El expresidente Evo Morales propuso que los Bs 40 millones destinados a la propaganda política de los partidos sean distribuidos en favor de viudas con hijos menores de 18 años a través de un bono.

“Propongo que los Bs 40 millones que el Estado desembolsa para la propaganda electoral de los partidos políticos, sea destinado a un bono extraordinario que beneficie a las viudas que quedaron con hijos menores de 18 años en todo el país”, escribió en sus redes sociales.

Evo Morales

Con la captura de un titular de La Razón, Morales lanzó ese comentario luego de que los representantes de los partidos políticos determinaran renunciar al presupuesto estatal destinado a la propaganda electoral. Dicha medida fue asumida en la Cumbre por la Democracia, celebrada el lunes en La Paz.

Los asistentes firmaron un acuerdo de 15 puntos y el décimo, señala: “Las organizaciones políticas autorizan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a utilizar los recursos de fortalecimiento público para que sean destinados al sistema de transmisión preliminar de resultados electorales (TREP); sin perjuicio de la obligación que tiene el Órgano Ejecutivo de garantizar el financiamiento completo. El Tribunal Supremo Electoral presentará un proyecto de Ley para este propósito”.

Recursos para propaganda

Morales justificó su declaración con la “terrible crisis económica” que enfrenta el país. “Soy consecuente para proponer que se elimine el financiamiento estatal a la propaganda electoral de los partidos. En dos ocasiones, en los años 2002 y 2005, devolvimos miles de dólares que nos había desembolsado el Estado para nuestra campaña electoral”, afirmó.

Y añadió: “El 2008, en mi gobierno, eliminamos ese financiamiento a partidos políticos. Con esos recursos, creamos el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de las personas con discapacidad”.

Morales, desde hace tiempo, advirtió una “crisis” en la economía nacional y pidió “optimizar” la distribución de los recursos.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila advirtió de un intento del evismo para “desestabilizar” al Órgano Electoral, por impulsar la restitución de Dina Chuquimia como vocal de ese órgano.

Así se refirió a una acción de inconstitucionalidad presentada por el senador evista Luis Adolfo para que la exvocal asuma nuevamente el cargo.

“Yo lo recibo (esta acción de inconstitucionalidad) como un intento de desestabilizar la institucionalidad del Estado, no afectan a un funcionario, afectan al Órgano Electoral y su conjunto”, dijo el vocal en entrevista con Poder Medios y Miedos.

Gustavo Ávila

El 4 de abril de 2024, el presidente Luis Arce firmó un decreto designando a Ávila como nuevo delegado presidencial ante el TSE en reemplazo de Chuquimia, que fue alejada del cargo de manera sorpresiva.

La acción para restituir a Chuquimia fue presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el 15 de febrero.

Flores, cercano al expresidente Evo Morales, pidió la declaración de inconstitucional del Decreto Supremo 5141.

Dina Chuquimia

“Con el Decreto 5141 el presidente (Luis Arce) destituye a la vocal Dina Chuquimia, nombrada también por la misma autoridad y nombra a Gustavo Ávila de manera inconstitucional como vocal. Cuando la Constitución y la Ley 018 del Órgano Electoral señalan que los vocales electorales son nombrados por un período de 6 años, y la forma en que culmina su gestión es por renuncia, por incapacidad o por culminación de mandato”, indicó Flores al presentar dicha acción.

Actualmente, el TSE es cuestionado duramente por Morales y sus seguidores, pues acusaron a ese órgano de tener “contubernios” con el presidente Arce con el fin de “proscribirlo” política y electoralmente.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), liderado por Alberto Pérez, ha exigido la anulación de dos contratos mineros suscritos con empresas extranjeras y la inmediata aprobación de la Ley del Litio, actualmente paralizada en la Cámara de Diputados. En una reciente entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta, Pérez denunció que el Gobierno firmó estos acuerdos de manera unilateral, sin consulta previa a la población de Potosí, vulnerando así derechos consagrados en la Constitución.

“Lo que sucedió en la socialización demuestra que la gente no acepta imposiciones. Exigimos la anulación de los contratos y la aprobación de una ley del litio justa”, afirmó Pérez.

Regalías insuficientes y propuesta de incremento

Uno de los principales reclamos de Comcipo es el bajo porcentaje de regalías que recibe Potosí. Actualmente, la normativa establece un 3% basado en las regalías mineras, cifra que Pérez considera insuficiente para el desarrollo del departamento. En este contexto, propuso que la nueva legislación garantice un incremento a un rango entre el 10% y el 20% sobre la producción de litio.

“Con estos ingresos, Potosí podría desarrollarse y evitar la dependencia del Gobierno central”, sostuvo el dirigente cívico.

Anuncio de medidas de presión

Ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo, Comcipo anunció que radicalizará sus medidas de presión. Entre las acciones contempladas se encuentran:

• Huelga de hambre de parlamentarios potosinos.
• Movilizaciones masivas en Potosí y otras regiones.

Pérez advirtió que, si el Gobierno insiste en mantener los contratos mineros, deberá asumir las consecuencias de la reacción popular.

“Si el presidente insiste con estos contratos, deberá asumir las consecuencias”, enfatizó.

Ver también: Se inicia en Potosí la reunión multisectorial contra la disposición séptima

Respaldo académico y debate nacional

Según Pérez, la Universidad Autónoma Tomás Frías presentó un informe técnico-legal que respalda la postura de Comcipo respecto al litio, argumentando que los contratos mineros vulneran la soberanía y los intereses del departamento.

Mientras tanto, en Potosí, se desarrolla el Quinto Encuentro Sectorial, donde delegaciones de los nueve departamentos del país debaten sobre:

• La Ley del Litio y su aprobación inmediata.
• La anulación de los contratos firmados con empresas de China y Rusia.
• La derogación de la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE).

El encuentro es clave para definir futuras acciones en la lucha por la soberanía del litio y el beneficio directo para el pueblo potosino.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que la convención nacional extraordinaria del Frente para la Victoria (FPV), celebrada el 8 de diciembre de 2024, no cumplió con lo estipulado en el estatuto orgánico del partido.

Según el informe, la elección del presidente de la convención no fue conducida por el jefe nacional del FPV, sino por el delegado nacional René Henry Rodríguez Calle, incumpliendo lo establecido en los artículos 55 y 74.

Además, el partido no entregó toda la documentación requerida por el TSE, lo que complica más su situación.

Puede leer: Encuentro Multipartidario por la Democracia del TSE concluye con 15 acuerdos

FPV

Esta irregularidad podría impedir que el FPV utilice su sigla para las próximas elecciones presidenciales, situación que afectaría directamente al expresidente Evo Morales, quien contaba con este frente como una alternativa para participar en los comicios del 17 de agosto.

El evismo analiza participar en las elecciones con una sigla prestada de los 14 partidos de alcance nacional, ante la dificultad de crear un nuevo partido, por el tema de tiempos, luego de que el TSE reconociera a Grover García como jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Por ello, el FPV se presentaba como la mejor opción, debido a que los otros partidos ya definieron su candidatura o tienen una postura política antagónica con la de Morales.

Ahora, el FPV tiene un plazo hasta marzo para corregir las observaciones y que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) evalúe el estado de la Convención Nacional que celebró ese partido en diciembre del año pasado.

Uno de los requisitos del TSE para que un partido o alianza tenga personería jurídica es la renovación de su directiva, por lo que, en caso de no lograr su reconocimiento, el FPV dejaría de estar habilitado para participar en las elecciones.

El evismo perdió oficialmente el control del MAS en noviembre de 2024, tras un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que obligó al TSE reconocer el congreso arcista.

Sin embargo, Morales señaló que el MAS es solamente una sigla, por lo que se podría presentar en las elecciones con otro partido.

El Encuentro Multipartidario por la Democracia que convocó el Tribunal Supremo Electora (TSE) que contó con la participación de representantes del Órgano Ejecutivo, del Legislativo y con los delegados de los 14 partidos y alianzas políticas con alcances nacional concluyó con los siguientes acuerdos.

Puede leer: Encuentro Multipartidario por la Democracia del TSE concluye con 15 acuerdos

Conclusiones

1. Los Órganos Ejecutivo y Legislativo, en el marco del precepto constitucional de coordinación y cooperación entre los órganos del poder público, y en virtud a sus especificas atribuciones y competencias, coadyuvarán al Órgano Electoral Plurinacional a garantizar la realización de las Elecciones Nacionales 2025 de manera plural, segura, transparente, imparcial, participativa y, en especial, libre de injerencias. Con ese propósito, es fundamental velar por el respeto pleno al principio de preclusión.

2. A los fines de garantizar la vigencia plena del principio de preclusión, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá aprobar hasta antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones nacionales el Proyecto de Ley elaborado por el Tribunal Supremo Electoral en sus dos últimos artículos, en lo referido a su no subordinación a ningún otro Órgano del Estado especialmente en cuanto a plazos, habilitaciones e inhabilitaciones, escrutinio, cómputo y publicación de resultados.

3. El Presidente del Estado Plurinacional, el Vicepresidente del Estado Plurinacional, el Presidente de la Cámara de Senadores, el Presidente de la Cámara de Diputados y los representantes de las organizaciones políticas y alianzas, expresan su respaldo pleno al Tribunal Supremo Electoral en todas las acciones que se ejecuten para garantizar las Elecciones Nacionales 2025, en el marco de la transparencia e integridad electoral.

4. El Órgano Ejecutivo garantizará la provisión de los recursos económicos suficientes y oportunos para la organización y ejecución de las Elecciones Nacionales 2025, incluido el voto en el exterior y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Sin perjuicio de aquello se exhorta al Órgano Legislativo a la aprobación del crédito «Convenio de Préstamo Nº BV-C3», para el fin antes señalado.

5. El Tribunal Supremo Electoral realizará acciones de verificación, saneamiento y depuración técnica oportuna del Padrón Electoral Biométrico, con una muestra aleatoria y cotejo del SERECI, SEGIP y padrón biométrico, así como todas las medidas orientadas a garantizar la confiabilidad del registro electoral, con la participación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la Asociación Nacional de Universidades Privadas, la sociedad civil organizada y las organizaciones políticas que participaran en las Elecciones Nacionales 2025.

TSE

6. El Tribunal Supremo Electoral entregará a las organizaciones políticas la información que la Ley permita sobre el padrón electoral (datos de habilitados, inhabilitados y estadísticas) con las debidas medidas de seguridad. Esta Información será entregada al momento del sorteo de juradas y jurados electorales para las Elecciones Nacionales 2025.

7. El Tribunal Supreme Electoral implementará ineludiblemente un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares en las Elecciones Nacionales 2025. Las organizaciones políticas acompañarán todas las fases de implementación del sistema así como recibirán información de su funcionamiento

8. El Tribunal Supremo Electoral hará cumplir y respetar las normas vigentes y la Constitución Política del Estado respecto a la paridad y alternancia de género, impulsando la participación política de las mujeres. Se insta a las organizaciones políticas y alianzas que competirán en las Elecciones Nacionales 2025 a garantizar los derechos políticos de las mujeres en la presentación de listas de candidatos respetando la paridad y alternancia de género, impulsando la participación política de las mujeres. Asimismo, las organizaciones políticas se comprometen a luchar contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres.

Asamblea

9. Se insta a la Asamblea Legislativa Plurinacional considerar y aprobar el proyecto de Ley remitido por el TSE sobre la paridad y alternancia en binomios de candidaturas presidenciales.

10. Las organizaciones políticas autorizan al Tribunal Supremo Electoral a utilizar los recursos de fortalecimiento público para que sean destinados al sistema de transmisión preliminar de resultados electorales (TREP); sin perjuicio de la obligación que tiene el Órgano Ejecutivo de garantizar el financiamiento completo. El Tribunal Supremo Electoral presentará un proyecto de Ley para este propósito.

11. Se insta a la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación de la Ley Nº 044, incluyendo en sus disposiciones a los Vocales del Tribunal Supremo Electoral, hasta antes de la convocatoria a las Elecciones Nacionales 2025.

12. Se insta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a considerar el proyecto de Ley de debate público obligatorio para las candidaturas del binomio presidencial hasta antes de la convocatoria a las Elecciones Nacionales 2025, sin perjuicio de ello, las organizaciones políticas asumen el compromiso de participar en debates organizados por el Órgano Electoral.

13. El Tribunal Supremo Electoral delimitará las circunscripciones uninominales con amplia participación de las Organizaciones Políticas, de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino y de la sociedad civil organizada, eliminando cualquier distorsión geográfica y/o poblacional que rompa el principio de proporcionalidad de los electores y representantes en la relación campo-ciudad, conforme al último censo.

14. Se da pleno respaldo a las invitaciones extendidas por el TSE a las misiones de observación electoral internacional y nacional cualificadas que incluyan especialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), el Centro Carter, Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y otros, para garantizar la transparencia en las Elecciones Nacionales de 2025.

15. El Tribunal Supremo Electoral garantizará e implementará la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos para el ejercicio de sus derechos políticos y colectivas en el ámbito electoral de acuerdo al artículo 209 de la Constitución Política.