La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame, anunció que presentó un proyecto de ley que busca modificar la normativa del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para garantizar su operatividad mientras se completa la elección de magistrados.

Este domingo 15 de diciembre, los bolivianos están convocados a las urnas para elegir nuevas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en elecciones parciales. 

En total, se designarán cinco magistrados para el Tribunal Agroambiental, siete para el Tribunal Supremo de Justicia, cuatro para el Tribunal Constitucional Plurinacional y tres representantes para el Consejo de la Magistratura, incluyendo titulares y suplentes.

La propuesta establece que el TCP funcione con los cuatro magistrados titulares que resulten electos y con los cuatro suplentes.

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Según Salame, los suplentes asumirían los casos anteriores a 2023, mientras que los nuevos procesos, a partir de 2024, serían atendidos por dos salas conformadas por los titulares electos. “Es una medida alternativa para viabilizar el funcionamiento del TCP”.

Además, que en el proyecto se incluye una convocatoria para completar las elecciones, con un plazo máximo hasta las elecciones generales de 2025, explicó en La Razón Radio.

El proyecto también aborda el caso del Tribunal Supremo de Justicia, que, según Salame, puede operar con siete magistrados mientras se eligen a los dos restantes.

Según la legisladora, la propuesta ya ha sido analizada por la Comisión de Justicia Plural del Senado y se prevé que sea aprobada en el pleno la próxima semana.

Se espera su tratamiento en la Cámara de Diputados en las primeras sesiones de 2025.

Desde las cero horas de este viernes rige en Bolivia el auto de buen gobierno de cara a las elecciones judiciales parciales del domingo 15 de diciembre.

Las nueve gobernaciones del país aprobaron decretos que establecen prohibiciones y sanciones antes, durante y después de los comicios.

Más de 7,3 millones de personas están habilitadas para estas elecciones judiciales de este domingo. En La Paz, se instalarán un total de 8.700 mesas de sufragio.

Conozca las principales prohibiciones que rigen desde este viernes y las sanciones, en caso de incumpliendo.

Prohibiciones en Bolivia

1. Bebidas alcohólicas: Desde este viernes 13 hasta el mediodía del lunes 16 de diciembre queda prohibido el consumo y expendió de bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas cantinas, hoteles, restaurantes y cualquier otro establecimiento público o privado.

2. Restricción vehicular: Desde las cero horas del domingo está prohibida la circulación de vehículos particulares y de transporte público, con excepción de aquellos que exhiban la autorización extendida por el Tribunal Supremo Electoral o Tribunales Electorales Departamentales.

Quedan exentos de esta prohibición los vehículos de la Policía Boliviana que brinden las tareas de seguridad y cadena de custodia, además de los vehículos de las Fuerzas Armadas que estén en el proceso de la cadena de custodia.

En el caso de las ciudades de La Paz y El Alto también se suspende el servicio de Mi Teleférico.

3. Armas de fuego: Durante la jornada electoral está prohibido portar armas de fuego, objetos contundentes o punzocortantes y que representan un peligro para la seguridad. No están comprendidas en esta prohibición las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional encargadas de mantener el orden público.

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4. Reuniones y espectáculos: Están prohibidas las reuniones y espectáculos públicos. El domingo no se pueden realizar eventos sociales, culturales o deportivos.

Sanciones

5. Transporte. Desde las cero horas del domingo hasta la medianoche, no se permitirá el transporte terrestre, aéreo o lacustre, con excepciones específicas para vuelos internacionales en tránsito.

6. Propaganda electoral: Hasta la conclusión de las elecciones está prohibido realizar cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a candidatos.

Sanciones: En caso de incumplimiento se aplicarán multas, arresto o trabajo comunitario a quienes incumplan las normas.

En el caso de las faltas leves como conducir un vehículo sin autorización la multa será de Bs 500.  Para las faltas graves, por ejemplo, consumir bebidas alcohólicas, la sanción supone un pago de entre Bs 1.175 a Bs 1.500. Y para faltas muy graves como vender o distribuir bebidas alcohólicas la multa será entre 47% y 60% (Bs 1.175 a Bs 1.500).

La senadora Silvia Salame sugirió que las elecciones judiciales faltantes, correspondientes a los magistrados no incluidos en el proceso parcial del 15 de diciembre, podrían llevarse a cabo junto con las elecciones generales de 2025.

La propuesta surge tras la sentencia 0777/2024-S4 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que validó la parcialización de las elecciones judiciales y advirtió sobre sanciones en caso de desacato.

Según Salame, este planteamiento depende de los recursos asignados por el Estado y de una normativa específica que permita compatibilizar ambos procesos.

“Lo óptimo sería que la primera semana o la segunda semana de enero, nosotros saquemos una ley, se haga una convocatoria y se haga de inmediato. Pero esto tiene que compatibilizarse con el Misterio de Economía. Y si no existen recursos económicos, tendríamos que recurrir a que se haga en forma conjunta con las elecciones de presidente, las elecciones nacionales”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

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Hace unas semanas, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, ya había afirmado que con una ley aprobada por la Asamblea Legislativa se podría establecer la realización de las elecciones restantes optimizando recursos junto con las generales de 2025.

Salame explicó que la ley no prohíbe que las elecciones judiciales se realicen conjuntamente con las nacionales. Sino que la única restricción aplica para otros procesos, como “referendos municipales”.

En las elecciones del domingo solo serán elegidas 19 de las 26 autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional y dejarán en funciones a magistrados prorrogados.

“Ya podemos hablar de Manfred candidato a la presidencia”, dijo el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, luego de recibir, este viernes, la personería jurídica de Súmate, la alianza que lidera y con la que participará en las elecciones presidenciales de 2025.

El alcalde cochabambino, en una improvisada conferencia de prensa en puertas del TSE, en La Paz, apostó por el proyecto que “puede cambiar la vida de los bolivianos”.

Reyes Villa recibió del TSE la personería jurídica de su organización política y que le otorga la categoría de alcance nacional.

Para ello, presentó ante el Órgano Electoral más de 108.000 firmas.

“Ya tenemos un plan y una estrategia. Estamos bien organizados y tenemos toda la experiencia para hacer lo que vamos a hacer. No vamos a jugar con el país”, apuntó.

Una vez más dijo que no es un “chiquillo” y que el país “no está para experimentos”.

Dijo que, si los bolivianos le dan la oportunidad de gobernar, hará de Bolivia uno de los países más ricos de Sudamérica.

“Vamos a salvar nuestra querida Bolivia y vamos a poner orden en Bolivia para adoptar un nuevo modelo para que sea uno de los países más ricos de Sudamérica”, señaló.

Dijo que, de llegar a ser presidente, trabajará con los mejores profesionales del país, para que los jóvenes no busquen posibilidades de estudiar y trabajar fuera de Bolivia.

“Vamos a utilizar a la mejor gente del país, los mejores profesionales y la gente que, realmente pueda coadyuvar a todo este gran proyecto y desafío que queremos”, sostuvo.

Desde que comenzó la recolección de firmas para lograr la personería jurídica, hace siete semanas, Reyes Villa resaltó que tiene “certificado de experiencia de buena gestión”, debido a su reelección como autoridad de Cochabamba.

El abogado Manolo Rojas, que defiende al exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Conta el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, indicó que el exjefe policial dejó una carta de cuatro hojas que, según dijo, pone nerviosos a algunos políticos.

El jurista develó en conferencia de prensa que, “en su calidad de zar antidrogas por tantos años, (Dávila) tiene información contundente que obviamente le va a servir a Estados Unidos”.

Varios actores se ocuparon de la extradición de Dávila a Estados Unidos, pues consideran que su entrega a ese país tiene un trasfondo político.

Maximiliano Dávila

Por ejemplo, a horas de la extradición, el expresidente Evo Morales afirmó que Bolivia “vuelve a ser una colonia” de Estados Unidos.

“Los bolivianos son entregados al Imperio Norteamericano, violando los acuerdos internacionales, sin ser, primero, juzgados en su Patria donde supuestamente cometieron delitos”, escribió en sus redes sociales.

En contraposición, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó la extradición de Dávila como un “hito” en la lucha contra el narcotráfico.

Recordó que, en 1989, Luis Arce Gómez, ministro del expresidente dictador Luis García Meza, también fue extraditado a ese país por sus delitos vinculados al narcotráfico.

Extradición

“En diciembre de 1989, fue capturado el señor Arce Gómez, ministro del exdictador, García Meza por el delito de narcotráfico y ulteriormente extraditado a EEUU, hoy, 35 años después, es extraditado, también a EEUU, el señor Maximiliano Dávila, dos hitos en la historia de nuestro país”, escribió la autoridad en sus redes sociales.

Al respecto de esas y otras publicaciones de políticos, Rojas señaló: “Hay personajes en la figura política que ya se han puesto nerviosos; que ya han tuiteado, inclusive antes de que ocurra lo de hoy (extradición), pues por algo será”.

Del Castillo, en varias ocasiones, afirmó que Morales tiene algo que ver con los ilícitos que implican a Dávila. Eso, porqie fue su jefe antidrogas en 2019.

Precisamente, desde que se conoció la solicitud de extradición, el exmandatario advirtió que se trata de una “jugada política”; eso con el fin de “mancharlo” con supuestos ilícitos vinculados al narcotráfico y luego “entregarlo a Estados Unidos”.

Manolo Rojas

“Hay personajes en la figura política que ya se han puesto nerviosos, que ya han tuiteado. Inclusive antes de que ocurra lo de hoy, pues por algo será”, advirtió Rojas.

El defensor de Dávila dijo que la información contenida en la carta será conocida “en su momento”; y que, por estrategia jurídica, esperará la autorización para hacer pública esa información.