El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo este miércoles que las elecciones judiciales parciales de este domingo son un “antecedente negativo” que encaminarán a una crisis institucional profunda en el país.

“Es algo inédito sin duda y es un antecedente muy negativo para nuestro país. Lo habíamos advertido al finalizar la gestión 2023, si los magistrados actuales se van a extender su mandato con una simple declaración constitucional, sin duda vamos a encaminar a nuestro país hacia una crisis profunda, profunda en términos de institucionalidad», afirmó el legislador en una entrevista con radio Kawsachun Coca.

Añadió que “prácticamente” en materia constitucional “estamos desordenados” y existe una desinstitucionalización total de las salas constitucionales, ya que estas pueden interpretar “a su gusto” las sentencias que, en su criterio, son “totalmente ilegales e inconstitucionales”.

“Desde su óptica tal parece que están haciendo bien, pero lamentablemente estamos socavando la institucionalidad del país y esto va a encaminar a futuro hacia una reforma, pero radical en tema de materia de justicia en el país”.

El 4 de noviembre, se conoció la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 que declaró desiertas las elecciones para el TSJ en los departamentos de Beni y Pando y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

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Y a través del Auto Constitucional 0084/2024-ECA, emitido el 13 de noviembre por la Sala Cuarta del TCP, se dispuso la prosecución del proceso electoral para el Consejo de la Magistratura (CM), Tribunal Agroambiental (TA), y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

También la elección para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solo en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí. 

Rodríguez Indicó que el objetivo del Senado era que se lleve adelante las elecciones totales y no parciales, hecho que calificó de “singular” porque no existe un antecedente para que se tome en cuenta de que, anteriormente, se haya registrado otra “similar situación”. 

Lamentó que esta situación se haya generado de manera unilateral y política desde el Gobierno, tras la decisión de la elección parcial desde el Tribunal Constitucional. 

“Nos apena esta decisión que el Órgano Ejecutivo haya avalado a esta decisión del Tribunal Constitucional y posteriormente al Órgano Electoral” (sic).

El titular del Senado señaló que, en los casi 10 meses de preselección, se vino insistiendo desde la Cámara de Senadores sobre las acciones de defensa, que llegaron a 40.

“Han venido obstaculizando el normal desarrollo de las sesiones de las comisiones mixtas, no se pudo concretar primero la ley para la convocatoria y posteriormente en el tema de la preselección una tras otra complicación que se ha generado de manera muy dirigida por algunos diputados que responden al Gobierno central”.

El 15 de diciembre, 7.333.933 habilitados acudirán a las urnas a emitir su voto a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de manera parcial.

Tras el encuentro con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, informó este miércoles que el domingo 15, día de la elección parcial de las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se desplegarán comisiones en los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz.

“Tenemos el mandato de tener una observación integral, no solo el proceso electoral que vamos a observar el domingo, sino también el proceso de selección previo que determinó las candidaturas que hoy el pueblo boliviano va a definir y cuáles va a definir”, dijo Lanza.

Además, añadió que se observará los aspectos de escrutinio, la tecnología electoral que se aplicará, así como la participación de las mujeres en este proceso, esto relacionado a la igualdad de participación.

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La Misión de la OEA inició el lunes su trabajo en el país y está compuesta por 17 especialistas y observadores de 10 países.

Desde el martes, la misión inició una serie de reuniones con los órganos Ejecutivo, Legislativo, Electoral, la Fiscalía General del Estado, TCP. Asimismo, se prevé reuniones con candidatos a los cuatro órganos judiciales, miembros de la academia y de la sociedad civil, así como líderes políticos para conocer sobre el proceso electoral en el país.

Respecto al proceso electoral judicial, el jefe de misión calificó de “sui generis” (singular y excepcional), debido a que hasta ahora “solo Bolivia” desarrolló este tipo de elección popular para estas autoridades de justicia.

“Son aspectos que vamos a observar y reportar en el informe final, que también va a contener una serie de recomendaciones”.

Esta es la tercera elección de Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional observada por la OEA, y la vigésima segunda elección que la Organización observa en Bolivia.

Tal como estaba previsto, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió este miércoles con el presidente de la Cámara de Diputados, el Fiscal General del Estado, las salas plenas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Roger Mariaca, fiscal general, aseguró —en la reunión virtual— que el Ministerio Público trabajará de manera normal durante la jornada electoral con la finalidad de atender cualquier hecho delictivo en el proceso eleccionario que pudiera presentarse en el territorio nacional.

“El Ministerio Público debe cumplir su misión constitucional de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal pública, más aún en jornadas tan importantes para la democracia y la justicia boliviana como son las elecciones judiciales”, sostuvo durante la reunión.

Añadió que el desarrollo de las judiciales tendrá especial atención antes, durante y después del proceso electoral, desplegando brigadas de atención permanente y actuación inmediata ante la noticia de hechos delictivos.

En tanto, desde la Cámara de Diputados informaron que Omar Yujra, titular de esa instancia legislativa, tuvo un encuentro con Edison Lanza y la delegación que llegó a Bolivia, en el que intercambiaron ideas y criterios respecto al proceso electoral judicial.

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También, desde el TSE señalaron que en el encuentro de sala plena con el jefe de la misión y la comitiva extranjera hubo “el compromiso institucional de transparentar las elecciones judiciales 2024 ante la ciudadanía y la comunidad internacional”.

Sin dar muchos detales, la OEA informó que la delegación se reunió con miembros del pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional de manera virtual.

La OEA indicó que el TCP compartió con la misión “sobre las elecciones judiciales 2024 del domingo”.

El miércoles, el presidente Luis Arce informó también del encuentro con la delegación de la OEA e indicó que se reafirmó el compromiso del Estado de proporcionar “todas” las garantías necesarias para que la misión lleve a cabo su trabajo “con éxito y sin inconvenientes”.

La misión que está compuesta por 17 especialistas y observadores de 10 países inició el lunes su trabajo en el país de cara a los comicios del domingo 15 de diciembre.

Durante el proceso analizarán temas relacionados con organización y tecnología electoral, justicia electoral, judicatura, y participación política de las mujeres.

Al término de su observación, la misión presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones de cara al fortalecimiento de los procesos electorales en Bolivia.

Esta es la tercera elección de Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional observada por la OEA, y la vigésima segunda elección que la Organización observa en Bolivia.

El domingo 15, más de 7,3 millones habilitados acudirán a las urnas para elegirán a los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y TCP de manera parcial.

En un momento político complicado y electoralizado, el senador Guillermo Seoane, jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado, afirmó que hasta fin de año se consolidará un frente único de oposición.

Según el legislador, este bloque busca presentar una alternativa sólida y cohesionada al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2025.

“Estamos trabajando para que el país reciba una noticia esperanzadora de unidad en la oposición”, aseguró Seoane, en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Pese a la constante demanda de renovación, el senador reconoció que no ha emergido un “outsider” político que convenza a los bolivianos y represente un liderazgo joven. Sin embargo, Seoane enfatizó que la edad no debería ser el único criterio para evaluar a los candidatos.

“La política boliviana ha sido históricamente conservadora en este aspecto. Los líderes con experiencia y conocimiento profundo del país son quienes han predominado,” explicó.

Por ello, su alianza optó por un frente único compuesto por distintos actores para presentarse a las elecciones generales.

Según su planteamiento, el proceso de unión de la oposición incluye reuniones permanentes y propuestas como elecciones primarias abiertas para seleccionar al candidato presidencial. En este esquema, quien gane por un voto deberá contar con el respaldo incondicional de todos los integrantes del frente.

Seoane aseguró que la estrategia de unidad es fundamental frente a un MAS que, aunque aún relevante, parece atravesar un declive tras casi 20 años de dominio. “El ciclo político del MAS está entrando en una crisis, como ocurre con cualquier modelo que se extiende más allá de dos décadas”.

No obstante, para Seoane, el expresidente Carlos Mesa sigue siendo un referente por su trayectoria como periodista e historiador. Resaltó que Mesa ha sido un pilar en el diseño de políticas que abordan tanto la realidad nacional como las tensiones entre Oriente y Occidente, y entre el ámbito urbano y rural.

“Carlos Mesa evitó una crisis en 2005, impulsó la transición y logró hitos inéditos en la oposición, como el 36% en las elecciones de 2019 pese al fraude.”

Mesa renunció a su cargo como presidente de transición en 2005.

El expresidente ya había adelantado de resignar su candidatura en caso de lograr la unidad de la oposición con miras a las elecciones del 17 de agosto de 2025.

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Luego de una reunión con los alcaldes del Trópico de Cochabamba y el Gobierno, se acordó que la Policía Boliviana regresará a la región a partir del 16 de diciembre.

Además, el acuerdo incluye la restitución de las tareas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y entidades financieras.

Habrá un acto de desagravio previo.

“A partir del día 16 de diciembre, la Policía Boliviana reanuda sus labores en el Trópico de Cochabamba para lo cual realizaremos un acto de desagravio, fortaleciendo así la coordinación entre la Policía y la mancomunidad”, dijo el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que el acuerdo con las alcaldías del Trópico incluye otros cuatro puntos.

El segundo punto establece el mantenimiento de las “estructuras” policiales, para las que, además, se gestionará la transferencia del derecho propietario a nombre de la Policía Boliviana.

Otro de los acuerdos fue el mantenimiento de los vehículos y motocicletas de la Policía Boliviana desplegada en esa región “en función al presupuesto de los municipios”.

El cuarto punto contempla el incremento de efectivos policiales para los municipios del Trópico con base en un “diagnóstico situacional”.

Finalmente, el quinto punto establece el compromiso del Ministerio de Gobierno de realizar gestiones para que el Segip y las entidades bancarias reanuden sus funciones en esa región.

En la reunión también participó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, que destacó los alcances de las conversaciones con las autoridades regionales del Trópico.

Por su parte, el presidente de la mancomunidad de municipios del Trópico de Cochabamba, Limber Cossío, destacó la predisposición de los viceministros para garantizar el resguardo policial en esa región cochabambina.

“Esperemos que los acuerdos sean en beneficio de los habitantes del Trópico. La Policía volverá a la región del Trópico de acuerdo a la Constitución Política del Estado a resguardar y brindar seguridad y garantías a la población y se normalizará servicios del Segip y del sistema bancario”, celebró en la misma conferencia de prensa.

El 29 de octubre, la Policía determinó el repliegue de los efectivos por falta de garantías, en medio del bloqueo evista de 24 días.

En varias jornadas de esa protesta los bloqueadores, afines a Evo Morales, se enfrentaron con los efectivos policiales. Utilizaron piedras, petardos, dinamita, bombas molotov y hasta trampas cazabobos contra los efectivos, cuando intentaban despejar las carreteras.

Los hechos más violentos ocurrieron en la localidad de Parotani, Cochabamba y Mairana, Santa Cruz.

La anterior semana, la alcaldesa de Villa Tunari, Segundina Orellana, dijo que la Policía tiene la “obligación” de volver al Trópico.

En la misma línea el sector hotelero pidió a la Policía retornar a esa región ante la “inseguridad” que genera su ausencia.

Ante esa situación, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que, si los alcaldes del Trópico de Cochabamba quieren de vuelta a los efectivos policiales, deben, primero, garantizar su trabajo. Pero, además, “darles condiciones” para el ejercicio de sus funciones.