La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, desmintió las declaraciones del exembajador ante Naciones Unidas (ONU) Diego Pary, quien señaló que el país perdió su derecho a voto ante la mora en el pago de sus cuotas financieras de los gastos en la organización.

“No hemos perdido (el derecho a voto), estamos haciendo todas las gestiones y negociaciones; esto se va a solucionar. La información que se dio, realmente lo lamento, de quienes lo han hecho. Pero estamos con buena relación con una representación”, indicó Sosa a los medios de Comunicación.

El pasado 12 de marzo, se conoció que Bolivia se encuentra entre los seis estados miembros de la ONU que no pagó una deuda de $us 772.364 correspondiente a las cuotas de dos años al organismo internacional.

En enero, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió una nota en la que recuerda que el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas señala que “el Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos”.

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Añadió que “la Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho Miembro vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancia ajenas a la voluntad de dicho Miembro”.

Pary reveló entonces que una de las razones de su renuncia al cargo fue la deuda ante el organismo. Dijo que, al no pagar esa cuota, no tenía sentido seguir en un organismo donde la participación “está absolutamente limitado”.

Al respecto, Sosa indicó que Bolivia tiene una participación activa en la Comisión de Género del cual ya se tuvo dos eventos a nivel internacional.

“Tenemos una participación activa, porque Bolivia ha sido referente en temas que tienen que ver con la mujer, derechos humanos, madre tierra, los pueblos indígenas y la madre tierra; de verdad una buena reputación en las Naciones Unidas y todos sus organismos”, aseveró.

La Canciller también reiteró que la deuda con la ONU es tema administrativo y que será solucionado.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE,) Nancy Gutiérrez, lamentó este jueves que la Asamblea no apruebe la ley de incorporación de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones nacionales

“Como Tribunal Supremo Electoral estamos decididos a llevar adelante este sistema que desde ya no es vinculante. Yo no sé por qué se hacen tanto problema (los legisladores) y no explican a la población”, cuestionó la vocal electoral a Gigavisión.

El jueves 20, la Cámara de Diputados aprobó la ley del TREP y fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión.

Gutiérrez señaló que “existe” desconfianza dentro de la Asamblea y que no se “les puede conformar con nada”. Incluso, dijo que cuando se explicó esta norma en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, “algunos” legisladores no entendieron el cuerpo de la norma.

“Díganme si han entendido. Por lo menos uno de los diputados que estaba presente no entendió nada, es más, al pleno (de Diputados) creo que ha informado cualquier cosa, menos lo que realmente es el proyecto del TREP”, aseveró.

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Además, mencionó que ve con preocupación el tratamiento de la norma porque ahora los legisladores “dicen no queremos TREP”. “Por fin quieren o no quieren primero. ¿Qué definan eso?”, afirmó.

Pidió definir esa situación, porque si no “retirará» el proyecto de ley.  “Yo presenté (la norma) y si hay que arreglar algo que lo digan, pero que no lo rechacen de esa manera”.

Se trata del proyecto de Ley 414/2024-2025 de “Modificación de la Ley N° 026 de 30 de junio de 2010 del Régimen Electoral Sobre Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares”.

La norma prevé que el mismo día de la votación se pueda conocer los resultados preliminares de los candidatos ganadores y perdedores del proceso electoral del 17 de agosto.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a título personal, ve innecesario que el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, el exministro Carlos Romero y el actual presidente Luis Arce presten su declaración en calidad de testigos en el caso Golpe de Estado I.

“Como ya el proceso está avanzado y está a punto de dictarse sentencia porque faltan pequeños actos procesales, yo no veo necesario, si no han participado en la etapa previa, en la etapa preliminar que se hubiese convocado a estas personas, que lo único que están tratando de hacer es politizar un tema penal en la justicia”, indicó la autoridad.

El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción 6 de La Paz convocó para el lunes 31 de marzo, a las 09.00, a las exautoridades y al actual mandatario al Salón Rosado” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para presentar su declaración en calidad de testigo de descargo ofrecido por Luis Fernando Camacho.

Del Castillo argumentó que todas las partes en este proceso ya propusieron a los testigos correspondientes y si realmente van a aportar “algo” al juicio “es conveniente”.

“Desde mi punto de vista, personal, no como ministro de Gobierno, veo innecesario que vayan a declarar”, señaló el titular de la cartera de Gobierno. 

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Sin embargo, el ministro de Justicia, César Siles, señaló este jueves advirtió que, si Morales no se presenta el lunes a la audiencia de juicio oral, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, se emitirá una orden de aprehensión

“Todos tenemos la obligación de comparecer siempre y cuando seamos convocados a una citación judicial. (Evo) debería de presentarse y claramente el 193 del Código de Procedimiento Penal establece que si no se presenta se va a librar un mandamiento de aprehensión”, indicó.

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

Dentro de este caso se encuentran imputados Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, además de exjefes militares.

Los acusados, en 2019, jugaron un papel particular en la crisis poselectoral devenida de las cuestionadas y suspendidas elecciones generales del 20 de octubre, calificadas como “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ley que establece la obligatoriedad del debate electoral público para los candidatos a los cargos de presidente, vicepresidente, gobernadores, ejecutivo regional y alcaldes, y la remitió a la Cámara de Senadores para su revisión.

La norma, con tres artículos y una disposición transitoria, modifica a la Ley 026 del Régimen Electoral sobre debate electoral público y obligatorio para candidatos a cargos públicos elegibles.

Su finalidad es garantizar que la ciudadanía conozca y analice las propuestas de los diferentes programas de gobierno, contribuyendo a un voto informado.

“Habiéndose aprobado el Proyecto de Ley 112/2024-2025 en sus dos estaciones, en grande y detalle, y siendo la cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, indicó el presidente de esa instancia camaral, Omar Yujra.

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La ley obliga a los candidatos a dar a conocer y debatir las propuestas sobre los programas de gobierno de las organizaciones políticas y, de esa manera, “contribuir al voto informado” hasta los 15 días previos a la fecha de elección.

En caso de una segunda vuelta, los candidatos habilitados también deberán participar en un nuevo debate dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.

Asimismo, la norma establece que los candidatos deben participar de manera presencial y aquellos que incumplan con la obligación de participar incurrirán en una falta electoral, “cuya sanción será una multa pecunaria impuesta por un juez electoral”.

Según la norma, la sanción equivaldrá al costo económico pagado por la transmisión total del debate electoral. Sin embargo, también el candidato o la candidatura que incumpla con la obligación de participar en los debates electorales será sancionado con el retiro inmediato de la pauta publicitaria (cuña, spots y otros) en medios de difusión y masivos.

La propuesta normativa también garantiza la transmisión en vivo del debate, a través de los medios de comunicación estatales, cuyas señales radiales y televisivas serán puestas a disposición de los medios privados para su retransmisión gratuita

El procedimiento será aplicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conforme al reglamento que la entidad electoral emitirá en un plazo de hasta 60 días calendario, a partir de la publicación de la ley.

En noviembre de 2024, el TSE remitió a la Asamblea el proyecto de ley para que el debate electoral sea público y obligatorio en los futuros procesos electorales.

El ministro de Justicia, César Siles, señaló este jueves que el expresidente Evo Morales está obligado a presentarse a testificar a requerimiento de la justicia, sin embargo, advirtió que, si no lo hace, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, se emitirá una orden de aprehensión

“Todos tenemos la obligación de comparecer siempre y cuando seamos convocados a una citación judicial. (Evo) debería de presentarse y claramente el artículo 193 del Código de Procedimiento Penal establece que si no se presenta se va a librar un mandamiento de aprehensión”, indicó.

Siles reiteró que quien no comparece a una citación judicial “sabe” las consecuencias legales de su incomparecencia.

El martes se conoció que el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción 6 de La Paz convocó, para el lunes 31 de marzo, al expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García, al exministro de Gobierno, Carlos Romero y al actual presidente Luis Arce para que brinden su declaración en calidad de testigos por el caso Golpe de Estado I.

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Sobre la convocatoria al mandatario, Siles indicó que independientemente de la investidura y del cargo que ostenta, toda persona tiene la obligación de comparecer a una citación judicial.

Además, señaló que una vez que esas órdenes sean formalmente notificadas, el mandatario va a tener que comparecer ante la justicia. “Lo van a hacer”. Sin embargo, aclaró que el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal señala que en caso de citar al Presidente y Vicepresidente tienen tres posibilidades.

“(Ello pueden) prestar su declaración en su domicilio, en sus oficinas de trabajo o prestar su declaración por escrito”, afirmó.

El Ministro recordó que el Presidente y Vicepresidente declararon en el caso golpe de Estado III por escrito.

En tanto, el abogado Wilfredo Chávez, defensa de Morales, señaló el martes que aún no fueron notificados, por lo que ve poco probable que el líder cocalero salga del Trópico de Cochabamba.