El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en su estación en grande el proyecto de ley de debate obligatorio para los cargos de presidente y vicepresidente.

La normativa incorpora en la Ley 026, de 2010, un artículo que establece la obligatoriedad del debate electoral público para las candidatas y candidatos a los cargos de presidente, vicepresidente, gobernadores, ejecutivo regional y alcaldes.

Su finalidad es garantizar que la ciudadanía conozca y analice las propuestas de los diferentes programas de gobierno, contribuyendo a un voto informado.

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En noviembre de 2024, el TSE remitió a la Asamblea el proyecto de ley para que el debate electoral sea público y obligatorio en los futuros procesos electorales.

La iniciativa propone que los debates deban celebrarse dentro los 15 días anteriores y hasta los cinco días previos a la fecha de la elección, además establece que sean públicos y obligatorios para todos los asistentes.

En caso de una segunda vuelta, los candidatos habilitados también deberán participar en un nuevo debate dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ve complicaciones para ingresar al Trópico de Cochabamba y aprehender el expresidente Evo Morales en el marco del proceso que le sigue la justicia por trata de personas con agravante.

“Todo el pueblo conoce que pesa una orden de aprehensión en contra de Evo Morales. No es un plan sencillo que se pueda ejecutar por las circunstancias y situaciones que se están presentado en ese lugar”, afirmó la autoridad en entrevista con medios de comunicación. 

Morales es investigado con relación a un presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando él era jefe de Estado, en 2016. Sobre el líder cocalero pesa una orden de aprehensión emitida por la justicia y la anotación de sus bienes y su arraigo.

El expresidente está atrincherado desde octubre de 2024 en la localidad de Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, tras la acusación del Ministerio Público. Desde esa fecha, el líder cocalero ya no salió de esa región y es resguardado por sus seguidores ante una posible intervención policial.

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El domingo, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, reveló que la Policía Boliviana armó un anillo de seguridad alrededor de los nueve manzanos que fueron tomados por seguidores del Morales para evitar su aprehensión.

Según Aguilera, los seguidores del expresidente se construyeron tres anillos de seguridad en la región de Lauca Ñ, sede de Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, lo cual impide de aquellas personas que no estén registradas.

Esta situación ha impedido hasta el momento que se realice algún operativo policial para efectuar su aprehensión y captura.

En esa línea, el viceministro Ríos pidió dejar de mostrar a Morales como víctima, por el contrario, demandó al exmandatario a presentarse ante la justicia y declarar por los delitos que es investigado.

“Qué mensaje les estamos dando a las víctimas de violación y a las de abuso, de que el día de mañana una persona va a recurrir a chicanerías y a este tipo de manipulación de las personas para no responder la justicia, es importante que cuestionemos la actitud de Evo Morales y lo que hacen algunos dirigentes al evadir la justicia por los delitos que está siendo investigado”, afirmó.

La senadora Silvia Salame anunció que la Cámara Alta debate este jueves un proceso penal contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declararon nula la séptima sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio de 2024.

“Antes de ayer, yo presenté una carta al presidente del Senado, en la cual le sugería que debería poner en consideración del pleno el inicio de un proceso penal contra estas personas”, declaró en entrevista con La Razón Radio.

Salame explicó que, si el Senado aprueba la demanda, esta no debería pasar por la Cámara de Diputados; en su lugar, se presentará la denuncia ante el Ministerio Público.

La polémica surge tras la publicación de la sentencia 113/2024, que anuló la sesión del 6 de junio de 2024, presidida por el presidida por Andrónico Rodríguez, donde se sancionó la Ley 075 para cesar a los magistrados autoprorrogados. Además, se aprobó un crédito para la carretera Confital-Bombeo y un decreto de amnistía.

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Sin embargo, dio por válida la aprobación del decreto presidencial de amnistía e indulto y el contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Colom, por $us 176 millones.

Según la exmagistrada, la sentencia no aparece registrada de forma oficial ni en las plataformas del TCP ni en su informe de labores. Además, denunció que todavía se está “manipulando la información”.

“No estamos hablando de un juicio de responsabilidades, ya que ellos no se encuentran en la calidad de magistrados. La Ley 044 protege únicamente a las personas que están en ejercicio de la magistratura, y ellos no tienen esa calidad”, aclaró Salame.

Señaló que el presidente del Senado es quien debe presentar la denuncia en representación de la Cámara Alta. En cuanto a Rodríguez, dijo que debería delegar el caso a los abogados y que la denuncia debería formalizarse a más tardar el lunes.

Si el Ministerio Público acepta la denuncia, Salame explicó que corresponderá a un juez de garantías determinar si los magistrados deben ser suspendidos mientras avanza el proceso.

El tema fue debatido el miércoles en la Cámara Alta. Esta jornada, la sesión del Senado debía comenzar a las 8:30, pero Salame informó que sufrió retrasos. Sin embargo, se espera que se apruebe en las próximas horas.

La Procuraduría General del Estado informó que, en el marco del Caso Manfred Reyes Villa, tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), impulsa una solución amistosa, como mecanismo previsto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“(…) Este procedimiento busca la reparación integral y beneficiosa para las partes; por lo que, el rol de esta entidad de creación constitucional se limita en someter los casos seguidos en su contra ante la CIDH, a un proceso de solución amistosa regulado en los artículos 48.f) y 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…)”, señala parte del comunicado de la Procuraduría.  

A ello, también afirma que en este caso “no existe ningún compromiso de anulación de los procesos nacionales seguidos contra Manfred Reyes Villa” y aclara que los “procesos penales seguidos contra este señor fueron anulados por Sentencia Constitucional 0405/2023-S4 de 31 de mayo de 2023”.

La sentencia resolvió “(…) que las autoridades demandadas o quienes por el transcurso del tiempo se encuentren a cargo del control jurisdiccional, declarado la nulidad de obrados de los procesos penales identificados en esta acción de libertad, salvo el asignado Nurej 200935860, remitan los correspondientes antecedentes ante el Fiscal General del Estado, para su respectivo procesamiento conforme a lo previsto por la Ley 2045”.

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En agosto de 2008, Reyes Villa demandó al Estado boliviano ante la CIDH respecto a sus derechos y en contra de los juicios en rebeldía o ausencia del acusado que le siguió el Ministerio Público. Sin embargo, en mayo de 2021, la CIDH publicó la admisibilidad del caso 97/21.

En su petición, el alcalde de Cochabamba denuncia varios aspectos que violentaron sus derechos como permitir que grupos irregulares atenten contra su integridad, su destitución como Prefecto de manear inconstitucional y la persecución judicial en base a procesos penales.

Reyes Villa también denunció que se utilizó manera retroactiva una ley que permitía juicios en rebeldía por acusaciones de corrupción y que, en ese marco, se le dictó dos sentencias en causas sin pruebas, testigos ni debido proceso.   

En mayo de 2023, el burgomaestre indicó que la admisión de la demanda ante la CIDH permitió que la justicia revise los procesos seguidos en su contra y que “no es por arte de magia que desaparecen 12 procesos”.

En mayo de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la sentencia 0405/2023 anula 12 de 13 procesos penales que le instauraron por presuntos hechos de corrupción cuando era prefecto.

“Andrónico Bicentenario, El Alto te quiere como presidente”, señala parte del texto de un banner colocado sobre una gigantografía de la avenida Ballivián en el Distrito 6.

Para este jueves, un grupo denominado “Whipalas insurgentes” convocó a una conferencia de prensa en la Sala de Prensa de la Alcaldía Quemada donde anunciarán la proclamación del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, como candidato presidencial en las próximas elecciones generales, en agosto de este año.

En el banner también está inscrita una firma donde que se identifica como “Nuevo movimiento”. “Comerciantes, transportistas, profesionales, maestros urbanos, rurales (…) Las 20 provincias te apoyan”, se lee.

Los banner, gigantografías y afiches aparecieron primero en La Paz y Santa Cruz, y ahora en El Alto. Promueven la supuesta candidatura de Rodríguez a las elecciones generales, a pesar de que el mismo presidente de la Cámara de Senadores descartó tal situación.

Respecto de la aparición de las vallas, Rodríguez consideró que se trata de una “guerra digital” que “no tiene límites para desinformar y dañar”.

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“Se me pretende atribuir el pago de vallas de publicidad vial, hecho que niego enfáticamente. Somos respetuosos del derecho a la #LibertaddeExpresión y derechos políticos, pero vemos que la mala fe arremete de manera desenfrenada”, escribió en sus redes sociales en febrero pasado.

El fin de semana, en un ampliado de Potosí, evistas boicotearon la proclamación del senador al apagar las luces donde se desarrollaba el evento. El expresidente Evo Morales consideró que es único candidato, no hay plan B y recordó que Rodríguez no es candidato y que no lo desgasten.