El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó este viernes que una Sala Penal de Sucre, Chuquisaca, ratificó que los sentenciados en el caso Misiles Chinos, en el marco del proceso de reparación del daño civil, deben pagar a favor del Estado $us 3.005.280 como reparación por el ilícito cometido en 2005.

Condori indicó que en 2005 de manera irregular se permitió la salida del país de 36 misiles chinos, que posteriormente fueron devueltos pero desmantelados. Esto generó un juicio de responsabilidades y una sentencia contra civiles y militares por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

En septiembre de 2023, la Justicia determinó que ocho personas, entre militares y civiles, paguen al Estado la suma de $us 3.005.280 como reparación del daño ocasionado.

Condori dijo que, tras esa sentencia, los acusados presentaron una apelación, aunque el jueves, la Sala Plena, ratificó “que se debe realizarse el pago de esa demanda civil en favor del Estado”.

Entre los sentenciados están el coronel del Ejército Ciro Valdivia Murguía; Marcelo Antezana, excomandante general del Ejército; Marco Vázquez Ortiz, exjefe de Estado Mayor; Víctor Hugo Cuéllar, exinspector general del Ejército; el coronel David Torrico Vargas; el coronel Wilbert Sánchez; Gonzalo Méndez, exministro de Defensa y el almirante Marco Justiniano Escalante, excomandante en Jefe de las FFAA.

“Un hito importante es que todas las instituciones del Estados estamos llevando con la mayor responsabilidad los procesos judiciales”, afirmó.

El procurador aseveró que una vez se emita la sentencia escrita y esta sea ejecutoriada, se puede realizar el cobro respetivo en favor del Estado. Sin embargo, aclaró que la parte sentenciada, como mecanismo de defensa, puede presentar algunos recursos constitucionales, pero que como instituciones públicas coordinarán para que se resuelvan los mismos y se ejecute esta sentencia. 

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En octubre de 2005, 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia, fueron entregados, de manera irregular, a la Embajada de Estados Unidos para que sean transportados a ese país para su desactivación.

El argumento que se utilizó para su entrega fue que podían ser sustraídos y usados en acciones terroristas. Los misiles volvieron al país desmantelados en 2006.

El gobierno estadounidense consideraba que los misiles eran un riesgo para su seguridad nacional debido a la posibilidad de que cayeran en manos de grupos insurgentes.

La desactivación y el desarme fueron encomendados a especialistas estadounidenses debido a que el Ejército boliviano no contaba con expertos en la materia.

El 9 de marzo de 2006, la Fiscalía General del Estado emitió requerimiento acusatorio y la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante resolución Nº 027/2011-2012 de enero 16 de enero de 2012, autorizó el juzgamiento.

El exministro y empresario Samuel Doria Medina afirmó que el expresidente Carlos Mesa, que declinó su candidatura a las elecciones presidenciales de este año, será el “eje” de la unidad de opositora, de la que ambos forman parte.

Consideró que, con esa decisión, Mesa “se confirma como uno de los más grandes bolivianos de su generación”.

“En adelante, Carlos Mesa será el eje de esta unidad. También será un importante protagonista del próximo gobierno. Comunidad Ciudadana será clave en el proceso de cambio del país que se avecina”, escribió en sus redes sociales.

Mesa y Doria Medina son aliados políticos junto con el expresidente Jorge Quiroga y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además de otros actores como Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar. Ese bloque se conformó, según anunciaron, para “derrotar al MAS (Movimiento Al Socialismo)”, en los comicios presidenciales fijados para el 17 de agosto de este año.

Carlos Mesa

“Carlos Mesa ha mostrado su talante de hombre de Estado y su capacidad para entender los desafíos del presente. Su renuncia a candidatear en estas elecciones muestra que la unidad que estamos construyendo no es ‘un saludo a la bandera’, sino una realidad cimentada sobre la capacidad de sacrificio y sobre la lucidez de los participantes”, agregó el opositor.

Mesa comunicó su decisión a través de redes sociales. Apenas publicado su video, el expresidente Quiroga eligió al además líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC).

“Un historiador extraordinario. Un periodista excepcional. Un orador impresionante. Un hombre de estado. Un político que nos liberó del autócrata. Con orgullo voté por @carlosdmesag dos veces”, publicó Quiroga en sus redes sociales.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que la protesta pacífica es un derecho fundamental y no debe ser objeto de judicialización en Bolivia. Esta declaración surge tras la evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) de derechos humanos, donde se recibieron recomendaciones relacionadas con la protección de la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Consultado en La Razón Radio sobre si dentro de las recomendaciones está asegurar el derecho a tener reuniones, a manifestaciones y el derecho a la protesta, Callisaya respondió:

“No podemos ingresar a una etapa de judicialización de la protesta, porque la protesta, reiteramos en la medida en que sea pacífica, es manifestación de esta libertad de expresión, que es parte del ejercicio de un derecho en un sistema democrático”, dijo.

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Explicó que dentro de las recomendaciones que le hicieron a Bolivia en el marco del EPU, implica fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden para garantizar protestas sin represión, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, dijo que la Defensoría, en un anterior informe, insistió en la importancia de proteger la protesta “en términos pacíficos y no alterar o limitar el derecho de terceros”.

El martes 21 de enero, Bolivia se sometió a este proceso de evaluación por cuarta vez desde la implementación del mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la última revisión, se hicieron más de 280 recomendaciones al país.

El también expresidente Jorge Quiroga lanzó una serie de elogios al exmandatario Carlos Mesa, que declinó su candidatura a las elecciones generales de este año.

“Un historiador extraordinario. Un periodista excepcional. Un orador impresionante. Un hombre de estado. Un político que nos liberó del autócrata. Con orgullo voté por @carlosdmesag dos veces”, publicó Quiroga en sus redes sociales.

Y agregó: “Con admiración me sumo a una #Bolivia que te necesita y te dice GRACIAS CARLOS (sic)”.

Carlos Mesa

Tanto Mesa como Quiroga, forman parte del bloque denominado Unidad de la Oposición Democrática y firmaron un acuerdo con el empresario boliviano Samuel Doria Medina y el Gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con miras a las elecciones presidenciales de 2025.

A dicho bloque, también se sumaron otros actores como la opositora Amparo Ballivián y el Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar. La idea es articular una sola representación del bloque de oposición “para derrotar al MAS (Movimiento Al Socialismo) en las elecciones fijadas para el 17 de agosto de este año.

Jorge Quiroga

Sin Mesa como posibilidad, aún falta definir al candidato presidencial del bloque opositor; según dijo Doria Medina, se lo conocerá hasta finales de marzo y será el “candidato único de la oposición.

Asimismo, señaló que están a la espera del calendario electoral para ajustar sus tiempos en función de ello y que, “a fines de marzo”, se tendrá definido al candidato de unidad.

Entretanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó para el 17 de agosto los comicios y adelantó que la convocatoria para el proceso se conocerá entre la primera y segunda semana de abril de este año.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que el reciente Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia evidenció deficiencias en temas como el acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente y garantizar la libertad de expresión.

Según Callisaya, las observaciones de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han sido recurrentes y apuntan a la falta de avances en estos temas desde el último informe de 2020.

Bolivia presentó el martes 21 su examen EPU sobre derechos humanos. Este proceso, realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, evalúa el cumplimiento de los derechos humanos en los países miembros y, aunque sus recomendaciones no son vinculantes, sirven como advertencia. En la última revisión, se hicieron más de 280 recomendaciones a Bolivia.

Justicia

En entrevista con La Razón Radio, Callisaya explicó que la independencia judicial fue uno de los puntos más cuestionados.  “28 países han sido los que han reclamado estos temas de independencia judicial, acceso a la justicia, toda el área judicial, la debilidad que existe en el ámbito judicial.”, indicó.

“Por ejemplo, hay el ITEI (Instituto de Terapia e Investigación), que es una institución u organización vinculada a la tortura, a la prescripción de la tortura, ya ha hecho su propia evaluación y ha dicho que no ha cumplido adecuadamente el Estado”, explicó.

Entre las recomendaciones se sugiere aumentar el presupuesto del sector y garantizar un acceso efectivo a la justicia para las víctimas de conflictos recientes. Además, se recomendó la independencia judicial mediante dos mecanismos:

“Uno, reformar las reglas de selección de los integrantes de las altas magistraturas judiciales y afirmar la casera judicial efectiva como medidas que pueden lograr fortalecer más bien una independencia de la justicia. Otro de los componentes en esta área es también el tema de la corrupción”, explicó.

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Medio ambiente

El medio ambiente también “ha sido reclamado aproximadamente por 15 países” pidiendo medidas concretas para frenar la deforestación y mitigar el cambio climático. Callisaya subrayó que se instó a Bolivia a adoptar regulaciones más estrictas para reducir las quemas ilegales y proteger los bosques nativos.

Un aspecto relevante es la “protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales” donde se recomendó la creación de un “plan de derechos humanos nacional” que garantice su seguridad.

Libertad de expresión

Callisaya aseguró que alrededor de 15 países pidieron al estado boliviano que “garantice la labor de la prensa y la lucha contra la violencia contra los periodistas”.

Se ha pedido que se respeten los derechos de la prensa como un elemento clave para fortalecer la democracia”, señaló el Defensor del Pueblo.

Violencia de género

El informe también identificó la violencia de género como una asignatura pendiente. Se recomendó reforzar la aplicación de la Ley 348 mediante protocolos especializados para proteger a las mujeres para “evitar la violencia de género”.