización de YPFB.

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Empresas

Si bien la importación para el consumo estaba permitida desde hace varios años, las empresas privadas no recurrían a esta posibilidad debido a que los requisitos eran bastante extensos.

Sin embargo, este año, debido al desabastecimiento y a las irregularidades en la distribución de diésel y gasolina, el Gobierno decidió simplificar los trámites y fomentar la importación.

De acuerdo con Callaú, un total de 50 empresas se encuentra en el proceso para recibir la autorización de comprar combustible en el mercado exterior.

Según explicó, son firmas que se dedican, principalmente, al sector minero y agrícola, los cuales son los más perjudicados cuando se presenta una causante de desabastecimiento, como los bloqueos de carreteras.

Estos sectores no pueden detener sus actividades, por lo que la importación directa permite que tengan otra vía para garantizar el abastecimiento. 

Respecto a las solicitudes para la comercialización de combustibles, opción que está vigente desde el 13 de noviembre, el funcionario de YPFB detalló que hay cinco empresas que se encuentran en una etapa bastante adelantada del proceso.

El jueves se conoció que la empresa Latigid Cinst podría ser la primera habilitada para vender diésel y gasolina a precios no subvencionados.

Callaú destacó el compromiso de YPFB para que el abastecimiento de combustible se normalice en todo el territorio y pidió a los interesados realizar los trámites en las ventanillas únicas en La Paz y en Santa Cruz, donde el proceso no debería durar más de cinco días.

En un esfuerzo por combatir el juego ilegal en el país, la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) intervino 73 casas de juego ilegales y decomisó 464 medios de juego en todo el territorio nacional durante 2024, informó el director ejecutivo de la entidad, Marco Antonio Sánchez.

Según explicó, la mayor parte de las intervenciones se llevaron a cabo en el departamento de Santa Cruz, la región con mayor incidencia de este tipo de actividades ilícitas.

“Continuamos con firmeza en la lucha contra la ilegalidad. En esta línea, hemos intervenido un total de 73 sitios de juego ilegal y hemos decomisado 464 medios de juego”, explicó Sánchez durante una conferencia de prensa este viernes.

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AJ

Uno de los hitos destacados de la gestión fue la intervención de un bingo virtual ilegal, algo que se logró gracias a las denuncias ciudadanas.

“Esta gestión fue la primera vez que se intervino un bingo virtual (…) y se procedió al correspondiente proceso y decomiso de medios de juego”, subrayó el director de la AJ.

Los medios de juego decomisados son destruidos por una empresa recicladora, en cumplimiento de la normativa vigente y con el objetivo de proteger el medio ambiente.

“Hemos firmado un convenio con una empresa recicladora que se encarga de preservar los derechos de la Madre Tierra. El producto final es la exportación de todos estos medios, que son en su mayoría altamente contaminantes”, explicó Sánchez.

Respecto a los juegos de azar autorizados, Sánchez informó que en Bolivia solo existe un casino legalmente habilitado, ubicado en Santa Cruz de la Sierra.

La AJ garantiza la transparencia de sus operaciones mediante controles diarios y en línea de cada transacción o apuesta realizada, con el objetivo de proteger al usuario y prevenir la ludopatía, que es la adicción al juego.

El Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) se incautó de cerca de 15.000 litros de aceite comestible en los últimos meses, principalmente en la frontera con Perú, según informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez.

“En estos últimos meses hemos hecho un comiso aproximado de 15.000 litros de aceite, especialmente la frontera con Perú”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa este viernes.

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Aceite

En criterio del Gobierno, el reciente desabastecimiento del aceite también se explica por el contrabando a la inversa, cuando los mayoristas, comerciantes o productores prefieren vender el producto en los mercados extranjeros a un mayor precio.

El pasado domingo, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, explicó que las ganancias por las ventas en el extranjero son 300% más que en el mercado interno, lo que fomenta el contrabando.

Mientras que el litro de aceite refinado se comercializa en Bs 13, en los países vecinos puede llegar a costar más de Bs 30.

Con el objetivo de fortalecer la lucha contra ese delito, el Gobierno desplegó operativos de control permanentes con efectivos militares en puntos estratégicos como Desaguadero, Charaña, Chagualla, Chua, Puerto Acosta y Tiquina. De acuerdo con Velásquez, son 5.000 efectivos los que se encuentran desplegados en las fronteras.

Los operativos se ejecutan 24 horas al día, los siete días de la semana, con el fin de frenar el contrabando a la inversa.

Desde el 9 de octubre, tras la promulgación del Decreto Supremo 5245, la presencia militar en zonas fronterizas incrementó. Velásquez indicó que es una política del Gobierno aplicar “mano dura contra el contrabando”.

Por ello, el viceministro destacó que desde el Órgano Ejecutivo continuarán con el compromiso para “garantizar el abastecimiento de aceite” en el mercado nacional y combatir el contrabando que afecta la economía y la seguridad alimentaria del país.