Estados Unidos y Panamá firmaron este lunes un acuerdo para repatriar a migrantes en situación irregular que transitan hacia el norte a través de la selva del Darién, informó la Casa Blanca.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden «apoyará los esfuerzos de Panamá para iniciar la repatriación rápida, segura y humana de los migrantes que carecen de una base legal para permanecer en Panamá», afirma la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Adrienne Watson, en un comunicado.

Con estas repatriaciones al «país de origen ayudaremos a disuadir la migración irregular» en la región y en la frontera entre Estados Unidos y México. Así también, «a detener el enriquecimiento» de las redes de trata de personas, añade.

Ambos países se proponen abordar juntos la migración irregular, que se ha convertido en un gran problema interno para el gobierno estadounidense y el panameño.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió este lunes que su país no servirá de «tránsito» para migrantes a través de la selva del Darién, durante su discurso de toma de posesión.

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Repatriar a migrantes

En 2023 medio millón de personas cruzaron esa peligrosa selva fronteriza con Colombia.

Una cifra que «estremece», dijo Mulino, un abogado derechista de 65 años que gobernará el país centroamericano hasta 2029.

En lo que va del año, más de 200.000 personas, la gran mayoría venezolanos, han pasado por el inhóspito tapón del Darién. En este operan bandas criminales que secuestran, roban y violan a los migrantes. Muchos mueren en esta jungla.

En una declaración de felicitación a Mulino, Biden también resaltó la importancia de «abordar la migración irregular» con el país centroamericano. 

La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori se sentó en el banquillo este lunes en la apertura del juicio que enfrenta por lavado de activos dentro del escándalo Odebrecht, y por el que podría ser condenada a hasta 30 años de prisión. 

Durante los últimos seis años, el equipo especial de fiscales «Lava Jato» investigó a la hija del anciano expresidente Alberto Fujimori, quien quedó indultado en diciembre de 2023 cuando cumplía una pena por violaciones de derechos humanos.

«Declaró instalado el juicio», dijo la presidenta del tribunal la jueza Juana Caballero tras más de seis horas de audiencia donde se desestimó diversos pedidos de nulidad del juicio. 

El juicio continuará este martes a las 09h00 (14h00 GMT) con la presentación de los alegatos de la fiscalía. La primera audiencia contó con la presencia de Keiko en la sala. 

Juicio a Keiko Fujimori

«Mi nombre es Keiko Sofía Fujimori Higuchi (…) trabajo como Presidenta del partido Fuerza Popular y gano 14.000 soles mensuales (alrededor de $us 3.600)», dijo la influyente política al ser requerida por el tribunal.  

El juicio, en el que están citados unos 1.500 testigos, podría tardar más de un año. El fiscal del caso, José Domingo Pérez, llegó a la audiencia con chaleco antibalas y bajo fuerte resguardo. 

La fiscalía peruana concluyó que Fujimori financió sus campañas de 2011 y 2016 con dinero de Odebrecht que no declaró. 

Según la acusación, la constructora brasileña le entregó $us 1,2 millones a Fujimori dentro del esquema de sobornos que montó alrededor de América Latina a cambio de contratos.

En las afueras de la sede judicial, se congregaron unos 80 simpatizantes al grito de «¡justicia sí, venganza no! Keiko es inocente».

«Venimos a defender la inocencia de nuestra lideresa Keiko Fujimori, este juicio carece de seriedad», dijo a la AFP Sadith López, de 57 años.  

La policía intervino para evitar choques con un pequeño grupo de opositores de la dirigente. 

La trama del escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú ha salpicado también a cuatro expresidentes del país, entre 2001 y 2016.

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«Intencionalidad política»

De 49 años y líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú, Fujimori siempre proclamó su inocencia. Durante las investigaciones, cumplió 16 meses de prisión preventiva.

Keiko Fujimori está imputada por lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia, falsedad y declaración falsa en un procedimiento administrativo.

Aunque para la época estaban permitidos los aportes a las campañas de empresas extranjeras, la fiscalía la procesó por no haber declarado el ingreso de dinero de Odebrecht.  

La fiscalía pide 30 años y 10 meses de prisión para la tres veces excandidata a la presidencia peruana.

«La actitud de los fiscales ha sido con una intencionalidad política, de afectar mi imagen, porque pidieron suspender el partido Fuerza Popular», sostuvo Fujimori el domingo entrevistada por canal N.

En la misma causa hay otros 45 acusados, entre ellos su exesposo, el italoestadounidense Mark Vito Villanella y exdirigentes del partido fujimorista.

Si se la halla culpable y el juicio concluye antes de 2026, Keiko Fujimori no podrá postular a las elecciones de ese año. 

«Este caso no tiene futuro jurídico, va a terminar en una absolución», aseguró Giulliana Loza, abogada de Fujimori.

La defensa alega que el dinero por el que pretenden sancionar a Fujimori es de origen lícito, por lo que «no representa lavado de activos», según Loza.

Expresidentes investigados

Exjefes de Odebrecht dijeron haber repartido millones de dólares a políticos peruanos, entre ellos Fujimori y cuatro expresidentes: Pedro Pablo Kuczynski (2018-2016), Ollanta Humala (2011-2016), Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006).

Cuando iba a ser detenido dentro de las investigaciones, el expresidente García se suicidó con un arma de fuego.

Con instituciones débiles y partidos políticos en crisis, Perú es el país más golpeado por el escándalo de Odebrecht, después de Brasil.

Actualmente la justicia peruana procesa en paralelo a los expresidentes Humala y Toledo.

El fiscal del caso había pedido en 2020 que Fuerza Popular fuese proscrito como partido político, alegando que se trataba de una «organización criminal». 

La justicia lo rechazó, lo que le permitió competir en las últimas elecciones generales de 2021 y ganar 24 escaños en el Congreso de un total de 130.

El fujimorismo es la principal fuerza en el fragmentado Congreso, que controla junto a otras agrupaciones derechistas.

El partido de Keiko Fujimori se ha opuesto a los pedidos de la oposición para que la presidenta Dina Boluarte quede sometida a juicios de destitución. 

Brasil registró 13.489 focos de incendios en la Amazonía en el primer semestre, la peor cifra en dos décadas y un incremento de 61% con respecto al año pasado, según datos satelitales disponibles el lunes.

Desde que estos datos comenzaron a ser compilados en 1998 por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la mayor selva tropical del mundo sufrió en el primer semestre más incendios solo en 2003 (17.143) y 2004 (17.340).

El total de incendios ocurridos en el primer semestre está muy por encima que el mismo período del año pasado (8.344).

Se trata de una mala noticia para el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva,https://x.com/LulaOficial que debe hacer frente a este incremento de incendios mientras la deforestación continúa disminuyendo en la Amazonía.

Incendios en Amazonía

Según los datos del INPE, del 1 de enero al 21 de junio (última fecha disponible) fueron deforestados 1.525 kilómetros cuadrados, en comparación con 2.649 km2 en el primer semestre de 2023, una reducción de 42%. 

El año pasado, la deforestación ya se había reducido a la mitad con respecto a 2022.

Lula prometió poner fin a la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030; esta había aumentado durante el gobierno de su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Según Romulo Batista, portavoz de Greenpeace Brasil, «el cambio climático contribuye» a este aumento de incendios forestales, causados particularmente por una sequía excepcional que afectó a la Amazonía el año pasado.

«Lamentablemente, buena parte de los biomas brasileños se encuentran bajo estrés hídrico por falta de lluvias», explicó a la AFP.

«El ambiente se vuelve más seco, y la vegetación más seca favorece más los incendios», dijo.

El experto estimó, sin embargo, que «la mayoría de estos incendios no estallan de forma espontánea o por la caída de rayos», sino por «la acción humana», sobre todo para despeje de tierras con el fin de expandir las actividades agrícolas.

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Récord de Pantanal

Los incendios forestales alcanzaron también niveles récord en el primer semestre en regiones del Pantanal, el mayor humedal del mundo, y la sabana del Cerrado, ambas al sur de la Amazonía.

En el Pantanal, que vive momentos dramáticos con vastas áreas cubiertas de humo y cielos rojos por el fuego, 3.538 focos fueron identificados desde inicios del año, un incremento de 2.018% sobre el primer semestre del año pasado.

Esto representa también un aumento de cerca del 40% respecto a 2020, cuando se batieron todos los récords y el 30% del bioma se vio afectado por el fuego. 

Sólo en el mes de junio se identificaron 2.639 focos de incendio, seis veces más que el récord anterior para este mes del año, que data de 2005.

La situación es más preocupante si se toma en cuenta que el pico de incendios suele alcanzarse en la segunda mitad del año, especialmente en septiembre, en plena estación seca. 

El estado de Mato Grosso (centro-oeste), donde se ubica gran parte del Pantanal, declaró la semana pasada el estado de emergencia, y el gobierno anunció el envío de refuerzos de bomberos de otras regiones para combatir las llamas. 

El Cerrado, por su parte, registró casi tantos focos de incendios como la Amazonía en el primer semestre (13.229), batiendo el récord anterior, de 2007 (13.214).

El gobierno argentino oficializó el cierre de la agencia estatal de noticias Télam, anunciado por primera vez en marzo, y su transformación en una agencia de publicidad y propaganda del Estado, según el boletín oficial publicado el lunes.

Télam «dejará de operar, tal como ha sido creada originalmente, en las actividades de servicios periodísticos y como agencia de noticias», instruyó el boletín oficial.

En adelante, la agencia que contaba con más de 70 años de historia alineará «sus operaciones con un nuevo enfoque estratégico de la sociedad para operar como agencia de publicidad y propaganda».

La nueva Agencia de Publicidad del Estado (APE) se ocupará de «la elaboración, producción, comercialización y distribución de material publicitario nacional y/o internacional», detalla el texto.

El 3 de marzo, el Ejecutivo había suspendido la actividad de Télam, dispensado a sus trabajadores de tareas y vallado dos de sus edificios en Buenos Aires, tras un anuncio del presidente ultraderechista Javier Milei de que cerraría la empresa por ser un instrumento «de propaganda kirchnerista», refiriéndose a su rival política, la expresidenta Cristina Kirchner.

«Télam tal como la conocimos ha dejado de existir. Fin», tuiteó el sábado el vocero presidencial, Manuel Adorni, previo a la publicación del boletín oficial.

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Télam

El sindicato de prensa de Buenos Aires (Sipreba) y trabajadores de la agencia reunidos en la agrupación Somos Télam calificaron las acciones del gobierno como un «atentado a la libertad de expresión».

«Sostenemos nuestra lucha por la defensa de los puestos de trabajo y el rol social de los medios públicos que este gobierno pretende destruir», escribieron en un comunicado.

En su informe anual, la ONG Reporteros sin Fronteras escribió en mayo que «la situación es particularmente preocupante en Argentina tras la llegada al poder del presidente Javier Milei. Su postura agresiva respecto al periodismo entorpece el pluralismo».

Con más de 700 empleados, entre administrativos, periodistas y fotógrafos, el servicio noticioso de Télam emitía más de 500 cables por día con información nacional, unas 200 fotografías y contenidos de video, radio y redes sociales.

Cerca del 30% de sus trabajadores terminaron desligados de la empresa por medio de retiros voluntarios. Se espera que un grupo quede transferido a la nueva APE.

Otros mantienen desde la intervención de Télam a principios de marzo un «acampe» (campamento en protesta) frente a los dos edificios de la agencia en Buenos Aires.