El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, recibió este jueves de la Procuraduría General del Estado el Cuadernillo en Materia de Derechos Humanos que permitirá aplicar las recomendaciones internacionales en esa materia en el tratamiento de procesos penales.

“Es importante que, en sus tiempos libres, los fiscales tomen conocimiento de estas sentencias, para que en el futuro se dé lugar a las recomendaciones; nótese que son procesos que datan de mucha antigüedad, pero ahora nos toca coadyuvar para que ya no haya más sentencias en contra de nuestro Estado”, dijo el titular del Ministerio Público.

El Fiscal General agradeció al procurador general, Sydney Morales, y al ministro de Justicia, Cesar Siles, por tomarles en cuenta y otorgar este instrumento de trabajo para los miembros del Ministerio Público a nivel nacional.

Explicó que la aplicación de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos será fortalecida dentro de la institución. “Para nosotros es un tema muy importante el trato humano a las partes, al investigado, al detenido y al condenado porque más allá de eso existen derechos humanos que están consagrados en la Constitución”.

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En tanto, Morales indicó que el cuadernillo fue elaborado en la gestión del exprocurador y actual ministro de Justicia, como una herramienta de prevención de controversias internacionales en materia de Derechos Humanos.

“Hemos visto la conveniencia de publicar un compendio con todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con Bolivia. Hoy venimos a entregar este documento para todos los fiscales de Bolivia y también para quienes están estudiando en la Escuela de Fiscales”.

Siles dijo que el documento será de mucho valor para las instituciones judiciales del Estado. “Me llena de alegría que el actual Procurador y el actual equipo de la Procuraduría están siguiendo con ese trabajo que hemos iniciado, el trabajo de posicionar a la Procuraduría General del Estado como la instancia de defensa local e internacional del Estado en cualquier foro o instancia que corresponda”.

Ante los cuestionamientos del sector evista sobre la extradición de Maximiliano Dávila y que, además, existiría intereses para desprestigiar a Evo Morales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló los únicos que están relacionando al exjefe policial con el líder cocalero son los propios afines al expresidente. 

“No sé cuál es el miedo, cuál es la preocupación que tienen para que puedan vincularlo al señor Maximiliano Dávila con el señor Morales. No sé cuál es la preocupación, realmente, del señor Evo Morales; qué llamadas tendrá con Maximiliano Dávila, qué encuentros habrá tenido para que se ponga nervioso”, dijo.

El martes, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista, Leonado Loza, indicó que detrás de la extradición Dávila “existen” intereses políticos para desprestigiar a Morales.

Nerviosismo

Del Castillo añadió que solo se ponen nerviosas las personas que sienten que pueden ser perseguidas “por haber cometido” un delito o por tener conocimiento de la comisión de algún hecho ilícito dentro del territorio nacional.

“Les pregunto a la gente si siente algún tipo de nerviosismo por la extradición de Dávila. Creo que nadie en este país siente de algún tipo molestia o que se siente perseguido políticamente por haber extraditado a una persona que es buscada por los delitos de narcotráfico”.

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Cerca de las 08.45 salió el exjefe policial rumbo a Estados Unidos; donde es requerido por los delitos de asociación delictuosa por importar sustancias controladas y por el manejo de armas para el narcotráfico.

Desde las 05.00 de este jueves comenzó el operativo de traslado de Dávila desde la cárcel de San Pedro, de La Paz, hasta el Aeropuerto Internacional de El Alto, para su extradición.

Manolo Rojas, defensa de Dávila informó que extraoficialmente se conoce que el exjefe policial se encuentra en Perú. “Hay un departamento especial de la DEA que está haciendo algunos trámites más, previo a llegar a Estados Unidos”.

Expulsión

Del Castillo también recordó que en su gestión se expulsó o extraditado a más de 40 narcotraficantes buscados principalmente por Brasil, Perú, Chile y “Estados Unidos no iba a ser la excepción”.

Respecto a lo que pueda surgir en Estado Unidos con las declaraciones de Dávila; Del Castillo indicó que se pedirá cooperación correspondiente y se realizar una investigación independiente.

El exjefe militar fue aprehendido el 22 de enero de 2022 cuando intentaba escapar por la frontera de Villazón a Argentina.

La Administración para el Control de Drogas (DEA; por sus siglas en inglés) lo vinculó como uno de los capos del narcotráfico en la región.

Según las investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se identificó una organización de narcotráfico que operaba en el país. Su máxima exportación era la cocaína, aunque también traficaban otras sustancias con destino a Estados Unidos.

La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) manifestó su preocupación por la decisión gubernamental de mantener la suspensión de las exportaciones de aceite. El sector alega que la medida se da «sin justificación técnica ni económica». En un comunicado contundente, el gremio industrial defiende su gestión y advierte sobre potenciales consecuencias para la seguridad alimentaria del país.

La Caniob afirma que «continuaron abasteciendo al mercado» incluso en condiciones logísticas complicadas; citando los bloqueos de octubre y la escasez de diésel en noviembre. Destacan que «siempre hubo disponibilidad de aceite en las fábricas» y que actualmente el suministro se ha normalizado. Sostienen que la distribución de este insumo procede con normalidad en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

La organización resalta varios puntos críticos. Han incrementado la entrega a EMAPA en 35 toneladas adicionales, alcanzando 165 toneladas métricas, superando el volumen habitual de 130 toneladas. Además, aseguran los precios regulados de Bs. 11 para aceite embotellado y Bs. 10 para aceite a granel “se cumplen rigurosamente”.

Sin embargo, los consumidores en La Paz informaban que hoy jueves lograban adquirir el aceite a un precio entre Bs 14 y Bs 15 por litro.

Caniob advierte sobre consecuencias

Lo más preocupante, según la Caniob, es que la prohibición de exportaciones podría generar “una menor entrada de divisas» que limitaría su capacidad de adquirir grano de soya. «Sin este insumo, las industrias no podrán producir aceite, harinas ni cascarilla», elementos fundamentales para los sectores avícola, porcicultor y lechero.

La organización advierte que esta situación podría derivar «a partir de enero, en una mayor escasez de alimentos básicos como aceite, pollo y cerdo para la población boliviana». Desde su perspectiva, la suspensión de las exportaciones de aceite refinado tiene «un trasfondo político».

En su comunicado, la Caniob se declara en «estado de emergencia» y exhorta al Gobierno a «reconsiderar esta decisión». Llama a buscar soluciones conjuntas que promuevan «el desarrollo y la estabilidad económica de nuestra nación».

La disputa refleja la tensión entre las autoridades gubernamentales, que argumentan problemas de abastecimiento y especulación. La industria oleaginosa, que defiende su capacidad de suministro y advierte sobre riesgos económicos de largo plazo.

El pasado jueves 5 de diciembre, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, anunció la determinación del Gobierno nacional de suspender las exportaciones de aceite. La autoridad argumentó que las industrias deben garantizar primeramente el abastecimiento del mercado interno.

Al no haberse conformado listas para la comisión que estará a cargo durante el receso parlamentario, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Cochoquehuaca, dio por concluida la segunda sesión ordinaria e indicó que el martes se convocará a una nueva sesión.  

“Frente a esta situación, estoy obligado a solicitar nuevamente a los presidentes de ambas cámaras para que hagan llegar en el tiempo más breve posible las listas de la conformación de (la comisión), por tanto, voy a dar por concluida esta sesión y se convocara para el día martes y en la convocatoria se va a establecer la hora”, dijo. 

Nóminas

Choquehuanca indicó que se solicitó a las cámaras de Senadores y Diputados que hagan llegar las nóminas respetivas. Sin embargo, llegó una lista incompleta de la Cámara Baja, y del Senado no llegó ninguna nómina. “No podemos entrar en consideración porque esto es para la conformación de la comisión”.

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Enfatizó que la sesión fue convocada para la conformación de la comisión que va a trabajar durante el receso parlamentario, el cual está establecido en la Constitución, esto ante el pedido de los legisladores de oposición —Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— y del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista, que solicitaban trabajar en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y la ley de redistribución de escaños legislativos.

PGE 2025

Sobre el tratamiento del PGE 2025, el vicepresidente recordó que éste tiene que ser tratado en la Cámara de Diputados; y luego en Senadores, por lo que exhortó a Omar Yujra, titular del órgano camaral, convocar a sesión en el tiempo más breve posible. 

“Estamos a tiempo; podemos trabajar sábado, domingo y asumir nuestra responsabilidad. Eso se tiene que tratar en la Cámara de Diputados”, insistió. El miércoles, Choquehuanca convocó a una sesión del pleno de ese jueves. En el orden del día, se prevé la definición de la comisión que continuará en funciones durante el receso legislativo, que comenzará el miércoles 18 de diciembre y terminará el de enero próximo.

Manolo Rojas, abogado del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, señaló este lunes que la justicia violentó y vulneró los procedimientos legales en la extradición de su defendido a Estados Unidos. 

“Todos los procedimientos legales y formales se han violentado y vulnerado por parte del Tribunal Supremo de Justicia; peor aún Interpol no ha hecho un debido procesamiento, no ha cumplido con los protocolos y ni siquiera ha permitido despedirse de su familia”, explicó.

Recordó que todas las personas que fueron extraditadas en Bolivia tuvieron el derecho de despedirse de su familia.

Dijo que tampoco se le permitió a Dávila comunicarse con su defensa, por lo que se tuvo que acudir a algunas personas del penal de San Pedro que pudieron ver cómo lo retiraron de su celda. “Lo han sacado de mala manera, pese a que él ha solicitado comunicarse con su abogado”.

Operativo

Desde las 05.00 de este jueves comenzó el operativo de traslado de Dávila desde la cárcel de San Pedro, de La Paz, hasta el Aeropuerto Internacional de El Alto, para su extradición a Estados Unidos.

Cerca de las 08.45 salió el exjefe policial al país del norte, donde es requerido por los delitos de asociación delictuosa por importar sustancias controladas y por el manejo de armas para el narcotráfico.

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Rojas calificó el traslado del Dávila como “gallos y medianoche” e indicó que previo al traslado a Estados Unidos tiene una escala a Perú.

“Extraoficialmente, entendemos que él se encuentra en Perú y, pues, hay un departamento especial de la DEA que está haciendo algunos trámites más, previo a llegar a Estados Unidos”.

El exjefe policial se enfrenta a una condena de entre 20 años y cadena perpetua por uno de los dos delitos por el que se le acusa en ese país.

Aprehensión

El exjefe militar fue aprehendido el 22 de enero de 2022 cuando intentaba escapar por la frontera de Villazón a Argentina.

La Administración para el Control de Drogas (DEA; por sus siglas en inglés) lo vinculó como uno de los capos del narcotráfico en la región.

Según las investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se identificó una organización de narcotráfico que operaba en el país. Su máxima exportación era la cocaína, aunque también traficaban otras sustancias con destino a Estados Unidos.