Si la oposición califica al TCP de ‘masista’, también lo es la Corte Penal, replica Evo Morales
El TCP consideró que la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador fue inconstitucional y pidió una indemnización a su favor.

Evo Morales, durante su candidatura en 2020. Foto: ABI-archivo
El expresidente Evo Morales hizo un parangón entre la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que sentenció que su inhabilitación como candidato a senador en 2020 fue inconstitucional, y la de la Corte Penal Internacional (CPI), que rechazó un juicio en su contra por delitos de lesa humanidad.
A través de un mensaje en sus redes sociales, el exmandatario consideró que ambos órganos judiciales pueden ser calificados de “masistas” porque, en su criterio, le dieron razón en sendas demandas por hacer valer sus derechos.
“Si la derecha acusa al @TCP_bolivia de estar sometida al MAS-IPSP por sentenciar que la inhabilitación de nuestra candidatura fue injusta e inconstitucional, tendría que decir que la @IntlCrimCourt también es «masista» por rechazar tantas acusaciones infundadas en nuestra contra”, escribió Morales en Twitter.
El 7 de mayo de 2021, el TCP falló a favor de Morales sobre su demanda presentada por el entonces abogado Wilfredo Chávez, ahora procurador general del Estado.
Lo hizo ante la inhabilitación de su candidatura a senador por Cochabamba en 2002 dispuesta el 20 de febrero de 2020 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), meses después de haber retornado al país tras su refugió en México, primero, y Argentina, más tarde, luego de su renuncia del 10 de noviembre de 2019.
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En su sentencia, conocida la semana pasada, el TCP también pidió a la sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz analizar la calificación de daño y consecuente indemnización económica a favor de Morales, quien, no obstante, aclaró que su fin no era la compensación, que no la cobrará, sino la disposición de sentar un precedente contra sus detractores.
En el caso de la CPI, el fiscal jefe del tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Karim Khan, comunicó el 14 de febrero de este año que dicha corte rechaza investigar a Morales por delitos de lesa humanidad en el caso de los bloqueos de movimientos sociales de agosto de 2020, en plena emergencia sanitaria por el COVID-19.
El fiscal consideró que el caso no es de competencia del tribunal asentado en La Haya (Países Bajos).
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La denuncia —tramitada por el procurador general del Estado de entonces, José María Cabrera— había sido presentada también contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y el dirigente cocalero ahora senador Leonardo Loza.
Entonces Morales había sido calificado de “sedicioso” por el régimen de Jeanine Áñez, cuyo ministro de Gobierno, Arturo Murillo, incluso mostró y difundió un video-audio de 2019 en el que presuntamente el exmandatario llamaba a cercar la ciudad de La Paz, en plena crisis poselectoral, para evitar el ingreso de alimentos, extremo que aquél calificó de montado.
Al menos en el caso del fallo del TCP, distintos políticos de oposición calificaron de funcional al Movimiento Al Socialismo (MAS) al órgano constitucional.