El Fiscal Carlos Candía informó que la próxima semana se citará a los ejecutivos y los directivos de Aerosur por una supuesta legitimación de ganancias y asociación delictuosa, denunciada por los trabajadores  de la aerolínea privada.

 Asimismo indicó que hasta la fecha se emitió un requerimiento fiscal a esa institución para brindar un informe del estado financiero y certificación de situación legal sobre bienes y propiedades de 27 personas, entre ejecutivos, directivos y accionistas de Aerosur.

 «Estamos en la etapa de recolección de información de la situación de los encargados de la empresa, por si las investigaciones se encuentre responsabilidad penal o administrativa en el accionar de los denunciados, se pedirá anotación preventiva de bienes, con el único objeto de garantizar los derechos laborales de los trabajadores que son la parte acusadora», explicó.

 Trabajadores de Aerosur continúan en una vigilia en el edificio central de Aerosur en Santa Cruz. «Tenemos un proyecto que presentamos a la ATT (Autoridad de Regulación y Control de Telecomunicaciones y Transporte), los trabajadores queremos hacernos cargo de la empresa, con la reactivación de algunos vuelos nacionales y a España, para salvar nuestras fuentes de trabajo el proyecto está en estudio», explicó el dirigente Jorge Toro.

 Asimismo, los usuarios, que exigen la devolución del importe de pasajes sobre todo al exterior, anunciaron que iniciaran acciones penales en contra los ejecutivos de Aerosur.

 Desde febrero, la firma atraviesa por una profunda crisis financiera que causó el cese de operaciones en Bolivia, además arrastra una deuda impositiva ejecutoriada de Bs 108,8 millones por la gestión 2004. El fisco logró recuperar hasta el momento, a través de la retención del 100% de los ingresos que obtiene la compañía por la venta de pasajes, Bs 18,2 millones.

El excomandante General de Policía, Ciro Farfán, anunció que analiza la presentación de una querella contra los policías y civiles que «tramaron» su destitución en mayo del 2011, al involucrarlo con una organización de auteros y clonadores de placas.

«Respetamos la atribución asumida por el Presidente, pero sé que fui relevado del cargo por un supuesto delito que no cometí y estoy limpio de toda culpa», dijo Farfán, quien negó estar vinculado con organizaciones delictivas.

 El exjefe policial reiteró que no tiene ningún compromiso con el crimen organizado por lo que fue excluido de la investigación sobre el vehículo marca Dodge modelo Dakota que fue encontrado con placa de control «clonada» número 2288-UULL.

El 5 de mayo de 2011 el vehículo fue hallado parqueado cerca a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz y en su interior se halló una credencial de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) perteneciente al cabo Germán Loza, quien era el estafeta del general Farfán y que es acusado de ser uno de los cabecillas de una banda de auteros.

Germán Loza se encuentra detenido preventivamente en el penal de San Pedro desde fines del mes de mayo del 2011 ante una posible obstaculización en la investigación de las plazas clonadas.

El capitán Williams Benavides, miembro de la Dirección General de Investigación Interna de la Policía Boliviana, notificó al director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Jorge Toro, sobre el inicio de un proceso en su contra por agravios contra la institucionalidad de la Policía.     

Toro recibió la notificación cuando se encontraba entre las calles Colón y Comercio, oportunidad en la que reiteró la posición expresada ayer sobre su desacuerdo en la designación de Víctor Maldonado como comandante interino de la Policía Boliviana.

«El coronel Víctor Maldonado Hinojosa no es egresado de la Academia Nacional de Policías (Anapol), que posteriormente haya sido homologado, eso era para la carrera de generales, pero al anular ese proceso no le corresponde el cargo», dijo Toro.

La notificación establece que el Director de la FELCC será investigado «por recurrir de manera verbal a los medios de comunicación y emitir agravios en contra de la institución y sus componentes».

Ese delito según la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía está tipificado como «falta grave» a ser sancionado con retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad, sin goce de haberes de uno a dos años».

Jorge Toro aseveró que asumirá su defensa y señaló que no cree que haya pecado en el delito de ofender a la Policía Boliviana, de la que es parte. Por el contrario dijo que defenderá la Ley Orgánica que establece que para ocupar el cargo de Comandante General uno de los requisitos es haber egresado de la Anapol.

El coronel Víctor Maldonado fue posesionado ayer como comandante interino de la Policía Boliviana, en reemplazo del general Jorge Santiesteban, quien se encuentra involucrado en la admisión presuntamente irregular de 54 cadetes interculturales en la Anapol y por amenazar a la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.

El Gobierno y los representantes del sistema de universidades públicas del país avanzan en la resolución de las demandas presentadas por este sector, pero la abrogación del decreto que amplia las ocho horas de laborales para el área de salud pública y que es parte de las exigencias planteadas, aún no fue acordada.

«Redactamos un borrador conjunto, se revisó en pantalla. Tenemos resueltos temas administrativos, en lo referido a la cátedra asistencial de salud y a las prácticas universitarias, pero evidentemente plantearon situación del decreto 1126», dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Las autoridades de Gobierno y del sistema de universidades se reunieron desde ayer en la noche en instalaciones de la Vicepresidencia hasta la madrugada de hoy.

El titular del ministerio de Gobierno manifestó que nuevamente se les explicó la posición del Gobierno sobre el decreto. “La figura de suspensión existe en materia administrativa, civil o penal», dijo.

Los representantes de las universidades argumentaron que la abrogación es parte de las demandas aprobadas en su más reciente Conferencia Nacional realizada en Cochabamba.

Romero señaló que también convocó a las universidades a ser parte de la preparación de la Cumbre Social que debatirá el tema de la salud en Bolivia. 

Pese a estos avances, el representante del Comité de Movilizaciones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Johan Herbas, informó que los miembros del sistema universitario público continuarán en las medidas de protesta acatando el paro de 72 horas declarado por la Central Obrera Boliviana (COB) y anunció que la próxima semana podría iniciar una marcha desde Patacamaya hacia La Paz, para exigir la abrogación del decreto 1126.

El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, convocó para mañana a estudiantes, rectores y  miembros del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) de Bolivia para dialogar y aclarar el conflicto sobre la docencia asistencial.

“Reiteramos una vez más que no existe ningún motivo para que los estudiantes de ciencias de la salud se movilicen», dijo la autoridad, en conferencia de prensa.

Según información del Ministerio de Salud, los estudiantes confirmaron su asistencia al encuentro a realizarse en la ciudad de Cochabamba, mientras que aún no se confirmó la asistencia de las autoridades universitarias.

Los estudiantes universitarios de las facultades de Medicina del país se sumaron a las protestas de médicos y trabajadores en salud pública, quienes rechazan aplicar el Decreto Supremo 1126 que amplía a ocho horas la jornada laboral en el sector y cuestionan el reglamento de ésta norma, que en su criterio anula la docencia asistencial.