El presidente Luis Arce anunció la disolución de la Dirección Nacional de Reivindicación Marítima (Diremar) y la evaluación de los juicios instalados por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“Con estas decisiones, ingresaremos a una nueva etapa en la relación con Chile en la que—vuelvo a recalcar, con el riesgo de ser reiterativo— nuestro derecho de obtener nuestra salida soberana al mar seguirá siendo un tema más importante”, dijo.

Arce presidió los actos de celebración del Día del Mar y el homenaje al héroe nacional de la Guerra del Pacífico Eduardo Abaroa en la plaza del mismo nombre en La Paz.

Al final su discurso, anunció las dos decisiones, ante el aplauso tímido de los asistentes al acto.

Diremar

Sobre el cierre de Diremar, creada a través del Decreto Supremo 834, el 5 de abril de 2011, en el gobierno del presidente Evo Morales, el mandatario anunció el inicio de los trámites de disolución.

Según las atribuciones asignadas a Diremar, esta entidad, cuyo primer director fue Rubén Saavedra, debía “asumir la representación legal del Estado boliviano ante los organismos internacionales en lo que respecta a la reivindicación marítima”.

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Así, el 23 de marzo 2013, el gobierno de Morales anunció un juicio penal contra Chile en la CIJ con el fin de recuperar la salida soberana al océano Pacífico. “He decidido que en los próximos días una comisión viaje a La Haya a presentar una demanda para retornar al mar con soberanía”, dijo Morales en el mismo acto de hoy de ese año.

“La reivindicación marítima es un derecho irrenunciable e imprescriptible del pueblo boliviano, a recuperar su cualidad marítima para reintegrarse con el mundo”, justificó.

Cierre

Doce años después, el presidente Arce anunció el cierre de Diremar. Decidimos su disolución “puesto que los objetivos para los que fue creada ya llegaron a su final”, argumentó Arce.

Además, el mandatario adelantó la evaluación de los procesos instalados por Bolivia en esa corte: salida soberana al mar y situación de los manantiales del Silala.

“Bolivia tiene que conocer los detalles más importantes de esos juicios para comprender sus resultados”, dijo Arce.

Sin embargo, el Jefe de Estado dijo que esas acciones no van a impedir el reclamo constante de reivindicación marítima en la nueva relación con Chile.

Juicio a Chile

El 1 de octubre de 2018, la CIJ emitió su veredicto con 12 votos a favor y tres en contra. “(…) La República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia (…) y por consiguiente rechaza el resto de los alegatos finales presentados por el Estado Plurinacional de Bolivia”, leyó entonces el presidente del tribunal, el somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf.

Sin embargo, admitió que el diálogo será posible para resolver el diferendo. “En conclusión, la Corte manifiesta que no se ha de entender que su fallo impida a las partes la continuación de su diálogo y sus intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender las cuestiones relacionadas con la mediterraneidad de Bolivia cuya solución ambas han reconocido constituir una cuestión de interés mutuo. Con la buena voluntad de ambas partes se pueden llevar a cabo unas negociaciones trascendentes”.

Casi paralelamente a ese proceso en la CIJ por la demanda marítima, el 6 de junio de 2016, la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció un juicio de su país contra Bolivia por el uso de las aguas del río —como sostiene esa nación trasandina— Silala.

Silala

Dos años más tarde, en agosto de 2018, Bolivia anunció una contrademanda en la misma Corte para buscar hacer valer su soberanía plena sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje construidos en el manantial Silala.

El 1 de diciembre de 2022, la CIJ emitió su fallo sobre el litigio bilateral. “La Corte constata que Bolivia reconoce que las aguas del Silala se clasifican como curso de agua internacional”, resumió entonces la presidenta del tribunal, Joan Donoghue.

Sin embargo, aclaró que “ya no se cuestiona que Bolivia tiene el derecho soberano de desmantelar los canales y reestablecer los humedales en su territorio”.

Chile pretendía soberanía sobre el manantial, aunque logró que la CIJ entienda que las aguas nacientes en el norte de Potosí tienen curso internacional.

Arce aludió específicamente esos dos casos en la CIJ al anuncia su revisión, en coincidencia con las disputas políticas consumadas con el expresidente Morales y a cinco meses de las elecciones generales del 17 de agosto.

Es un “franco homenaje a nuestros héroes, continuaremos no solo reclamando nuestro legítimo derecho a una salida soberana al mar, sino también desplegando acciones en el marco del diálogo y el respeto a las normas del derecho internacional y la diplomacia de los pueblos”, dijo el mandatario en su discurso.

Luego del homenaje, el presidente Arce encabezó el desfile cívico-militar.

Los actos en conmemoración del Día del Mar, que se celebran cada 23 de marzo, comenzaron con una ofrenda floral a los pies del héroe nacional Eduardo Abaroa, en La Paz.

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca encabezan la celebración, de la que también participan el gobernador De La Paz, Santos Quispe; el alcalde de La Paz, Iván Arias; el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, ministros de Estado y otras autoridades.

Una a una, instituciones como la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría y la Contraloría General del Estado, la Brigada Parlamentaria de La Paz y ministerios entregan sus arreglos florales en un acto cívico en la plaza Abaroa.

Con imaculados uniformes, efectivos de la Armada Boliviana asisten el acto.

Terminada la ofrenda floral, según la agenda publicada por la Alcaldía de La Paz, se desarrollará la iza de la bandera, el Encendido de la Llama Votiva, Silencio Plegaria con 21 salvas de artillería y un mensaje a cargo del presidente Luis Arce. La programación finalizará con un desfile cívico-militar, desde las 10.15.

Bolivia conmemora el Día del Mar en recuerdo a la pérdida de su acceso soberano al océano Pacífico tras la Guerra del Pacífico (1879-1884), cuando Chile ocupó Antofagasta y Bolivia perdió su Litoral.

En esta fecha, el país honra a sus héroes, como Eduardo Abaroa, Ladislao Cabrera, Genoveva Ríos y Juancito Pinto, entre muchos, y reafirma su demanda de recuperar una salida soberana al mar, manteniendo viva su reivindicación en el ámbito diplomático e internacional.

El empresario boliviano Marcelo Claure sugirió al nuevo gobierno buscar una “alianza fuerte” con Estados Unidos, además de restablecer relaciones diplomáticas entre ambos países.

Indicó que se debería invitar a la DEA (Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés) para reforzar la lucha contra el narcotráfico en Bolivia.

“El nuevo gobierno debería buscar una alianza fuerte, restablecer relaciones diplomáticas con embajadores en Washington y La Paz, e invitar de nuevo a la DEA para combatir el narcotráfico. ¿Qué piensan?”, escribió Claure en sus redes sociales.

La sugerencia del además presidente del club Bolívar se conoce en un contexto político marcado por las aspiraciones electorales de varios actores políticos.

“Los masistas dicen que Bolivia odia a EEUU y hablan del ‘imperio’, pero yo no lo creo. Creo yo que La mayoría de los bolivianos respetamos a Estado Unidos.

Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos el 10 de septiembre de 2008, durante el gobierno de Evo Morales.

La decisión se tomó luego de que Morales expulsara al embajador estadounidense, Philip Goldberg, acusándolo de injerencia en asuntos internos y de apoyar movimientos opositores. En respuesta, Estados Unidos también expulsó al entonces embajador boliviano en Washington, Gustavo Guzmán.

Desde entonces, las relaciones entre ambos países han sido manejadas a nivel de encargados de negocios, sin restablecerse plenamente los lazos diplomáticos con embajadores.

En una entrevista reciente en La Razón Radio, Silvia Salame, exmagistrada del Tribunal Constitucional, declaró que Andrónico Rodríguez actuó con plena competencia constitucional al presidir la sesión del 6 de junio de 2024, cuyo contenido fue parcialmente anulado por el TCP.

La sesión anulada y el fallo parcial

El fallo del Tribunal Constitucional anuló la sesión legislativa del 6 de junio, presidida por Rodríguez, pero validó dos puntos específicos: un decreto de indulto y la aprobación de un préstamo. Sin embargo, anuló el artículo que cesaba a los magistrados prorrogados, generando una fuerte controversia jurídica y política.

Salame cuestionó de manera frontal la validez de dicha resolución. “Ese documento no es una sentencia, es un volantín sin valor legal”, dijo, en alusión al documento con número 0113/2024, cuya publicación, según la exmagistrada, no aparece registrada de forma oficial ni en las plataformas del TCP ni en su informe de labores.

Rodríguez sí tenía respaldo legal para presidir

Según explicó Salame, la Constitución y el reglamento de las cámaras legislativas otorgan competencia al presidente del Senado para presidir la Asamblea Legislativa en caso de ausencia del presidente y vicepresidente del Estado. “No había duda sobre su competencia. Era totalmente legal”, sostuvo.

La exmagistrada indicó que el artículo 202.12 de la CPE regula el Recurso Directo de Nulidad (RDN), pero denunció que el fallo altera el espíritu mismo de esta figura jurídica, ya que reconoce validez parcial a una sesión que, en principio, declara como nula.

Advertencias de ilegalidad

Salame calificó como una “aberración jurídica” el hecho de que se haya anulado solo el punto relacionado con el cese de magistrados prorrogados, mientras se mantuvieron válidas otras decisiones adoptadas en la misma sesión. Considera que fue una maniobra de autoprotección por parte de magistrados sin legitimidad.

Además, denunció conflicto de intereses flagrante, ya que los mismos magistrados cuestionados fueron quienes firmaron la resolución que les beneficia. “Deberían haberse excusado; actuaron como juez y parte”, enfatizó.

Llamado a juicio penal y al rol del Senado

Para Salame, la única vía posible es el juicio penal, ya que —según indicó— los magistrados prorrogados no tienen legitimidad ni legalidad, por lo que no pueden ser juzgados mediante un juicio de responsabilidades. “No están protegidos por la Ley 044”, afirmó.

La exmagistrada instó al Senado a actuar con firmeza. “Espero que el presidente del Senado se amarre los pantalones”, expresó, anticipando una sesión clave en los próximos días. También interpeló al Ministerio Público para que asuma su rol como defensor de la legalidad, y no como un apéndice del poder político.

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Salame lamentó que la justicia no sea prioridad para la clase política. Pese a sus propuestas de reformas, incluyendo una ley para convocar elecciones judiciales, afirmó que no ha recibido respaldo suficiente. “El problema judicial solo importa a quienes tenemos principios y defendemos la Constitución”, concluyó.

El Bloque de Unidad de la oposición definió que el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga serán quienes pugnarán la “candidatura única” en la encuesta anunciada.

Ambos, junto a Amparo Ballivián, habían quedado en carrera luego de la declinatoria de otros tres miembros del bloqueo: Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Vicente Cuéllar.

La información fue confirmada por el vocero de la alianza Libre en Santa Cruz, Tomás Monasterio. “Esto está acordado; en esta encuesta está definido que participen Samuel Doria Media y Jorge Tuto Quiroga Ramírez”, dijo en entrevista con Unitel.

Según explicó, serán tres las empresas encuestadoras que llevarán adelante este proceso los primeros días de abril; cada una se encargará de realizar cinco preguntas a la población.

“Son tres encuestas, cinco preguntas por encuesta. Estamos hablando de 15 preguntas que tendrá el valor de un punto cada una. Entonces, el que tenga ocho puntos del global del resultado —de las tres empresas encuestadoras— va a definir la representación de la mesa de unidad”, explicó sobre el procedimiento.

Además, de Doria Medina, Quiroga y Ballivián, el bloque opositor fue conformado por expresidente Mesa; el gobernador Camacho, y Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

Quiroga y Doria Medina intercambiaron alusiones respecto de su pasado político. Pese a eso, el empresario llamó a la unidad el bloque para “derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS)” en las elecciones generales fijadas para el 17 de agosto; advirtió que si eso, “la cosa se pondrá color hormiga”.

Monasterio no explicó por qué se decidió que Ballivián no sea parte de la encuesta. La precandidata tampoco dio una explicación al respecto, aunque advirtió que había problemas en el bloque y que tomarían otros caminos.