Magistrados del TCP garantizan fallo sobre la repostulación para este año
Se había especulado en esferas políticas que las autoridades electas en diciembre tratarían el recurso hacia la repostulación en 2018. La sala plena del TCP fijó que resolverá todos los casos pendientes, como el recursos contra la ley de la Coca, antes de fin de año.
Por decisión de sala plena, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) urgió confianza y garantizó que resolverá hasta la conclusión del mandato de sus actuales miembros todos los procesos pendientes, entre ellos el presentado por el oficialismo para validar la repostulación del presidente Evo Morales.
“No solo es ese tema (de repostulación) sino otros como el de la coca, de género y la acción abstracta (del oficialimso) se van a resolver en esta gestión. Los magistrados tenemos la responsabilidad de emitir los fallos que han ingresado en esta gestión”, anunció el magistrado Zenón Bacarreza.
Entre los demandas pendientes están contra la ley de la Coca, que es cuestionada por legalizar cocales en el Chapare, y la ley de Identidad de Género, que permite a las personas trans cambiar su nombre y género en documentos como el de identidad, cuentas bancarias, títulos profesionales.
El jueves 18 de octubre, la Comisión de Admisión de ese tribunal designó al magistrado relator que redactará la sentencia sobre la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó un mes antes con el fin de habilitar la repostulación indefinida de autoridades electas como Morales.
Desde el 19 de octubre, corre el plazo de 45 días para que emita el fallo, es decir, hasta fines de noviembre. Los actuales magistrados cumplirán su gestión recién el 3 de enero de 2018.
En el recurso legal, el oficialismo pidió al TCP que declare inconstitucionales cinco artículos de la Ley 026 del Régimen Electoral y suspenda la aplicación de cuatro de la Constitución Política del Estado (CPE) que, aseguran, vulnera derechos humanos y políticos de los gobernantes y que están reconocidos en el supraestatal Pacto de San José de Costa Rica.
La oposición ha cuestionado ese trámite y busca frenarlo con un recurso que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el respaldo de protestas callejeras que vieron su culmen el 10 de octubre cuando se conmemoró el Día de la Democracia.
“No podemos dejar para el siguiente tribunal lo que nosotros hemos (conocido), al menos es una misión que hemos hablado como ente colegiado que vamos a resolver todos las causas”, remarcó el magistrado en respuesta a las versiones de algunos políticos en sentido de que serían las autoridades electas en las elecciones de diciembre los que fallarían sobre ese asunto.
Algunos sectores oficialistas y el propio ministro de Desarrollo Productivo , Eugenio Rojas, demandaron a los movimientos sociales enviar resoluciones de “apoyo” y movilizarse para que el TCP fallé en su favor. Inclusive, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz Rolando Borda llamó a ir en “patota” (grupo) a sus puertas para exigir ese extremo.
Bacarreza ratificó, como lo hiciera su colega Mirtha Camacho en las horas precedentes, que no trabajan bajo presión y demandó a la población y a los políticos que confíen en su labor que, aseguró, se apega a la normativa vigente.
“Nosotros no actuamos bajo presión, actuamos bajo la norma y la línea jurisprudencial. Por tanto pido a la opinión pública y a los sectores que dejen trabajar al Tribunal. (Les pido) confianza porque al fin vamos a fallar acorde al texto constitucional y a la línea jurisprudencial, nosotros no nos salimos de eso, es nuestra brújula”, insistió. (17/10/2017)
