Wilfredo Chávez, exprocurador del Estado, opinó sobre el proyecto de ley que regula la conformación y funcionamiento del TCP.

Durante su intervención en el programa Piedra, papel y tinta, Chávez explicó los fundamentos legales de esta iniciativa y cuestionó las intenciones detrás de la prórroga de los magistrados.

Antecedentes del proyecto de ley

El proyecto de ley, aprobado por el Senado, busca regular el funcionamiento del TCP sin los magistrados “autoprorrogados”.

Según Chávez, el artículo 197 de la Constitución Política del Estado no establece un número fijo de magistrados, dejando esta regulación a la Ley del Tribunal Constitucional y la Ley de Procedimientos Constitucionales, elaboradas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Estas leyes permiten modificar el número de magistrados si la Asamblea Legislativa decide cambiar la normativa vigente”, señaló Chávez.

Sin embargo, el ministro de Justicia, César Siles, calificó esta reforma como inconstitucional, lo que, según Chávez, refleja un intento de obstaculizar acuerdos políticos para mantener la prórroga de los magistrados actuales.

Intenciones detrás de la prórroga

Chávez afirmó que esta situación responde a una estrategia política. “Creo que la intención fue prorrogar a los magistrados. Iván Lima (exministro de Justicia) me dijo una vez que eso querían hacer”, declaró.

Para el exprocurador, el proceso de reforma debería completarse para garantizar la entrada en vigencia de la nueva ley, aunque se reconoce que podría ser un camino largo.

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Consecuencias legales

Chávez advirtió que, una vez que aprueben el proyecto de ley y este entre en vigencia, anularán los actos realizados por los magistrados “autoprorrogados”. “Estos señores rendirán cuentas, y revisarán y anularán sus decisiones”, subrayó.

El exprocurador instó a los legisladores a avanzar en los procedimientos necesarios para consolidar esta reforma, asegurando que su implementación fortalecería la institucionalidad del TCP.

Wilfredo Chávez, ofreció declaraciones contundentes sobre la “Marcha Comunal por la vida”, la crisis del Movimiento al Socialismo (MAS) y el panorama político boliviano.

Durante su participación en el programa televisivo Piedra, Papel y Tinta, Chávez abordó temas clave como la “Marcha Comunal por la Vida” y la profunda crisis que divide al partido oficialista.

La marcha

La denominada “Marcha Comunal por la Vida”, organizada por sectores sociales afines a Evo Morales, ha generado controversia tanto dentro como fuera del MAS.

Los seguidores del expresidente presentaron la marcha como una manifestación en defensa de la democracia y la economía, mientras que el gobierno la calificó como una “Marcha en defensa de la pedofilia”.

Chávez señaló que el gobierno actúa según una estrategia política que Morales denunció hace dos años. Estas acciones han llevado al gobierno actual a un alejamiento de los principios fundamentales del MAS, convirtiéndose en lo que calificó como “un residuo indeseable para la política”.

La dispersión de la oposición

En un análisis de la oposición boliviana, Chávez destacó que actualmente existen 31 candidatos de derecha que buscan consolidarse en el escenario electoral. Esta fragmentación, según él, dificulta cualquier intento de formar una coalición sólida.

“Ellos han gobernado junto a Jeanine Áñez, y ahora intentan unirse, pero la realidad es que están completamente dispersos”, afirmó.

En contraste, Chávez defendió la capacidad de los movimientos sociales afines a Evo Morales para movilizarse en las calles, asegurando que estas manifestaciones reflejan el respaldo popular hacia el expresidente.

¿Es posible la unidad en el MAS?

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Aunque reconoció las diferencias entre los sectores “evistas” y “arcistas” dentro del MAS, Chávez sostuvo que la unidad del MAS siempre es posible si se presenta una propuesta coherente y transparente. “El modelo necesita grandes ajustes con una fuerte dosis de transparencia”, enfatizó, sugiriendo que un enfoque renovado podría cohesionar a votantes del MAS.

Además, Chávez reveló que, una vez que inicie oficialmente el proceso electoral. se deberán presentar en áreas clave para el país.

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Denuncias y represión

Chávez denunció la reciente aprehensión de 22 participantes de la marcha en La Paz, algunos de los cuales ya fueron liberados tras gestiones legales. Este hecho, según el abogado, ejemplifica el clima de tensión política y social que atraviesa el país.

La Fiscalía investiga al ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperger, por la supuesta comisión de los delitos de corrupción y falsedad en la declaración jurada de bienes. La investigación se abrió a instancias del Viceministerio de Transparencia, luego de una denuncia.

Dicha denuncia incluye a Gabriel Alejandro Delgado, asesor jurídico de la autoridad.

“Se tendría efectivamente un aumento no proporcional con los ingresos que tendrían estas dos autoridades con relación a lo que se habría declarado”, informó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez.

El ministro investigado fue posesionado el 5 de marzo de 2024, en reemplazo del exministro Rubén Méndez.

“La denuncia simplemente versa en incremento desproporcional de factor económico que tendrían estos dos señores que habrían declarado efectivamente”, dijo a los periodistas en La Paz.

Asimismo, indicó que el fiscal titular de ese caso “ya está emitiendo las directrices de investigación y efectivamente ya será quien, en base a los elementos de convicción, bien cite o emita lo que por derecho corresponda dentro de la presente investigación”.

No se conoce de una audiencia u otro acto para el proceso, pero indicó que el fiscal a cargo emitirá más información.

“Transparencia es quien, efectivamente, ha presentado la denuncia exclusivamente del Viceministerio y es por esa situación exclusivamente de que se ha dado inicio a las investigaciones tras la valoración de los elementos de convicción o elementos de prueba que han presentado su denuncia”, añadió.

Hasta el momento, la autoridad no se pronunció respecto de la investigación en su contra.

Wilfredo Chávez, abogado defensor de Evo Morales, denunció irregularidades en el proceso que enfrenta el expresidente. Durante una entrevista en el programa Piedra, papel y tinta, Chávez aseguró que las acusaciones son parte de un intento de desprestigio político y calificó el caso como un proceso injusto y lleno de inconsistencias legales.

De estupro a trata y tráfico

Según Chávez, el proceso contra Morales comenzó con acusación de estupro, para luego pasar a imputación por trata y tráfico de personas. El abogado criticó que, con la ayuda de ciertos medios de comunicación, el gobierno construyó un “contexto de escándalo” en torno a delitos sexuales y destacó que el Ministerio Público desestimó oficialmente estas acusaciones iniciales.

“Se ha descartado cualquier delito de carácter sexual contra niños, niñas o adolescentes. Sin embargo, las autoridades gubernamentales continúan hablando de estos delitos en los medios”, afirmó Chávez.

Denuncia de irregularidades procesales

Chávez también subrayó fallas en el procedimiento judicial. Entre las irregularidades más graves, afirmó que las autoridades no notificaron a Morales en su domicilio procesal en Villa Tunari y, en su lugar, emplearon edictos, un método que se utiliza únicamente cuando se desconoce el paradero del acusado.

“Esto es una irregularidad evidente. Evo Morales tiene un domicilio registrado y reside en Villa Tunari. Estas acciones reflejan la intención de obstaculizar su defensa legal”, explicó Chávez.

El abogado también denunció que la audiencia programada para el martes fue suspendida y reprogramada para el 17 de enero, lo que, según él, es otra muestra de las inconsistencias del caso.

Sobre el Ministro de Gobierno

Chávez exigió al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que presente pruebas que respalden sus declaraciones sobre los supuestos delitos sexuales atribuidos a Morales. “El ministro ha llamado a esta movilización la ‘marcha en defensa de la pedofilia’. Le pido que muestre una imputación que incluya estos delitos, pero no existe ninguna que los mencione”, afirmó

El abogado también recordó que la supuesta víctima denunció al propio ministro y a la fiscal de distrito de Tarija, Sandra Gutiérrez, directamente ante la Fiscalía General del Estado, debido a su desconfianza en la fiscalía de Tarija.

Rechazo de denuncias internacionales

Chávez señaló que el exministro de Economía del gobierno de Jeanine Áñez, Branco Marinkovic, inició un proceso en Argentina contra Evo Morales, acusándolo de trata y tráfico de personas. Según el abogado, Marinkovic se habría apropiado de 35 mil hectáreas de tierra, incluida una laguna, lo que pone en entredicho su credibilidad. Sin embargo, el caso presentado fue desestimado por falta de pruebas.

“La justicia argentina rechazó la denuncia porque no existían elementos probatorios que la sustentaran”, concluyó Chávez.

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Mientras las tensiones crecen, el próximo capítulo de esta controversia está programado para el 17 de enero, cuando se realizará la nueva audiencia judicial contra Evo Morales.

El bloque de oposición anunció que pedirá la dispensación de trámite para abordar el proyecto de Ley de Redistribución de Escaños Departamentales en la sesión del pleno de la Cámara de Senadores programada para este miércoles.

La convocatoria de la Cámara Alta describe cuatro puntos: correspondencia, asuntos del día, asuntos en mesa, informes de comisiones y asuntos varios.

El Proyecto de Ley de Redistribución de Escaños fue aprobado en la Cámara de Diputados el viernes de la anterior semana en el pleno camaral con un respaldo mayor a los dos tercios exigidos.

¿En qué consiste la dispensación de trámite? Es la solicitud que presentan algunos legisladores para que una norma sea debatida directamente en el pleno de la cámara que corresponda sin tener que pasar por su análisis en la comisión camaral correspondiente.

Ley de Escaños

La norma en cuestión fue propuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que basó su propuesta en los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado el 23 de marzo de 2024.

Hay presión por la aprobación de esa norma. El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi advirtió que debe ser sancionada y promulgada hasta el 15 de enero. De lo contrario, el Órgano Electoral deberá trabajar con la ley basada en los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2012.

Incluso, Tahuichi advirtió que, de ser así, la elección presidencial prevista para agosto de este año “corre riesgo”.

“El riesgo potencial es que se frene la elección. Hay que recordar que hay más de tres millones de cruceños que podrían presentar un recurso de amparo constitucional una vez que comience la elección presidencial, que pondría en riesgo la elección”, dijo el vocal a Unitel.