El viernes se conoció la sentencia de un mes de cárcel contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y este domingo se pronunció calificando el fallo de “ridículo” y atribuyéndolo a una “instrumentalización de la justicia por el ala nefasta del MAS”. Desde el Gobierno se anunció que “se va a corregir” esa condenada.

El ministro de Justicia, Iván Lima, acusó a Reyes Villa de tratar de “victimizarse” al hablar de que el proceso debía haber prescrito porque data de hace 25 años, pero –sostuvo- no aclara que se extendió el juicio debido a que se fue a Estados Unidos y estuvo fuera de Bolivia por 11 años.

«El mensaje que se está dando es que la clase política tiene privilegios, que los ciudadanos de a pie tienen que sufrir años de condena y que los políticos tienen un mes de privación de libertad frente a un delito de corrupción, eso es algo inadmisible y eso se va a corregir con las reglas del debido proceso, apelando y llevando los temas a los tribunales», anunció Lima en una entrevista en los medios estatales.

Reyes Villa fue condenado a un mes de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes en un proceso iniciado hace 25 años por la expropiación de una inmueble para la construcción de la avenida Circunvalación.

El ahora alcalde tiene varios procesos en su contra por denuncias de irregularidades en el ejerció como alcalde y luego prefecto de Cochabamba. Huyó a Estados Unidos ante una serie de procesos penales abiertos en su contra. Retornó cuando tomó el poder Jeanine Áñez, tras la dimisión de Evo Morales, en medio de una crisis social.

Reyes Villa se pronunció este domingo sobre la sentencia en su contra y consideró que por el tiempo transcurrido debía haber prescrito.

“La justicia instrumentalizada por el ala nefasta del MAS, emitió una ridícula sentencia por un caso de hace 25 años que ya debería estar prescrito; demostrando su intención de politizar y perjudicar a Cochabamba ¿Y los verdaderos delitos como el puente caído y muchos otros más?”, sostuvo el alcalde a través de sus redes sociales.

El fallo es en primera instancia y tiene posibilidades de apelación, como también la parte acusadora.

El Bloque Oriente, que aglutina a diferentes sectores sociales afines al oficialismo, apoyó al Gobierno y rechazó el paro de este lunes convocado por la institucionalidad cruceña en contra del aplazamiento del censo hasta el 2024. El presidente Luis Arce valoró el respaldo “ante grupos que solo buscan desestabilizar”.

“Valoramos el profundo compromiso de nuestras organizaciones sociales cruceñas, que están más unidas que nunca para defender la democracia, ante grupos que solo buscan desestabilizar. Nos sentimos fortalecidos con su respaldo, muchas gracias organizaciones sociales de Santa Cruz”, destacó en su cuenta en Twitter.

Arce acompañó su post con el documento de pronunciamiento del Bloque Oriente que rechazó el paro y respaldó la decisión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) de aplazar el censo, que debía realizarse este 16 de noviembre, hasta el 2024. El decreto 4760 materializó el acuerdo de la reunión autonómica.

La denominada cumbre por el censo, donde estuvo el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, y otros representantes de diferentes instituciones, decidió ir por el paro si hasta el viernes no se retrocedía en la ampliación del plazo del censo. Proponen que se realiza el primer semestre de 2023.

El portavoz presidencia Jorge Richter afirmó que el Gobierno está dispuesto a dialogar, pero no con ultimátum de acciones de presión como el paro de este lunes.

Arce aclaró el sábado en una entrevista en Radio San Gabriel que el censo no tiene una relación directa con mayores ingresos económicos, como es el razonamiento de los líderes que prueben reajustar la fecha del censo.

El dirigente cívico Rómulo Calvo y su abogado Cristofer Balcazar tenían conocimiento que la noche del jueves policías estaban en la puerta de su domicilio para verificar el cumplimiento de su arresto domiciliario, pero “monaron un show” denunciando irregularidades y llamando a la población a movilizarse, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Apoyado en el reporte policial, explicó que los familiares de Calvo y posteriormente su abogado tenían conocimiento de la presencia policial en el lugar. “Se esperó a que salga el señor Calvo y verificar el cumplimiento de arresto domiciliario, pero después de 30 minutos no salió”, prevé el informe, según leyó Lima en una entrevista en medios estatales.

La noche del jueves y a través de una entrevista en vivo con la red PAT, Calvo denunció que intentaban detenerlo tres policías apostados cerca de su casa y que tocaran la puerta pasadas las 23.00, cuando –sostuvo- estaba descansando. “Tienen un hueso duro de roer que se llama Santa Cruz de la Sierra”, advirtió esa noche, visiblemente alterado.

Acusó al fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, de estar detrás de su detención y llamó a la población a trasladarse hasta su domicilio. Balcazar estuvo en la casa, pero no dijo nada sobre la verificación del arresto domiciliario.

Calvo fue enviado en febrero a su domicilio con arresto domiciliario, por una denuncia de ejercicio ilegal de la profesión. Se lo acusa de ejercer y cobrar un sueldo como médico especialista, cuando no tenía el título.

“Él y su abogado sabían que se estaba haciendo una verificación de domicilio y han montado un show sabiendo esta información, han intranquilizado a la población de Santa Cruz, han pedido a la población que se movilice a su domicilio cuando lo único que se estaba haciendo, y ellos lo sabían, era la verificación de una medida judicial”, insistió.

Lima informó que se presentaron denuncias de que Calvo no estaba cumplimiento con el arresto domiciliario de 21.00 a 07.00.

En Santa Cruz van al paro este lunes exigiendo el censo para junio de 2023. Desde el Gobierno, el portavoz presidencial Jorge Richter consideró que la extrema medida no corresponde y generará perjuicios, pero además denunció “mala fe” del rector Vicente Cuéllar al asegurar que se hizo llegar al presidente Luis Arce una propuesta de reajuste de los plazos de la encuesta nacional.

La medida de presión empezará a las 00.00 de este lunes, aunque sectores como choferes, gremiales y más de 30 alcandías hicieron conocer que no acatarán el paro definido en la denominada cumbre por el censo, donde participaron el gobernador Luis Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo.

“No existe ningún motivo real y valedero para que la población cruceña tenga que ser castigada  con un paro que les va a generar un perjuicio económico que va a dejar siempre en riesgo la integridad de las personas que buscan transitar. No tiene sustento ni respaldo (el paro)”, insistió Richter en una entrevista con los medios estatales.

Desde su cuenta en el muro de Facebook, Camacho confirmó la extrema medida y aseguró que más de 360 instituciones lo respaldaron en rechazo al aplazamiento del censo, que debía realizarse este 16 de noviembre, hasta 2024.

“Hoy estuvimos en reunión con el Comité Interinstitucional donde reafirmamos nuestro compromiso por un Censo justo y oportuno, con la propuesta de que sea realizado en junio del 2023, tiempo suficiente para realizar las actualizaciones que el Gobierno Central no pudo cumplir”, afirmó el también excívico.

Cuéllar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM), participó el viernes de la reunión de rectores con el presidente Arce y aseguró que hizo llegar a Arce, como parte del Comité Interinstitucional cruceño, la propuesta de reajuste de los plazos del censo. Ante la falta de respuesta, Camacho y otros confirmaron el sábado el paro.

Richter afirmó que participó de la reunión de rectores y que Cuéllar en ningún momento habló de la propuesta, pero, además, reveló: “Lo único que dijo es acompañar el censo y que no quieren imponer, no tiene nada de relación con el documento mostrado ayer a los medios de comunicación”.

“Dejar un documento sin que el presidente (Arce) sepa que está, no decir nada importante y salir y decir no nos han dado respuesta, ahí hay un poco de mala fe”, denunció Richter.

El documento de propuesta de las entidades cruceñas fue compartido en redes sociales y, por lo que se ve, fue dejado en correspondencia de la Casa Grande del Pueblo.

“El gobernador Camacho y la dirigencia cívica le están generando un daño profundo en lo que significa el desarrollo, estabilidad y buena convivencia a Santa Cruz”, advirtió y recordó que el Gobierno siempre ha estado abierto al diálogo pero sin imposiciones.

La ampliación de la vacación escolar implicará una modificación “leve” del calendario escolar, aunque eso no representa extender la finalización del año por los mismos 10 días de ampliación de la vacación en esta gestión, explicó el ministro de Educación, Édgar Pary.

“Habrá una recalendarización, también dosificación de contenidos a través de los textos educativos que se ha entregado a las unidades educativas”, sostuvo e informó que también se lanzará un programa de lectura para “compensar” el tiempo de vacación extendida.

Por dos veces consecutivas se amplió el descanso pedagógico debido al incremento de los casos de COVID-19 en esta quinta ola y las bajas temperaturas. Con la nueva ampliación, los estudiantes deberán volver a clases desde el 1 de agosto.

“Habrá una modificación leve, aquí tenemos que aclarar que no siempre es ampliar 10 días y ampliar otros 10 días as para poder finalizar el calendario escalar”, explicó en una entrevista en los medios estatales.

En dos semanas o 10 días se amplió la vacación escolar de este año. Pary explicó que la modalidad de retorno a clases se definirá en función a las recomendaciones del Ministerio de Salud, aunque consideró que puede ser presencial porque la virtual es “distorsionada” desde el ámbito político.

“No está descartada ninguna modalidad, dependiendo de cómo viene el comportamiento del COVID-19, siempre sobre la base del informe del Ministerio de Salud vamos a tomar decisiones”, insistió.