La Asamblea Legislativa aprueba nuevo indulto y amnistía
Pese a una serie de observaciones, los asambleístas de las distintas fuerzas políticas dieron curso al perdón judicial para privados de libertad ante la emergencia del coronavirus
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la noche de este jueves el decreto presidencial de indulto y amnistía que tiene el objetivo de descongestionar las cárceles del país y evitar posibles brotes del coronavirus entre la población penitenciaria.
La norma fue aprobada por dos tercios de votos y remitida al Órgano Ejecutivo para su respectiva ejecución. Este indulto y amnistía está dirigida a beneficiar a internos mayores de 58 años de edad y a mujeres que tengan uno o más hijos, para que puedan obtener su libertad a partir de los 55 años. No podrán acceder a este perdón reclusos que tengan condenas por violación y feminicidios.
El martes 21 de este mes, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa aprobó un informe para que el pleno del legislativo apruebe el beneficio que concede indulto y amnistía a los adultos mayores, mujeres embarazadas o madres de niños lactantes, enfermos terminales o graves, personas con discapacidad y personas que tuvieran bajo su cuidado exclusivo a uno o varios de sus hijos o hijas o bajo su tutela o custodia única a niñas o niño menores de seis a años, quienes no hayan cometidos delitos graves.
La población carcelaria en el país llega a cerca de 19.000 reos. El Gobierno prevé que con esta norma se llegará a sacar de los recintos penitenciarios a cerca de 8.000 reos.
Los asambleístas de las distintas fuerzas políticas realizaron una serie de observaciones al Decreto Presidencial 4226 de amnistía e indulto por razones humanitarias y de emergencia sanitaria, debido a que esta norma carece de un estudio de impacto que tendrá sobre la población penitenciaria, que en su mayoría está compuesta por personas con detención preventiva, sin sentencia ejecutoriada.
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a los requisitos que se les exige, como la presentación de formularios y certificados, aspecto que también fue observado por la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.