Bolivia ingresa a la etapa más dura de la pandemia de coronavirus (COVID-19), se estima que junio cerrará con al menos 28.000 casos y julio con hasta 100.000, y el departamento más castigado, Santa Cruz, no logra procesar unas 2.000 muestras por el colapso del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), donde hasta la fecha el 40% de los funcionarios resultó infectado.

Las muestras se encuentran acumuladas en el piso de esa institución, según constató un reportaje realizado por la red Unitel.

“Cenetrop está colapsado”, afirmó la jefa de laboratorio de esa institución, Yelin Roca, para luego explicar que las al menos 2.000 muestras acumuladas no pueden ser procesadas debido a la falta de personal y de reactivos.

“El personal está molesto, está preocupado porque no hay personal, no hay reactivos, no hay los equipos y no podemos abastecer. Y la gente se choca contra el Cenetrop”, afirmó.

Este lunes Santa Cruz reportó 135 nuevos casos positivos de COVID-19, lo que aumentó el total de pacientes infectados a 8.811, con una mayor incidencia en la ciudad capital, Santa Cruz de la Sierra. Desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) se alertó que, si el porcentaje de casos no varía, en diez días habrá 3.500 nuevos enfermos con coronavirus.

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Roca explicó que alrededor del 40% del personal fue dado de baja por contagios, a lo que se suma otro grupo de trabajadores de la tercera edad que se encuentran en la misma condición desde el inicio de la pandemia.

Los funcionarios del Cenetrop piden que, ante esta situación, se desconcentre el procesamiento de pruebas a otros puntos del país. “Tenemos aproximadamente 2.000 muestras, pueden ser más”, afirmó la jefa de laboratorio del Cenetrop.

Otro funcionario ratificó a la red Unitel la difícil situación en que se encuentra ese centro en Santa Cruz. No hay espacio, no tenemos, ya está todo lleno. Tenemos los refrigeradores, las heladeras todo lleno, en el piso tenemos las muestras, todo está colapsado”, afirmó, mientras mostraba al canal las instalaciones.

Juntos, la alianza que postula a la presidenta Jeanine Áñez, demandó este lunes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fije “de una vez por todas” la fecha de la próximas elecciones generales, tomando en cuenta para ello “los criterios científicos y médicos” sobre la pandemia de coronavirus.

La demanda, expresada en un comunicado público que Áñez compartió en su cuenta en Twitter, se conoció poco después de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) confirmara que aceptó que los comicios se realicen el próximo domingo 6 de septiembre, fecha que habría propuesto el TSE.

Tanto el pedido de Juntos como la aceptación del MAS se conocen cuando se encuentra vigente la normativa que dispuso una postergación por 90 días de las elecciones, lo que implica que estas deberían realizarse hasta el domingo 2 de agosto.

“En octubre del año pasado, la democracia boliviana sufrió un atentado con el fraude electoral que cometieron el MAS y el expresidente Evo Morales. Un fraude que es delito y que ha sido demostrado por la OEA. La mejor manera de superar esa crisis del fraude es el voto popular porque el voto es sagrado”, se lee en el comunicado de Juntos.

Luego, se expone la necesidad de que la fecha sea fijada tomando en cuenta los informes de especialistas sobre el avance de la pandemia de coronavirus, que hasta este domingo dejó casi 10.000 infectados en todo el país.

Poco antes fuentes del MAS habían confirmado a La Razón Digital que este partido aceptó la propuesta del TSE de postergar para el domingo 6 de septiembre la fecha de las elecciones.

La razón para diferir el día de los comicios sería básicamente la tendencia de subida de las cifras de la crisis pandémica y ciertos problemas técnicos que enfrentaría el Órgano Electoral.

La aceptación de la postergación se la decidió en reuniones realizadas entre el domingo y este lunes, reveló la fuente.

“Hemos apoyado la propuesta del propio Tribunal, porque es el Tribunal el que ha puesto la fecha indicando sus preocupaciones por algunas dificultades que tendría el proceso electoral si es que se hacen en la fecha en que está la ley; entonces, como es sólo un mes, el MAS ha atendido esa preocupación, pero más que todo por los picos altos de coronavirus”, señaló la fuente masiata, que indicó que quien ve directamente estos temas es el personal ligado directamente al candidato Luis Arce Catacora.

Tres días antes de la firma del contrato con la empresa española IME Consulting  Global Services S.L. para la compra de 170 respiradores para Bolivia, el Director General Ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovanni Pacheco Fiorilo, recibió un informe técnico que advirtió que ese equipamiento no cumplía con las especificaciones técnicas que recomienda la OPS/OMS.

El informe, enviado el 8 de mayo, está firmado por la profesional en equipamiento médico de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Ana Fernanda Espinoza, quien detalla además que esa valoración fue ratificada por el Jefe Médico del Hospital de Clínicas Universitario de La Paz, Alejandro Enriquez.

Pese a ello, Pacheco estampó su firma en el contrato con la empresa española el 11 de mayo y el ahora investigado exministro de Salud, Marcelo Navajas, dio curso al mismo. Los tres fueron aprehendidos este martes para que brinden sus declaraciones informativas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crímen (FELCC).

Además de ellos, también fueron derivados a celdas judiciales el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y la consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Gabriela Pérez .

El informe del 8 de mayo, Espinoza señala que “con respecto a la revisión de la oferta de la empresa IME Consulting Global Services S.L. Marca: Respira, modelo: Respira device, de procedencia española y de acuerdo a las especificaciones técnicas que recomienda la OPS/OMS para el equipamiento Covid-19, este equipo no cumple con lo solicitado”.

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Agrega que “se evidencia que es una unidad muy básica, de poca durabilidad, nueva en el mercado y no cuenta con todas las certificaciones de calidad. Además que no es conocida por los profesionales médicos, que tal vez rechacen el uso del equipo”.

Luego hace referencia a la consulta con el doctor Enriquez y concluye que él ratificó las observaciones.

La Razón Digital se contactó con Enriquez para verificar esta referencia, pero el médico se limitó a indicar que “seguramente en su momento se llamará a las personas correspondientes y se dará veracidad de todo esto”.

El escándalo de la compra de los respiradores con un presunto sobreprecio le costó el cargo a Navajas, quien fue sustituido este miércoles por Eidy Roca, quien hasta ayer ocupaba el cargo de viceministra de Salud.

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Además de las investigaciones que fueron activadas en el país por el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa aunció la conformación de una comisión investigadora y el BID también anunció que comenzó una persquisa para determinar si hubo irregularidades en esta adquisición.

Mediante un comunicado público, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tomó distancia este miércoles de la compra de 170 respiradores que con su financiamiento se adquirieron para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus en Bolivia. Anunció una investigación que podría recomendar sanciones para los responsables.

Explicó que si bien examinó el proceso de adquisición de los equipos, la compra, con aparente sobreprecio según las primeras investigaciones activadas este miércoles, fue responsabilidad del gobierno boliviano.

“Según lo comunicado el lunes 18, el BID examinó el proceso de adquisición de acuerdo con los procedimientos convenidos con el Gobierno de Bolivia, el cual fue responsable de estas compras a través de su agencia ejecutora. Dicha licitación se realizó en el marco del apoyo que se le está dando al país para hacer frente a la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus”, se explica en el comunicado, en el que además se hace conocer la preocupación de este organismo por este caso.

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Admite también que “surgieron señales de posibles irregularidades en el proceso” y anuncia que se decidió iniciar una investigación para determinar si se cometieron irregularidades.

“La alta gerencia del Banco decidió revisar el caso, que a su vez fue remitido a su Oficina de Integridad Institucional, la cual lleva a cabo investigaciones y recomienda sanciones públicas a empresas e individuos que cometen prácticas prohibidas en licitaciones financiadas por el Banco. Dicha oficina está evaluando la información pertinente para determinar si se cometieron prácticas prohibidas en este caso”, anuncia el BID.

El pasado lunes, cuando estalló el escándalo sobre la compra de los respiradores, el BID también emitió un comunicado en el que hace saber que “se consideró pertinente” la compra de los 170 respiradores, que ahora se sospecha fueron adquiridos con un sobreprecio de alrededor de 20.000 dólares cada uno.

“El Banco examina los procedimientos de licitación y el contrato, con el objeto de observar que el proceso se lleva de acuerdo con los procedimientos convenidos (…) el Banco siguió los conceptos mencionados, analizando la solicitud del organismo ejecutor, tras lo cual se dio la no objeción al proceso. El resultado a la fecha es la disponibilidad en el país de los mencionados 170 respiradores en un lapso muy breve considerando la complejidad del proceso y la gran demanda de equipos médicos”, señala ese comunicado.

Agrega que, junto a los organismos ejecutores, el Banco da seguimiento a los proyectos y efectúa revisiones y verificaciones posteriores. También indica que su compra “se consideró pertinente para responder al incremento en la demanda de pacientes con COVID-19 que requerirán ventilación mecánica en municipios donde se carezca de servicios de terapia intensiva” y que complementarán a los equipos de hospitales de tercer nivel.

A casi dos meses de la cuarentena sanitaria dispuesta por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) las ciudades de La Paz y El Alto, dos de las cuatro más habitadas del país, se preparan para la flexibilización de la medida, inicialmente con la meta de retomar las actividades laborales.

En encuentros sectoriales y luego en una prolongada reunión entre autoridades nacionales, departamentales y municipales se concertó este lunes los parámetros para el reinicio de las actividades en el transporte público, medida esencial para el retorno al trabajo.

Los acuerdos, que serán de aplicación paralela en ambas urbes y que se plasmarán en leyes que deberán ser aprobadas por los concejos municipales, incluyen medidas de distanciamiento, circulación por número de placas, uso obligatorio de barbijos y prohibiciones para el consumo de alimentos o conversaciones dentro de los vehículos de transporte público.

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Las regulaciones también llegarán a los vehículos de transporte privado, según anticipó el ministro de Obras Públicas, Iván Arias. “No podrán llevar más de tres pasajeros”, esbozó.

Los choferes en la ciudad de El Alto esperan volver a las calles el próximo lunes 25, para lo cual presentarán hasta este viernes sus vehículos adecuados para el nuevo sistema de trabajo. Así lo hizo saber el máximo dirigente de la Federación Andina, Víctor Tarqui.

“Estamos muy de acuerdo para que esta flexibilización vaya cuanto antes (…) nosotros vamos a adecuar nuestro parque automotor de acuerdo al compromiso que estamos haciendo hasta el día viernes, y el día lunes estuviéramos saliendo ya a trabajar con el parque automotor reducido”, afirmó en una conferencia de prensa conjunta con la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón y el ministro Arias.

En La Paz, el concejal Fabián Siñañi (Sol.bo) informó que se acordó con la Federación 1ro de Mayo que el reinició de las operaciones será a partir del 31 de mayo.

“Se ha acordado de que se reiniciarían las actividades del transporte público a partir de la subsiguiente semana, el 31 de mayo, y que esto podría producirse siempre y cuando se cumple estrictamente lo establecido en este protocolo de bioseguridad”, informó, también en una conferencia de prensa.

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Arias detalló que la flexibilización comenzará permitiendo la circulación de vehículos según su número de placa, tanto en la ciudad de La Paz como El Alto. Precisó que la aplicación de la nueva normativa será evaluada luego de dos semanas, para establecer si hay necesidad de ajustes.

A su turno, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, precisó que inicialmente la flexibilización será “solamente para actividades laborales, públicas y privadas”.

Eso significa, entre otras cosas, que no se reiniciarán las labores escolares ni universitarias ni se autorizará el funcionamiento de lugares de alta concentración de gente.

Este lunes, como ya ocurrió la anterior semana, la circulación vehicular incluso causó trancaderas en el centro de la ciudad de La Paz a la par de la disminución de los controles policiales y militares para el cumplimiento de la cuarentena sanitaria. Lo mismo ocurre en la ciudad de El Alto.

Algunas de las condiciones que tendrá el retorno del transporte público:

* Circulación por número de placa

* Límites de capacidad, según tipo de vehículo: 8 pasajeros en minibús (9 si es de parada a parada), 11 en micros y 3 en taxis.

* Paneles de separación entre chofer y usuarios

* Uso obligatorio de barbijo para choferes y usuarios

* Prohibición para servirse alimentos

* Ventilación en vidrios laterales

* Asientos con tapiz impermeable, fáciles de lavar

* Uso de jabón y detergente para la limpieza en cada parada

*Retiro de adornos en la parte delantera