La Sala Constitucional Segunda de La Paz instruyó este jueves al Ministerio de Gobierno que corrija y repare las vulneraciones al derecho a la honra, dignidad e imagen que sufrió la ciudadana Reyna H.H. y le recuerda que no puede exhibir a personas investigadas públicamente. 

“Se dispone como medida de reparación en un acto similar en conferencia dicha autoridad (Ministro de Gobierno) rectifique la información otorgada en esa conferencia respecto a la peticionante de la tutela, reparando los derechos fundamentales de la accionante. Aclarando que en dicha conferencia que la accionante se encuentra en proceso y que los delitos por los cuales son investigados serán determinados en un proceso penal”, señaló el presidente vocal de la Sala Constitucional Segunda.

También añadió que, como “garantía de no repetición, se recuerda al Ministro de Gobierno que el Estado, como garante de las personas privadas de libertad o que se encuentran procesadas por algún ilícito penal, no pueden ser exhibidas con las actuaciones procesales policiales o administrativas que se encuentren investigadas por algún ilícito penal”.

El fallo judicial se dio en el marco de una Acción de Protección de Privacidad, que el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó en representación de Reyna H.H., bajo el argumento de que se vulneró su honor, imagen y dignidad, al ser exhibida como delincuente.

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Callisaya dijo este jueves que la Sala Constitucional Segunda establece que en la exhibición del 22 de enero se “transgredió” los derechos a la privacidad, honra, dignidad e imagen en forma directa y se “vulneró la garantía de presunción de inocencia” de la investigada al ser exhibida en los medios de comunicación.

“La Sala constitucional (…) dispone como medida de reparación, dicha autoridad rectifique la información otorgada en esa conferencia prensa. Es decir, debe reparar la imagen, la honra, la dignidad a través de una conferencia de prensa, que la propia autoridad promocionada debe realizar en las mismas condiciones que ha sido exhibida”, señaló Callisaya.

Además, dijo que la práctica de exhibición de personas que no tienen sentencia condenatoria “no puede reiterarse”, a excepción de los casos en que se trate de fotografías de personas que se encuentran prófugas, desaparecidas o buscadas. “En ese caso hay una permisión de exhibición de fotografías”.

 “Entendemos que esta resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda al tutelar esta acción de privacidad lo que está haciendo es mesurar, racionalizar esta práctica nociva de exhibición innecesaria, con escarnio y situaciones que van a linchar socialmente a estas personas”, mencionó.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirmó este jueves que un grupo de “presos extranjeros” causa zozobra en las cárceles del país. Ante ello, dijo que se reforzará los controles con el cambio del 100 por ciento del personal policial. 

“Hay un grupo reducido de privados de libertad, lastimosamente, sobre todo extranjeros que generan zozobra en los centros penitenciarios, (porque) quieren realizar viejas praxis de sus países en violencia”, aseveró.

Señaló que los extranjeros están separados, aunque no se los puede tener todo el día encerrados porque la norma de Derechos Humanos no lo permite.

Sin embargo, aseguró que se está adoptando otro tipo de medidas, como las requisas semanalmente a todos los centros más peligrosos del país.

“Creo que con el relevo del personal, la tecnología, la inducción que vamos a dar, va a mejorar sin duda (la seguridad en las cárceles)”, indicó.

Además, afirmó que se está buscado “alguna figura jurídica” para ver qué se puede hacer con “estos privados de libertad que no tienen miedo y no les tiembla la mano a la hora de cometer un crimen al interior de un centro penitenciario”.

El martes, más de 400 policías realizaron una requisa en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, tras la muerte de dos reclusos.

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Limpias reiteró que Bolivia mantiene los índices más bajos de conflictos en las cárceles de América Latina y el mundo. Mencionó que en el país no hay una cultura de violencia como “se quiere hacer pensar y creer”.

“Ese tipo de estigmatización y satanización, cuando hay hechos de violencia, que los denominamos aislados, no ayudan a los privados (de libertad). El hecho que ha habido (el 26 de enero) era un ajuste de cuentas, cuando el policía pasa el arma. El otro hecho es un tema que todavía se está manejando, pero no es un tema de lucha de poderes en la cárcel”, indicó.

Señaló que no se quisiera tener ni un fallecido en los centros penitenciarios, pero “no deja de ser centros penitenciarios. donde también hay gente también violenta” y “por algo está ahí adentro”.

Una de las problemáticas en las cárceles del país es la sobrepoblación. A diciembre de 2024, la población privada de libertad en las cárceles del país alcanzó a las 32.035 personas, de las que 18.807 (58,71%) son detenidos preventivos, mientras que 13.228 (41,29%) cuentan con sentencia judicial.

La diputada evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gladys Quispe denunció que el Gobierno quiso convencer a los dirigentes campesinos Humberto Claros y Ramiro Cucho a someterse a un juicio abreviado por un supuesto caso de terrorismo que los involucra.

“Tenemos conocimiento que el Gobierno, mediante sus operadores se han constituido en los últimos días para querer obligar a nuestros hermanos para que se sometan a un proceso abreviado”, dijo la legisladora a los medios en La Paz.

Quispe defendió a sus compañeros y a otros que resultaron aprehendidos por la violencia en el boqueo evista de 24 días, entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre del año pasado.

Gladys Quispe

Entonces, Cucho, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) evista y Ramírez, dirigente Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fueron acusados de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos más; por eso, la Policía Boliviana ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

Precisamente, Cucho y Claros, líderes del Pacto de Unidad, propiciaron los 24 días de bloqueo de caminos en el departamento de Cochabamba, que dejó incomunicado el departamento de Cochabamba con las rutas hacia el occidente y oriente del país.

“El único delito que han cometido nuestros hermanos es estar en las carreteras en una movilización legal, legítima y constitucional”, dijo Quispe.

Huberto Claro y Ramiro Cucho

Y añadió: “Estos hermanos que están recluidos no son delincuentes, no son terroristas y no han cometido ni un solo delito”.

La diputada reclamó una supuesta inacción por parte del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, de quien exigió un pronunciamiento. “Si al Defensor del Pueblo no le da la gana de pronunciarse, más adelante va a asumir responsabilidad por incumplimiento de deberes. No es posibles que sea cómplice del Gobierno, tapando y callando este tipo de actividades”.

Asimismo, criticó la administración de Justicia y afirmó que se encuentra “sometida y subsumida” al Gobierno y dijo que Cucho, Claros y otros miembros de la facción evista que participó en la protesta son “presos políticos”.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista Gualberto Arispe negó este jueves que se pretenda convulsionar el país con el anuncio de una marcha en la ciudad de La Paz para inscribir la candidatura del expresidente Evo Morales ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Aseveró que la militancia que acompañará al líder cocalero será para resguardarlo ante una posible detención, esto a raíz de la orden de aprehensión que emitió la Justicia contra Morales.

“No hay ninguna pretensión de convulsión. Simplemente, de acuerdo a nuestra Constitución y la Ley 026 (Del Régimen Electoral) vamos a presentarnos (ante el Órgano Electoral)”, dijo Arispe a Erbol.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, advirtió este jueves que el expresidente tiene una línea trazada que “es generar problemas” y “convulsión” para alcanzar sus objetivos personales.

A ello, le recordó al líder cocalero que “hay normas, la Constitución e instancias que llevan adelante este proceso y en este país se tiene que respetar, nadie está por encima de la ley”.

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El miércoles, Morales convocó a sus bases a una marcha en la ciudad de La Paz para inscribir su candidatura y participar del proceso electoral del 17 de agosto.

“El día de inscripción, faltando dos, tres días para el último día, nos vamos a ir miles de miles a La Paz”, aseveró el líder cocalero en un encuentro con sectores sociales de Chuquisaca.

De igual manera, el senador evista Leonardo Loza añadió que al menos unos 100.000 militantes participarán de esta concentración.

Arispe recordó que el anuncio de la marcha que hizo Morales fue al pedido de las bases para acompañarlo con una concentración “multitudinaria”.

“Es solamente eso, por otro lado, no hay ninguna objeción para que podamos presentarnos en puertas del Órgano Electoral, como siempre lo hemos hecho”, aseveró el legislador.

Reiteró que los marchistas solo resguardarán a Morales y si la Policía Boliviana reacciona para aprehenderlo, “en su momento se sabrá” la reacción de sus bases.

Ante el anuncio de una marcha a La Paz para inscribir la candidatura de Evo Morales, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, advirtió este jueves que el expresidente tiene una línea trazada que “es generar problemas” y “convulsión” para alcanzar sus objetivos personales.

“Son anuncios y medidas que simplemente perjudican. Es una constante de este sector, de este expresidente que tiene una línea trazada y planificada, que es simplemente generar problemas, convulsión con un simple objetivo, un interés personal”, aseveró la autoridad.

El jueves, Morales convocó a sus bases a “prepararse” a una marcha en la ciudad de La Paz para inscribir su candidatura y participar de las elecciones generales del 17 de agosto.

“El día de inscripción, faltando dos, tres días para el último día, nos vamos a ir miles de miles a La Paz”, aseveró el líder cocalero en un encuentro con sectores sociales de Chuquisaca.

A ello, el senador evista Leonardo Loza añadió que al menos unos 100.000 militantes participarán de esta concentración.

Alcón le recordó al líder cocalero que “hay normas, la Constitución e instancias que llevan adelante este proceso y en este país se tiene que respetar, nadie está por encima de la ley”.

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“No necesitamos más problemas en el país. Es un año del bicentenario, es un año electoral en el que tenemos que pensar en nuestra gente”, dijo.

Sobre la inhabilitación de Morales, la autoridad indicó que hay entidades que tienen que pronunciarse si está o no habilitado y cual es procedimiento para llevar un proceso electoral.

“Estamos en un país que tiene una constitución, que tiene normativas e institucionalidad y que todos debemos someternos a ello”.

Además, resaltó que también la Sentencia Constitucional 1010/2023 marcó “la línea” sobre la relección presidencial.

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa reiteró el miércoles que el líder cocalero está inhabilitado y que su candidatura “no se trata de marchas o expresiones de deseos, si no de cumplir la norma”.

 “(Él) está inhabilitado por ley nacional, por la Constitución y está inhabilitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí no hay debate alguno”, afirmó.

El evismo afirma que Morales está habilitado y quien debe pronunciarse al respecto es el Tribunal Supremo Electoral y no el Tribunal Constitucional Plurinacional, tal como lo hizo a través de la Sentencia Constitucional 1010 y el Auto Constitucional 083/2024 sobre la relección continua y discontinua.