Este martes, mediante un comunicado, la Cámara de Diputados anunció la entrega de nuevos celulares para todos los legisladores de esta cámara, titulares y suplentes.

“A partir de la fecha, se llevará a cabo la entrega de los nuevos equipos celulares modelo A55 5G”, indica el documento firmado por Cesar Ayaviri, director de informática de Diputados.

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Samsung A55 5G

El comunicado indica que se trata del modelo Samsung A55 5G, cuyo precio de mercado en nuestro país supera los Bs 3.000. Cada diputado deberá apersonarse con sus respectivos documentos para recibir su aparato.

Este hecho despertó varias críticas negativas entre los diputados, pues consideran que el país atraviesa una crisis económica.

“Hay que tener un poco de empatía con la situación económica del país, creo yo. Hay diputados que creen que no es un gasto dispendioso que esto significa básicamente monedas, que al erario público no le afecta nada un celular, pero yo no pienso eso”, afirmó José Ormachea, diputado de Comunidad Ciudadana (CC). Informó que no recogerá el suyo.

El diputado de la misma alianza, Alberto Arispe, calificó de ‘innecesaria’ la medida, debido a que, afirma, todos los diputados cuentan con sus celulares personales.

Renan Cabezas, asambleísta del ala evista, también criticó la medida y la calificó de ser un ‘gasto insulso’.

Por su parte, los legisladores arcistas, Juan José Jauregui y Jerges Mercado, normalizaron la situación; alegaron que reciben teléfonos celulares cada año, que posteriormente devuelven, principalmente para el tema de reuniones virtuales.

En contra parte, de acuerdo al senador evista Roberto Padilla, en la Cámara de Senadores no reciben nuevos aparatos desde hace dos años. Asimismo, recalcó la mala relación entre el Senado y el Gobierno, por lo que duda que los ‘premien’ con nuevos teléfonos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) conminó a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas a abrir una cuenta bancaria a su nombre para que los militantes, simpatizantes, invitados puedan depositar todas las contribuciones y donaciones.

“Las organizaciones políticas tienen plazo hasta el 31 de julio de 2024 para cumplir su obligación de abrir una cuenta bancaria a nombre del partido o agrupación ciudadana en cualquier entidad financiera del país que esté regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi)”, señala el comunicado del TSE.

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Añade que la cuenta bancaria debe estar a nombre de la organización política y debe ser solidaria y mancomunida para depositar todas las contribuciones y donaciones de los militantes, invitados y miembros del frente. 

De acuerdo con la nota institucional del TSE, una vez abierta la cuenta bancaria, deberá ser presentada al TSE o al Tribunal Electoral Departamental que corresponda.

Entre los requisitos para la apertura de la cuenta bancaria, los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deben obtener previamente su Número de Identificación Tributaria (NIT) y/o modificación en el Padrón Biométrico Digital (PBD-11).

Las dudas en torno a los sucesos del 26 de junio, cuando el excomandante Juan José Zúñiga protagonizó una ‘intentona de golpe de Estado’, deben ser esclarecidas con investigaciones internacionales, para mayor transparencia, afirmó el senador evista Leonardo Loza.

“Estamos en nuestra obligación y responsabilidad constitucional. Hemos enviado no solo peticiones de informe, sino todo lo que nos encomienda nuestro reglamento y Constitución (…), estoy planteando que no solo se pueda investigar a nivel local, sino que puedan venir algunos organismos internacionales”, explicó el legislador.

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Autogolpe

El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderada por el expresidente Evo Morales, sostiene que los sucesos del 26 de junio fueron un ‘autogolpe’.

Inclusive, el exmandatario pidió disculpas a la comunidad internacional, debido a que la mayoría de los países de la región mandaron su apoyo y solidaridad a la gestión del presidente Luis Arce.

Asimismo, el gobierno de Argentina, presidido por el ultraderechista Javier Milei, calificó como una ‘farsa’ a los sucesos del pasado miércoles.

En tanto, la oposición agradeció la postura del presidente argentino y sostienen que se trató de un ‘teatro armado’.

“Estoy segurísimo, no nos van a dar importancia, porque los ministros no quieren transparentar”, criticó Loza.

El Gobierno rechazó rápidamente las versiones del ‘autogolpe’ y apuntaron que poner en entredicho lo sucedido es atentar contra la democracia. Inclusive, el presidente Arce pidió a Morales que deje de lado esa ‘versión fascista’ de lo ocurrido.

“(una investigación) para esclarecer esta situación. Ojalá se nos pueda atender”, insistió el senador del MAS.

Con ese fin, dentro del Senado se conformó la semana pasada una comisión especial para realizar las pesquisas correspondientes en relación a lo que sucedió el 26 de junio. Sin embargo, Loza considera que, para mayor transparencia, este proceso deben realizarlo organismos internacionales.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas (MAS), informó este martes que fueron notificados con otros dos amparos de Pando y La Paz, empero, aclaró que, a diferencia del recurso de Beni, estos no paralizan la preselección para las judiciales.

“Hoy teníamos prevista la sesión para poder avanzar con las resoluciones, concluir con todo y dejar en limpio para lo que sería ingresar a las preguntas (para los postulantes), sin embargo, nos llegan dos amparos y van a seguir llegando, queriendo entorpecer la preselección”.

Rejas aclaró que los nuevos recursos buscan una habilitación. “Estos señores han presentado los amparos en contra de la Comisión Mixta de Constitución porque no han sido habilitados y, por ende, quieren que se los habilite, de manera que la Sala Constitucional pueda obligarnos, en el pleno de la comisión, a poderlos habilitar”.

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Añadió que fueron transparentes en la revisión y que las notas de calificación que recibieron fueron de acuerdo con la documentación presentada. “No podemos darles más nota de la que tienen. No cumplen con los requisitos, en ese sentido han quedado inhabilitados muchos. Más allá que puedan presentar un amparo constitucional, que es un derecho, sin embargo, acá es un perjuicio al proceso de preselección porque hay más de 300 postulantes en carrera”.

El legislador indicó que más allá que la Sala Constitucional se pronuncie de manera individual, se debe tener en cuenta que la Asamblea cumple con su trabajo y sus atribuciones para cumplir el mandato de preselección con miras a los comicios judiciales.

El lunes, un nuevo amparo constitucional paralizó el proceso de preselección, que se encuentra en la fase de exámenes orales, tras el recurso presentado por el abogado Charles Mejía.

La determinación judicial perjudicó el reinicio del proceso, ya que el jurista solicitó que “pese (a) habérsele concedido la tutela de acción de amparo constitucional contra su inhabilitación como postulante a la preselección… se ha continuado con el cronograma de dicha convocatoria, señalando fecha de toma de examen a los postulantes y en dicho cronograma de toma de examen no se encuentra el accionante”. (sic) señala la resolución del fallo.

Tras haber prestado su declaración ante la comisión de fiscales que indaga el asalto militar del miércoles 26 de junio a la plaza Murillo, el mayor Vladimir Lupa, comandante del grupo de élite F10, espera la audiencia cautelar que definirá su situación judicial en el caso Zúñiga.

El Ministerio Público indaga lo sucedido bajo el paraguas de dos delitos: terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado. Este martes indicó que hay más de 30 implicados en el zafarrancho protagonizado por el general Juan José Zúñiga.

Ese miércoles, Zúñiga irrumpió en el epicentro del poder político, con efectivos armados, vehículos blindados y tanquetas. En una conferencia en puertas del Palacio Quemado, anunció su intención de “tomar” la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz.

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Al ingresar al Palacio de Gobierno, fue abordado por el presidente Luis Arce, ante quien se insubordinó. No obstante, no pasó a mayores; ya que el entonces comandante del Ejército abandonó la plaza a las 17.27 y hora y media después fue aprehendido por la Policía.

Caso Zúñiga

Según las investigaciones, bajo el mandato de Zúñiga se trasladó a integrantes del grupo de élite F10 de Cochabamba. Se logró el transporte por avión de cinco “francotiradores” y se pretendió que en otro vuelo del Hércules se traiga a La Paz otros 14 efectivos.

El lunes, se llevaron a cabo operativos en guarniciones castrenses de Cochabamba, donde Lupa fue aprehendido y trasladado a la sede de gobierno. Según el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, se secuestraron documentos clave, como el libro de novedades del F10.

Al mediodía de este martes, Lupa se enfrentó a la comisión del Ministerio Público y luego fue trasladado nuevamente a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); a la espera de su audiencia de medidas cautelares, para ve si se defiende en libertad o encarcelado.