En Bolivia se reportaron más de 6.400 pacientes con enfermedad renal en 2024 y cada año los casos se incrementan entre el 12 y 14%, por lo que se insta a cuidar los riñones con hábitos saludables y chequeos médicos oportunos, señaló este viernes la responsable del Programa Nacional de Salud Renal, Sdenka Maury.

“En el país cada vez estamos teniendo mayor cantidad de personas con enfermedad renal terminal. El año pasado hemos tenido 6.445 personas, hasta el 31 de diciembre, y cada año estamos aumentando a razón de un 12 a 14 por ciento la cantidad de pacientes”, dijo en una entrevista con Bolivia Tv.

La información fue proporcionada por Maury a propósito del Día Mundial del Riñón, que se conmemora cada 13 de marzo y por el Mes de la Lucha Contra las Enfermedades Renales en Bolivia, en cumplimiento a la Ley 329.

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El Día Mundial del Riñón busca informar sobre los factores de riesgo de enfermedades renales, promover la detección temprana y destacar la necesidad de acceso universal a tratamientos.

Maury explicó que las señales de alerta ante una enfermedad que afecta este órgano son pérdida de apetito, decaimiento, dificultad para miccionar, por lo que recomendó a la población realizarse un análisis una vez al año y tener hábitos saludables.

‘ENFERMEDAD SILENCIOSA’

“La enfermedad renal suele denominarse como la enfermedad silenciosa o el asesino silencioso, porque prácticamente no da síntomas hasta que ya pueda estar avanzada”, advirtió, según un reporte de ABI.

Recomendó a la población cuidar el riñón con una alimentación sana, evitar el consumo excesivo de sal y azúcares, grasas trans, la comida chatarra y beber agua para ayudar al órgano a realizar su función de desintoxicación del organismo. Además, de evitar el sedentarismo.

Asimismo, es muy importante acudir a un establecimiento de salud por lo menos una vez al año para hacerse las pruebas de proteinuria y creatinina para verificar el funcionamiento de los riñones.

Maury señaló que las personas que no cuenten con un seguro social pueden hacer las pruebas con el Sistema Único de Salud (SUS).

Con el propósito de sensibilizar a la población boliviana sobre la importancia de la salud renal, este mes, en todo el territorio nacional se desarrollan campañas, ferias educativas, controles, entre otras actividades, para conmemorar esta fecha.

“Todos nuestros hospitales y con el apoyo de la Sociedad Boliviana De Nefrología están realizando campañas, en las que se van a realizar la detección de glicemia, identificación de personas con presión arterial y por supuesto, se van efectuarán de manera gratuita las pruebas de creatinina y proteinuria para determinar la función renal”, convocó la profesional.

Además, señaló que en las actividades se brindará información sobre algunas medidas específicas para el cuidado de los riñones.

Dos créditos externos por $us 175 millones y pendientes de aprobación en la Asamblea pueden ser desembolsados de inmediato y ayudar al flujo de dólares para la importación de combustibles.

La información la hizo conocer la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en una entrevista en el programa Fama Poder y Ganas de Radio Activa de Santa Cruz, según un reporte de la estatal ABI.

Se trata del Préstamo de Apoyo de Emergencia para la Respuesta a la Situación de COVID-19 de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por su sigla en inglés) por $us 100 millones, y del contrato de Préstamo para el “Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgos Ante Eventos Adversos del Clima para el Estado Plurinacional de Bolivia” por $us 75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

“Entrarían básicamente completos los 100 millones (de dólares del crédito de JICA) y del Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgos Ante Eventos Adversos del clima que, justamente, estamos pasando, productos de lluvias con muchos municipios declarados en emergencia. Este es un crédito de la CAF que es por 75 millones de dólares”, explicó Prada.

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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Si el crédito de la CAF, aprobado en la Cámara de Diputados el 3 de octubre de 2024, es sancionado por la Cámara de Senadores, el Gobierno solo tendrá que presentar los documentos correspondientes y el primer desembolso para Bolivia sería de “cerca de 60 millones de dólares, de los 75 millones de dólares”, explicó.

El Préstamo de Apoyo de Emergencia para la Respuesta a la Situación de COVID-19 fue suscrito el 30 de marzo de 2023 y remitido a la Asamblea el 5 de abril de ese año. Se trata de una reposición de los recursos que el Gobierno invirtió para combatir la pandemia.

Según JICA, el proyecto de ley tiene como objetivo apoyar la continuidad y expansión de los servicios públicos en el sector de Salud, así como mejorar los sistemas destinados a proteger a los grupos vulnerables.

El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados el 1 de marzo de 2024, sin embargo, la Cámara de Senadores no lo consideró por lo que, por mandato de la Constitución, la norma tiene que debatirse en sesión de la Asamblea Legislativa.

EXHORTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL

En el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, organizado el 17 de febrero por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se exhortó al Órgano Legislativo aprobar este crédito para emplear parte de sus fondos en la organización del voto de los bolivianos en el exterior en las elecciones generales del 17 de agosto.

En tanto, el contrato de Préstamo para el “Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgos Ante Eventos Adversos del Clima para el Estado Plurinacional de Bolivia” fue firmado el 9 de septiembre de 2024, entre Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta $us 75 millones. Fue aprobado por la Cámara de Diputados el 3 de octubre de 2024.

La norma fue remitida a la Cámara de Senadores, que está presidido por Andrónico Rodríguez, del ala evista del MAS.

TRABAS EN EL SENADO

El 16 de enero de este año, la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores aprobó el crédito y lo remitió al pleno para su tratamiento, pero hasta la fecha no fue incluido en la agenda.

La presidenta en ejercicio del Senado, la senadora Gladys Alarcón, afín al expresidente Evo Morales, arguyó el miércoles que, además de la Comisión de Planificación, otra comisión, de la que no dio su nombre, presentó otro informe, lo que dificulta su tratamiento.

Estos dos créditos son parte de los 16 por más de $us 1.600 millones bloqueados en su tratamiento y aprobación en la Asamblea Legislativa por parte de legisladores de la oposición y del evismo, lo que ha impedido el ingreso de divisas a la economía y problemas en la adquisición de carburantes.

Un fatal accidente de tránsito se registró este miércoles en la carretera Pocoata-Sucre, tramo Ravelo.

Según imágenes que circulan en redes sociales, un bus de transporte interdepartamental chocó contra la peña de la carretera.

En los videos e imágenes se observa a pasajeros dispersos en medio de la carretera y a otros tratando de salir del bus. Incluso se ve a algunos agonizando.

“(El hecho ocurrió) en la carretera Sucre, tramo Ravelo, la diagonal”, confirmó el alcalde del municipio de Ocurí, Walter Mamani, a Urgente.bo.

Según Mamani, ya se envió personal policial y ambulancias para atender a las personas heridas.

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“Ya mandamos ambulancias e instruimos que todos los centros de salud cercanos y de segundo nivel San Salvador estén atentos para atender a los heridos”, dijo.

El director del Hospital Daniel Bracamonte, Vladimir Camacho, informó al diario El Potosí que se preparan para recibir a los heridos que vayan a llegar de este hecho de tránsito.

Las ambulancias ya fueron enviadas para el traslado de heridos.

De momento se desconoce la cantidad de lesionados y si hay personas fallecidas.

El hombre que robó y asesinó a su amigo, de oficio librecambista, el 1 de marzo en el municipio de Montero, departamento de Santa Cruz, fue sentenciado a 30 años de cárcel.

En audiencia de procedimiento abreviado, se demostró que Anderson G. S., de 20 años de edad, es autor de los delitos de Asesinato, Robo Agravado, Tenencia, Porte y Portación Ilícita, cometido en contra de su amigo Ronald C.V. de 43 años, de oficio librecambista.

El hecho ocurrió el 1 de marzo de este año en el municipio de Montero, por lo que el Juzgado Tercero de Instrucción Penal dispuso la condena de 30 años de prisión para Anderson G. S. en el penal de Palmasola.

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“En la audiencia, la Fiscalía presentó todas las pruebas debidamente registradas en el Ecosistema del Ministerio Público que demuestran la autoría del acusado, como el certificado médico forense, la declaración de los familiares de la víctima, acta de secuestro y requisa de vehículo, asimismo el agresor admitió el hecho y se sometió a una salida alternativa”, dijo el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zalles.

ENCUENTRO CON EL VICTIMARIO

El fiscal del caso, Alberto la Fuente, señaló que el hecho ocurrió en la comunidad Naico del municipio de Montero, la mañana del 1 de marzo, cuando Anderson G. S. se encontró con su amigo librecambista Ronald C. V., quien se encontraba en su vehículo.

En un momento de descuido, el ahora sentenciado sacó un arma de fuego y disparó contra su amigo, después le arrebató su mochila negra que contenía dinero en bolivianos y dólares y huyó del lugar.

La víctima fue auxiliada por los vecinos que llamaron a la Policía para reportar el hecho y a una ambulancia para que sea trasladado a una clínica donde perdió la vida días después. Dentro de este mismo caso existe otra persona investigada por presuntamente estar implicada en el hecho.

New Pacific Metals, empresa canadiense que opera en Bolivia desde 2017, denuncia avasallamiento y minería ilegal en su área de titularidad del proyecto Silver Sand (Arena de Plata) en el departamento de Potosí.

En un comunicado, la compañía minera señala que, hasta la fecha, ha realizados una inversión de $us 45 millones en su proyecto Silver Sand durante la fase de exploración, con una proyección de inversión de $us 358 millones en el departamento de Potosí en su fase de construcción.

Sin embargo, afirma que estas actividades ilegales están poniendo en riesgo la implementación de este proyecto que podría generar alrededor de $us 17 millones al año por concepto de regalías para el departamento de Potosí y $us 43 millones al año en pago de impuestos.

New Pacific Metals, a través de su filial Minera Alcira, detalla que grupos ilegales han ocupado su área de operación, “impidiendo su acceso al área minera de su titularidad”.

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‘EXTRACCIÓN NO AUTORIZADA’

También señala que “se está llevando a cabo una extracción no autorizada de recursos minerales en el área minera de su titularidad”.

Existe un ambiente hostil que “ha vulnerado los derechos legales de la empresa y ha creado un entorno inseguro” para nuestras operaciones “como también de amedrentamiento a la comunidad” donde se encuentra el proyecto, añade.

Asimismo, denuncia que el mineral extraído “de su área minera de manera ilegal tiene que ser transportado hasta los ingenios que procesas el mismo”. “Para tal efecto tienen que cruzar trancas donde se realizan los controles respectivos, al ser mineral extraído de manera ilegal debería ser denunciado en estos puntos de control ya que no cuentan con los formularios exigidos por ley”.

ACCIONES TOMADAS POR LA EMPRESA

Ante esta situación, Minera Alcira ha iniciado acciones legales para defender sus derechos y garantizar el cumplimiento de la ley. “La empresa ha presentado denuncias formales ante las autoridades competentes y está colaborando con instituciones como la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), la Secretaría de Minería de Potosí, la Fiscalía y la policía, quienes ya han constatado las actividades ilegales en el área”.

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La compañía minera pide a la Gobernación de Potosí, AJAM, Fiscalía y al Ministerio de Minería “intervención inmediata” del área minera de titularidad de New Pacific Metals, garantía de acceso a su concesión minera, investigar y sancionar a los responsables de la explotación ilegal de minerales y “respaldo claro y firme a la inversión extranjera”, “demostrando que Bolivia es un país seguro y confiable para invertir”.

COMPROMISO CON BOLIVIA

En su comunicado, New Pacific Metals reitera su compromiso con el desarrollo económico y social de Bolivia a través de la minería responsable y sostenible. “La empresa confía en que, con el apoyo de las autoridades y el compromiso de todas las partes involucradas, se podrá superar este desafío y continuar contribuyendo al crecimiento sostenible del país”.

Sin embargo, añade, es crucial que se resuelvan estos conflictos para evitar situaciones similares a las que han afectado a otros sectores, como el de hidrocarburos, donde la falta de exploración y desarrollo ha limitado el crecimiento económico.

New Pacific Metals es una empresa canadiense que cotiza en la bolsa de valores y que opera en Bolivia a través de sus filiales Minera Alcira (Potosí), Minera Granville (Oruro) y Minera Colquehuasi (La Paz).